Los Mossos intentaron comprar munición de guerra en plena recta final del 'procés'
La policía catalana trató de adquirir calibres utilizados habitualmente en ametralladoras y fusiles, pero el Instituto Armado frenó la licitación y solo le permitió incorporar balas de uso policial
El Govern de Carles Puigdemont intentó equipar a los Mossos d'Esquadra con munición propia de un Ejército en los meses previos al referéndum ilegal del 1-O. Solicitó adquirir una partida de cartuchos que incluía calibres utilizados habitualmente en fusiles de combate, ametralladoras y rifles de francotirador. La compra fue frenada por la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil, al considerar que se trataba de “munición de guerra” que no se correspondía con las funciones encomendadas al cuerpo. Tras la aplicación del artículo 155 y la consiguiente subordinación de los Mossos al Ministerio del Interior, el Instituto Armado terminó autorizando únicamente la licitación de cartuchos de uso policial.
El Departamento de Interior de la Generalitat cursó su primera solicitud el 19 de octubre de 2016, en plena recta final del 'procés', según consta en documentos de la policía autonómica a los que ha tenido acceso El Confidencial. Por un lado, pedían adjudicar la provisión de balas de nueve milímetros, el modelo empleado por la pistola reglamentaria que llevan sus agentes. A cada funcionario le corresponde una dotación de dos cargadores, con 12 proyectiles cada uno. Además, disponen de munición extra para realizar entrenamientos periódicos de tiro. Se trata de un calibre frecuente en las policías occidentales, pero las alarmas saltaron por las otras referencias que figuraban en la petición de los Mossos.
Junto a las balas de nueve milímetros, la policía autonómica solicitó comprar municiones de 7,62 x 51 milímetros (308 WIN) y 7,62 x 39 milímetros. El primer modelo es utilizado por muchos ejércitos para sus fusiles de asalto, aunque ha sido progresivamente reemplazado por otros más ligeros. Era el que empleaba el antiguo Cetme del Ejército español, por ejemplo. Con todo, sigue plenamente vigente en ametralladoras (la belga M249 dispara hasta 900 balas por minuto) y en rifles de precisión. Por su parte, el proyectil de 7,62 x 39 milímetros es de origen soviético y es el cargado por el mítico fusil de asalto AK47 y por la versión más moderna AK103, capaz de disparar hasta 650 cartuchos por minuto.
Los Mossos también reclamaron incluir en su dotación balas de 5,56 x 45 milímetros, munición estándar de las fuerzas armadas de la OTAN. Es el calibre del HK G36, el fusil de fabricación alemana que emplean las Fuerzas Armadas españolas desde 1999, y el suizo SIG SG 550. También lo cargan ametralladoras como la KH MG4, con una cadencia de tiro de hasta 900 disparos por minuto. Completaban su petición diferentes tipos de cartuchos —de impacto, lacrimógeno, fumígeno y gas pimienta— para escopetas lanzadoras de 40 milímetros y granadas aturdidoras por efectos de sonido y destellos.
La policía catalana llegó a licitar algunas de estas municiones, pero los trámites fueron congelados por Interior hasta el pasado 30 de noviembre, ya con el 155 en marcha. La Guardia Civil resolvió que los Mossos únicamente podían comprar municiones del calibre nueve milímetros y otros de uso claramente policial. El resto fue tumbado por la Intervención tras concluir que se trataba de proyectiles y cartuchos propios de un ejército y, por tanto, no eran compatibles con las labores que encomienda al cuerpo la ley que regula su funcionamiento (10/1994).
Ante esa negativa, los Mossos no tuvieron más remedio que renunciar a la compra de los calibres 7,62 x 51 mm y 7,62 x 39 mm, el cartucho de 40 mm de gas pimienta y las granadas aturdidoras de efectos sonido y destellos. Sin embargo, enviaron una nueva solicitud a los ministerios del Interior y Defensa el pasado 14 de diciembre para reiterar su interés en las municiones 5,56 x 45 mm y el resto de cartuchos de 40 mm (fumígeno, lacrimógeno y de impacto). De hecho, según la propia policía autonómica, de los 400.000 proyectiles de 5,56 x 45 mm que pretendían licitar en octubre de 2016, ya habían adjudicado la provisión de 226.000 al fabricante italiano Beretta. Solo faltaba el visto bueno de la Guardia Civil para que el material pudiera llegar a sus almacenes.
Los Mossos alegaron que esos proyectiles eran necesarios para tener “una capacidad de reacción suficiente” para hacer frente a episodios de “carácter terrorista o de delincuencia especialmente agresiva y hostil fuertemente armada”. Sobre el terrorismo, la policía añadió que los precedentes registrados en España y los países del entorno “acreditan y justifican la necesidad de contar con esta capacidad de respuesta, donde las armas de dotación y la munición utilizada en el servicio ordinario de seguridad ciudadana podrían aminorar la amenaza, pero no neutralizarla”.
