Honkytonk Man
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Así fue el juicio por rebelión a Companys: cuando el PSOE amnistió y mitificó a los golpistas catalanes
El Frente Popular, donde el Partido Socialista Obrero Español era el grupo con más escaños, amnistió a los golpistas tras imponerse en las controvertidas elecciones de 1936
El 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó de forma unilateral «el estado catalán dentro de la República federal española». Lejos de ser una movilización independentista, Companys justificó su golpe como una respuesta ante una Cataluña y una República en grave peligro desde que las fuerzas conservadoras habían accedido a la presidencia de Gobierno. Buscaba así una vía federal, pero no separatista. Un órdago para movilizar a la ciudadanía y forzar al Estado a que recondujera sus políticas. El problema de Companys es que la ciudadanía no llenó las plazas como en abril de 1931, cuando se proclamó la Segunda República, lo que condenó «al estado catalán» a apagarse en menos de diez horas.
El general Batet, que estaba al frente de la IV División orgánica, declaró, de acuerdo al Gobierno del catalán Lerroux, el estado de guerra y se suspendió la actividad del parlamento de forma provisional. Las tropas asediaron el palacio de la Generalitat, defendido por los Mossos de Escuadra, mientras la Guardia Civil y la mayor parte de los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado se pusieron del lado de la legalidad. El golpe fracasó ante un discurso y una maniobra de Companys, que sonaban excesivos y poco democráticos, aunque pretendiera revestirlo de todo lo contrario:
«Los partidos y los hombres que han hecho públicas manifestaciones contra las exiguas libertades de nuestra tierra, los núcleos políticos que predican constantemente el repruebo y la guerra en Cataluña, constituyen hoy el apoyo de las actuales instituciones. La Cataluña liberal, democrática y republicana no puede estar ausente de la protesta que triunfa por todo el país ni puede silenciar su voz de solidaridad con los hermanos que en las tierras hispánicas luchan hasta morir por la libertad y por el derecho. Cataluña enarbola su bandera y llama a todos al complimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalidad, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas.
En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del poder de Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República federal española y, al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, los invita a establecer en Cataluña el Gobierno provisional de la República, que encontrará en nuestro pueblo el más generoso impulso de fraternidad, en el común anhelo de edificar una República federal, libre y magnífica»
Camino a la normalidad en Cataluña
Companys y los miembros de su gobierno fueron detenidos y trasladados a los buques Uruguay y Ciudad de Cádiz, acondicionados como prisión. Únicamente escapó Josep Dencàs, consejero de Gobernación, a través de las alcantarillas con dirección Francia. El balance de bajas en la ciudad, entre civiles y militares, fue de unas cuarenta, y se registraron algunos incidentes en el resto de Cataluña, con la quema de templos y la destitución de varios alcaldes de derecha, pero el golpe contra el Estado tuvo escaso eco.
Si Companys realizó un acción tan desmesurada fue a modo de pulso al Estado a través de una movilización ciudadana que, así esperaba, llenaría las calles y subiría el tono, aparte de que necesitaba reafirmarse como alguien independentista entre sus bases, que cuestionaban constantemente su catalanidad.
Como explica Jordi Canal en «Historia mínima de Cataluña» (Turner), el política catalán no era sospechoso para nada de ser un radical o un independentista, que en ese periodo eran una minoría marginal, e incluso había formado parte del Gobierno nacional de Manuel Azaña. Fue Ministro de la Marina entre junio y septiembre de 1933, ocupando la cartera con «desgana y sin interés». En la navidad de 1933, se puso al frente de la Generalitat por el fallecido de Francesc Macia, formando un gobierno amplio con presencia de ERC, la USC, ARC (Acció Catalana Republicana) y PNRE (Partit Nacionalista Republicà d’Esquerres). Las elecciones municipales de enero de 1934 reforzaron a ERC y, con ello, a su líder Companys, que se vio capaz de todo.
Tras el golpe fallido, el coronel Jiménez Arenas fue nombrado gobernador de Cataluña y presidente circunstancial de la Generalitat. Se cerró de forma provisional el parlamento y se suspendieron las actividades de los partidos de izquierda y de los sindicatos. Más de cien ayuntamientos fueron disueltos ante la gravedad de la acometida, además de que una ley aprobada el 2 de enero de 1935 dejó «en suspenso las facultades concedidas por el estatuto de Cataluña al parlamento de la Generalitat».
