La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado hoy que el Gobierno impulsará una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que «ajuste y clarifique» la capacidad de veto de las comunidades de vecinos para el establecimiento de
pisos turísticos en su bloque de edificios. La regulación ya permite que las comunidades rechacen por mayoría de tres quintos los pisos turísticos. El Gobierno quiere avanzar en la clarificación de esta capacidad de decisión y que sea necesaria la autorización previa de los vecinos para poder poner un piso en
alquiler turístico. El Gobierno va a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para realizar este «ajuste quirúrgico» en la ley de propiedad horizontal, en palabras de la ministra de Vivienda, un cambio que se restringirá a garantizar este veto de los vecinos ante una actividad que está planteando problemas de convivencia. El Ejecutivo se basa también en sentencias judiciales que han establecido el carácter de actividad económica de los pisos turísticos, lo que exige la autorización de los vecinos.
Por otra parte, el Gobierno tramitará de forma urgente un real decreto ley para que los alquileres de temporada (inferiores a un año normalmente) se incluyan dentro de la plataforma de registro único que el Ejecutivo quiere crear para los alojamientos de corta duración, del que formarán parte los alquileres turísticos, según el reglamento de la Unión Europea por el que se regula el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración a través de plataformas. Este registro único, donde aparecerán todos los alquileres temporales de cualquier tipo que sean publicitados en plataformas, estará en funcionamiento probablemente a finales de 2025 y lo que está por decidir es si hasta entonces se obligará a inscribirlos en los registros que ya existen de comunidades autónomas y ayuntamientos. La finalidad del registro es evitar que existan alquileres ilegales o sin licencia.
Así lo ha trasladado la titular de vivienda tras la reunión con el Grupo de Trabajo sobre la regulación de los alquileres temporales, donde ha detallado que el Ejecutivo recogerá también en este real decreto las condiciones que han de cumplirse para que los alquileres temporales acrediten la causalidad a la hora de formalizar el contrato y, de esta manera, justificar que realmente «el contrato se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el desarrollo de la vida ordinaria».
