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Interesante serie de artículos de El Confidencial sobre la Función Pública que empieza hoy.
Primera entrega.
“Hijo, sabes bien que los funcionarios sois muy vagos”.
Miguel Ayuso 13/04/2013 (06:00)
Jorge es ingeniero de caminos y funcionario del Ministerio de Fomento. Aprobó las oposiciones para ingeniero del Estado en 2004, en pleno boom de la construcción, “cuando nadie quería ser funcionario porque se cobraba poco”. Desde que empezó a trabajar le han bajado el sueldo un 25%. Reconoce que no se puede quejar, pues tiene un futuro estable del que no gozan ninguno de sus compañeros de promoción. Pero hay algo que le saca de quicio: que todo el mundo piense que se toca las narices.
“Los funcionarios estamos viviendo una auténtica caza de brujas”, explica Jorge. “Estamos saliendo en todos los titulares. Dicen que es justo que se nos baje el sueldo, que nos van a poner un control horario, que tenemos que trabajar 37,5 horas porque somos unos privilegiados… Yo siempre he tenido control horario y siempre he trabajado 37,5 horas. Todas estas medidas ya estaban [se aprobaron en 2007, en la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que firmó la mayoría de sindicatos] pero ahora se saca a la luz y dicen, 'fíjate todo lo que estamos haciendo para que el vago del funcionario empiece a trabajar, que ya va siendo hora”.
Al final, Jorge llega un día a casa de su progenitora y esta le dice:
–“Ya era hora de que los vagos de los funcionarios moviesen un dedo”
–“progenitora, que yo soy funcionario”– le recuerda su hijo.
–“Bueno sí, pero tú ya sabes, Jorge, que sois unos vagos”.
Para Miguel Martínez Lucio, profesor de derecho laboral de la Escuela de Negocios de Manchester, el discurso antifuncionariado de España es una copia directa de los discursos antisindicalistas de Thatcher en los años 80: “Cada vez que hay una política de privatización y de cambio necesitas representar a la fuerza de trabajo de una forma muy determinada. Aquí pasó en los años 70: todos eran comunistas. No puedes movilizar a la gente contra los funcionarios si no creas una imagen distorsionada de ellos”. Una imagen que, tal como explica el profesor británico, parte de un concepto político, no económico y “no se basa en la realidad”.
¿Son tan vagos los funcionarios?
Según Martinez, el concepto del funcionariado genera multitud de problemas en nuestro país. Para empezar, es una figura que pocos conocen en realidad. En España se suele utilizar “funcionario” como sinónimo de “empleado público”, cuando solo una parte de éstos son realmente funcionarios (tienen un vínculo laboral permanente con el Estado) pero, además, sólo se ve como funcionario a los empleados de consejerías, ayuntamientos o ministerios que se dedican a la administración, y el discurso público, explica Martinez, va en función de esa figura.
La imagen colectiva del funcionario es la del señor que se pasa el día en la cafetería y, entre medias, sella un par de cartas. Al hablar o hacer chistes de funcionarios nadie piensa en el soldado que está en Afganistan, ni en un médico, ni en un ingeniero del Estado, piensan en la persona que está detrás de la ventanilla en la oficina de hacienda. “Se ha creado una ficción kafkiana del funcionario como una persona que no hace nada, cuando la realidad es muy distinta”, asegura Martinez.
Pero, ¿no hay nada de cierto en el tópico? La realidad es que casi todos los funcionarios conocen a alguien en su centro que hace poco o nada, y continúa en su puesto sin represalias aparentes. Jorge asegura que en su entorno “la gente trabaja mucho, muchísimo, mañanas, tardes y noches en muchos casos”, pero hay algunas personas que, en su opinión, deberían desaparecer de la función pública, porque no aportan nada y generan crispación en el entorno.
En opinión de Jorge, que desde hace unos años es delegado sindical de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado –un sindicato que aglutina a los funcionarios de más alto nivel y que, en su opinión, “no está sirviendo para nada”– todo depende de lo que te guste tu trabajo y del cargo que tengas: “Los niveles que están por debajo, y no me taches de clasista, suelen ser más propensos al absentismo. Si una persona tiene un trabajo que no es apetecible, que está muy mal pagado, y del que no te pueden echar, puede ser más propensa, si es un poco vaguete, a estar en un café eterno”.
Si la mayoría de los funcionarios son conscientes de que tienen compañeros de este tipo, y sus jefes lo saben, ¿por qué no se les aprietan las tuercas? Jorge no puede entender por qué no se presiona más en este sentido: “Aunque no me quitasen la paga extra me molesta mucho la gente que no hace nada, porque se me queda cara de orate. Yo trabajo y veo que el de al lado no trabaja, pero llega la nómina y gana más que yo por la antigüedad, los trienios y esas palabras que se usan para denostar a los funcionarios. No es cierto que no se pueda echar a un funcionario, se le abre un expediente y punto. Y a mí me encantaría que se abriera expediente al 5 o al 10 % de la gente”.
¿Para qué sirve un funcionario?
Maite es doctora en microbiología. Tiene 55 años y, después de ganar tres oposiciones, cobra 2.300 euros al mes trabajando como investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. “Es cierto que ha habido abusos de parte de muchos funcionarios”, explica, “pero al final estamos pagando justos por pecadores. El recorte ha sido grande. Al final te están quitando sueldo y días de vacaciones, es decir, trabajas más por menos”.
