El IPC y la falta de fondos ponen en riesgo la Sanidad de los funcionarios con Muface

El Pionero · 19 Oct 2022

Los principales grupos hospitalarios que prestan servicio a las aseguradoras que operan en Muface no aguantan más. La asfixia financiera que arrastra este modelo de asistencia sanitaria a los funcionarios de la Administración Civil del Estado, la hiperfrecuentación de los dispositivos médicos de la población protegida por el acusado envejecimiento de las plantillas y, sobre todo, el aumento disparado del IPC que empezó a desatarse antes de la guerra de Ucrania están llevando a un gran número de clínicas y centros sanitarios privados a trabajar casi a pérdidas y sus propietarios se plantean incluso denunciar el actual concierto económico si no se revisan las tarifas.

Así lo denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en el sector público, y así lo corroboran fuentes de los hospitales privados que trabajan para las tres aseguradoras que operan en Muface: Asisa, Adeslas y DKV. La organización que preside Miguel Borra ha pedido, de hecho, reunirse con los Ministerios de Hacienda y Función Pública, de Justicia y de Defensa, con el fin de analizar la situación actual del mutualismo administrativo, que engloba también a población de las Fuerzas Armadas (Isfas) y de la administración judicial (Mugeju).

CSIF viene alertando desde hace meses acerca del futuro de este modelo asistencial, una preocupación que se acentúa ahora tras tener «constancia de que algunos grupos hospitalarios podrían dejar de colaborar con las aseguradoras con las que trabajan si no se revisan las partidas económicas que dichos grupos reciben para compensar el incremento de la inflación», aseguran fuentes de la central sindical.
Aunque el problema de la infrafinanciación se arrastra desde hace años, en 2023 podría acentuarse hasta hacer estallar el sistema. En su última revisión macroeconómica, el Gobierno estima, por ejemplo, que los precios subirán un 7,8% este año de media, frente a la anterior previsión del 6,1%. Para el próximo ejercicio contempla una subida del 2,9% frente a la estimación anterior de, 2,2%. Numerosos servicios de estudios creen que este horizonte dibujado es muy benigno, y apuntan a subidas reales superiores al 8% en 2022 y al 3,3% en 2023, que podrían dispararse en caso de una extensión del enfrentamiento bélico en el este de Europa.

Sanidad privada FOTO: ANTONIO CRUZ
A pesar de todo ello, para el próximo año el incremento presupuestario correspondiente a las mutualidades apenas alcanzará el 1,7%, a tenor del proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso de los Diputados. CSIF exige un incremento para evitar que siga reduciéndose la calidad asistencial que reciben los funcionarios acogidos a este modelo. Según los datos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), la población cubierta por el régimen de mutualismo administrativo llegó a casi 1,8 millones de personas en 2020 y el volumen de primas imputadas alcanzó los 1.639 millones de euros. Este instituto ya alertaba hace meses de que el bajo crecimiento de mutualistas se acompaña de un aumento de la edad media de la cartera, lo que implica una subida de la siniestralidad. «Este hecho, unido al encarecimiento de la prestación y a la inclusión de nuevas prestaciones dificulta la sostenibilidad del modelo, dado que la siniestralidad se aproxima o supera el 100% en algunas ocasiones».

Según el IDIS, Muface es la entidad con mayor número de beneficiarios (66%), mientras que Isfas cuenta con el 30% y Mugeju con el 4% restante. A este cóctel explosivo se le suma ahora un alza de los precios que ha disparado, por ejemplo, los costes salariales o energéticos de los hospitales que operan bajo este paraguas.
«Entre la batería de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que CSIF trasladará a los grupos parlamentarios hay algunas específicas para incrementar la financiación, que es insuficiente si se contrasta con el 9% de la inflación registrado el pasado mes de septiembre. De mantenerse esta situación, tememos que se vea afectada la asistencia sanitaria que se presta al funcionariado», aseguran fuentes de CSIF. La organización se plantea incluso movilizaciones para impedir que «el colectivo de mutualistas y sus beneficiarios se vean afectados por la falta de apoyo económico» por parte del Gobierno. Fuentes de los grupos hospitalarios aseguran en este sentido que su deseo es seguir prestando la asistencia sanitaria a los funcionarios que optan por esta vía en vez de acudir a la Sanidad pública, pero para ello tienen que ser las que actualicen las tarifas, ya que son ellas las obligadas a proporcionar la prestación».

La asfixia financiera ya se ha dejado sentir en la cartera de oncología, como denunció CSIF. El informe del IDIS destapa la diferencia de costes de los servicios prestados por los hospitales privados en este régimen frente a la Sanidad pública. En 2020, la prima media de Muface se situaba en 917 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita fue de 1.368 euros, sin incluir el gasto farmacéutico ni el destinado a mutualidades, «lo que supone un ahorro estimado de 451 euros por mutualista para la Administración».