El PSOE estrena en Castilla-La Mancha la expropiación de fincas: podrán quedarse las que no acrediten "función social"
Según la enmienda, toda finca rústica que no pueda acreditar su "función social" podrá ser expropiada por el Gobierno.
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31/3/2023 - 18:05
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngEl presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la inauguración de la señalización turística en Almansa. | Europa Press
Una enmienda incorporada a la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra en Castilla-La Mancha ha convertido la norma regional en una bomba de relojería contra la propiedad privada y en todo un laboratorio de experimentación de las expropiaciones bolivarianas en la comunidad gobernada por Emiliano García-Page. El cambio de última hora supone que toda finca rústica que no pueda acreditar su "función social" podrá ser expropiada por el Gobierno. Esto se traduce en que todas las fincas, agrícolas, ganaderas o de recreo, quedan a expensas de que el Gobierno de Page considere que no alcanzan el nivel esperado de "función social".
El cambio se ha colado en el "artículo 29. Declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra". El texto señala que "a efectos de lo establecido en esta ley, la Consejería podrá acordar respecto a una parcela o fina rústica la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra, por su infrautilización".
El texto ya señala que "se considerará incumplida la función social del uso de la tierra, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, si una parcela o finca rústica ha permanecido en el inventario del suelo infrautilizado previsto en el artículo 27.5 y 6 de esta ley durante dos años consecutivos". Es más, "la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra podrá afectar al derecho de propiedad de la parcela o fina rústica afectada, o sólo al usufructo de la misma". Es decir, a lo que decida el Gobierno en cada momento. Se acabó cualquier rastro de seguridad jurídica.
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El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha confirmado a Libertad Digital que derogará la Ley de Agricultura Familiar en cuanto llegue al Gobierno de Castilla-La Mancha. Para el PP "ésta ha sido la última norma aprobada por el Ejecutivo de Page con la que se permite la expropiación de tierras". Para Núñez, resulta de una extrema gravedad que "el último pleno de la legislatura haya servido para elevar el episodio de deterioro al que el socialismo quiere conducir a Castilla-La Mancha. Lejos de alejarse del sanchismo, el PSOE de Page lo que ha hecho es acercarse más a las posturas de Sánchez y Podemos". "Ha abrazado el comunismo para aprobar esta Ley que es rancia y peligrosa", ha concluido.
El PP destaca que "el PSOE, en solitario, ha aprobado la expropiación de tierras en Castilla-La Mancha, basándose en un supuesto "incumplimiento de función social". Esto es un atentado contra la propiedad privada sin precedentes perpetrado por el PSOE de Page, que supone un giro a la izquierda radical para agradar a Sánchez". Núñez añade: "¿Quién es el Gobierno de Page para decidir si una tierra que es de uno de nuestros paisanos tiene poco uso o no tiene un fin social y decide quitársela?".
Sánchez dispara otro 10,6% el cobro del IRPF en el arranque del año y rebaña a los españoles 2.437 millones más
Los aumentos nominales del sueldo significan un mayor golpe fiscal por el IRPF a los nóminas de los contribuyentes.
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31/3/2023 - 06:35
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reflejado en el objetivo de una cámara. | Europa Press
Pedro Sánchez ha asegurado año tras año a lo largo de su mandato que los trabajadores no iban a pagar más en impuestos. Evidentemente no ha sido así. Pero durante el momento más duro a efectos de pérdida de poder adquisitivo por parte de los ciudadanos la política del Gobierno ha sido especialmente sangrante: en el año 2022 en el que los precios no han dejado de dispararse, Sánchez ha recaudado por todos los impuestos 32.078 millones de euros más –sólo en IRPF, 14.939 millones más–. Y en el arranque del año, en sólo dos meses y sólo en concepto de ese mismo Impuesto de la Renta que decía que nunca subiría a los trabajadores, el saqueo tributario le ha costado a los contribuyentes españoles otros 2.437 millones.
Los informes de la Agencia Tributaria (AEAT) señalan que "en el conjunto de enero y febrero los ingresos homogéneos por el IRPF crecieron un 10,6%". Los cierto es que las cifras sin homogeneizar son aún más sangrantes: han subido un 11,8% y sólo en dos meses Hacienda ya ha recaudado en concepto de IRPF un total de 23.127 millones de euros cuando en el mismo periodo del año pasado –y ya con una subida de recaudación más que sensible– ingresó 20.690 millones de euros.