La actuación de uno u otro funcionario, tal como explica Maite, la tiene que controlar los departamentos de personal. Y ahí, asegura, siempre hay chanchullos: “Hay alguien que es medio amiguete, que medio ha entrado por ti, porque hay muchos contratados, y hay situaciones irregulares. Y no sé hasta qué punto los centros cuentan con mecanismos para evitar esto. Eso hace que haya agravios comparativos. Hay gente que supuestamente hace el mismo trabajo, y cobra lo mismo, pero uno curra y el otro se escaquea. Eso es así. Y en todos sitios hay casos. ¿Cuántos? No lo sé. Yo diría que es un porcentaje muy bajo, pero hace mucho daño”.
Para Jesús Ángel Fuentetaja, profesor de derecho administrativo en la UNED y autor de varias investigaciones sobre la función pública, uno de los grandes problemas del empleo público en España es que hemos dejado de saber, valga la redundancia, cuál es la función del funcionario. “Las razones por las que se creó el carácter permanente del funcionariado”, explica el profesor, “siguen siendo perfectamente válidas: garantizar la independencia, la imparcialidad y la objetividad de la función pública. Hay una serie de cuerpos básicos y esenciales de la administración que no pueden no ser permanentes. Lo que ocurre es que hay que identificar muy claramente dónde es necesaria esa permanencia y dónde es necesaria una temporalidad”.
Para entender la razón de ser de los funcionarios, cuenta Fuentetaja, debemos pararnos a pensar por qué se crea la administración pública, y por qué sus empleados tienen un régimen jurídico distinto: “Se crea para lograr un interés público que en muchas ocasiones entra en colisión con los intereses privados o particulares de distintos colectivos. Por eso los empleados públicos tienen un régimen jurídico distinto al de los empleados privados, para garantizar en última instancia la primacía del interés público sobre el interés partícular e, incluso, y este es uno de los grandes aspectos de la crisis de la función pública, respecto a intereses particulares de quien está por encima: la política y los políticos”
La bestia de color de los políticos
Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), es muy claro al respecto: “Los empleados públicos estamos siendo los paganos de una reforma de la administración que no es tal. Recortar no es reformar”. Para Borra es indignante que los políticos echen la culpa a los funcionarios del desastre que ellos han creado. “Es igual que decir que la culpa de la crisis bancaria la han tenido los señores que trabajaban de cajeros o de auxiliares administrativos”, explica el sindicalista. “Si la administración funciona mal es su culpa. Los jefes son los políticos y nosotros hacemos lo que dicen. Si llevan 20 años sin hacer las cosas como deberían hacerse es difícil arreglarlo en tres meses, pero desde luego no me puede echar a mí la culpa”.
El presidente del CSI-F cree que los empleados públicos son muy incómodos para los políticos porque son los únicos que se interponen en sus decisiones, y esa es precisamente su función. “Si yo tengo mi plaza en propiedad ya me puede venir el alcalde o el director de turno a mandarme hacer algo que no debo hacer que le voy a decir que no puede hacerlo”, asegura Borra. El problema es que los políticos se han buscado todo tipo de estratagemas para saltarse el control del funcionariado.
Jorge, que asegura haber visto de todo en el Ministerio de Fomento, es muy claro al respecto: “Está estudiado desde hace muchos años si una obra vale la pena o no vale la pena. Si la va a usar mucha gente y no es cara, vale la pena, si es muy cara y no la va a usar ni el Tato, no vale la pena. ¿Por qué se hacen entonces aeropuertos sin aviones y trenes de alta velocidad que no se utilizan? Se están primando ciertas infraestructuras que no son rentables en absoluto, ni a nivel social ni económico, como el AVE a Galicia, y se están abandonando, porque no hay dinero, infraestructuras que sí son muy rentables, pero que no generan votos, como el corredor del Mediterráneo”.
Tal como explica Jorge, los políticos tienen todos estos informes de los funcionarios, pero hacen como si no los conocieran. “El que acumula toda la información y hace el informe definitivo ya es un cargo de libre designación. Los que estamos por debajo sabemos que lo que dice no es lo que debería hacerse, pero no podemos hacer nada. Para los técnicos es muy frustrante que cuando ya tienes todo neցro sobre blanco el político haga caso omiso de tu informe técnico y decida que va a hacer algo que no tiene ningún sentido”.
El agujero neցro de la administración pública
En un Ministerio todo lo que se hace está muy controlado. Los presupuestos se miden al dedillo y los funcionarios supervisan todas las contrataciones. Cualquier irregularidad, tarde o temprano, acaba viendo la luz. La prueba es que, pese a la creencia general, en la administración central apenas se han registrado en los últimos tiempos casos de corrupción. Pero para el político, tal como explica Borra, es muy sencillo operar al margen de los funcionarios: “Haces una fundación, una empresa pública o una agencia, y eso ya no está sujeto a la igualdad, el mérito, la capacidad y la publicidad, ni a la ley de compras y contratos del Estado, y el déficit no computa”.
Para Fuententaja, que ha estudiado en profundidad el asunto, “las empresas públicas son el gran agujero neցro de la administración pública, desde un punto de vista ético, jurídico y presupuestario”. En España ha llegado a haber en torno a 4.000 empresas públicas: instituciones que dependían sólo del organismo que las creaba y sobre las que no se ejercía ningún tipo de control. Empresas en las que se ha invertido cantidades ingentes de dinero público y cuya utilidad, en muchos casos, era dudosa. Pero empresas, al fin y al cabo, legales.
