Educadores denuncian la inacción institucional ante el «descontrol» de menores tutelados
Piden a Diputación y Fiscalía medidas «contundentes» para frenar la escalada delictiva y violenta del 30% de los 230 menas acogidos
Educadores sociales de centros de menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas, en Bizkaia creen que la sociedad «tiene que conocer» el «descontrol» en el que viven algunos de los jóvenes acogidos más «conflictivos», que cifran en alrededor de un 30% del total. Quieren que su denuncia se haga pública después de que los vecinos de los barrios altos de Bilbao -Arabella, Remar, Sarrikue, Atxeta, Andra Mari y Zurbaranbarri- se manifestaran a mediados del pasado mes de junio por el incremento de los asaltos violentos y la inseguridad en su zona. En Artxanda, por ejemplo, tres menores del centro El Vivero fueron detenidos por la Ertzaintza por dar una paliza a un hostelero que no les dio tabaco a las ocho de la mañana del pasado 12 de mayo porque la máquina expendedora estaba aún cerrada.
«Más que pisos de menores, algunos son pisos de delincuentes», señalan con crudeza los profesionales que se encargan de su cuidado.
- «Sabemos que algunos chavales, cuando van a salir en su tiempo libre, se preparan, como ellos dicen, para ir a 'trabajar'».
- ¿Y a qué se refieren?
- «Van a robar».
En la actualidad, la cifra de menores extranjeros no acompañados tutelados en Bizkaia asciende a 230, según los datos facilitados por la Diputación, que asegura que «han bajado muchísimo» con respecto a años previos a la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Los equipos educativos, algunos de los cuales pertenecen a empresas subcontratadas, se sienten «abandonados» y «sin respaldo» por parte de las instituciones porque carecen de «herramientas» para hacer frente al problema y señalan a la Diputación de Bizkaia y a la Fiscalía de Menores como responsables por su inacción.
Un verdadero hogar
En cada centro o piso de menores se fijan unas normas con el objetivo de que pueda considerarse un verdadero hogar. Las comidas tienen unos horarios marcados y no se puede fumar ni consumir estupefacientes en el interior. Cada día, los chavales son recogidos a las ocho de la mañana por un autobús que les acerca a los centros docentes, ya que todos deben estar escolarizados, o a trabajar o participar en talleres, según los casos. Pues bien, ese grupo de chicos desafiantes se saltan las reglas continuamente.
El problema se agranda porque los profesionales carecen de armas para imponer disciplina. «Esconden droja en las zapatillas o en recovecos en las habitaciones. Llegan a las dos de madrugada y quieren comer y no les puedes cerrar la puerta, les tienes que dejar entrar. Y si les dices que no, se te enfrentan, te dan un cabezazo...», lamentan. «En los últimos seis meses ha habido entre 8 y 10 agresiones a educadores sin ninguna consecuencia por parte de la Diputación», lamentan. «Nosotros lo único que podemos hacer es retirarles la paga semanal de 10 euros, pero consiguen más dinero fuera, así que les da igual. Nuestro poder se queda en nada. Tenemos las manos atadas. Y así el nivel de agresividad y de exigencia va en aumento», denuncian.
Los centros se han convertido en meros «albergues», donde comen y duermen, «pero no podemos ejercer una labor educativa como nos gustaría porque nos dedicamos a sobrevivir». «Nos gustaría poder hacer actividades acordes a su edad, como salidas, con los que merecen la pena, pero no nos podemos ir del centro porque nos rompen la puerta del despacho, como ya ha ocurrido».
Obras en Amorebieta
El centro de Amorebieta de primera acogida, donde se seleccionaba a los menores y se separaba a los que presentaban un perfil agresivo para derivarles a un servicio más adecuado, se encuentra cerrado por obras desde comienzos de año. La reforma, que afecta también a los saneamientos, se prolongará aún varios meses, según fuentes oficiales. Por este motivo, esa criba necesaria ahora ya no se realiza y los chicos son derivados a los centros de Orduña, con unas 30 plazas; Loiu, con unas 60, pero que ahora sólo se ocupan unos 40; o el Vivero, en Galdakao, con 70. En ellos conviven menores de sólo 10 años con otros de 16 y con causas judiciales abiertas. «Es un popurrí que genera un efecto contagio».
