Vlad_Empalador
Será en Octubre
El aluvión de oposiciones libres pone en jaque a miles de interinos de la Xunta
Trabajadores sin plaza y con años de experiencia exploran la vía judicial
ROBER AMADO
JUAN CAPEÁNS
SANTIAGO / LA VOZ 21/12/2020 05:00 H
Lo que para decenas de miles de aspirantes a conseguir un empleo público parece ser una época dorada se ha convertido en una pesadilla para una respetable cifra de trabajadores que llevan años empleados por la Xunta en el mismo puesto que ahora sale en convocatoria pública y con acceso libre. De fondo están los derechos y los intereses individuales de unos y otros, pero también un riesgo colectivo para los administrados: las convocatorias masivas de plazas libres, sumadas a la cascada de jubilaciones, provocarán que empleados con años de experiencia en servicios públicos clave como los hospitales o las residencias de mayores vayan a ser sustituidos en un espacio muy breve de tiempo por trabajadores «cuyo mérito es haberse aprendido cien temas y tener buena nota en un examen», resume Pedro Landeira, presidente de la Asociación de Interinos de la Xunta. «Es un desatino, porque nos apartan cuando hemos sido formados con dinero público». Así ocurre en el Consorcio Galego de Benestar, donde acumulan hasta 14 años en algunos puestos, incide Manuel Santano. El secretario del colectivo Asociatem sospecha que decenas de centros asistenciales quedarán patas arriba incluso aunque los interinos se ganen el puesto en la oposición. Las 1.215 plazas libres que Facenda acaba de sacar generarán derechos de elección de destino, provocando cambios y «dramas familiares», adelanta.
Las contrataciones por la crisis del el bichito disparan la temporalidad
Consultados los departamentos con responsabilidades en contratación, optan por ofrecer porcentajes en vez de cifras absolutas, abultadas en estos momentos por las contrataciones de sanitarios, docentes y trabajadores sociales para hacer frente a la crisis del el bichito-19. En el departamento de Sanidade estiman que la plantilla estable ronda el 80 %, y justifican ese margen por los refuerzos para cubrir bajas y ausencias ordinarias. El colectivo Fegal (facultativos eventuales) sitúa esa cifra en el 60 %. «Hay entre 5.500 y 6.000 interinos en los hospitales, y unos 2.800 en situación de precariedad. La próxima oferta de empleo va a dar salida a 950 plazas, así que es solo un tercio de lo que se necesitaría», puntualizan desde O´Mega.
En Educación admiten ahora esa «distorsión» al alza por la crisis, pero en condiciones normales sitúan la temporalidad entre las más bajas del Estado, en torno al 5-6 %. Y en las consellerías también se ha reducido la cifra hasta situarse entre 500 y 600 interinos, «alrededor de un 10 %», calcula el colectivo que los representa. El gran nudo de la inestabilidad se da en el Consorcio Galego de Benestar, el ente creado por el bipartito. De 1.600 trabajadores, 1.400 están «en fraude de ley», denuncian los afectados.
En la última intervención en una Comisión de Coordinación del Empleo Público entre comunidades y el Gobierno, el director xeral de Función Pública solicitó la eliminación de la tasa de reposición en todas las vacantes ocupadas por los interinos, que protagonizaron la reunión ante posibles complicaciones judiciales.
CESAR QUIAN FRANCISCO LUEIRO, PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS INTERINOS DE GALICIA
«Es como si un conductor con 20 años de carné se mide con un recién examinado»
Francisco Lueiro, portavoz de la Asociación de Médicos Interinos de Galicia, es un caso de libro. Lleva 28 años vinculado al Sergas pero sin una plaza estable. A día de hoy, en un concurso de méritos solo le computarían seis ejercicios, por eso cree que la sanidad gallega tiene una deuda pendiente con profesionales a los que no le ha dado la oportunidad de consolidarse y que ahora se ven en la «cuerda floja». Aunque cobra «hasta mil euros menos» que un compañero con carrera funcionarial, reconoce que tiene una gran ventaja frente a otros sectores públicos: «Faltan médicos, y más que van a faltar, por eso la situación es más intolerable todavía. La plaza en propiedad no es un privilegio, es un derecho reconocido por la Unión Europea», proclama.
