Arturo Bloqueduro
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Más de 6.000 ******filos, impunes en España por la falta de policías y recursos
Más de 6.000 ******filos, impunes en España por la falta de policías y recursos
Pese a conocer hasta la dirección IP de quienes comparten pronografía infantil (un delito penado con hasta 9 años de guandoca) la mayoría de los casos no son investigados por carencia de personal y medios y no llegan ni a formar parte de las estadísticas oficiales
Durante el año pasado, se han detectado más de 45 millones de imágenes y vídeos con pronografía infantil en Internet.
¿A cuántos ******filos compartiendo pronografía infantil tienen controlados las autoridades españolas?
6346 en solo dos semanas. Un dato que corresponde a las direcciones IPs de ******filos que aparecen en los programas policiales desarrollados por el Gobierno de Estados Unidos, y a los que tienen acceso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestro país.
En cada uno de estos casos, se está compartiendo pronografía infantil, un delito penado con hasta 9 años de prisión.
Sin embargo, las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior solo recogen 1.393 delitos a lo largo del pasado año. La diferencia entre ambas cifras (una en base a 14 días y otra a 365) tiene una explicación: la falta de personal y recursos para la vigilancia provoca que nadie trabaje con esa información ni persiga a los delincuentes.
Por eso, ni siquiera constan como "hechos conocidos", como se dice en argot policial. No existen ni de cara a la estadística.
Sin embargo, esta información procedente de la herramienta norteramericana a la que ha podido acceder PIXEL es sólo una parte de este aterrador dibujo.
El dato solo se circunscribe a un periodo de tiempo de 14 días durante el mes de julio de este año y que solo tiene en cuenta a programas de intercambio de ficheros - como BitTorrent, Ares, Emule o Freente- tipo P2P. Una cifra a la que habría que sumar a todos aquellos delincuentes sensuales que intercambian imágenes y vídeos pronográficos de menores a través de otras aplicaciones o plataformas como los chats de Facebook, Twitter, Telegram o WhatsApp.
Además, tampoco tiene en cuenta los contenidos multimedia que se comparten visualizan y descargan a través de la Deep Web.
¿Y cuántos agentes de Policía y Guardia Civil están asignados a perseguir a estos delincuentes?
UNA EPIDEMIA QUE DEJA SECUELAS DE POR VIDA
"Durante una investigación, unos agentes se acercaron a un hombre -ya hecho y derecho y con hijos- para preguntarle por un sacerdote abusador que había trabajado en un colegio y cuando el tipo escuchó el nombre del cura, se meó encima", comentan fuentes de Interior a PIXEL.
El trauma acompaña a las víctimas y las imágenes, aunque ilegales, permanecen para siempre en Internet y los números -y la tecnología- favorecen al delincuente en esta lucha.
Interfaz del programa norteamericano que, integrado en base a un mapa de Google, identifica y mapea las direcciones IP de quienes están compartiendo pronografía infantil.
La explosión de la cantidad de la pronografía infantil disponible en Internet tiene unas dimensiones que podrían calificarse de esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Durante el último año, se detectaron más de 45 millones de vídeos y fotos en Internet en las que aparecían niños siendo víctimas de abusos sensuales de toda clase. Una cantidad que se ha duplicado respecto al año anterior.
En 1998, se detectaron más de 3.000 fotos en Internet en las que aparecían niños víctimas de abusos sensuales. Diez años más tarde, el número creció hasta alcanzar los 100.000 elementos multimedia. En 2014, la cifra superó el millón. Un crecimiento exponencial que ha venido recogiendo el National Center for Missing and Exploited Children.
Un aumento que también han percibido en las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles. Sin embargo, la desproporción entre el número de delincuentes sensuales que comparten imágenes de menores y el número de agentes encargados de darles caza sumados a un procedimiento poco ágil de la Justicia en España provoca que, de facto, muchos de estos delincuentes queden impunes.
Los programas que Estados Unidos ha desarrollado permiten a las fuerzas de seguridad españolas patrullar por los contenidos de los programas de intercambio de archivos y constituyen una de sus principales herramientas en su luchar contra quienes distribuyen pronografía infantil.