Cataluña fue recuperando lentamente la normalidad. Las autoridades militares cedieron el paso a las civiles, con Portela Valladares, liberal y centrista, como nuevo gobernador hasta abril. Le sucedió Pich i Pon, miembro del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que formó un gobierno con cedistas, independientes de derecha y de su propio grupo parlamentario. De su mano, se puso fin al estado de guerra y la Generalitat recuperó algunas competencias, a excepción del orden público. No en vano, su implicación en el caso del «Estraperlo» provocó el nombramiento como gobernador y presidente del valenciano Villalonga, miembro de la Derecha Regional Valenciana y, posteriormente, dirigente de la Lliga Félix Escalas. Este grupo político conservador se esforzó por condenar la insurrección, al tiempo que desvinculaba al resto de catalanes de aquella acción, lo que no le libró de las críticas de la izquierda independentista.
Mientras Cataluña recuperaba la normalidad, los miembros del Gobierno de Companys fueron juzgados acusados de rebelión por el Tribunal de garantías constitucionales de la República y sentenciados por 14 votos a favor y 7 en contra, en junio de 1935, a 30 años de prisión y traslados a los penales de Cartagena y el Puerto de Santa María.
En el caso del comandante Pérez i Farrás, jefe de los Mossos de Escuadra, se le acusó de rebelión militar y alta traición, y de iniciar los disparos frente a la Generalitat, que habían ocasionado varias víctimas. Su condición de jefe del Ejército le hizo acreedor de un trato más severo que el de los civiles, de modo que fue condenado a fin, si bien la pena le fue conmutada por el presidente de la República Alcalá Zamora por la de reclusión perpetua. Los diputados, alcaldes y concejales detenidos fueron liberados a partir de ese mismo febrero.
Durante el juicio, Companys afirmó que si alguien debía asumir castigo, de hallarse delito, era solo él, y no el resto de su gobierno. Además, según informó ABC el 3 de febrero de 1935, el «expresidente alegó ser pobre e insolvente», ante el requerimiento judicial para que se le embargaran sus bienes.
«Los hechos no pueden integrar un delito contra la forma de gobierno, y sí contra la forma de Estado, puesto que en realidad lo que proponían era convertir en una República federal la República unitaria
Los letrados partidarios de la absolución defendieron esta posición en base al inconsistente argumento de que «los hechos no pueden integrar un delito contra la forma de gobierno, y sí contra la forma de Estado, puesto que en realidad lo que proponían era convertir en una República federal la República unitaria que existía en España. Aceptando este criterio se imponía la absolución, porque el delito contra la forma de Estado, no se halla penado en ningún código». Excusa que no convenció a nadie, y obedecía más bien a los inmediatos planes electorales de algunos grupos políticos.
Un puro símbolo
Solo la posterior mitificación del president y su Gobierno salvó su figura, a ojos de la opinión pública, ante un acto irresponsable que fue calificado en su momento como «una abominación», según definió Gaziel. Las fotografías de Companys tras los barrotes de su celda pusieron los cimientos de su mito.
En las elecciones de febrero de 1936, la petición de amnistía para los rebeldes y la crispación política se materializaron en Cataluña con la formación de dos grandes bloques, sin espacio para los partidos moderados: por un lado el Front de Esquerres de Catalunya, la versión catalana del Frente Popular; y, por otro, el Front Català de Ordre, liderado por la Lliga, con cedistas, carlistas, radicales y la derecha alfonsina. La coalición de izquierdas acaparó el 59% de los sufragios en Cataluña, imponiéndose en las cinco circunscripciones catalanas y obteniendo 41 escaños.
En el resto de España, el Frente Popular, donde el Partido Socialista Obrero Español era el grupo con más escaños, logró una victoria menos amplia que la coalición catalana, pero sufiente para regresar al poder y cumplir su promesa de liberar a los rebeldes. Manuel Azaña firmó un decreto ley de amnistía para los golpistas, dando luz verde a su regreso como héroes de la causa a Cataluña. El 29 de febrero, se ratificó a Companys como presidente y este, a su vez, confirmó a todos sus consejeros en sus puestos.
El presidente de la Generalitat se convirtió finalamente en un icono para el catalanismo. A su regreso triunfal a Barcelona asumió un discurso victimista que ya nunca le abandonaría: «Volveremos a sufrir, volveremos a luchar, volveremos a vencer». Atento a su metamorfosis, el periodista Chaves Nogales hizo entonces en el diario «Ahora» el pronóstico más acertado sobre lo que iba a representar en el futuro este político:
«Dentro de poco Companys será, como lo fue Macia, un puro símbolo. Reconozcamos que Cataluña tiene esta virtud imponderable: la de convertir a sus revolucionarios en puros símbolos, ya que no puede hacer de ellos perfectos estadistas. Lo uno vale lo otro».
Así fue el juicio por rebelión a Companys: cuando el PSOE amnistió y mitificó a los golpistas catalanes
