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España debe mirar de frente al dopaje
España debe mirar de frente al dopaje · ELPAÍS.com
"Injusta", "vergonzosa", "triste"... La decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de Lausana de sancionar con dos años de suspensión a Alberto Contador y de privarle de su victoria en el Tour de Francia de 2010 ha levantado una ola de indignación que ha recorrido toda España. Reacciones de indignación que recuerdan a las que suscitó hace algunas semanas el extenista Yannick Noah después de avanzar en este diario su hipótesis de que quizás los deportistas españoles habían dado con la "poción mágica".
Ya en 2007, y ya en estas columnas, el presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el irlandés Pat McQuaid, llegaba, usando términos distintos, pero igualmente explícitos, a la misma conclusión: "En España hay un verdadero problema de dopaje".
Un problema que le estalló al país en la cara un día de junio (sic) de 2006, cuando la Operación Puerto destapó una extensa red de dopaje sanguíneo organizado en Madrid por el médico canario Eufemiano Fuentes. Se podría haber pensado que al igual que sus vecinos franceses -con el escándalo Festina en el Tour de 1998- e italianos -tras la redada de San remo en el Giro de 2001-, España habría aprovechado la ocasión para mirar en la cara al problema.
Es cierto que a rebufo del caso Fuentes -que debería, por fin, juzgarse este año-, el país se dotó de un arsenal jurídico contra el dopaje más represivo. Pero no solo no han sido sancionados los ciclistas españoles por su federación [sic, aunque Alejandro Valverde, entonces número uno mundial, fue sancionado dos años en 2010 por el TAS], a diferencia de lo que hizo Alemania con Jan Ullrich o Italia con Ivan Basso, sino que Madrid ha hecho lo imposible por circunscribir solamente al ciclismo el asunto Puerto, mientras que el buen doctor Fuentes contaba con clientes en otros deportes.
En diciembre de 2010, la gran dama del atletismo íbero, Marta Domínguez, se vio, a su vez, implicada en un asunto de dopaje. Pero, al igual que a Alberto Contador tras su control positivo por clembuterol en la grande boucle de 2010, a la campeona del mundo de 3.000 metros obstáculos en 2009 su federación nacional la perdonó.
Antes que reconocer el problema del dopaje e intentar solucionarlo, las autoridades españolas continúan apoyando a sus campeones. "Nosotros, los madrileños, estamos al lado de Contador", dijo el lunes Esperanza Aguirre (Partido Popular), presidenta de la Comunidad de Madrid, donde ha nacido el corredor. "No existe razón jurídica para sancionar a Contador", había estimado, antes que ella, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero hace justo un año. Contrariamente a la federación española, los árbitros del TAS, instancia internacional e independiente, no han seguido el consejo del primer ministro español.
España debe mirar de frente al dopaje · ELPAÍS.com
"Injusta", "vergonzosa", "triste"... La decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de Lausana de sancionar con dos años de suspensión a Alberto Contador y de privarle de su victoria en el Tour de Francia de 2010 ha levantado una ola de indignación que ha recorrido toda España. Reacciones de indignación que recuerdan a las que suscitó hace algunas semanas el extenista Yannick Noah después de avanzar en este diario su hipótesis de que quizás los deportistas españoles habían dado con la "poción mágica".
Ya en 2007, y ya en estas columnas, el presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el irlandés Pat McQuaid, llegaba, usando términos distintos, pero igualmente explícitos, a la misma conclusión: "En España hay un verdadero problema de dopaje".
Un problema que le estalló al país en la cara un día de junio (sic) de 2006, cuando la Operación Puerto destapó una extensa red de dopaje sanguíneo organizado en Madrid por el médico canario Eufemiano Fuentes. Se podría haber pensado que al igual que sus vecinos franceses -con el escándalo Festina en el Tour de 1998- e italianos -tras la redada de San remo en el Giro de 2001-, España habría aprovechado la ocasión para mirar en la cara al problema.
Es cierto que a rebufo del caso Fuentes -que debería, por fin, juzgarse este año-, el país se dotó de un arsenal jurídico contra el dopaje más represivo. Pero no solo no han sido sancionados los ciclistas españoles por su federación [sic, aunque Alejandro Valverde, entonces número uno mundial, fue sancionado dos años en 2010 por el TAS], a diferencia de lo que hizo Alemania con Jan Ullrich o Italia con Ivan Basso, sino que Madrid ha hecho lo imposible por circunscribir solamente al ciclismo el asunto Puerto, mientras que el buen doctor Fuentes contaba con clientes en otros deportes.
En diciembre de 2010, la gran dama del atletismo íbero, Marta Domínguez, se vio, a su vez, implicada en un asunto de dopaje. Pero, al igual que a Alberto Contador tras su control positivo por clembuterol en la grande boucle de 2010, a la campeona del mundo de 3.000 metros obstáculos en 2009 su federación nacional la perdonó.
Antes que reconocer el problema del dopaje e intentar solucionarlo, las autoridades españolas continúan apoyando a sus campeones. "Nosotros, los madrileños, estamos al lado de Contador", dijo el lunes Esperanza Aguirre (Partido Popular), presidenta de la Comunidad de Madrid, donde ha nacido el corredor. "No existe razón jurídica para sancionar a Contador", había estimado, antes que ella, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero hace justo un año. Contrariamente a la federación española, los árbitros del TAS, instancia internacional e independiente, no han seguido el consejo del primer ministro español.