La cuestión más dañina, tal como apunta Fuentetaja, es que muchos escándalos con los que ahora nos rasgamos las vestiduras nunca podrán ser castigados: “Son los políticos elegidos democráticamente los que han hecho todo esto”. Y esto ha ocasionado, según explica el profesor, un tremendo descontrol: “Cuando ahora desde Europa nos intentan decir que tiene que haber un cierto control se está demostrando que el sistema político y administrativo alumbrado por la Constitución, y tal como ha sido desarrollado en los últimos 30 años, no se sostiene. Todo el mundo levanta la bandera de la autonomía para hacer lo que le de la gana. Y eso es insostenible”.
Este reportaje continuará mañana.
Fuente: “Hijo, sabes bien que los funcionarios sois muy vagos” - elConfidencial.com
Segunda entrega.
“Nos van a despedir a todos para poder contratar a dedo”.
Miguel Ayuso 14/04/2013 (06:00)
Nieves tiene 33 años y tres licenciaturas. Se presentó a sus primeras oposiciones para trabajar como maestra en 2007. Desde entonces ha sido interina, una empleada pública temporal, en un centro madrileño. La despedían todos los veranos para contratarla de nuevo a principio de curso. Hasta este otoño, cuando los recortes se llevaron por delante la mayoría de las clases de apoyo.
En febrero Nieves recibió una llamada de la Consejería de Educación para reincorporarse al trabajo. Ahora está dando clase, pero no sabe hasta cuándo: “Hay gente que tiene 200 personas delante y directamente intenta trabajar en colegios privados o concertados. A mí no me faltaba mucho y estaba aguantando porque si dices que no cuando te llaman pierdes tu posición en la lista y los méritos acumulados desde 2007, con lo que perdería mi oportunidad para alcanzar una plaza fija. Ahora estoy embarazada y veo que me voy a quedar con un bebé y en la calle a partir del 30 de junio. Además, nuevamente, con una mano delante y otra detrás”.
Nieves no tiene ninguna duda de lo que va a pasar en la Comunidad de Madrid: “Se van a cargar a todos los interinos directamente para empezar a contratar a dedo”. Y es algo que, asegura, afectará no sólo a los maestros, sino al conjunto de la ciudadanía: “Nunca jamás vas a hacer negocio con la educación especial. Un niño con una gran discapacidad cuesta muchísimo dinero a un colegio. ¿Qué vamos a hacer con esos niños de los que no se pueden sacar beneficios? Están todos en la pública porque no son rentables. ¿Quién les va a atender cuando nos despidan a todos?”.
Madrid: la vanguardia de la privatización
El debate sobre la privatización, total o parcial, de los servicios públicos, ha sido una constante desde mediados de los 70. Pero, tal como explica el profesor de la Escuela de Negocios de Manchester, Miguel Martínez Lucio, ni siquiera en Reino Unido, un país bien conocido por sus políticas liberales, se ha llegado tan lejos como en la Comunidad de Madrid. “El mito de que todo está privatizado en Reino Unido es falso. En España estáis yendo más allá en la privatización que en los países anglosajones. Los países de mercado liberal que más han desarrollado una política de privatizaciones no necesariamente han privatizado grandes aspectos de las administraciones públicas, como la justicia, la seguridad, la sanidad o la educación. Una de las cosas que Thatcher no hizo, y todavía no se ha hecho, es privatizar la sanidad pública de Reino Unido”.
Nieves estuvo un tiempo trabajando como maestra en Nicaragua –“un país muy pobre, en vías de desarrollo, del que volví espantada”–. Allí, asegura, vio cosas “alucinantes” que está empezando a ver aquí: “La corrupción, del más grande al más pequeño, la destrucción del estado del bienestar, la cultura de pegarse entre los trabajadores. Han calado todos los mensajes liberales y los trabajadores están en la miseria dando las gracias a quienes les han llevado hasta allí”. Lo más sangrante, asegura, es que la administración está tapando sus carencias gracias al sobreesfuerzo de unos profesionales a los que trata con desprecio: “Al final te acabas llevando el trabajo a casa, y lo que no te da tiempo a hacer en el cole lo haces fuera, y lo acabas sacando porque trabajas con personas, con niños con necesidades. Y eso hace que se tapen las carencias y no se vean”.
Para Martinez, el discurso liberal sobre la privatización es un mito, pues hay cuestiones en las que nunca se podrá llevar a cabo: “Existe la creencia de que la competitividad es lo mismo que la privatización, pero no lo es. Después de privatizar tienes que crear relaciones de competencia, y nadie te asegura que eso vaya existir, es más, hay sectores donde no van a existir nunca. La presión del Estado para bajar los costes a través del contrato que se hace con las concesiones sólo repercute en la fuerza de trabajo. La privatización sólo tiene un resultado, que bajan los salarios”.
En opinión del profesor británico, la modernización de la función pública no tiene que pasar necesariamente por privatizaciones, concesiones o desregulaciones, tiene que pasar por un cambio en su gestión. “No hay ninguna razón por la que el sector público funcione mejor si se gestiona de forma privada”, asegura Martinez. “Todo depende de los sistemas de gestión que son independientes de lo público y lo privado”.
