El 'software' de Begoña Gómez ofrecía “retornos” a sus clientes y buscaba persuadir a grandes empresas
El software que desarrollaron, supuestamente, de forma altruista Google, Telefónica e Indra para el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense
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El 'software' de Begoña Gómez ofrecía “retornos” a sus clientes y buscaba persuadir a grandes empresas
El software que desarrollaron, supuestamente, de forma altruista Google, Telefónica e Indra para el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense se vendía como una herramienta para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a gestionar sus proyectos relacionados con los ODS -Objetivos de Desarrollo Sostenible- y a atraer financiación para conseguirlos. La plataforma dejó de ser accesible hace varios días, sin embargo, este periódico ha accedido a todo su contenido y ha comprobado que ofrecía a sus clientes algo que definía como “retornos”, además de que tenía un apartado específico para grandes empresas.
La acusación particular de Hazte Oír, que hace referencia a este punto en su querella inicial, ha puesto el énfasis también en este apartado porque entiende que puede ser una vía de financiación escondida que apuntalaría el delito de tráfico de influencias. Los clientes que estaban registrados en la web tenían a su disposición una "guía de usuario" en la que se puede ver en qué consistían exactamente los "retornos". "Son ayudas y financiaciones que esta Plataforma pone a tu disposición”, explica el punto 11. Y añade: “Existen cuatro categorías: inversiones (empresas privadas), crowdfunding, bancos (créditos y ayudas) y licitaciones públicas (ayudas y subvenciones públicas).
“Estos retornos” -apuntaba- “pueden resultarte muy útiles para financiar tus proyectos nuevos o actuales. Es un apartado en cambio constante, ya que la Plataforma actualizará estos recursos de forma constante”, incide.
Esto prueba que la web del máster de Gómez no sólo pretendía servir a las empresas para obtener financiación de agentes privados del mercado financiero, sino también en la consecución de ayudas públicas. Es decir, las que conceden las diferentes Administraciones del Estado.
Precisamente este es uno de los caminos que la Audiencia Provincial de Madrid acaba de despejar para que el juez Juan Carlos Peinado pueda seguir investigando. La denuncia inicial del 'caso Begoña Gómez' indicaba que el empresario Juan Carlos Barrabés, imputado en el procedimiento, pudo recibir varios contratos de la red pública a raíz de unas cartas de recomendación que la esposa del presidente del Gobierno firmó. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil describió, además, cómo los ingresos públicos de las empresas de Barrabés habían incrementado exponencialmente con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
Por eso, el juez Peinado ha imputado a Gómez por un posible delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. A esto se pueden sumar nuevos supuestos delictivos en los próximos días porque el magistrado tiene pendiente decidir sobre todo lo relativo al software. Las acusaciones populares ven, en ese caso, delitos de apropiación indebida o de malversación, entre otros.
Grandes empresas
Fuentes relacionadas con este proceso también llaman la atención sobre otra de las opciones que ofrecía esta plataforma. Era una pestaña, situada en la parte superior derecha de la web, en la que se concedía acceso a ‘grandes empresas’. Esta opción -detallan- todavía estaba pendiente de desarrollar. Sin embargo, demuestra que la web no sólo estaba pensada para las entidades de pequeño y mediano tamaño, como anunciaba en su portada.La plataforma se vendía como un software de sostenibilidad para que las empresas tuvieran la oportunidad de "gestionar, medir y comunicar” su “impacto". "También podrás conocer la nueva normativa empresarial en materia de sostenibilidad, tras*formar tu empresa con la ayuda de retos y proyectos que te permitan pasar a la acción y generar el impacto social y medioambiental que buscas”, afirmaba.
Los usuarios registrados tenían la posibilidad de generar una suerte de informe de impacto que -como publicó este periódico- incluía los distintivos de la Universidad Complutense y de la Cámara de Comercio, por lo que tenía el aspecto de un documento oficial.
El registro de esta plataforma, que lleva el mismo nombre que la cátedra que Begoña Gómez co-dirigía en la Complutense, es uno de los puntos a esclarecer de la investigación judicial. La Universidad ya puso en una situación complicada a la esposa del presidente cuando presentó un documento en el juzgado en el que insinuaba que ella había registrado a finales de 2023 la plataforma a su nombre sin que el centro lo supiera. Las empresas --Google, Indra y Telefónica-- la habían desarrollado como proyecto para el centro y la Complutense apuntaba que Gómez la inscribió en la Oficina Española de Patentes haciendo un uso propio del material.
El borrado de la web despertó las suspicacias de las acusaciones populares que creían que se estaban eliminando pruebas de especial interés para el procedimiento. Sin embargo, su abogado especificó que Begoña Gómez advirtió a la universidad que la licencia de la plataforma se iba a caducar y que ella no tenía intención de reponerla. La Complutense tampoco asumió los gastos por lo que el software ha sido eliminado para los usuarios.
