La sentencia asegura que las denuncias que resultaron ser falsas son un "inverosímil relato plagado de insidiosas imputaciones". La primera de ellas se presentó el 23 de octubre de 2000 y cuatro días después fue archivada por defecto de forma por el juzgado al que le correspondió sin entrar a valorar el fondo del asunto, ya que se trataba de personas aforadas. El 29 de noviembre de 2000 Royuela volvió a la carga "guiado por el mismo propósito de desdén a la verdad", asegura la sentencia. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no sólo archivó el caso sino que dedujo testimonio al juzgado de guardia por si los hechos fuesen delictivos. Finalmente, el 27 de junio de 2001 Royuela repitió la misma denuncia ante el Tribunal Supremo, que volvió a archivarla al cabo de tres semanas y también instó a la justicia a que le investigara por denuncia falsa.