cucerulo
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Por fin parece que alguien se da cuenta de un tema que pasa en todos los ayuntamientos: comprar cualquier cosa es una locura de papeleo y tiempo, y ambas cosas tienen un coste que muchas veces supera el precio de lo que se quiere comprar. Además todo se complica de una manera absolutamente fuera de toda lógica. Fijaos en el texto marcado en rojo porque es para miccionar y no echar gota.
Por supuesto que no harán nada, porque tener mucha burocracia implica tener muchos funcionarios...
La burocracia colapsa los ayuntamientos
Las normas de contratación obligan a dar hasta 14 pasos para comprar una caja de bolígrafos y el papeleo para adjudicar unas obras de asfaltado puede llevar entre tres meses y varios años
«Los legisladores en Madrid han querido apiolar moscas a cañonazos y han entrado en la fase de pensar que todos los que trabajan en los ayuntamientos son unos ladrones a los que hay que controlar para que no se gasten el dinero en pipas de girasol». La queja puede parecer exagerada, pero es la sensación que tienen muchos alcaldes ante la burocracia que tienen que soportar las administraciones locales para realizar cualquier compra o adjudicar un contrato.
Adquirir un bolígrafo, un paquete de folios o una garrafa de agua, algo que puede hacer un trabajador municipal con solo cruzar la calle hasta el bazar más cercano, puede llevar hasta 14 gestiones en las que deben intervenir una decena de funcionarios públicos y representantes políticos. La compra de una caja de lápices, por tanto, puede durar meses.
El lamento sobre la diabólica maraña burocrática es de Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y vicepresidente segundo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), quien sostiene que las tareas fiscalizadores de las administraciones públicas, con el objetivo de evitar casos de corrupción, han derivado en actuaciones «absolutamente inmovilistas y contrarias a un buen servicio a los ciudadanos», pues el poco personal que tienen los ayuntamientos debe dedicarse casi en exclusiva a resolver todo ese papeleo.
En una simulación realizada con la hipotética compra de una grapadora de cinco euros, en un municipio de tamaño medio de España, se ha llegado a la conclusión de que los materiales utilizados y el tiempo empleado por los funcionarios durante el procedimiento para adquirir ese material de oficina cuesta unos 200 euros, es decir, cuarenta veces más que el valor de la propia grapadora.
Unas 80 calles de Santa Cruz de Tenerife se han estado asfaltando en los últimos meses y la población cree que es por la proximidad de las elecciones municipales, pero los expedientes para poder adjudicar esos trabajos se iniciaron en el año 2018. El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, explica que se ha necesitado todo ese tiempo para completar el procedimiento de licitación. «Para una obra que se va a ejecutar en cinco meses se requieren previamente cuatro años de burocracia», apunta.
El regidor de Agüimes pone un ejemplo más sorprendente. Cuando su gobierno municipal tiene que comprar sardinas frescas para la fiesta de la Vará del Pescao en Arinaga también debe cumplir todos los requisitos de la Ley de Contratos Públicos del Estado, de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos de España y, en Canarias, también para los siete cabildos insulares.
Con esa normativa en la mano, comprar una grapadora o unas sardinas frescas requiere los siguientes pasos: elaborar una propuesta de gasto por parte de un político o un trabajador; redactar una memoria en la que se explique el gasto con detalle; elaborar un informe que justifique la necesidad del gasto por parte del proponente; la propuesta de un responsable del contrato, que debe ser un trabajador municipal; la firma del responsable del contrato; la firma del alcalde o el concejal delegado; el expediente se envía a la Intervención municipal para proceder a la retención del crédito; el expediente es devuelto por el interventor a su inicio para la elaboración de un informe jurídico; la Secretaría del Ayuntamiento debe elaborar un informe sobre la legalidad del contrato menor y su no fraccionamiento; elaborar la resolución de aprobación del contrato menor, con la firma de la Secretaría y la Alcaldía; notificación de la resolución al proveedor y a los servicios económicos municipales; dar cuenta al Pleno del Consistorio; y subir el contrato menor a la Plataforma de Contrataciones del Estado. Si en vez de una compra se tratara de una obra, aparte de todos los pasos anteriores se necesitaría una memoria firmada por un técnico competente.