El de Carranza se cerró en enero del año pasado después de numerosos desórdenes y altercados y la Diputación anunció que iba a crear otro centro especial para atender a los chicos más problemáticos, pero el proyecto sigue sin avances. El Vivero parece haber recogido el testigo y acoge ahora a los chicos más conflictivos.
¿Cuál creen estos educadores que sería la solución? «Que las administraciones responsables», esto es, la Diputación vizcaína y la Fiscalía de Menores establecieran medidas «contundentes» que atajen la impunidad. «A un menor que comete una agresión igual no se le impone un castigo (una medida de seguridad) hasta dentro de un año». Como ocurrió, por ejemplo, con el homicidio de la estación de Abando, en octubre de 2021, cuando un menor de 16 años, tutelado, fue detenido como autor del crimen. «Entonces, la sensación de impunidad es tremenda».
La versión de la Diputación vizcaína es completamente distinta. El Departamento de Acción Social asegura que «no nos constan incidentes en los últimos tiempos ni nos han trasladado nada al respecto». Según la institución foral, se han adoptado «medidas con la Fiscalía de Menores y con el Departamento de Justicia que han contribuido a que la red esté estable», anuncian sin detallar en qué consisten. En la actualidad, además, el número de llegadas es mucho más reducido que en años anteriores, como 2018. Hace varias semanas, la Fiscalía derivó a varios chicos a un centro de internamiento cerrado por conductas delictivas. Uno de ellos llevaba cuatro robos con violencia en una sola semana.
Los educadores aseguran que han tras*mitido sus quejas a las direcciones de los centros, pero desconocen si éstas han sido comunicadas a la Diputación, aunque siempre que se produce una agresión o cualquier otra incidencia reseñable, envían directamente un correo electrónico a la institución foral.
LA CLAVE
230
menores extranjeros no acompañados están tutelados en la actualidad por la Diputación vizcaína, según datos oficiales.
22
educadores trabajan en turnos en el centro de menores de El Vivero, que, al cerrarse el de Amorebieta, acoge ahora a los más conflictivos.
www.elcorreo.com
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Piden a Diputación y Fiscalía medidas «contundentes» para frenar la escalada delictiva y violenta del 30% de los 230 menas acogidos
Educadores sociales de centros de menores extranjeros no acompañados, conocidos como menas, en Bizkaia creen que la sociedad «tiene que conocer» el «descontrol» en el que viven algunos de los jóvenes acogidos más «conflictivos», que cifran en alrededor de un 30% del total. Quieren que su denuncia se haga pública después de que los vecinos de los barrios altos de Bilbao -Arabella, Remar, Sarrikue, Atxeta, Andra Mari y Zurbaranbarri- se manifestaran a mediados del pasado mes de junio por el incremento de los asaltos violentos y la inseguridad en su zona. En Artxanda, por ejemplo, tres menores del centro El Vivero fueron detenidos por la Ertzaintza por dar una paliza a un hostelero que no les dio tabaco a las ocho de la mañana del pasado 12 de mayo porque la máquina expendedora estaba aún cerrada.
«Más que pisos de menores, algunos son pisos de delincuentes», señalan con crudeza los profesionales que se encargan de su cuidado.
- «Sabemos que algunos chavales, cuando van a salir en su tiempo libre, se preparan, como ellos dicen, para ir a 'trabajar'».
- ¿Y a qué se refieren?
- «Van a robar».
En la actualidad, la cifra de menores extranjeros no acompañados tutelados en Bizkaia asciende a 230, según los datos facilitados por la Diputación, que asegura que «han bajado muchísimo» con respecto a años previos a la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. Los equipos educativos, algunos de los cuales pertenecen a empresas subcontratadas, se sienten «abandonados» y «sin respaldo» por parte de las instituciones porque carecen de «herramientas» para hacer frente al problema y señalan a la Diputación de Bizkaia y a la Fiscalía de Menores como responsables por su inacción.
Un verdadero hogar
En cada centro o piso de menores se fijan unas normas con el objetivo de que pueda considerarse un verdadero hogar. Las comidas tienen unos horarios marcados y no se puede fumar ni consumir estupefacientes en el interior. Cada día, los chavales son recogidos a las ocho de la mañana por un autobús que les acerca a los centros docentes, ya que todos deben estar escolarizados, o a trabajar o participar en talleres, según los casos. Pues bien, ese grupo de chicos desafiantes se saltan las reglas continuamente.