En busca de una administración pública eficaz
Desde hace décadas se ha insistido en la necesidad de reformar las administraciones públicas para que sean más eficientes, pero apenas hemos avanzado. Para el profesor Jesús Ángel Fuentetaja, profesor de Derecho Administrativo en la UNED, es evidente que nuestras administraciones fallan en los parámetros de eficacia y eficiencia, y es dónde deberían trabajar las reformas administrativas.
En opinión del profesor, el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, que quedó en fuera de juego con la crisis, era la gran ley de reformas de la función pública: “Incidía en dos cuestiones que iban en esta línea, por un lado crear la figura del directivo público profesional, y por otra fomentar la evaluación y control del rendimiento de los empleados públicos”. ¿Por qué apenas se ha avanzado en este sentido? A Fuentetaja no le cabe duda de que los políticos han elegido la solución más sencilla: “Tenemos unos políticos que cada cuatro años tienen que conseguir unos objetivos a corto plazo y es mucho más fácil externalizar que reformar internamente la función pública”.
Para Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, no ha habido ninguna voluntad política para avanzar en una gestión más eficaz de la función pública: “En el estatuto básico del empleado público de 2007, firmado por mi sindicato, venía la evaluación del desempeño. Hagámosla, si la hemos aceptado. Faltaría más”. ¿Por qué no se avanza? “Los políticos no creen en las administraciones públicas y no las quieran trabajar”, asegura contundente Borra. La realidad es que, los políticos prefieren tener una administración pública débil, que no cuestione sus decisiones.
Para Jorge, ingeniero de caminos del Ministerio de Fomento, está muy claro el por qué no interesa reformar la función pública. Y es que una administración pública verdaderamente eficaz acabaría con muchas de las prebendas de los políticos: “Está claro que al político le molesta el funcionario, pues es una persona sobre la que no puede hacer nada, y que te dice cosas incómodas. Es su función. En muchos casos se está colocando a gente vinculada al partido por encima para cerrarles la boca y que las decisiones sean políticas, y por otro lado están privatizando las gestiones, de forma un poco extraña. La tendencia lógica sería que desapareciesen todas las empresas públicas y volviese a haber una administración muy técnica y quizás más pequeña, que contratase a empresas privadas para hacer las cosas pero las controlara muy bien. Pero esa no es la tendencia. La tendencia es que el político está metiendo mano por arriba y por abajo, por arriba una cabeza política y por debajo está privatizando”.
Con la apertura de miras que ofrece la posibilidad de ver la marcha de un país desde fuera, Martinez tiene claro que la mejora de la administración pública española pasa por modernizar su gestión: “Un diálogo social sobre la modernización del Estado es algo positivo y que ha pasado en muchos países, porque garantiza la negociación colectiva, unos salarios dignos, y un debate sobre la eficiencia. Eso se está haciendo aquí en Reino Unido, en muchas entidades públicas. Pero la negociación debe hacerse por la vía del diálogo social, y eso es lo que el PP debería saber porque lo hizo en la época de Aznar con los sindicatos. Las condiciones económicas son distintas, pero no hay razón para no abordar esto”.
El futuro de la función pública
“La función pública no está en crisis”, asegura Fuentetaja, “siempre ha estado en crisis, porque es una institución humana que siempre hay que mejorar”. Pero para mejorarla tenemos que saber antes qué función pública queremos, una idea que comparte Borra, que insiste en la necesidad de crear un documento que especifique lo que tienen que hacer las administraciones públicas y lo que no tienen que hacer.
En opinión del presidente del sindicato de funcionarios, “si toda esta crisis no nos sirve para poner coto a lo que los políticos les de la gana hacer no nos ha servido para nada”, y para ello hay que regular las funciones de la administración pública: “Mire usted, llegamos a un acuerdo y decidimos qué tiene que hacer la administración pública: sanidad, educación, justicia, correos, universidad… Las quince cosas que sean. Y las cosas que no tiene que hacer: tener minas de extracción de sal a cielo abierto, tener empresas que se dediquen a construir colegios públicos, tener empresas que se dediquen a gestionar estaciones de esquí... No tiene ningún sentido que hasta hace cuatro días haya seguido abierta la empresa pública Expo 92”.
El problema es que, si no nos damos prisa, habremos retrocedido demasiado. Para Maite, investigadora de un centro dependiente del CSIC, lo peor de todo es que los recortes son tan inmensos que ni si quiera puede desarrollar su trabajo con normalidad: “Todos los días hay gente que se ha ido porque se le ha acabado el contrato y no hay nada que hacer. Pasa un día sí y otro también. Eso por no hablar de los jefes, de los seniors, que llevan toda su vida peleando y cada vez tienen menos personal. O cogen la pipeta o no tienen quien les haga el trabajo. Hay jefes de laboratorio que se han quedado solos. La investigación en España está retrocediendo mucho, mucho más atrás del punto dónde estaba antes. Y está ocurriendo en la mayoría de servicios públicos”.
Por suerte, según Martinez, los recortes no pueden llegar mucho más lejos: “Hay un límite físico, y en España va a llegar pronto. Llega un punto en el que el ciudadano se da cuenta, un punto en que no se van a poder prestar los servicios. Las instituciones públicas van a continuar existiendo, con funcionarios o sin ellos. El único caso en el que se ha desmontado el Estado es Irak. Se puede degradar el Estado hasta cierto punto, pero hay un límite”.