La realidad es que enero y febrero de 2023 han comenzado igual que el resto del mandato de Pedro Sánchez: como escaladas fiscales. "En esta figura y también en el conjunto de los ingresos, destaca el intenso crecimiento de las retenciones del trabajo y actividades económicas", señala en sus informes la AEAT. "La mayor parte del aumento de los ingresos procede de estas retenciones, aunque también tuvieron un comportamiento favorable las retenciones del capital mobiliario, los ingresos netos de la declaración anual y los pagos fraccionados de las empresas personales. El adelanto de la liquidación de la Asignación a la Iglesia Católica (que se hizo en diciembre) también aporta al crecimiento de la recaudación", añade Hacienda. En resumen, prácticamente todo contribuye a que el Gobierno vacíe más los bolsillos de los ciudadanos.
Saqueo fiscal de Sánchez
"Las retenciones por rendimientos del trabajo y actividades económicas crecieron en febrero un 11,3% y, junto con enero, aumentaron un 11%. La tasa del mes no es muy diferente a la que se observaba en la parte final de 2022 (sin contar el mes de diciembre, condicionado por la paga adicional a los empleados públicos)", añaden los informes de la Agencia Tributaria.
"La información de las Grandes Empresas a población constante indica que el incremento salarial en el primer mes del año habría superado el 5% (5,3%) frente al 3,7% con el que se cerró el año 2022", destaca Hacienda. Lo cierto es que esa subida no compensa la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Pero Hacienda lo festeja porque, al no haber decidido Sánchez negarse a deflactar el IRPF, todos esos aumentos nominales del sueldo –que no a efectos de poder adquisitivo comparado– significan un mayor golpe fiscal por el IRPF a los nóminas de los contribuyentes.
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"En las pensiones, si, para evitar el efecto de comparación, las retenciones se comparan con las de un mes normal medio de 2022, el crecimiento sería de casi el 21% (en 2022 el aumento fue del 17% prácticamente en todos los meses)", añade Hacienda. Toda una explicación a tener en cuenta por los pensionistas que se pensaban que con la subida del IPC medio del año escapaban a la pérdida de poder adquisitivo.
Y, "por su parte, en la parte salarial, dada la subida adicional que tuvo lugar a finales de 2022, la comparación conviene hacerla frente al conjunto del año 2022. En ese caso lo que se observa es que en febrero las retenciones crecieron en el entorno del 10%, 3 puntos más que en 2022".
Según la enmienda, toda finca rústica que no pueda acreditar su "función social" podrá ser expropiada por el Gobierno.
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31/3/2023 - 18:05
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngEl presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la inauguración de la señalización turística en Almansa. | Europa Press
Una enmienda incorporada a la Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra en Castilla-La Mancha ha convertido la norma regional en una bomba de relojería contra la propiedad privada y en todo un laboratorio de experimentación de las expropiaciones bolivarianas en la comunidad gobernada por Emiliano García-Page. El cambio de última hora supone que toda finca rústica que no pueda acreditar su "función social" podrá ser expropiada por el Gobierno. Esto se traduce en que todas las fincas, agrícolas, ganaderas o de recreo, quedan a expensas de que el Gobierno de Page considere que no alcanzan el nivel esperado de "función social".
El cambio se ha colado en el "artículo 29. Declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra". El texto señala que "a efectos de lo establecido en esta ley, la Consejería podrá acordar respecto a una parcela o fina rústica la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra, por su infrautilización".
El texto ya señala que "se considerará incumplida la función social del uso de la tierra, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, si una parcela o finca rústica ha permanecido en el inventario del suelo infrautilizado previsto en el artículo 27.5 y 6 de esta ley durante dos años consecutivos". Es más, "la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra podrá afectar al derecho de propiedad de la parcela o fina rústica afectada, o sólo al usufructo de la misma". Es decir, a lo que decida el Gobierno en cada momento. Se acabó cualquier rastro de seguridad jurídica.
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El PP destaca que "el PSOE, en solitario, ha aprobado la expropiación de tierras en Castilla-La Mancha, basándose en un supuesto "incumplimiento de función social". Esto es un atentado contra la propiedad privada sin precedentes perpetrado por el PSOE de Page, que supone un giro a la izquierda radical para agradar a Sánchez". Núñez añade: "¿Quién es el Gobierno de Page para decidir si una tierra que es de uno de nuestros paisanos tiene poco uso o no tiene un fin social y decide quitársela?".