Lueiro da en una de la claves que explican el aluvión de oposiciones para estabilizar personal a marchas forzadas. Los tribunales europeos han resuelto que la interinidad prolongada durante años es un abuso, y que no es posible compensar a un trabajador, que es víctima, enviándolo a una oposición a competir con personas que solo se dedican a preparar esas pruebas. «Es como si un conductor con 20 años de experiencia se mide otra vez en el teórico con un novato recién examinado, es muy posible que te gane, pero no será mejor conductor», pone por ejemplo Lueiro. Tampoco dice la UE que haya que hacerlos fijos, pero sí establece unas indemnizaciones por despido muy altas, lo que está obligando a las Administraciones españolas a mover ficha, también al Gobierno.
«Esto es muy grave», valora Manuel Rodríguez Piñeiro, del sindicato médico O´Mega, quien lamenta que un 30 % de los especialistas de los hospitales gallegos estén firmando contratos mes a mes. Admite que el problema actual está en la tasa de reposición, limitada por el Gobierno «en la etapa de Rajoy, hace relativamente poco, pero ojo, el problema viene de 15 años atrás».
¿Qué solución proponen los colectivos afectados? Su propuesta genérica es un concurso de méritos para estabilizar plazas y dejar los concursos-oposiciones (con examen) para la reposición de vacantes, esto es, las plazas que queden libres por jubilaciones. Otros trabajadores están optando por la vía judicial, en algunos casos con éxito, como una trabajadora del Consorcio Galego de Benestar que la pasada semana ha ganado su pleito en el juzgado de lo social, por lo que su plaza no podrá salir a concurso. No será el último caso, porque ya hay más personal que quiere dilucidar sus derechos ante un juez y no ante un examinador.
Trabajadores sin plaza y con años de experiencia exploran la vía judicial
ROBER AMADOJUAN CAPEÁNS
SANTIAGO / LA VOZ 21/12/2020 05:00 H
Lo que para decenas de miles de aspirantes a conseguir un empleo público parece ser una época dorada se ha convertido en una pesadilla para una respetable cifra de trabajadores que llevan años empleados por la Xunta en el mismo puesto que ahora sale en convocatoria pública y con acceso libre. De fondo están los derechos y los intereses individuales de unos y otros, pero también un riesgo colectivo para los administrados: las convocatorias masivas de plazas libres, sumadas a la cascada de jubilaciones, provocarán que empleados con años de experiencia en servicios públicos clave como los hospitales o las residencias de mayores vayan a ser sustituidos en un espacio muy breve de tiempo por trabajadores «cuyo mérito es haberse aprendido cien temas y tener buena nota en un examen», resume Pedro Landeira, presidente de la Asociación de Interinos de la Xunta. «Es un desatino, porque nos apartan cuando hemos sido formados con dinero público». Así ocurre en el Consorcio Galego de Benestar, donde acumulan hasta 14 años en algunos puestos, incide Manuel Santano. El secretario del colectivo Asociatem sospecha que decenas de centros asistenciales quedarán patas arriba incluso aunque los interinos se ganen el puesto en la oposición. Las 1.215 plazas libres que Facenda acaba de sacar generarán derechos de elección de destino, provocando cambios y «dramas familiares», adelanta.