Fuente: “Nos van a despedir a todos para poder contratar a dedo” - elConfidencial.com
Primera entrega.
“Hijo, sabes bien que los funcionarios sois muy vagos”.
Miguel Ayuso 13/04/2013 (06:00)
Jorge es ingeniero de caminos y funcionario del Ministerio de Fomento. Aprobó las oposiciones para ingeniero del Estado en 2004, en pleno boom de la construcción, “cuando nadie quería ser funcionario porque se cobraba poco”. Desde que empezó a trabajar le han bajado el sueldo un 25%. Reconoce que no se puede quejar, pues tiene un futuro estable del que no gozan ninguno de sus compañeros de promoción. Pero hay algo que le saca de quicio: que todo el mundo piense que se toca las narices.
“Los funcionarios estamos viviendo una auténtica caza de brujas”, explica Jorge. “Estamos saliendo en todos los titulares. Dicen que es justo que se nos baje el sueldo, que nos van a poner un control horario, que tenemos que trabajar 37,5 horas porque somos unos privilegiados… Yo siempre he tenido control horario y siempre he trabajado 37,5 horas. Todas estas medidas ya estaban [se aprobaron en 2007, en la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que firmó la mayoría de sindicatos] pero ahora se saca a la luz y dicen, 'fíjate todo lo que estamos haciendo para que el vago del funcionario empiece a trabajar, que ya va siendo hora”.
Al final, Jorge llega un día a casa de su progenitora y esta le dice:
–“Ya era hora de que los vagos de los funcionarios moviesen un dedo”
–“progenitora, que yo soy funcionario”– le recuerda su hijo.
–“Bueno sí, pero tú ya sabes, Jorge, que sois unos vagos”.
Para Miguel Martínez Lucio, profesor de derecho laboral de la Escuela de Negocios de Manchester, el discurso antifuncionariado de España es una copia directa de los discursos antisindicalistas de Thatcher en los años 80: “Cada vez que hay una política de privatización y de cambio necesitas representar a la fuerza de trabajo de una forma muy determinada. Aquí pasó en los años 70: todos eran comunistas. No puedes movilizar a la gente contra los funcionarios si no creas una imagen distorsionada de ellos”. Una imagen que, tal como explica el profesor británico, parte de un concepto político, no económico y “no se basa en la realidad”.
¿Son tan vagos los funcionarios?
Según Martinez, el concepto del funcionariado genera multitud de problemas en nuestro país. Para empezar, es una figura que pocos conocen en realidad. En España se suele utilizar “funcionario” como sinónimo de “empleado público”, cuando solo una parte de éstos son realmente funcionarios (tienen un vínculo laboral permanente con el Estado) pero, además, sólo se ve como funcionario a los empleados de consejerías, ayuntamientos o ministerios que se dedican a la administración, y el discurso público, explica Martinez, va en función de esa figura.
La imagen colectiva del funcionario es la del señor que se pasa el día en la cafetería y, entre medias, sella un par de cartas. Al hablar o hacer chistes de funcionarios nadie piensa en el soldado que está en Afganistan, ni en un médico, ni en un ingeniero del Estado, piensan en la persona que está detrás de la ventanilla en la oficina de hacienda. “Se ha creado una ficción kafkiana del funcionario como una persona que no hace nada, cuando la realidad es muy distinta”, asegura Martinez.
Pero, ¿no hay nada de cierto en el tópico? La realidad es que casi todos los funcionarios conocen a alguien en su centro que hace poco o nada, y continúa en su puesto sin represalias aparentes. Jorge asegura que en su entorno “la gente trabaja mucho, muchísimo, mañanas, tardes y noches en muchos casos”, pero hay algunas personas que, en su opinión, deberían desaparecer de la función pública, porque no aportan nada y generan crispación en el entorno.
En opinión de Jorge, que desde hace unos años es delegado sindical de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado –un sindicato que aglutina a los funcionarios de más alto nivel y que, en su opinión, “no está sirviendo para nada”– todo depende de lo que te guste tu trabajo y del cargo que tengas: “Los niveles que están por debajo, y no me taches de clasista, suelen ser más propensos al absentismo. Si una persona tiene un trabajo que no es apetecible, que está muy mal pagado, y del que no te pueden echar, puede ser más propensa, si es un poco vaguete, a estar en un café eterno”.
Si la mayoría de los funcionarios son conscientes de que tienen compañeros de este tipo, y sus jefes lo saben, ¿por qué no se les aprietan las tuercas? Jorge no puede entender por qué no se presiona más en este sentido: “Aunque no me quitasen la paga extra me molesta mucho la gente que no hace nada, porque se me queda cara de orate. Yo trabajo y veo que el de al lado no trabaja, pero llega la nómina y gana más que yo por la antigüedad, los trienios y esas palabras que se usan para denostar a los funcionarios. No es cierto que no se pueda echar a un funcionario, se le abre un expediente y punto. Y a mí me encantaría que se abriera expediente al 5 o al 10 % de la gente”.
¿Para qué sirve un funcionario?
Maite es doctora en microbiología. Tiene 55 años y, después de ganar tres oposiciones, cobra 2.300 euros al mes trabajando como investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. “Es cierto que ha habido abusos de parte de muchos funcionarios”, explica, “pero al final estamos pagando justos por pecadores. El recorte ha sido grande. Al final te están quitando sueldo y días de vacaciones, es decir, trabajas más por menos”.
