maromo
Madmaxista
Las ruinas y las edificaciones abandonadas lastran la recuperación de la actividad y la captación de población en el corazón de la mayor parte de las urbes gallegas. La posibilidad de la expropiación forzosa, con la que ya cuentan gran parte de los concellos para poner coto a la falta de mantenimiento de las construcciones más antiguas, no ha modificado una situación que bloquea el desarrollo de numerosos ámbitos y que se enquistó con la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Con la intención de desbloquear la rehabilitación de esos cascos viejos y posibilitar la compra de los edificios recuperados a un precio accesible, la futura Lei de Rehabilitación e de Rexeneración Urbana de Galicia, que prepara la Xunta, tiene previsto dotar a la Administración local y a la autonómica de una revisión de la figura de la expropiación forzosa que haga más ágil la captación de los inmuebles cuyos propietarios no cumplen con la obligación de conservarlos.
Disminución de precio
Los objetivos de la ley de rehabilitación subrayan de antemano la posibilidad que tanto los ayuntamientos como la Xunta tendrán para acometer expropiaciones de inmuebles al 50 % del valor del suelo en cada caso. Bajando el precio de pago de las ruinas, el importe de la venta del inmueble ya rehabilitado se contendrá, según se prevé en la motivación del futuro texto normativo.
La declaración de zonas de especial necesidad de rehabilitación (ZER) será otra de las novedades que aportará la citada ley. En dichas áreas se posibilitará la intervención inmediata tanto en edificios aislados como en un conjunto de construcciones cuando sea preciso por su estado de deterioro o por el interés general para llevar la instalación de equipamientos y servicios. Administrativamente se prevé la declaración de utilidad pública del inmueble y con ella justificar la necesidad de ocupar los bienes y derechos del solar.
Inmediata aplicación
Para los conjuntos históricos se prevé articular normas de inmediata aplicación que permitan realizar las rehabilitaciones que los planes especiales en vigor dificultan o imposibilitan hacer rentable una obra. La intención de la Xunta es que se permita en los cascos históricos, en función del grado de protección de cada construcción, unir parcelas para obtener viviendas de un tamaño acorde con los usos actuales y que las viviendas antiguas de pequeño tamaño dificultan, como la instalación de ascensores, garajes o trasteros. Con el mismo fin se permitirá también la unión de locales en plantas bajas de edificaciones colindantes, o la utilización conjunta de portales o escaleras para dos edificios contiguos rehabilitados.
Para abril del 2018
Está previsto que el texto definitivo de la nueva ley de rehabilitación se redacte entre noviembre y diciembre de este año y se tramite el anteproyecto en los cuatro primeros meses del 2018.La Xunta avanza que considera clave disponer «dunha estratexia global que facilite e potencie a recuperación do construído para facer de Galicia un referente en materia de rehabilitación».En la fase de consultas para confeccionar la nueva ley, la Administración gallega detectó que la legislación que afecta a los proyectos de rehabilitación es «dispersa, pouco flexible e inhibidora das intervencións». La obtención de autorizaciones y licencias se suele alargar tanto en el tiempo que desanima a los particulares a llevar las obras a cabo. Y finalmente, la compra de estos inmuebles se suele atascar por contar con un precio superior al del mercado, pese a no haber sido conservadas, o el acuerdo entre herederos o su localización se hace muy dificultosa. El estudio previo realizado para vencer las dificultades que se encuentran en los proyectos de rehabilitación concluye que en Galicia la recuperación de construcciones es más costosa que la obra nueva, y ronda de media los 1.200 euros por metro cuadrado rehabilitado.
El ejemplo de Oporto
El sector inmobiliario gallego tiene los ojos puestos en el plan de rehabilitación de Oporto, como ejemplo de una tras*formación rápida y efectiva. «Dos empresas gallegas van a invertir en rehabilitación allí», adelanta Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias. «Aquí todos los cascos históricos de nuestras ciudades, y más aún de las villas, amenazan ruina», señala, para indicar que los concellos han hecho hasta ahora «más o menos la vista subida de peso». Iglesias critica la escasez de las ayudas para la rehabilitación, y la complejidad burocrática que rodea la puesta en marcha de los permisos. «En Oporto todo el casco viejo está lleno de grúas, pues se han dado cuenta de su potencial también en la rehabilitación», advierte el presidente de los inmobiliarios.
Más de 8.000 edificaciones y viviendas están en Galicia en estado ruinoso
El último censo de viviendas realizado en Galicia eleva a 9.333 el número de inmuebles que se encuentran en estado de ruina. Son solo el 0,5 por ciento de las edificaciones existentes en la comunidad, pero a ellas se suman otras 34.469 definidas como en mal estado. Aún existen 147.414 más que reciben la clasificación de deficientes, por no alcanzar los estándares medios de habitabilidad. Al 88,6 % restante de las edificaciones se le otorga la condición de buenas. Las siete ciudades son las que presentan un mayor número de ruinas entre su parque inmobiliario, pero son las villas medias las que sufren un abandono creciente, y tienen además su salida al mercado de compra-venta más complicada, al caer en muchas de ellas su censo de residentes.
