A estas alturas de la película nadie niega ya, ni siquiera desde el propio sector, que la legislación que ordenaba (es un decir) la producción de electricidad a partir de la tecnología solar fotovoltaica fue el paradigma de la intervención estatal que acaba destruyendo empleo, destrozando un sector entero y costando a los contribuyentes miles de millones de euros. La burbuja creada en el sector fotovoltaico es un claro ejemplo de lo que sucede cuando el Estado desajusta el sistema eléctrico, aislándolo de la realidad mediante una legislación que expulsa del mercado a tecnologías competitivas para meter, con calzador, a otras más ineficientes. Los números son inapelables: en 2011 nos gastamos 2.400 millones de euros en primas a una tecnología que no produce ni el 3% de la electricidad que consumimos. Y así nos va. Pero la culpa no es de las renovables, sino de los políticos.
Sin embargo, lejos de aprender de los errores pasados, en este país somos más de repetirlos una y otra vez. No contentos con el resultado obtenido tras pinchar la burbuja fotovoltaica, hemos considerado oportuno crear una nueva porque parece que aquí no podemos vivir si no exprimimos continuamente al amargado contribuyente. Y ahora le toca el turno a la solar térmica, otra de las tecnologías que aprovechan la energía proveniente del reactor nuclear que nos da la vida, el Sol.
Todo empezó en el año 2004, cuando el Real Decreto 436 establecía unas jugosas primas para esta tecnología que ascendían al 300% de la tarifa media y se aseguraban durante decenas de años. En ese momento no había ni un solo MW instalado de esta tecnología y las cosas, como no, se fueron de las manos de tal modo que al llegar 2010 teníamos en operación en nuestro país el 62% de toda la termosolar del mundo y se estaba construyendo en España el 86% de toda la potencia del mundo. Ya se sabe que aquí los latrocinios siempre fueron a lo grande.
Llegó el año 2009 y el gobierno se decidió a animar aún más la fiesta. Con el cometido de solucionar el creciente problema del déficit de tarifa, se sacó de la chistera el Real Decreto Ley 6/2009 que, como casi siempre que el Estado pretende solucionar algo, únicamente sirvió para agravar el problema. Se inventaron una cosita llamada "registro de pre-asignaciones" y alguien en el Ministerio de Industria ordenó que se diera luz verde a la futura instalación de 2.400 MW termosolares cuando el objetivo original de la Ley eran 500 MW. ¿Por qué se autorizó la instalación de casi cinco veces más de lo planeado? No está muy claro, pero las consecuencias de esta decisión serán lapidarias para nuestra economía.
Hagamos unas cuentas de la vieja. Cuando toda esa potencia termosolar esté operativa (allá por 2014) producirá, según el sector, unos 6.500.000 MWh cada año. En lo que llevamos de 2012, los consumidores hemos pagado 323 euros por cada MWh termosolar. Es decir, esta tecnología nos costará unos 2.000 millones de euros cada año, al menos hasta el 2035, debido a que esa Ley que obligará a nuestros hijos a pagar la resaca de esta fiesta otorgaba las primas a 25 años vista (en realidad más allá). Es decir, la broma nos costará un mínimo de 50.000 millones de euros para mantener otra tecnología que tampoco producirá, ni siquiera, el 3% de nuestra electricidad. Eso sin tener en cuenta que una parte de esos millones irán a engordar el déficit de tarifa, con lo cual también tendremos que pagar los intereses por colocar esa deuda.
¡50.000 millones de euros! La mitad del rescate que nos ha brindado Europa, el doble del pufo de Bankia. 50.000 millones que pagarán ustedes, sus hijos y probablemente sus nietos porque algún iluminado en el Ministerio o en Moncloa se levantó ocioso una mañana. Alguien que, si hubiera justicia en este mundo, saldría por la puerta esposado para no volver a decidir nada más en su vida.