La actuación de uno u otro funcionario, tal como explica Maite, la tiene que controlar los departamentos de personal. Y ahí, asegura, siempre hay chanchullos: “Hay alguien que es medio amiguete, que medio ha entrado por ti, porque hay muchos contratados, y hay situaciones irregulares. Y no sé hasta qué punto los centros cuentan con mecanismos para evitar esto. Eso hace que haya agravios comparativos. Hay gente que supuestamente hace el mismo trabajo, y cobra lo mismo, pero uno curra y el otro se escaquea. Eso es así. Y en todos sitios hay casos. ¿Cuántos? No lo sé. Yo diría que es un porcentaje muy bajo, pero hace mucho daño”.
Para Jesús Ángel Fuentetaja, profesor de derecho administrativo en la UNED y autor de varias investigaciones sobre la función pública, uno de los grandes problemas del empleo público en España es que hemos dejado de saber, valga la redundancia, cuál es la función del funcionario. “Las razones por las que se creó el carácter permanente del funcionariado”, explica el profesor, “siguen siendo perfectamente válidas: garantizar la independencia, la imparcialidad y la objetividad de la función pública. Hay una serie de cuerpos básicos y esenciales de la administración que no pueden no ser permanentes. Lo que ocurre es que hay que identificar muy claramente dónde es necesaria esa permanencia y dónde es necesaria una temporalidad”.
Para entender la razón de ser de los funcionarios, cuenta Fuentetaja, debemos pararnos a pensar por qué se crea la administración pública, y por qué sus empleados tienen un régimen jurídico distinto: “Se crea para lograr un interés público que en muchas ocasiones entra en colisión con los intereses privados o particulares de distintos colectivos. Por eso los empleados públicos tienen un régimen jurídico distinto al de los empleados privados, para garantizar en última instancia la primacía del interés público sobre el interés partícular e, incluso, y este es uno de los grandes aspectos de la crisis de la función pública, respecto a intereses particulares de quien está por encima: la política y los políticos”
La bestia de color de los políticos
Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), es muy claro al respecto: “Los empleados públicos estamos siendo los paganos de una reforma de la administración que no es tal. Recortar no es reformar”. Para Borra es indignante que los políticos echen la culpa a los funcionarios del desastre que ellos han creado. “Es igual que decir que la culpa de la crisis bancaria la han tenido los señores que trabajaban de cajeros o de auxiliares administrativos”, explica el sindicalista. “Si la administración funciona mal es su culpa. Los jefes son los políticos y nosotros hacemos lo que dicen. Si llevan 20 años sin hacer las cosas como deberían hacerse es difícil arreglarlo en tres meses, pero desde luego no me puede echar a mí la culpa”.
El presidente del CSI-F cree que los empleados públicos son muy incómodos para los políticos porque son los únicos que se interponen en sus decisiones, y esa es precisamente su función. “Si yo tengo mi plaza en propiedad ya me puede venir el alcalde o el director de turno a mandarme hacer algo que no debo hacer que le voy a decir que no puede hacerlo”, asegura Borra. El problema es que los políticos se han buscado todo tipo de estratagemas para saltarse el control del funcionariado.
Jorge, que asegura haber visto de todo en el Ministerio de Fomento, es muy claro al respecto: “Está estudiado desde hace muchos años si una obra vale la pena o no vale la pena. Si la va a usar mucha gente y no es cara, vale la pena, si es muy cara y no la va a usar ni el Tato, no vale la pena. ¿Por qué se hacen entonces aeropuertos sin aviones y trenes de alta velocidad que no se utilizan? Se están primando ciertas infraestructuras que no son rentables en absoluto, ni a nivel social ni económico, como el AVE a Galicia, y se están abandonando, porque no hay dinero, infraestructuras que sí son muy rentables, pero que no generan votos, como el corredor del Mediterráneo”.
Tal como explica Jorge, los políticos tienen todos estos informes de los funcionarios, pero hacen como si no los conocieran. “El que acumula toda la información y hace el informe definitivo ya es un cargo de libre designación. Los que estamos por debajo sabemos que lo que dice no es lo que debería hacerse, pero no podemos hacer nada. Para los técnicos es muy frustrante que cuando ya tienes todo neցro sobre blanco el político haga caso omiso de tu informe técnico y decida que va a hacer algo que no tiene ningún sentido”.
El agujero neցro de la administración pública
En un Ministerio todo lo que se hace está muy controlado. Los presupuestos se miden al dedillo y los funcionarios supervisan todas las contrataciones. Cualquier irregularidad, tarde o temprano, acaba viendo la luz. La prueba es que, pese a la creencia general, en la administración central apenas se han registrado en los últimos tiempos casos de corrupción. Pero para el político, tal como explica Borra, es muy sencillo operar al margen de los funcionarios: “Haces una fundación, una empresa pública o una agencia, y eso ya no está sujeto a la igualdad, el mérito, la capacidad y la publicidad, ni a la ley de compras y contratos del Estado, y el déficit no computa”.
Para Fuententaja, que ha estudiado en profundidad el asunto, “las empresas públicas son el gran agujero neցro de la administración pública, desde un punto de vista ético, jurídico y presupuestario”. En España ha llegado a haber en torno a 4.000 empresas públicas: instituciones que dependían sólo del organismo que las creaba y sobre las que no se ejercía ningún tipo de control. Empresas en las que se ha invertido cantidades ingentes de dinero público y cuya utilidad, en muchos casos, era dudosa. Pero empresas, al fin y al cabo, legales.
