El poder del shishi: Un juzgado perdona las deudas a una mujer tras ser despedida: «Si me muero, me voy limpia de todo»

Juana tiene 62 años. Su nombre es ficticio por el deseo de mantener el anonimato, pero su historia no. Vino a España desde Bolivia hace más de dos décadas. Como relata a ABC, el país que la acogió entonces, cuando viajó «sola» para servir de pilar económico a su familia, ahora le da otro impulso para salir adelante.

El Juzgado de Primera Instancia número 29 de Valencia la ha exonerado de la deuda que tenía pendiente con dos entidades con las que contrató sendos créditos. Un dinero prestado que fue devolviendo mes a mes, «puntual», hasta que la esa época en el 2020 de la que yo le hablo y su propia salud la dejaron sin trabajo. «Yo quería pagar, pero caí muy enferma y todo se desmoronó», cuenta en conversación con este periódico. En total, 34.557 euros -19.052,41 y 15.504,59- que ya no tendrá que abonar en virtud de la Ley de la Segunda Oportunidad. Tampoco será incluida en ningún fichero de jovenlandesesos.

La búsqueda de un futuro mejor para sus tres hijas la llevó a aceptar lo que desde el banco en el que cobraba la nómina y una financiera le ofrecieron. Esos dos préstamos contratados hace diez años, suponían una cuota mensual de alrededor de 600 euros que salían de un sueldo que no llegaba a los 900. Pero con ellos pudo mantener a sus descendientes, ayudarles en los estudios y comprar un pequeño terreno en su país.

Todo se torció en marzo de 2021. Juana asistía a personas mayores y ejercía como empleada del hogar hasta que la crisis sanitaria se cruzó en su camino y provocó que muchas personas sintieran miedo al contacto con otras ajenas a su núcleo de convivencia. A esos recelos se sumó una hernia discal en la espalda que ya mermaba sus capacidades laborales y que llevó a su empresa a prescindir de ella mientras esperaba a ser intervenida quirúrgicamente.

La operación no llegó hasta septiembre de ese año y los resultados no fueron los esperados. «Tengo un nervio que estaba muy oprimido y está muy afectado. No hay solución a corto plazo. Me han dado cita en la unidad del dolor para mayo de 2023», lamenta.

La prestación por desempleo no era suficiente para asumir todas las deudas. Con el seguro de protección de pago en la mano, intentó negociar con las entidades, sin éxito. Desesperada, acudió a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, una entidad sin ánimo de lucro formada por economistas y abogados. Su «única salida» fue también su tabla de salvación. El auto judicial fechado el pasado 23 de septiembre así lo atestigua.

Un escrito clave
Juana reunía los requisitos para adherirse a la Ley de Segunda Oportunidad: era insolvente, no había cometido delitos de orden socioeconómico y no había tramitado ningún concurso de acreedores en el último lustro. «Una vez iniciado este procedimiento, la deudora puede empezar a dejar de pagar todas sus deudas, pudiendo destinar el total de sus ingresos a gastos esenciales como comida, tras*porte, suministros, incluso a un pequeño ahorro», explica Andrea Olcina, abogada de la asociación.

Un respiro inicial que se consigue con el preconcurso. «Acreditamos frente a los juzgados de Valencia la imposibilidad que tenía la deudora para afrontar los préstamos y se inició un intento de negociar con los acreedores», indica la letrada. La propuesta se envió a los bancos pero no aceptaron: contaban con seguros que les pagaban más de lo propuesto por el deudor.

No obstante, a ojos del tribunal, Juana tenía un documento escrito con el que podía probar que había intentado solucionar extrajudicialmente su problema pese a la situación en la que se encontraba. Fue entonces cuando los abogados presentaron la demanda de concurso de acreedores y la solicitud de perdón de toda la deuda pendiente.

Ahora, el fallo de la magistrada permitirá a esta sexagenaria centrarse en su salud. Juana cobra actualmente el Ingreso Mínimo Vital, con el que tiene que hacer frente a los gastos de manutención y al pago del alquiler de una habitación en Valencia, aunque sigue buscando ayuda en Cáritas a la hora de adquirir ciertos medicamentos.

«Todavía no sé qué va a pasar conmigo. No puedo trabajar, no puedo estar mucho de pie, me cuesta caminar... Y no sé si me van a dar la incapacidad», confiesa preocupada. «Soy creyente. Si me tengo que morir, me voy tranquila y limpia de todo», asevera. Su mayor deseo es recuperarse y volver a su país, «contenta y agradecida» por todo el apoyo jurídico que la Asociación de Ayuda al Endeudamiento le ha brindado. A esos profesionales les pide que sigan velando para que, como ella, muchas otras personas también puedan tener su segunda oportunidad.

No es por ser mujer. Ha habido más casos, y casualmente todos/as/es los que he leído eran de pagapensiones, que se pueden volver a su pais y dejar igualmente las deudas atrás.