Por ejemplo, durante la primera quincena de julio, el programa norteamericano identificó 6.346 ordenadores que estaban compartiendo pronografía infantil a través de Internet. Sin embargo, según el último Estudio de Cibercriminalidad en España elaborado por el Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solo constan 1.393 delitos informáticos contra la libertad sensual como "hechos conocidos" a lo largo de un año entero.
Las cifras continúan mermando a medida que avanzamos en la cadena a nivel procesal. Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, a lo largo del pasado año, se incoaron 754 procedimientos judiciales por delitos de pronografía infantil que, sin embargo, solo se tradujeron en 425 acusaciones en un año.
Es decir, a lo largo de un año entero, solo se acusa formalmente al 6,7% de los casos que los programas de vigilancia norteamericanos empleados por la Policía y la Guardia Civil detectan a lo largo de dos semanas en nuestro país.
A LA CAZA DEL ******FILO
"La herramienta con las que trabajamos nos permite acotar por áreas. Por ejemplo, solo en Madrid encontramos cientos de casos en esta misma semana. Sin embargo, la justicia española no permite hacer una actuación coordinada a raíz de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2015. El hecho de que utilicen un mismo programa para compartir los archivos no es motivo suficiente para la justicia. Es una locura", confiesan a PIXEL fuentes de Interior.
En el día a día, esto obliga a los agentes a ir caso por caso. "Los tribunales no pueden admitir 3.000 delitos de golpe. No permiten que los casos se centralicen".
Los programas de la comunidad policial permiten identificar el contenido ilícito. Los agentes extraen la información procedente del programa para acudir ante un juez para averiguar a quién pertenece la IP con la que se estaba compartiendo pronografía infantil.
"Una vez que se ha averiguado a quién pertenece esa IP tenemos que identificar cuál de los residentes de un determinado edificio es el que está compartiendo el contenido ******filo", explican fuentes de Interior. "En ocasiones, nos hemos encontrado casos en los que el delincuente estaba utilizando la red Wifi del vecino para descargarse y compartir los contenidos", aclaran.
Se trata de unas investigaciones en las que los agentes deben ser especialmente cautos antes de proceder a un arresto. "Se trata de delitos con un gran estigma social y es común que los detenidos se suiciden. Estas operaciones requieren una especial cautela y de una certeza suficiente antes de detener a alguien", enfatizan.
LA FALTA DE MEDIOS
Mientras que la tecnología de la que los se benefician los ******filos avanza -han aprendido a encriptar los ficheros o a utilizar VPNs para protegerse- la inversión en la lucha contra el cibercrimen en España no ha sufrido grandes saltos hacia adelante. Fuentes de Interior subrayan la dependencia respecto a los programas desarrollados en Estados Unidos-desde el Department of Homeland Security, el FBI o el NCMEC- mientras que en España no se han realizado inversiones o desarrollos propios.
En la lucha contra el cibercrimen existe un estancamiento desde los años 90 y 2000, se lamentan las mismas fuentes.
Además, en los propios informes oficiales (como en el Estudio sobre la cibercriminalidad en España) existe una confusión entre la Ciberseguridad -destinada a proteger las infraestructuras- y la propia lucha contra el cibercrimen, que consiste en la persecución de delitos y se centran en el papel de organismos destinados a la Defensa, en lugar de aquellos que combaten los delitos. Y es que en España, a diferencia de Francia o Estados Unidos, no existe ningún centro nacional para combatir el cibercrimen.
De hecho el propio Estudio sobre la Cibercriminalidad en España ni siquiera refleja correctamente el nombre de los departamentos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se encargan de perseguir este tipo de delitos. En el caso de la Guardia Civil, aparece reflejado como Grupo de Delitos Telemáticos, mientras que, desde hace más de dos años, se denomina Departamento de Delitos Telemáticos. en el caso de la Policía Nacional, se hace referencia a La Unidad de Investigación Tecnológica, que hace años cambió su nombre por Unidad Central de Ciberdelincuencia.
