EL INTERVENTOR
Himbersor
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DECISIÓN DEL GOBIERNO
Las eléctricas recurren la orden del Gobierno central de tumbar embalse y pagar la obra tras extinguirse la concesión de una instalación ligada a una planta nuclear de Badajoz que nunca funcionó.
El Ministerio para la tras*ición Ecológica está reconsiderando su decisión de acabar con la presa tras las quejas de la propia Junta de Extremadura y de los municipios cercanos.
La presa de Valdecaballeros sobre el río Guadalupejo, en una imagen de archivo.
4
Se lee enminutos
David Page
Madrid10 de mayo del 2023 a las 18:59. Actualizada a las 19:04
A la polémica se suman también de lleno Endesa e Iberdrola, las eléctricas que compartían la concesión de uso de las presas que se diseñaron para refrigerar los dos reactores que iba a integrar la central nuclear no nata de Valdecaballeros, que nunca funcionó afectada por la jovenlandesatoria aprobada en los ochenta por el Gobierno de Felipe González.
Las dos energéticas presentaron hace unas semanas sendos recursos de alzada ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para frenar la decisión del propio Ministerio para la tras*ición Ecológica de emprender la demolición del embalse, según confirman fuentes de ambas compañías a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Se trata de dos recursos diferentes pero de redacción idéntica y que se presentaron de manera simultánea.
APAGÓN NUCLEARLas nucleares avisan a Feijóo de que sólo funcionarán más tiempo si tienen rentabilidad garantizada
La orden ministerial contempla, además, que sean Endesa e Iberdrola las que asuman el coste de los trabajos de derrumbe y de gestión de todos los residuos de las instalaciones. Una antigua valoración de estas obras calculaban que el importe de las inversiones rondarían los 10 millones de euros, aunque las empresas estiman que el coste actual sería muy superior. Los recursos de las eléctricas piden medidas cautelares para paralizar el encargo obligatorio de elaborar y presentar al Ejecutivo en menos de seis meses el proyecto de obras de demolición.
La Dirección General del Agua, adscrita al ministerio comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, dictó una resolución el mes pasado que establecía la demolición obligatoria de la presa de Valdecaballeros. Endesa e Iberdrola renunciaron a la concesión del uso privativo del agua en 2021, y el Gobierno ha emprendido ahora el proceso para el derrumbe del embalse y la recuperación total del río Guadalupejo -de la cuenca hidrográfica del Guadiana- a su paso por el municipio pacense.
¿Quién es el dueño y quién paga?
Tras la jovenlandesatoria nuclear de 1984 decretada por el Ejecutivo socialista de González, las obras de construcción de la central nuclear de Valdecaballeros se paralizaron en 1991 y en 1994 se estableció la suspensión definitiva del proyecto. Durante 25 años todos los consumidores españoles han estado pagando en su recibo de luz un recargo para compensar a las eléctricas por la paralización de las centrales de Valdecaballeros y de Lemoniz.
APAGÓN NUCLEAREspaña busca ayuda para invertir la ‘hucha’ de 7.500 M de las nucleares
Endesa e Iberdrola esgrimen en sus recursos que desde 1994 de facto es el Gobierno el propietario de los terrenos y las instalaciones que quedan en pie (edificios abandonados que iban a acoger los dos reactores) y las presas que se iban a utilizar la refrigerar la planta, y que durante estos treinta años las compañías sólo han ejercido una labor de mera custodia de los terrenos. Así que, si el Ejecutivo finalmente ordena su demolición, los costes de los trabajos los debe de asumir el Ministerio o Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares y del desmantelamiento de las centrales.
Además, Endesa e Iberdrola consideran que la orden de demolición puede considerarse que tiene carácter retroactivo, porque la legislación vigente cuando se paralizaron las obras de la central (y a su juicio cedieron la titularidad) sólo establecía que la concesión del uso privativo del agua simplemente revertía a la Administración al expirar el plazo de vigencia, pero posteriormente una reforma legal permite exigir la demolición por interés público.
