Honkytonk Man
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Veo bastante bien argumentada la querella, mejor que la de VOX, que solicita suspender la investidura, lo cual es imposible, salvo que se ponga en marcha el artículo 102 CE, para lo cual es necesaria la mayoría absoluta del Congreso.
www.larazon.es
"Usurpación de atribuciones judiciales"
"Es obvio que una iniciativa legislativa es competencia del Ejecutivo y no se puede interferir ni invadir sus competencias", admite el colectivo denunciante, pero en este caso -argumenta- la iniciativa legislativa "está viciada de un delito de usurpación de atribuciones judiciales", por lo que entiende que el Supremo "tiene el derecho y el deber de impedir que sus resoluciones judiciales se vean anuladas por esa oleada turística de competencias judiciales".
"Defender la independencia del poder judicial es defender la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, así como defender los derechos y libertades de los ciudadanos (entre ellos el principio de igualdad ante la Ley)", asegura. Y aunque la asociación que preside Miguel Bernad -condenado a cuatro años de guandoca por el "caso Ausbanc"- dice ser consciente del "choque institucional que se produciría", añade que por muy grave que este sea "la ley está por encima y obliga a todos".
Manos Limpias entiende que la proposición de ley está "viciada de origen" porque los acuerdos con ERC y Junts obligan al PSOE, a cambio de sus votos a favor de la investidura de Pedro Sánchez, a "presentar una iniciativa legislativa que desactiva y anula todos los procesos judiciales ya sentenciados o que todavía no se hayan juzgado, referentes a todo el proceso independentista".
"Causa general contra el poder judicial"
Para el colectivo denunciante, la iniciativa vulnera el principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley y "fulmina también el principio constitucional de separación de poderes", además de que "criminaliza e inicia una causa general contra el poder judicial en lo que se conoce como lawfare" (la supuesta utilización de la Justicia con fines políticos que los independentistas denuncian y que el PSOE asume en el pacto con Junts).
El delito de usurpación de atribuciones castiga con penas de prisión de seis meses a un año a la autoridad que se apropie de «atribuciones judiciales o impidiere ejecutar una resolución» judicial. Una pena que puede alcanzar los dos años de prisión cuando con esa conducta se atente «contra la independencia de los jueces o magistrados» dirigiéndoles «instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo».
Primera petición de suspensión de la proposición de ley de amnistía en el Tribunal Supremo
Manos Limpias reclama a la Sala que paralice su tramitación para evitar un "daño irreparable"
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"Usurpación de atribuciones judiciales"
"Es obvio que una iniciativa legislativa es competencia del Ejecutivo y no se puede interferir ni invadir sus competencias", admite el colectivo denunciante, pero en este caso -argumenta- la iniciativa legislativa "está viciada de un delito de usurpación de atribuciones judiciales", por lo que entiende que el Supremo "tiene el derecho y el deber de impedir que sus resoluciones judiciales se vean anuladas por esa oleada turística de competencias judiciales".
"Defender la independencia del poder judicial es defender la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, así como defender los derechos y libertades de los ciudadanos (entre ellos el principio de igualdad ante la Ley)", asegura. Y aunque la asociación que preside Miguel Bernad -condenado a cuatro años de guandoca por el "caso Ausbanc"- dice ser consciente del "choque institucional que se produciría", añade que por muy grave que este sea "la ley está por encima y obliga a todos".
Manos Limpias entiende que la proposición de ley está "viciada de origen" porque los acuerdos con ERC y Junts obligan al PSOE, a cambio de sus votos a favor de la investidura de Pedro Sánchez, a "presentar una iniciativa legislativa que desactiva y anula todos los procesos judiciales ya sentenciados o que todavía no se hayan juzgado, referentes a todo el proceso independentista".
"Causa general contra el poder judicial"
Para el colectivo denunciante, la iniciativa vulnera el principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley y "fulmina también el principio constitucional de separación de poderes", además de que "criminaliza e inicia una causa general contra el poder judicial en lo que se conoce como lawfare" (la supuesta utilización de la Justicia con fines políticos que los independentistas denuncian y que el PSOE asume en el pacto con Junts).
El delito de usurpación de atribuciones castiga con penas de prisión de seis meses a un año a la autoridad que se apropie de «atribuciones judiciales o impidiere ejecutar una resolución» judicial. Una pena que puede alcanzar los dos años de prisión cuando con esa conducta se atente «contra la independencia de los jueces o magistrados» dirigiéndoles «instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo».