Más de 6.000 ******filos, impunes en España por la falta de policías y recursos
Pese a conocer hasta la dirección IP de quienes comparten pronografía infantil (un delito penado con hasta 9 años de guandoca) la mayoría de los casos no son investigados por carencia de personal y medios y no llegan ni a formar parte de las estadísticas oficiales
Durante el año pasado, se han detectado más de 45 millones de imágenes y vídeos con pronografía infantil en Internet.
¿A cuántos ******filos compartiendo pronografía infantil tienen controlados las autoridades españolas?
6346 en solo dos semanas. Un dato que corresponde a las direcciones IPs de ******filos que aparecen en los programas policiales desarrollados por el Gobierno de Estados Unidos, y a los que tienen acceso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestro país.
En cada uno de estos casos, se está compartiendo pronografía infantil, un delito penado con hasta 9 años de prisión.
Sin embargo, las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior solo recogen 1.393 delitos a lo largo del pasado año. La diferencia entre ambas cifras (una en base a 14 días y otra a 365) tiene una explicación: la falta de personal y recursos para la vigilancia provoca que nadie trabaje con esa información ni persiga a los delincuentes.
Por eso, ni siquiera constan como "hechos conocidos", como se dice en argot policial. No existen ni de cara a la estadística.
Sin embargo, esta información procedente de la herramienta norteramericana a la que ha podido acceder PIXEL es sólo una parte de este aterrador dibujo.
El dato solo se circunscribe a un periodo de tiempo de 14 días durante el mes de julio de este año y que solo tiene en cuenta a programas de intercambio de ficheros - como BitTorrent, Ares, Emule o Freente- tipo P2P. Una cifra a la que habría que sumar a todos aquellos delincuentes sensuales que intercambian imágenes y vídeos pronográficos de menores a través de otras aplicaciones o plataformas como los chats de Facebook, Twitter, Telegram o WhatsApp.
Además, tampoco tiene en cuenta los contenidos multimedia que se comparten visualizan y descargan a través de la Deep Web.
¿Y cuántos agentes de Policía y Guardia Civil están asignados a perseguir a estos delincuentes?
UNA EPIDEMIA QUE DEJA SECUELAS DE POR VIDA
"Durante una investigación, unos agentes se acercaron a un hombre -ya hecho y derecho y con hijos- para preguntarle por un sacerdote abusador que había trabajado en un colegio y cuando el tipo escuchó el nombre del cura, se meó encima", comentan fuentes de Interior a PIXEL.
El trauma acompaña a las víctimas y las imágenes, aunque ilegales, permanecen para siempre en Internet y los números -y la tecnología- favorecen al delincuente en esta lucha.
Interfaz del programa norteamericano que, integrado en base a un mapa de Google, identifica y mapea las direcciones IP de quienes están compartiendo pronografía infantil.
La explosión de la cantidad de la pronografía infantil disponible en Internet tiene unas dimensiones que podrían calificarse de esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Durante el último año, se detectaron más de 45 millones de vídeos y fotos en Internet en las que aparecían niños siendo víctimas de abusos sensuales de toda clase. Una cantidad que se ha duplicado respecto al año anterior.
En 1998, se detectaron más de 3.000 fotos en Internet en las que aparecían niños víctimas de abusos sensuales. Diez años más tarde, el número creció hasta alcanzar los 100.000 elementos multimedia. En 2014, la cifra superó el millón. Un crecimiento exponencial que ha venido recogiendo el National Center for Missing and Exploited Children.
Un aumento que también han percibido en las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles. Sin embargo, la desproporción entre el número de delincuentes sensuales que comparten imágenes de menores y el número de agentes encargados de darles caza sumados a un procedimiento poco ágil de la Justicia en España provoca que, de facto, muchos de estos delincuentes queden impunes.
Los programas que Estados Unidos ha desarrollado permiten a las fuerzas de seguridad españolas patrullar por los contenidos de los programas de intercambio de archivos y constituyen una de sus principales herramientas en su luchar contra quienes distribuyen pronografía infantil.