En cualquier caso, las dos compañías defienden en sus recursos el mantenimiento de las instalaciones al entender que no hay justificación facilitada por el Gobierno que explique por qué es ahora inviable mantener las presas 30 años después de paralizar las obras de la nuclear para las que se iban a utilizar y que el Ejecutivo no ha hecho un estudio previo del impacto medioambiental de la demolición en la zona.
El Gobierno empieza a recular
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Tras las protestas de la Junta, de los ayuntamientos cercanos y de los vecinos de la zona, el Ministerio para la tras*ición Ecológica ha empezado a recular y se ha mostrado abierto a rectificar la decisión de demolición ante el interés de las administraciones por su mantenimiento y para utilizarlo para el abastecimiento de agua. La propia vicepresidenta Teresa Ribera ha apuntado este miércoles en el Congreso que es “perfectamente posible” atender la voluntad de la Junta y que hay contactos con a la administración regional para estudiar el “modo” de ejecutarlo. De momento, la orden sigue en vigor y no hay decisión formal de revocación.
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Las eléctricas recurren la orden del Gobierno central de tumbar embalse y pagar la obra tras extinguirse la concesión de una instalación ligada a una planta nuclear de Badajoz que nunca funcionó.
El Ministerio para la tras*ición Ecológica está reconsiderando su decisión de acabar con la presa tras las quejas de la propia Junta de Extremadura y de los municipios cercanos.
La presa de Valdecaballeros sobre el río Guadalupejo, en una imagen de archivo.
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David Page
Madrid10 de mayo del 2023 a las 18:59. Actualizada a las 19:04
A la polémica se suman también de lleno Endesa e Iberdrola, las eléctricas que compartían la concesión de uso de las presas que se diseñaron para refrigerar los dos reactores que iba a integrar la central nuclear no nata de Valdecaballeros, que nunca funcionó afectada por la jovenlandesatoria aprobada en los ochenta por el Gobierno de Felipe González.
Las dos energéticas presentaron hace unas semanas sendos recursos de alzada ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para frenar la decisión del propio Ministerio para la tras*ición Ecológica de emprender la demolición del embalse, según confirman fuentes de ambas compañías a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Se trata de dos recursos diferentes pero de redacción idéntica y que se presentaron de manera simultánea.
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La orden ministerial contempla, además, que sean Endesa e Iberdrola las que asuman el coste de los trabajos de derrumbe y de gestión de todos los residuos de las instalaciones. Una antigua valoración de estas obras calculaban que el importe de las inversiones rondarían los 10 millones de euros, aunque las empresas estiman que el coste actual sería muy superior. Los recursos de las eléctricas piden medidas cautelares para paralizar el encargo obligatorio de elaborar y presentar al Ejecutivo en menos de seis meses el proyecto de obras de demolición.
La Dirección General del Agua, adscrita al ministerio comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, dictó una resolución el mes pasado que establecía la demolición obligatoria de la presa de Valdecaballeros. Endesa e Iberdrola renunciaron a la concesión del uso privativo del agua en 2021, y el Gobierno ha emprendido ahora el proceso para el derrumbe del embalse y la recuperación total del río Guadalupejo -de la cuenca hidrográfica del Guadiana- a su paso por el municipio pacense.
¿Quién es el dueño y quién paga?
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Además, Endesa e Iberdrola consideran que la orden de demolición puede considerarse que tiene carácter retroactivo, porque la legislación vigente cuando se paralizaron las obras de la central (y a su juicio cedieron la titularidad) sólo establecía que la concesión del uso privativo del agua simplemente revertía a la Administración al expirar el plazo de vigencia, pero posteriormente una reforma legal permite exigir la demolición por interés público.
En cualquier caso, las dos compañías defienden en sus recursos el mantenimiento de las instalaciones al entender que no hay justificación facilitada por el Gobierno que explique por qué es ahora inviable mantener las presas 30 años después de paralizar las obras de la nuclear para las que se iban a utilizar y que el Ejecutivo no ha hecho un estudio previo del impacto medioambiental de la demolición en la zona.
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