(Continúa en el enlace al artículo...)
Por supuesto que no harán nada, porque tener mucha burocracia implica tener muchos funcionarios...
La burocracia colapsa los ayuntamientos
Las normas de contratación obligan a dar hasta 14 pasos para
www.eldia.es
La burocracia colapsa los ayuntamientos
Las normas de contratación obligan a dar hasta 14 pasos para comprar una caja de bolígrafos y el papeleo para adjudicar unas obras de asfaltado puede llevar entre tres meses y varios años
«Los legisladores en Madrid han querido apiolar moscas a cañonazos y han entrado en la fase de pensar que todos los que trabajan en los ayuntamientos son unos ladrones a los que hay que controlar para que no se gasten el dinero en pipas de girasol». La queja puede parecer exagerada, pero es la sensación que tienen muchos alcaldes ante la burocracia que tienen que soportar las administraciones locales para realizar cualquier compra o adjudicar un contrato.
Adquirir un bolígrafo, un paquete de folios o una garrafa de agua, algo que puede hacer un trabajador municipal con solo cruzar la calle hasta el bazar más cercano, puede llevar hasta 14 gestiones en las que deben intervenir una decena de funcionarios públicos y representantes políticos. La compra de una caja de lápices, por tanto, puede durar meses.
El lamento sobre la diabólica maraña burocrática es de Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y vicepresidente segundo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), quien sostiene que las tareas fiscalizadores de las administraciones públicas, con el objetivo de evitar casos de corrupción, han derivado en actuaciones «absolutamente inmovilistas y contrarias a un buen servicio a los ciudadanos», pues el poco personal que tienen los ayuntamientos debe dedicarse casi en exclusiva a resolver todo ese papeleo.
En una simulación realizada con la hipotética compra de una grapadora de cinco euros, en un municipio de tamaño medio de España, se ha llegado a la conclusión de que los materiales utilizados y el tiempo empleado por los funcionarios durante el procedimiento para adquirir ese material de oficina cuesta unos 200 euros, es decir, cuarenta veces más que el valor de la propia grapadora.
Unas 80 calles de Santa Cruz de Tenerife se han estado asfaltando en los últimos meses y la población cree que es por la proximidad de las elecciones municipales, pero los expedientes para poder adjudicar esos trabajos se iniciaron en el año 2018. El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, explica que se ha necesitado todo ese tiempo para completar el procedimiento de licitación. «Para una obra que se va a ejecutar en cinco meses se requieren previamente cuatro años de burocracia», apunta.
El regidor de Agüimes pone un ejemplo más sorprendente. Cuando su gobierno municipal tiene que comprar sardinas frescas para la fiesta de la Vará del Pescao en Arinaga también debe cumplir todos los requisitos de la Ley de Contratos Públicos del Estado, de obligado cumplimiento para todos los ayuntamientos de España y, en Canarias, también para los siete cabildos insulares.
Con esa normativa en la mano, comprar una grapadora o unas sardinas frescas requiere los siguientes pasos: elaborar una propuesta de gasto por parte de un político o un trabajador; redactar una memoria en la que se explique el gasto con detalle; elaborar un informe que justifique la necesidad del gasto por parte del proponente; la propuesta de un responsable del contrato, que debe ser un trabajador municipal; la firma del responsable del contrato; la firma del alcalde o el concejal delegado; el expediente se envía a la Intervención municipal para proceder a la retención del crédito; el expediente es devuelto por el interventor a su inicio para la elaboración de un informe jurídico; la Secretaría del Ayuntamiento debe elaborar un informe sobre la legalidad del contrato menor y su no fraccionamiento; elaborar la resolución de aprobación del contrato menor, con la firma de la Secretaría y la Alcaldía; notificación de la resolución al proveedor y a los servicios económicos municipales; dar cuenta al Pleno del Consistorio; y subir el contrato menor a la Plataforma de Contrataciones del Estado. Si en vez de una compra se tratara de una obra, aparte de todos los pasos anteriores se necesitaría una memoria firmada por un técnico competente.
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