Por ejemplo, durante la primera quincena de julio, el programa norteamericano identificó 6.346 ordenadores que estaban compartiendo pronografía infantil a través de Internet. Sin embargo, según el último Estudio de Cibercriminalidad en España elaborado por el Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solo constan 1.393 delitos informáticos contra la libertad sensual como "hechos conocidos" a lo largo de un año entero.
Las cifras continúan mermando a medida que avanzamos en la cadena a nivel procesal. Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, a lo largo del pasado año, se incoaron 754 procedimientos judiciales por delitos de pronografía infantil que, sin embargo, solo se tradujeron en 425 acusaciones en un año.
Es decir, a lo largo de un año entero, solo se acusa formalmente al 6,7% de los casos que los programas de vigilancia norteamericanos empleados por la Policía y la Guardia Civil detectan a lo largo de dos semanas en nuestro país.
A LA CAZA DEL ******FILO
"La herramienta con las que trabajamos nos permite acotar por áreas. Por ejemplo, solo en Madrid encontramos cientos de casos en esta misma semana. Sin embargo, la justicia española no permite hacer una actuación coordinada a raíz de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2015. El hecho de que utilicen un mismo programa para compartir los archivos no es motivo suficiente para la justicia. Es una locura", confiesan a PIXEL fuentes de Interior.
En el día a día, esto obliga a los agentes a ir caso por caso. "Los tribunales no pueden admitir 3.000 delitos de golpe. No permiten que los casos se centralicen".
Los programas de la comunidad policial permiten identificar el contenido ilícito. Los agentes extraen la información procedente del programa para acudir ante un juez para averiguar a quién pertenece la IP con la que se estaba compartiendo pronografía infantil.
"Una vez que se ha averiguado a quién pertenece esa IP tenemos que identificar cuál de los residentes de un determinado edificio es el que está compartiendo el contenido ******filo", explican fuentes de Interior. "En ocasiones, nos hemos encontrado casos en los que el delincuente estaba utilizando la red Wifi del vecino para descargarse y compartir los contenidos", aclaran.
Se trata de unas investigaciones en las que los agentes deben ser especialmente cautos antes de proceder a un arresto. "Se trata de delitos con un gran estigma social y es común que los detenidos se suiciden. Estas operaciones requieren una especial cautela y de una certeza suficiente antes de detener a alguien", enfatizan.
LA FALTA DE MEDIOS
Mientras que la tecnología de la que los se benefician los ******filos avanza -han aprendido a encriptar los ficheros o a utilizar VPNs para protegerse- la inversión en la lucha contra el cibercrimen en España no ha sufrido grandes saltos hacia adelante. Fuentes de Interior subrayan la dependencia respecto a los programas desarrollados en Estados Unidos-desde el Department of Homeland Security, el FBI o el NCMEC- mientras que en España no se han realizado inversiones o desarrollos propios.
En la lucha contra el cibercrimen existe un estancamiento desde los años 90 y 2000, se lamentan las mismas fuentes.
Además, en los propios informes oficiales (como en el Estudio sobre la cibercriminalidad en España) existe una confusión entre la Ciberseguridad -destinada a proteger las infraestructuras- y la propia lucha contra el cibercrimen, que consiste en la persecución de delitos y se centran en el papel de organismos destinados a la Defensa, en lugar de aquellos que combaten los delitos. Y es que en España, a diferencia de Francia o Estados Unidos, no existe ningún centro nacional para combatir el cibercrimen.
De hecho el propio Estudio sobre la Cibercriminalidad en España ni siquiera refleja correctamente el nombre de los departamentos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se encargan de perseguir este tipo de delitos. En el caso de la Guardia Civil, aparece reflejado como Grupo de Delitos Telemáticos, mientras que, desde hace más de dos años, se denomina Departamento de Delitos Telemáticos. en el caso de la Policía Nacional, se hace referencia a La Unidad de Investigación Tecnológica, que hace años cambió su nombre por Unidad Central de Ciberdelincuencia.
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