La cuestión más dañina, tal como apunta Fuentetaja, es que muchos escándalos con los que ahora nos rasgamos las vestiduras nunca podrán ser castigados: “Son los políticos elegidos democráticamente los que han hecho todo esto”. Y esto ha ocasionado, según explica el profesor, un tremendo descontrol: “Cuando ahora desde Europa nos intentan decir que tiene que haber un cierto control se está demostrando que el sistema político y administrativo alumbrado por la Constitución, y tal como ha sido desarrollado en los últimos 30 años, no se sostiene. Todo el mundo levanta la bandera de la autonomía para hacer lo que le de la gana. Y eso es insostenible”.
Este reportaje continuará mañana.
Fuente: “Hijo, sabes bien que los funcionarios sois muy vagos” - elConfidencial.com
Segunda entrega.
“Nos van a despedir a todos para poder contratar a dedo”.
Miguel Ayuso 14/04/2013 (06:00)
Nieves tiene 33 años y tres licenciaturas. Se presentó a sus primeras oposiciones para trabajar como maestra en 2007. Desde entonces ha sido interina, una empleada pública temporal, en un centro madrileño. La despedían todos los veranos para contratarla de nuevo a principio de curso. Hasta este otoño, cuando los recortes se llevaron por delante la mayoría de las clases de apoyo.
En febrero Nieves recibió una llamada de la Consejería de Educación para reincorporarse al trabajo. Ahora está dando clase, pero no sabe hasta cuándo: “Hay gente que tiene 200 personas delante y directamente intenta trabajar en colegios privados o concertados. A mí no me faltaba mucho y estaba aguantando porque si dices que no cuando te llaman pierdes tu posición en la lista y los méritos acumulados desde 2007, con lo que perdería mi oportunidad para alcanzar una plaza fija. Ahora estoy embarazada y veo que me voy a quedar con un bebé y en la calle a partir del 30 de junio. Además, nuevamente, con una mano delante y otra detrás”.
Nieves no tiene ninguna duda de lo que va a pasar en la Comunidad de Madrid: “Se van a cargar a todos los interinos directamente para empezar a contratar a dedo”. Y es algo que, asegura, afectará no sólo a los maestros, sino al conjunto de la ciudadanía: “Nunca jamás vas a hacer negocio con la educación especial. Un niño con una gran discapacidad cuesta muchísimo dinero a un colegio. ¿Qué vamos a hacer con esos niños de los que no se pueden sacar beneficios? Están todos en la pública porque no son rentables. ¿Quién les va a atender cuando nos despidan a todos?”.
Madrid: la vanguardia de la privatización
El debate sobre la privatización, total o parcial, de los servicios públicos, ha sido una constante desde mediados de los 70. Pero, tal como explica el profesor de la Escuela de Negocios de Manchester, Miguel Martínez Lucio, ni siquiera en Reino Unido, un país bien conocido por sus políticas liberales, se ha llegado tan lejos como en la Comunidad de Madrid. “El mito de que todo está privatizado en Reino Unido es falso. En España estáis yendo más allá en la privatización que en los países anglosajones. Los países de mercado liberal que más han desarrollado una política de privatizaciones no necesariamente han privatizado grandes aspectos de las administraciones públicas, como la justicia, la seguridad, la sanidad o la educación. Una de las cosas que Thatcher no hizo, y todavía no se ha hecho, es privatizar la sanidad pública de Reino Unido”.
Nieves estuvo un tiempo trabajando como maestra en Nicaragua –“un país muy pobre, en vías de desarrollo, del que volví espantada”–. Allí, asegura, vio cosas “alucinantes” que está empezando a ver aquí: “La corrupción, del más grande al más pequeño, la destrucción del estado del bienestar, la cultura de pegarse entre los trabajadores. Han calado todos los mensajes liberales y los trabajadores están en la miseria dando las gracias a quienes les han llevado hasta allí”. Lo más sangrante, asegura, es que la administración está tapando sus carencias gracias al sobreesfuerzo de unos profesionales a los que trata con desprecio: “Al final te acabas llevando el trabajo a casa, y lo que no te da tiempo a hacer en el cole lo haces fuera, y lo acabas sacando porque trabajas con personas, con niños con necesidades. Y eso hace que se tapen las carencias y no se vean”.
Para Martinez, el discurso liberal sobre la privatización es un mito, pues hay cuestiones en las que nunca se podrá llevar a cabo: “Existe la creencia de que la competitividad es lo mismo que la privatización, pero no lo es. Después de privatizar tienes que crear relaciones de competencia, y nadie te asegura que eso vaya existir, es más, hay sectores donde no van a existir nunca. La presión del Estado para bajar los costes a través del contrato que se hace con las concesiones sólo repercute en la fuerza de trabajo. La privatización sólo tiene un resultado, que bajan los salarios”.
En opinión del profesor británico, la modernización de la función pública no tiene que pasar necesariamente por privatizaciones, concesiones o desregulaciones, tiene que pasar por un cambio en su gestión. “No hay ninguna razón por la que el sector público funcione mejor si se gestiona de forma privada”, asegura Martinez. “Todo depende de los sistemas de gestión que son independientes de lo público y lo privado”.
