Inmobiliaria: El sindicato de inquilinos amenaza con un "delirio colectivo" y llama a toda la población a dejar de pagar el alquiler

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El Sindicato de Inquilinos amenaza con un "delirio colectivo" y llama a toda la población a dejar de pagar el alquiler​

Este domingo 13 de octubre celebrarán una manifestación en Madrid que pretende ser la antesala de una huelga que podría generalizar la inquiokupación.​


Tras su particular turné televisiva para promocionar la manifestación del próximo domingo 13 de octubre, el Sindicato de Inquilinos calienta motores para convocar una insólita huelga, pidiendo a toda la población que deje de pagar el alquiler. "Los alquileres deben bajar un 50%, y si no lo hacen, los bajaremos nosotras. Este 13-O, llenamos Madrid, y después a por la huelga de alquileres", amenazan en sus redes sociales.

Sus promotores parten de la premisa de que "si un inquilino se rebela y deja de pagar, el problema es suyo". Sin embargo, defienden que si miles de inquilinos se ponen de acuerdo, "el problema lo tienen los propietarios y los gobiernos que los sostienen". Y añaden: "No es una utopía, sino una forma de lucha que ya practican varios bloques en lucha de nuestro Sindicato y que son el orgullo de todas las inquilinas".

Con todo, si la huelga surtiera efecto, la ya de por sí creciente inquiokupación podría convertirse en un fenómeno generalizado, dejando a miles de pequeños propietarios -los que sostienen más del 90% del mercado del alquiler en España- totalmente desamparados. No en vano, actualmente, el proceso para echar a un inquiokupa en nuestro país se alarga durante años y, en caso de ser declarado vulnerable, se convierte directamente en misión imposible, debido al polémico decreto antidesahucios del Gobierno. De esta forma, los principales perjudicados volverían a ser los particulares, ya que el derecho a la propiedad privada quedaría suspendido de facto.

El precedente de 1931​

Desde el punto de vista legal, la huelga de alquileres no está reconocida como un derecho en nuestro país, ya que el artículo 28 de la Constitución española, únicamente recoge el derecho a la huelga por motivos laborales. Así, en caso de producirse, los expertos advierten de que los conflictos de ella derivada tendrían que dirimirse por la vía civil, lo que no solo podría provocar un colapso de los juzgados, sino que dejaría a miles de propietarios en un limbo durante meses o incluso años.

Aunque en otros países ya se han llevado a cabo huelgas similares con diferentes desenlaces, en España el único precedente se remonta a 1931. Con motivo de la Exposición Internacional de 1929 en Barcelona, la ciudad condal dobló su población, lo que provocó un grave problema de vivienda. A ello se sumaría la crisis económica en la se vería inmersa inmediatamente después, lo que disparó el desempleo y la inflación.

En este contexto, el 7 de mayo de 1931, miles de familias decidieron empezar a dejar de pagar el alquiler a modo de protesta, auspiciados por la CNT. Según algunas fuentes, el número de huelguistas llegó a 100.000, quienes terminarían siendo desahuciados por la Cámara de la Propiedad y el Patronato de la Vivienda de Barcelona.

"Vais a flipar con el delirio colectivo"​

"Llevamos mucho tiempo pagando la crisis de la vivienda. Mientras la gran mayoría sufrimos para llegar a fin de mes, una minoría se enriquece a costa de nuestro trabajo. Pero lo tenemos claro: SE ACABÓ", advierte ahora el Sindicato de Inquilinos, cuyos delirantes argumentos ya desmontó hace días Libre Mercado, en un artículo que fue utilizado por los organizadores de la manifestación de est fin de semana para multiplicar sus amenazas. "El 13-0 sí que vais a flipar con el delirio colectivo", escribieron en su cuenta de X.

Por lo pronto, el sindicato se está concentrando estos días en recabar apoyos en las zonas más obreras de Madrid, en las que, por tanto, considera que tanto la manifestación como la futura huelga, podrían tener más éxito. Así, entre y lunes y martes, han organizado pegadas de carteles y reparto de ***etos en Oporto, Legazpi, Embajadores, Mercado de la Cebada, Plaza del 2 de mayo, Pacífico, Usera, Ciudad Lineal, Puerta del Ángel y jovenlandesatalaz, así como en las localidades de Rivas y Getafe. En los próximos días, recorrerán Plaza de Castilla, Alto de Extremadura, Lucero. Puente de Vallecas, la Elipa, Aluche y Cuatro Caminos.

Sus polémicas reivindicaciones​

Entre sus principales reivindicaciones, se encuentran la bajada generalizada de los precios de alquiler y de compra, que todos los contratos sean indefinidos y que se prohiban tanto el alquiler turístico como con "la estafa de los alquileres temporales y por habitación". Además, exigen el "fin de la compra con usos especulativos", en línea con la propuesta de Podemos y Sumar, y que se aprueben "impuestos brutales", tanto a viviendas en alquiler y vacías, como a "SOCIMIS, fondos y empresas especuladoras".

Por otro lado, el Sindicato de Inquilinos también reclama que se prohiba construir vivienda nueva "hasta que se ocupe toda la vivienda vacía", que se sancione a quienes tengan pisos y casas sin habitar, que no se permita la reclasificación de suelos cuando existan suelos urbanizables en los municipios y que las viviendas que reciban ayudas públicas tengan precios tasados y/o pasen al parque público de vivienda.

Y por si la impunidad actual no fuera suficiente, los promotores de la manifestación y posterior huelga de inquilinos, también abogan por la "despenalización de la okupación", la "desjudicialización de la okupación de viviendas vacías", y la "desarticulación de las empresas de desokupación". Todo ello, acompañado de una prohibicion exprsa de los desahucios "sin una alternativa digna".

Respecto a las administraciones públicas, el sindicato en cuestión reclama un "aumento del parque de vivienda pública", haciendo especial hincapié en que todas ellas sean "de construcción y gestión públicas; no deben poder ser vendidas; deben estar en régimen de alquiler o en formato de cooperativas". Por último, insisten en "expropiar viviendas de los fondos buitres" y que todas las viviendas de la SAREB y de los bancos rescatados con dinero público formen parte del parque público.

 
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Por otro lado, el Sindicato de Inquilinos también reclama que se prohiba construir vivienda nueva "hasta que se ocupe toda la vivienda vacía", que se sancione a quienes tengan pisos y casas sin habitar, que no se permita la reclasificación de suelos cuando existan suelos urbanizables en los municipios y que las viviendas que reciban ayudas públicas tengan precios tasados y/o pasen al parque público de vivienda.

Vamos, que la mujer del panadero quiere seguir cobrando sin dar un palo al agua.

Nada de vivienda oficial, nada de parque público de alquiler, que no se construya hasta que todos los pisos vacantes estén ocupados, allá donde estén, y a ella que la dejen disfrutar del carguito con su churri neoconsejero de Solaria.
 
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