El Pionero
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El recién nombrado ministro del Interior, Bruno Retailleau, lamentó públicamente el domingo 29 de septiembre la imposibilidad de realizar un referéndum sobre la inmi gración en Francia. En declaraciones a LCI (canal de TV), explicó que, aunque apoya fervientemente la idea, «no podemos llevar a cabo un referéndum sobre la inmi gración en Francia debido a razones constitucionales». Añadió que «esto es algo que lamento profundamente», mostrando su pesar por las limitaciones legales que impiden esta consulta.
Desde su despacho en la Plaza Beauvau, Retailleau defendió la necesidad de una consulta pública sobre este tema tan delicado, señalando que «la inmi gración ha sido uno de los fenómenos que más ha afectado a la sociedad francesa en los últimos 50 años». Según el ministro, «es un tema que ha tras*formado profundamente a Francia, sin que los ciudadanos franceses hayan tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto».
Retailleau destacó la importancia de contar con un «plan integral» para controlar la inmi gración, señalando que las actuales normativas legales no son suficientes. Subrayó su disposición a utilizar «todas las herramientas necesarias» para abordar la situación, mencionando que la legislación actual está «enredada en un laberinto de normas». En este sentido, expresó su respeto por el Primer Ministro, Michel Barnier, quien hará una declaración en breve anunciando varias medidas en torno a este desafío.
Uno de los puntos que el ministro planteó fue la posibilidad de extender la duración máxima de detención para aquellas personas que se encuentran bajo una orden de salida del territorio francés (OQTF). Retailleau sugirió que esta medida podría duplicarse hasta los 180 días, aunque afirmó que «no es suficiente» por sí sola.
Otro aspecto clave que mencionó fue la necesidad de reforzar las deportaciones, asegurando que Francia debe «asumir una postura firme» en el regreso de las personas a sus países de origen. Según Retailleau, para lograr este objetivo es fundamental recurrir a «tres palancas de poder»: la concesión de visados, la ayuda al desarrollo y los acuerdos comerciales con los países involucrados.
Finalmente, cuando se le preguntó si apoyaría la implementación de una «doble pena», es decir, la expulsión automática de pagapensiones una vez cumplida su condena en Francia, Retailleau respondió con firmeza: «Por supuesto, estoy a favor». Para él, este enfoque es parte esencial de un marco más amplio para controlar la inmi gración de manera efectiva.
Desde su despacho en la Plaza Beauvau, Retailleau defendió la necesidad de una consulta pública sobre este tema tan delicado, señalando que «la inmi gración ha sido uno de los fenómenos que más ha afectado a la sociedad francesa en los últimos 50 años». Según el ministro, «es un tema que ha tras*formado profundamente a Francia, sin que los ciudadanos franceses hayan tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto».
Retailleau destacó la importancia de contar con un «plan integral» para controlar la inmi gración, señalando que las actuales normativas legales no son suficientes. Subrayó su disposición a utilizar «todas las herramientas necesarias» para abordar la situación, mencionando que la legislación actual está «enredada en un laberinto de normas». En este sentido, expresó su respeto por el Primer Ministro, Michel Barnier, quien hará una declaración en breve anunciando varias medidas en torno a este desafío.
Uno de los puntos que el ministro planteó fue la posibilidad de extender la duración máxima de detención para aquellas personas que se encuentran bajo una orden de salida del territorio francés (OQTF). Retailleau sugirió que esta medida podría duplicarse hasta los 180 días, aunque afirmó que «no es suficiente» por sí sola.
Otro aspecto clave que mencionó fue la necesidad de reforzar las deportaciones, asegurando que Francia debe «asumir una postura firme» en el regreso de las personas a sus países de origen. Según Retailleau, para lograr este objetivo es fundamental recurrir a «tres palancas de poder»: la concesión de visados, la ayuda al desarrollo y los acuerdos comerciales con los países involucrados.
Finalmente, cuando se le preguntó si apoyaría la implementación de una «doble pena», es decir, la expulsión automática de pagapensiones una vez cumplida su condena en Francia, Retailleau respondió con firmeza: «Por supuesto, estoy a favor». Para él, este enfoque es parte esencial de un marco más amplio para controlar la inmi gración de manera efectiva.