En cuanto a la necesidad de comprar 400.000 proyectiles, la policía autonómica alegó que los cartuchos de 5,56 x 45 mm irían destinados “a determinadas unidades especializadas” y se emplearían en primera instancia para entrenar al Grupo Especial de Intervención (GEI) —equivalente al Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional o a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil—, Área de Brigada Móvil —con funciones de antidisturbios— y áreas regionales de recursos operativos. En este último grupo, según los Mossos, hay 1.500 agentes. “Está previsto que cada uno realice un total de 120 disparos de entrenamiento, lo que equivale a un total de 180.000 cartuchos”.
Sobre los cartuchos de 40 milímetros, la policía catalana especificó en su escrito del 14 de diciembre que necesitaba comprar hasta 30.000 proyectiles de impacto, 500 de la modalidad de sustancia lacrimógena y otros 500 de efecto fumígeno para garantizar las subsistencias de sus unidades de orden público. “Actualmente, el cuerpo dispone de 16.000 cartuchos de este calibre, que se van reduciendo a medida que se realizan los entrenamientos”, explicaron los Mossos.
Las alegaciones fueron estudiadas por la propia Guardia Civil y los ministerios del Interior y Defensa. Finalmente, el pasado abril, teniendo en cuenta los atentados de Barcelona y el uso cada vez más frecuente de armas largas en este tipo de ataques, ambos departamentos informaron favorablemente a la segunda petición cursada por los Mossos, especificando que se mantenía el veto sobre los proyectiles considerados “de guerra” de calibres 7,62 x 51 mm y 7,62 x 39 mm, las granadas aturdidoras y los cartuchos de 40 mm de gas pimienta.
Con todo, parte del material autorizado estaba pendiente aún de un último trámite. Al tratarse de munición fabricada en Suiza, que no es territorio de la Unión Europea, la importación debía ser aprobada por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU). Finalmente, este organismo se reunió el pasado jueves por la mañana y autorizó la compra de esas municiones, según han confirmado fuentes cercanas al proceso.
El control a los Mossos continuará tras la retirada del 155, aunque las competencias del cuerpo serán recuperadas automáticamente por la Generalitat en cuanto se designe al próximo consejero de Interior. La guardia civil ya descubrió en el correo electrónico de Josep Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda del Govern y mano derecha de Oriol Junqueras, un plan para crear un ejército catalán compuesto por hasta 22.000 soldados. El documento había sido elaborado por un asesor del eurodiputado de ERC Jordi Solé, uno de los nombres que han sonado estos últimos días para ocupar la Consejería de Exteriores del nuevo Ejecutivo autonómico de Quim Torra.
Los Mossos intentaron comprar munición de guerra en plena recta final del procés
La policía catalana trató de adquirir calibres utilizados habitualmente en ametralladoras y fusiles, pero el Instituto Armado frenó la licitación y solo le permitió incorporar balas de uso policial
El Govern de Carles Puigdemont intentó equipar a los Mossos d'Esquadra con munición propia de un Ejército en los meses previos al referéndum ilegal del 1-O. Solicitó adquirir una partida de cartuchos que incluía calibres utilizados habitualmente en fusiles de combate, ametralladoras y rifles de francotirador. La compra fue frenada por la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil, al considerar que se trataba de “munición de guerra” que no se correspondía con las funciones encomendadas al cuerpo. Tras la aplicación del artículo 155 y la consiguiente subordinación de los Mossos al Ministerio del Interior, el Instituto Armado terminó autorizando únicamente la licitación de cartuchos de uso policial.
El Departamento de Interior de la Generalitat cursó su primera solicitud el 19 de octubre de 2016, en plena recta final del 'procés', según consta en documentos de la policía autonómica a los que ha tenido acceso El Confidencial. Por un lado, pedían adjudicar la provisión de balas de nueve milímetros, el modelo empleado por la pistola reglamentaria que llevan sus agentes. A cada funcionario le corresponde una dotación de dos cargadores, con 12 proyectiles cada uno. Además, disponen de munición extra para realizar entrenamientos periódicos de tiro. Se trata de un calibre frecuente en las policías occidentales, pero las alarmas saltaron por las otras referencias que figuraban en la petición de los Mossos.
Junto a las balas de nueve milímetros, la policía autonómica solicitó comprar municiones de 7,62 x 51 milímetros (308 WIN) y 7,62 x 39 milímetros. El primer modelo es utilizado por muchos ejércitos para sus fusiles de asalto, aunque ha sido progresivamente reemplazado por otros más ligeros. Era el que empleaba el antiguo Cetme del Ejército español, por ejemplo. Con todo, sigue plenamente vigente en ametralladoras (la belga M249 dispara hasta 900 balas por minuto) y en rifles de precisión. Por su parte, el proyectil de 7,62 x 39 milímetros es de origen soviético y es el cargado por el mítico fusil de asalto AK47 y por la versión más moderna AK103, capaz de disparar hasta 650 cartuchos por minuto.