Las edificaciones en ruina podrán ser expropiadas al 50 % de su valor
Con la intención de desbloquear la rehabilitación de esos cascos viejos y posibilitar la compra de los edificios recuperados a un precio accesible, la futura Lei de Rehabilitación e de Rexeneración Urbana de Galicia, que prepara la Xunta, tiene previsto dotar a la Administración local y a la autonómica de una revisión de la figura de la expropiación forzosa que haga más ágil la captación de los inmuebles cuyos propietarios no cumplen con la obligación de conservarlos.
Disminución de precio
Los objetivos de la ley de rehabilitación subrayan de antemano la posibilidad que tanto los ayuntamientos como la Xunta tendrán para acometer expropiaciones de inmuebles al 50 % del valor del suelo en cada caso. Bajando el precio de pago de las ruinas, el importe de la venta del inmueble ya rehabilitado se contendrá, según se prevé en la motivación del futuro texto normativo.
La declaración de zonas de especial necesidad de rehabilitación (ZER) será otra de las novedades que aportará la citada ley. En dichas áreas se posibilitará la intervención inmediata tanto en edificios aislados como en un conjunto de construcciones cuando sea preciso por su estado de deterioro o por el interés general para llevar la instalación de equipamientos y servicios. Administrativamente se prevé la declaración de utilidad pública del inmueble y con ella justificar la necesidad de ocupar los bienes y derechos del solar.
Inmediata aplicación
Para los conjuntos históricos se prevé articular normas de inmediata aplicación que permitan realizar las rehabilitaciones que los planes especiales en vigor dificultan o imposibilitan hacer rentable una obra. La intención de la Xunta es que se permita en los cascos históricos, en función del grado de protección de cada construcción, unir parcelas para obtener viviendas de un tamaño acorde con los usos actuales y que las viviendas antiguas de pequeño tamaño dificultan, como la instalación de ascensores, garajes o trasteros. Con el mismo fin se permitirá también la unión de locales en plantas bajas de edificaciones colindantes, o la utilización conjunta de portales o escaleras para dos edificios contiguos rehabilitados.
Para abril del 2018
Está previsto que el texto definitivo de la nueva ley de rehabilitación se redacte entre noviembre y diciembre de este año y se tramite el anteproyecto en los cuatro primeros meses del 2018.La Xunta avanza que considera clave disponer «dunha estratexia global que facilite e potencie a recuperación do construído para facer de Galicia un referente en materia de rehabilitación».En la fase de consultas para confeccionar la nueva ley, la Administración gallega detectó que la legislación que afecta a los proyectos de rehabilitación es «dispersa, pouco flexible e inhibidora das intervencións». La obtención de autorizaciones y licencias se suele alargar tanto en el tiempo que desanima a los particulares a llevar las obras a cabo. Y finalmente, la compra de estos inmuebles se suele atascar por contar con un precio superior al del mercado, pese a no haber sido conservadas, o el acuerdo entre herederos o su localización se hace muy dificultosa. El estudio previo realizado para vencer las dificultades que se encuentran en los proyectos de rehabilitación concluye que en Galicia la recuperación de construcciones es más costosa que la obra nueva, y ronda de media los 1.200 euros por metro cuadrado rehabilitado.
El ejemplo de Oporto
El sector inmobiliario gallego tiene los ojos puestos en el plan de rehabilitación de Oporto, como ejemplo de una tras*formación rápida y efectiva. «Dos empresas gallegas van a invertir en rehabilitación allí», adelanta Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias. «Aquí todos los cascos históricos de nuestras ciudades, y más aún de las villas, amenazan ruina», señala, para indicar que los concellos han hecho hasta ahora «más o menos la vista subida de peso». Iglesias critica la escasez de las ayudas para la rehabilitación, y la complejidad burocrática que rodea la puesta en marcha de los permisos. «En Oporto todo el casco viejo está lleno de grúas, pues se han dado cuenta de su potencial también en la rehabilitación», advierte el presidente de los inmobiliarios.
Más de 8.000 edificaciones y viviendas están en Galicia en estado ruinoso
El último censo de viviendas realizado en Galicia eleva a 9.333 el número de inmuebles que se encuentran en estado de ruina. Son solo el 0,5 por ciento de las edificaciones existentes en la comunidad, pero a ellas se suman otras 34.469 definidas como en mal estado. Aún existen 147.414 más que reciben la clasificación de deficientes, por no alcanzar los estándares medios de habitabilidad. Al 88,6 % restante de las edificaciones se le otorga la condición de buenas. Las siete ciudades son las que presentan un mayor número de ruinas entre su parque inmobiliario, pero son las villas medias las que sufren un abandono creciente, y tienen además su salida al mercado de compra-venta más complicada, al caer en muchas de ellas su censo de residentes.
Las edificaciones en ruina podrán ser expropiadas al 50 % de su valor