Las contrataciones por la crisis del el bichito disparan la temporalidad
Consultados los departamentos con responsabilidades en contratación, optan por ofrecer porcentajes en vez de cifras absolutas, abultadas en estos momentos por las contrataciones de sanitarios, docentes y trabajadores sociales para hacer frente a la crisis del el bichito-19. En el departamento de Sanidade estiman que la plantilla estable ronda el 80 %, y justifican ese margen por los refuerzos para cubrir bajas y ausencias ordinarias. El colectivo Fegal (facultativos eventuales) sitúa esa cifra en el 60 %. «Hay entre 5.500 y 6.000 interinos en los hospitales, y unos 2.800 en situación de precariedad. La próxima oferta de empleo va a dar salida a 950 plazas, así que es solo un tercio de lo que se necesitaría», puntualizan desde O´Mega.
En Educación admiten ahora esa «distorsión» al alza por la crisis, pero en condiciones normales sitúan la temporalidad entre las más bajas del Estado, en torno al 5-6 %. Y en las consellerías también se ha reducido la cifra hasta situarse entre 500 y 600 interinos, «alrededor de un 10 %», calcula el colectivo que los representa. El gran nudo de la inestabilidad se da en el Consorcio Galego de Benestar, el ente creado por el bipartito. De 1.600 trabajadores, 1.400 están «en fraude de ley», denuncian los afectados.
En la última intervención en una Comisión de Coordinación del Empleo Público entre comunidades y el Gobierno, el director xeral de Función Pública solicitó la eliminación de la tasa de reposición en todas las vacantes ocupadas por los interinos, que protagonizaron la reunión ante posibles complicaciones judiciales.
CESAR QUIAN FRANCISCO LUEIRO, PORTAVOZ DE LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS INTERINOS DE GALICIA«Es como si un conductor con 20 años de carné se mide con un recién examinado»
Francisco Lueiro, portavoz de la Asociación de Médicos Interinos de Galicia, es un caso de libro. Lleva 28 años vinculado al Sergas pero sin una plaza estable. A día de hoy, en un concurso de méritos solo le computarían seis ejercicios, por eso cree que la sanidad gallega tiene una deuda pendiente con profesionales a los que no le ha dado la oportunidad de consolidarse y que ahora se ven en la «cuerda floja». Aunque cobra «hasta mil euros menos» que un compañero con carrera funcionarial, reconoce que tiene una gran ventaja frente a otros sectores públicos: «Faltan médicos, y más que van a faltar, por eso la situación es más intolerable todavía. La plaza en propiedad no es un privilegio, es un derecho reconocido por la Unión Europea», proclama.
Lueiro da en una de la claves que explican el aluvión de oposiciones para estabilizar personal a marchas forzadas. Los tribunales europeos han resuelto que la interinidad prolongada durante años es un abuso, y que no es posible compensar a un trabajador, que es víctima, enviándolo a una oposición a competir con personas que solo se dedican a preparar esas pruebas. «Es como si un conductor con 20 años de experiencia se mide otra vez en el teórico con un novato recién examinado, es muy posible que te gane, pero no será mejor conductor», pone por ejemplo Lueiro. Tampoco dice la UE que haya que hacerlos fijos, pero sí establece unas indemnizaciones por despido muy altas, lo que está obligando a las Administraciones españolas a mover ficha, también al Gobierno.
«Esto es muy grave», valora Manuel Rodríguez Piñeiro, del sindicato médico O´Mega, quien lamenta que un 30 % de los especialistas de los hospitales gallegos estén firmando contratos mes a mes. Admite que el problema actual está en la tasa de reposición, limitada por el Gobierno «en la etapa de Rajoy, hace relativamente poco, pero ojo, el problema viene de 15 años atrás».
¿Qué solución proponen los colectivos afectados? Su propuesta genérica es un concurso de méritos para estabilizar plazas y dejar los concursos-oposiciones (con examen) para la reposición de vacantes, esto es, las plazas que queden libres por jubilaciones. Otros trabajadores están optando por la vía judicial, en algunos casos con éxito, como una trabajadora del Consorcio Galego de Benestar que la pasada semana ha ganado su pleito en el juzgado de lo social, por lo que su plaza no podrá salir a concurso. No será el último caso, porque ya hay más personal que quiere dilucidar sus derechos ante un juez y no ante un examinador.