Los Mossos también reclamaron incluir en su dotación balas de 5,56 x 45 milímetros, munición estándar de las fuerzas armadas de la OTAN. Es el calibre del HK G36, el fusil de fabricación alemana que emplean las Fuerzas Armadas españolas desde 1999, y el suizo SIG SG 550. También lo cargan ametralladoras como la KH MG4, con una cadencia de tiro de hasta 900 disparos por minuto. Completaban su petición diferentes tipos de cartuchos —de impacto, lacrimógeno, fumígeno y gas pimienta— para escopetas lanzadoras de 40 milímetros y granadas aturdidoras por efectos de sonido y destellos.
La policía catalana llegó a licitar algunas de estas municiones, pero los trámites fueron congelados por Interior hasta el pasado 30 de noviembre, ya con el 155 en marcha. La Guardia Civil resolvió que los Mossos únicamente podían comprar municiones del calibre nueve milímetros y otros de uso claramente policial. El resto fue tumbado por la Intervención tras concluir que se trataba de proyectiles y cartuchos propios de un ejército y, por tanto, no eran compatibles con las labores que encomienda al cuerpo la ley que regula su funcionamiento (10/1994).
Ante esa negativa, los Mossos no tuvieron más remedio que renunciar a la compra de los calibres 7,62 x 51 mm y 7,62 x 39 mm, el cartucho de 40 mm de gas pimienta y las granadas aturdidoras de efectos sonido y destellos. Sin embargo, enviaron una nueva solicitud a los ministerios del Interior y Defensa el pasado 14 de diciembre para reiterar su interés en las municiones 5,56 x 45 mm y el resto de cartuchos de 40 mm (fumígeno, lacrimógeno y de impacto). De hecho, según la propia policía autonómica, de los 400.000 proyectiles de 5,56 x 45 mm que pretendían licitar en octubre de 2016, ya habían adjudicado la provisión de 226.000 al fabricante italiano Beretta. Solo faltaba el visto bueno de la Guardia Civil para que el material pudiera llegar a sus almacenes.
Los Mossos alegaron que esos proyectiles eran necesarios para tener “una capacidad de reacción suficiente” para hacer frente a episodios de “carácter terrorista o de delincuencia especialmente agresiva y hostil fuertemente armada”. Sobre el terrorismo, la policía añadió que los precedentes registrados en España y los países del entorno “acreditan y justifican la necesidad de contar con esta capacidad de respuesta, donde las armas de dotación y la munición utilizada en el servicio ordinario de seguridad ciudadana podrían aminorar la amenaza, pero no neutralizarla”.
En cuanto a la necesidad de comprar 400.000 proyectiles, la policía autonómica alegó que los cartuchos de 5,56 x 45 mm irían destinados “a determinadas unidades especializadas” y se emplearían en primera instancia para entrenar al Grupo Especial de Intervención (GEI) —equivalente al Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional o a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil—, Área de Brigada Móvil —con funciones de antidisturbios— y áreas regionales de recursos operativos. En este último grupo, según los Mossos, hay 1.500 agentes. “Está previsto que cada uno realice un total de 120 disparos de entrenamiento, lo que equivale a un total de 180.000 cartuchos”.
Sobre los cartuchos de 40 milímetros, la policía catalana especificó en su escrito del 14 de diciembre que necesitaba comprar hasta 30.000 proyectiles de impacto, 500 de la modalidad de sustancia lacrimógena y otros 500 de efecto fumígeno para garantizar las subsistencias de sus unidades de orden público. “Actualmente, el cuerpo dispone de 16.000 cartuchos de este calibre, que se van reduciendo a medida que se realizan los entrenamientos”, explicaron los Mossos.
Las alegaciones fueron estudiadas por la propia Guardia Civil y los ministerios del Interior y Defensa. Finalmente, el pasado abril, teniendo en cuenta los atentados de Barcelona y el uso cada vez más frecuente de armas largas en este tipo de ataques, ambos departamentos informaron favorablemente a la segunda petición cursada por los Mossos, especificando que se mantenía el veto sobre los proyectiles considerados “de guerra” de calibres 7,62 x 51 mm y 7,62 x 39 mm, las granadas aturdidoras y los cartuchos de 40 mm de gas pimienta.
Con todo, parte del material autorizado estaba pendiente aún de un último trámite. Al tratarse de munición fabricada en Suiza, que no es territorio de la Unión Europea, la importación debía ser aprobada por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU). Finalmente, este organismo se reunió el pasado jueves por la mañana y autorizó la compra de esas municiones, según han confirmado fuentes cercanas al proceso.
El control a los Mossos continuará tras la retirada del 155, aunque las competencias del cuerpo serán recuperadas automáticamente por la Generalitat en cuanto se designe al próximo consejero de Interior. La guardia civil ya descubrió en el correo electrónico de Josep Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda del Govern y mano derecha de Oriol Junqueras, un plan para crear un ejército catalán compuesto por hasta 22.000 soldados. El documento había sido elaborado por un asesor del eurodiputado de ERC Jordi Solé, uno de los nombres que han sonado estos últimos días para ocupar la Consejería de Exteriores del nuevo Ejecutivo autonómico de Quim Torra.
Los Mossos intentaron comprar munición de guerra en plena recta final del procés