Sánchez dispara otro 10,6% el cobro del IRPF en el arranque del año y rebaña a los españoles 2.437 millones más
Los aumentos nominales del sueldo significan un mayor golpe fiscal por el IRPF a los nóminas de los contribuyentes.
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31/3/2023 - 06:35
https://s.libertaddigital.com/images/tras*.pngEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reflejado en el objetivo de una cámara. | Europa Press
Pedro Sánchez ha asegurado año tras año a lo largo de su mandato que los trabajadores no iban a pagar más en impuestos. Evidentemente no ha sido así. Pero durante el momento más duro a efectos de pérdida de poder adquisitivo por parte de los ciudadanos la política del Gobierno ha sido especialmente sangrante: en el año 2022 en el que los precios no han dejado de dispararse, Sánchez ha recaudado por todos los impuestos 32.078 millones de euros más –sólo en IRPF, 14.939 millones más–. Y en el arranque del año, en sólo dos meses y sólo en concepto de ese mismo Impuesto de la Renta que decía que nunca subiría a los trabajadores, el saqueo tributario le ha costado a los contribuyentes españoles otros 2.437 millones.
Los informes de la Agencia Tributaria (AEAT) señalan que "en el conjunto de enero y febrero los ingresos homogéneos por el IRPF crecieron un 10,6%". Los cierto es que las cifras sin homogeneizar son aún más sangrantes: han subido un 11,8% y sólo en dos meses Hacienda ya ha recaudado en concepto de IRPF un total de 23.127 millones de euros cuando en el mismo periodo del año pasado –y ya con una subida de recaudación más que sensible– ingresó 20.690 millones de euros.
La realidad es que enero y febrero de 2023 han comenzado igual que el resto del mandato de Pedro Sánchez: como escaladas fiscales. "En esta figura y también en el conjunto de los ingresos, destaca el intenso crecimiento de las retenciones del trabajo y actividades económicas", señala en sus informes la AEAT. "La mayor parte del aumento de los ingresos procede de estas retenciones, aunque también tuvieron un comportamiento favorable las retenciones del capital mobiliario, los ingresos netos de la declaración anual y los pagos fraccionados de las empresas personales. El adelanto de la liquidación de la Asignación a la Iglesia Católica (que se hizo en diciembre) también aporta al crecimiento de la recaudación", añade Hacienda. En resumen, prácticamente todo contribuye a que el Gobierno vacíe más los bolsillos de los ciudadanos.
Saqueo fiscal de Sánchez
"Las retenciones por rendimientos del trabajo y actividades económicas crecieron en febrero un 11,3% y, junto con enero, aumentaron un 11%. La tasa del mes no es muy diferente a la que se observaba en la parte final de 2022 (sin contar el mes de diciembre, condicionado por la paga adicional a los empleados públicos)", añaden los informes de la Agencia Tributaria.
"La información de las Grandes Empresas a población constante indica que el incremento salarial en el primer mes del año habría superado el 5% (5,3%) frente al 3,7% con el que se cerró el año 2022", destaca Hacienda. Lo cierto es que esa subida no compensa la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Pero Hacienda lo festeja porque, al no haber decidido Sánchez negarse a deflactar el IRPF, todos esos aumentos nominales del sueldo –que no a efectos de poder adquisitivo comparado– significan un mayor golpe fiscal por el IRPF a los nóminas de los contribuyentes.
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"En las pensiones, si, para evitar el efecto de comparación, las retenciones se comparan con las de un mes normal medio de 2022, el crecimiento sería de casi el 21% (en 2022 el aumento fue del 17% prácticamente en todos los meses)", añade Hacienda. Toda una explicación a tener en cuenta por los pensionistas que se pensaban que con la subida del IPC medio del año escapaban a la pérdida de poder adquisitivo.
Y, "por su parte, en la parte salarial, dada la subida adicional que tuvo lugar a finales de 2022, la comparación conviene hacerla frente al conjunto del año 2022. En ese caso lo que se observa es que en febrero las retenciones crecieron en el entorno del 10%, 3 puntos más que en 2022".
