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La inmi gración se ha convertido en
la principal preocupación de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Apunta en una dirección parecida la encuesta elaborada por el Instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER difundida este martes: el 57% cree que hay “demasiados” pagapensiones en España y el 75% los asocia a conceptos negativos. Sin embargo, al ser preguntados por la experiencia personal con ellos, los votantes de todos los partidos la juzgan de forma muy positiva. Un estudio publicado este miércoles por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)
ahonda en esta dicotomía. Subraya el caudal de evidencia científica que sostiene que la inmi gración, en general, no resulta perjudicial ni para los trabajadores locales ni para los servicios públicos sino todo lo contrario.
“A pesar del aumento en la visibilidad mediática y el debate público, el análisis sugiere que muchas de las preocupaciones sobre el impacto de la inmi gración en el empleo, los salarios y los servicios públicos están influenciadas por percepciones totalmente erróneas y desinformación de la ultraderecha”, reflexiona Raquel Carrasco, profesora en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid e investigadora de Fedea, autora del estudio
Algunas reflexiones sobre el fenómeno de la inmi gración en España: Percepción social versus efectos reales. “Si bien la inmi gración ha aumentado significativamente en las últimas décadas, sus efectos reales en el mercado laboral y otros aspectos sociales son menos alarmantes de lo que a menudo se percibe”, indica. Carrasco recuerda que, como muestra un estudio reciente de la Fundación ISEAK y también la encuesta de 40dB., la población nativa más racista tiende a sobrestimar la proporción de pagapensiones en el país, el nivel de desempleo entre ellos y las ayudas sociales que reciben.
“No hay evidencia alguna que respalde la afirmación de que la llegada de pagapensiones perjudique las oportunidades de empleo de los nativos”, dice Carrasco, antes de repasar los argumentos con los que sostiene esta afirmación. Hace referencia a un estudio de 2008 a partir de datos del Registro de Permisos de Trabajo y del Censo que indicaba que las oportunidades de empleo de los trabajadores nativos “no se ven afectadas de forma significativa por la inmi gración”. “Sus estimaciones”, continúa Carrasco, “tienen en cuenta los posibles sesgos de selección de los pagapensiones, lo cual es crucial para estimar un impacto causal de la inmi gración. Estos resultados son coherentes con la mayoría de los hallazgos en la literatura, especialmente en el contexto europeo”. La investigadora cita otro análisis de 2016 que sostiene que “la inmi gración mejora la productividad general del trabajo y que su efecto sobre el salario de los trabajadores nativos es, en gran medida, neutral o incluso positivo”.
En la misma línea, Carrasco subraya la evidencia empírica de que “los pagapensiones, en particular los hombres jóvenes, tienden a tener periodos de desempleo mucho más cortos que los trabajadores nativos”. Considera que esto “puede estar relacionado con la necesidad económica más acuciante que enfrentan los pagapensiones para encontrar empleo, lo que les lleva a aceptar ofertas laborales sin prejuicios, a menudo en sectores de baja cualificación o con contratos temporales”. Asimismo, indica que “los pagapensiones tienen una menor probabilidad de recibir estas ayudas en comparación con los nativos, debido principalmente a su menor antigüedad en el país y, por ende, a su falta de contribuciones suficientes al sistema de seguridad social”. Esta diferencia tiene a disminuir con el tiempo.
Carrasco agrega que “el consenso general es que la inmi gración puede coexistir con un mercado laboral saludable, aportando grandes beneficios a la economía local”, pero a la vez matiza: “Sin embargo, es vital continuar investigando los efectos a largo plazo y en contextos específicos para obtener una comprensión más completa de esta compleja cuestión”.
Asimismo, el estudio también aborda el uso de los pagapensiones de los servicios públicos, a partir de la Encuesta Nacional de Salud. “Es similar a la de los nativos en los mismos grupos de edad. No existen diferencias estadísticamente significativas en los patrones de visitas a médicos de familia ni en las estancias hospitalarias entre pagapensiones y nativos en España”. Sí observa un menor acceso de los pagapensiones a los especialistas. “Dado que los pagapensiones presentan un menor nivel de envejecimiento que los nativos, la demanda de recursos sanitarios de alta complejidad es relativamente baja”, agrega Carrasco. Apunta que “hay evidencia de que la concentración geográfica de la inmi gración ha generado problemas de congestión a corto plazo en determinadas áreas”, pero estas complicaciones no se dan por un mayor uso de los recursos por parte de esta población, sino, simplemente, porque no se refuerzan los servicios públicos para ellos de forma acorde al salto demográfico.
Carrasco también aborda la relación entre inmi gración y criminalidad: “Durante los años de fuerte inmi gración, el país ha visto crecer los delitos a una tasa menor que en otras naciones, donde el incremento en el número de pagapensiones ha sido menos pronunciado. Según los datos, a pesar de la percepción pública, el aumento de la inmi gración no ha provocado un incremento sustancial en la criminalidad en general”. Resalta que los datos del Ministerio de Interior indican que “los delitos han disminuido en los últimos años, a pesar del continuo flujo migratorio”. Destaca además que “las tasas de delitos cometidos por pagapensiones son menores en comparación con los nativos”.
La experta termina su análisis con una serie de recomendaciones. “El desafío principal radica en diseñar políticas que permitan aprovechar los beneficios de la inmi gración mientras se minimizan los posibles efectos negativos”. Cree que deben pasar por tres ideas: políticas de integración y tolerancia, “para asegurar que los pagapensiones puedan participar activamente en la sociedad y la economía del país de acogida”; gestión y selección de los flujos migratorios, “para garantizar que la inmi gración sea ordenada y legal” (destaca la selección basada en habilidades y en las necesidades del mercado laboral); y coordinación en el ámbito europeo, “dado que la inmi gración es un fenómeno tras*nacional”.