El problema se agranda porque los profesionales carecen de armas para imponer disciplina. «Esconden droja en las zapatillas o en recovecos en las habitaciones. Llegan a las dos de madrugada y quieren comer y no les puedes cerrar la puerta, les tienes que dejar entrar. Y si les dices que no, se te enfrentan, te dan un cabezazo...», lamentan. «En los últimos seis meses ha habido entre 8 y 10 agresiones a educadores sin ninguna consecuencia por parte de la Diputación», lamentan. «Nosotros lo único que podemos hacer es retirarles la paga semanal de 10 euros, pero consiguen más dinero fuera, así que les da igual. Nuestro poder se queda en nada. Tenemos las manos atadas. Y así el nivel de agresividad y de exigencia va en aumento», denuncian.
Los centros se han convertido en meros «albergues», donde comen y duermen, «pero no podemos ejercer una labor educativa como nos gustaría porque nos dedicamos a sobrevivir». «Nos gustaría poder hacer actividades acordes a su edad, como salidas, con los que merecen la pena, pero no nos podemos ir del centro porque nos rompen la puerta del despacho, como ya ha ocurrido».
Obras en Amorebieta
El centro de Amorebieta de primera acogida, donde se seleccionaba a los menores y se separaba a los que presentaban un perfil agresivo para derivarles a un servicio más adecuado, se encuentra cerrado por obras desde comienzos de año. La reforma, que afecta también a los saneamientos, se prolongará aún varios meses, según fuentes oficiales. Por este motivo, esa criba necesaria ahora ya no se realiza y los chicos son derivados a los centros de Orduña, con unas 30 plazas; Loiu, con unas 60, pero que ahora sólo se ocupan unos 40; o el Vivero, en Galdakao, con 70. En ellos conviven menores de sólo 10 años con otros de 16 y con causas judiciales abiertas. «Es un popurrí que genera un efecto contagio».
El de Carranza se cerró en enero del año pasado después de numerosos desórdenes y altercados y la Diputación anunció que iba a crear otro centro especial para atender a los chicos más problemáticos, pero el proyecto sigue sin avances. El Vivero parece haber recogido el testigo y acoge ahora a los chicos más conflictivos.
¿Cuál creen estos educadores que sería la solución? «Que las administraciones responsables», esto es, la Diputación vizcaína y la Fiscalía de Menores establecieran medidas «contundentes» que atajen la impunidad. «A un menor que comete una agresión igual no se le impone un castigo (una medida de seguridad) hasta dentro de un año». Como ocurrió, por ejemplo, con el homicidio de la estación de Abando, en octubre de 2021, cuando un menor de 16 años, tutelado, fue detenido como autor del crimen. «Entonces, la sensación de impunidad es tremenda».
La versión de la Diputación vizcaína es completamente distinta. El Departamento de Acción Social asegura que «no nos constan incidentes en los últimos tiempos ni nos han trasladado nada al respecto». Según la institución foral, se han adoptado «medidas con la Fiscalía de Menores y con el Departamento de Justicia que han contribuido a que la red esté estable», anuncian sin detallar en qué consisten. En la actualidad, además, el número de llegadas es mucho más reducido que en años anteriores, como 2018. Hace varias semanas, la Fiscalía derivó a varios chicos a un centro de internamiento cerrado por conductas delictivas. Uno de ellos llevaba cuatro robos con violencia en una sola semana.
Los educadores aseguran que han tras*mitido sus quejas a las direcciones de los centros, pero desconocen si éstas han sido comunicadas a la Diputación, aunque siempre que se produce una agresión o cualquier otra incidencia reseñable, envían directamente un correo electrónico a la institución foral.
LA CLAVE
230
menores extranjeros no acompañados están tutelados en la actualidad por la Diputación vizcaína, según datos oficiales.
22
educadores trabajan en turnos en el centro de menores de El Vivero, que, al cerrarse el de Amorebieta, acoge ahora a los más conflictivos.
Educadores denuncian la inacción institucional ante el «descontrol» de menores tutelados | El Correo
Piden a Diputación y Fiscalía medidas «contundentes» para frenar la escalada delictiva y violenta del 30% de los 230 menas acogidos
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