En busca de una administración pública eficaz
Desde hace décadas se ha insistido en la necesidad de reformar las administraciones públicas para que sean más eficientes, pero apenas hemos avanzado. Para el profesor Jesús Ángel Fuentetaja, profesor de Derecho Administrativo en la UNED, es evidente que nuestras administraciones fallan en los parámetros de eficacia y eficiencia, y es dónde deberían trabajar las reformas administrativas.
En opinión del profesor, el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, que quedó en fuera de juego con la crisis, era la gran ley de reformas de la función pública: “Incidía en dos cuestiones que iban en esta línea, por un lado crear la figura del directivo público profesional, y por otra fomentar la evaluación y control del rendimiento de los empleados públicos”. ¿Por qué apenas se ha avanzado en este sentido? A Fuentetaja no le cabe duda de que los políticos han elegido la solución más sencilla: “Tenemos unos políticos que cada cuatro años tienen que conseguir unos objetivos a corto plazo y es mucho más fácil externalizar que reformar internamente la función pública”.
Para Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, no ha habido ninguna voluntad política para avanzar en una gestión más eficaz de la función pública: “En el estatuto básico del empleado público de 2007, firmado por mi sindicato, venía la evaluación del desempeño. Hagámosla, si la hemos aceptado. Faltaría más”. ¿Por qué no se avanza? “Los políticos no creen en las administraciones públicas y no las quieran trabajar”, asegura contundente Borra. La realidad es que, los políticos prefieren tener una administración pública débil, que no cuestione sus decisiones.
Para Jorge, ingeniero de caminos del Ministerio de Fomento, está muy claro el por qué no interesa reformar la función pública. Y es que una administración pública verdaderamente eficaz acabaría con muchas de las prebendas de los políticos: “Está claro que al político le molesta el funcionario, pues es una persona sobre la que no puede hacer nada, y que te dice cosas incómodas. Es su función. En muchos casos se está colocando a gente vinculada al partido por encima para cerrarles la boca y que las decisiones sean políticas, y por otro lado están privatizando las gestiones, de forma un poco extraña. La tendencia lógica sería que desapareciesen todas las empresas públicas y volviese a haber una administración muy técnica y quizás más pequeña, que contratase a empresas privadas para hacer las cosas pero las controlara muy bien. Pero esa no es la tendencia. La tendencia es que el político está metiendo mano por arriba y por abajo, por arriba una cabeza política y por debajo está privatizando”.
Con la apertura de miras que ofrece la posibilidad de ver la marcha de un país desde fuera, Martinez tiene claro que la mejora de la administración pública española pasa por modernizar su gestión: “Un diálogo social sobre la modernización del Estado es algo positivo y que ha pasado en muchos países, porque garantiza la negociación colectiva, unos salarios dignos, y un debate sobre la eficiencia. Eso se está haciendo aquí en Reino Unido, en muchas entidades públicas. Pero la negociación debe hacerse por la vía del diálogo social, y eso es lo que el PP debería saber porque lo hizo en la época de Aznar con los sindicatos. Las condiciones económicas son distintas, pero no hay razón para no abordar esto”.
El futuro de la función pública
“La función pública no está en crisis”, asegura Fuentetaja, “siempre ha estado en crisis, porque es una institución humana que siempre hay que mejorar”. Pero para mejorarla tenemos que saber antes qué función pública queremos, una idea que comparte Borra, que insiste en la necesidad de crear un documento que especifique lo que tienen que hacer las administraciones públicas y lo que no tienen que hacer.
En opinión del presidente del sindicato de funcionarios, “si toda esta crisis no nos sirve para poner coto a lo que los políticos les de la gana hacer no nos ha servido para nada”, y para ello hay que regular las funciones de la administración pública: “Mire usted, llegamos a un acuerdo y decidimos qué tiene que hacer la administración pública: sanidad, educación, justicia, correos, universidad… Las quince cosas que sean. Y las cosas que no tiene que hacer: tener minas de extracción de sal a cielo abierto, tener empresas que se dediquen a construir colegios públicos, tener empresas que se dediquen a gestionar estaciones de esquí... No tiene ningún sentido que hasta hace cuatro días haya seguido abierta la empresa pública Expo 92”.
El problema es que, si no nos damos prisa, habremos retrocedido demasiado. Para Maite, investigadora de un centro dependiente del CSIC, lo peor de todo es que los recortes son tan inmensos que ni si quiera puede desarrollar su trabajo con normalidad: “Todos los días hay gente que se ha ido porque se le ha acabado el contrato y no hay nada que hacer. Pasa un día sí y otro también. Eso por no hablar de los jefes, de los seniors, que llevan toda su vida peleando y cada vez tienen menos personal. O cogen la pipeta o no tienen quien les haga el trabajo. Hay jefes de laboratorio que se han quedado solos. La investigación en España está retrocediendo mucho, mucho más atrás del punto dónde estaba antes. Y está ocurriendo en la mayoría de servicios públicos”.
Por suerte, según Martinez, los recortes no pueden llegar mucho más lejos: “Hay un límite físico, y en España va a llegar pronto. Llega un punto en el que el ciudadano se da cuenta, un punto en que no se van a poder prestar los servicios. Las instituciones públicas van a continuar existiendo, con funcionarios o sin ellos. El único caso en el que se ha desmontado el Estado es Irak. Se puede degradar el Estado hasta cierto punto, pero hay un límite”.
Fuente: “Nos van a despedir a todos para poder contratar a dedo” - elConfidencial.com
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