El diario “Le Figaro” ve como “responsable” de la Guerra Civil a la izquierda

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el mundo



Actas con raspaduras y dígitos cambiados para añadir más votos que los reales a los candidatos del Frente Popular en Jaén, donde hubo urnas con más votos que votantes; recuento adulterado gravemente en La Coruña; fraude en Cáceres, Valencia -con escrutinios a puerta cerrada sin testigos- o Santa Cruz de Tenerife, donde "la victoria oficiosa del centro-derecha se convirtió en un corto triunfo del FP, que se anotó los cuatro escaños de las mayorías; desvíos de votos en Berlanga, Don Benito y Llerena para perjudicar a la CEDA... Al menos el 10% del total de los escaños repartidos (lo que supone más de 50) no fue fruto de una competencia electoral en libertad, sostienen Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, los autores de '1936: Fraude y Violencia'. El libro supone, según el historiador Stanley G. Payne, "el fin del último de los grandes mitos políticos del siglo XX". "España se ha vuelto Coruña", dejó escrito Niceto Alcalá-Zamora para referir cómo se generalizó lo ocurrido en La Coruña, que para el ex presidente de la República ejemplificaba "esas póstumas y vergonzosas rectificaciones" acontecidas con las actas electorales. Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude,las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno.

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Ilustración realizada a partir de un cartel del PCE, obra de Josep Renau, de 1938
Tras un meticuloso empeño detectivesco, consultar y desempolvar los archivos y actas, una a una, de cada provincia, además de otras fuentes primarias -memorias y prensa-, los prestigiosos historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han reconstruido, casi minuto a minuto, el relato del recuento de las últimas elecciones generales anteriores a la Guerra Civil. Y publican, por primera vez, tras consultar todas las actas, los resultados oficiales de las elecciones del 16 de febrero de 1936, que pasaron a la historia como las de la gran victoria del Frente Popular y situaron a Manuel Azaña al frente del Gobierno de la II República. No sólo confirman que la derecha se impuso por 700.000 votos en el conjunto de España, sino que explican los casos más escandalosos de fraude.

Vuelcos increíbles y recuentos de papeletas interrumpidas. Papeletas que aparecen a última hora, en bloque y a veces en sobres abiertos, para decantar el resultado en una mesa. Otras con tachaduras, borrones y raspaduras... En La Coruña, Orense, Cáceres, Málaga, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Granada o Cuenca ocurrieron cosas muy raras. Todas influidas por una circunstancia sabida pero que ha pasado relativamente desapercibida: en mitad del recuento -que ocupaba varios días- dimitió el Gobierno de Portela -a quien los autores responsabilizan en gran parte del desaguisado-. El nuevo Gobierno, "sólo de Azaña", como diría el presidente de la República, Alcalá Zamora, para subrayar que lo integraban figuras secundarias de la Izquierda Republicana y Unión Republicana, condicionó las horas decisivas del escrutinio.

Las elecciones de febrero de 1936 fueron limpias; la campaña, muy sucia. Se cerró, precisan los autores, con 41 muertos y 80 heridos de gravedad. La violencia se instaló en las calles y los comicios adquirieron un carácter plebiscitario en un ambiente viciado, radicalizado, polarizado y caníbal. Fueron unos comicios en pie de guerra en los que parecía ventilarse el futuro de la República.

Ahora el libro de los historiadores y expertos en el periodo Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, que recogen en la obra 1936. Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa), descubre la verdad de lo ocurrido. Se trata de una mastodóntica y absolutamente novedosa investigación que, como subraya el hispanista Stanley Payne, pone fin a uno de los "grandes mitos políticos del siglo XX».

Porque los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (Álvarez imparte allí Historia del Pensamiento Político y Villa, Historia Política) desmontan leyendas construidas en torno a la victoria de las izquierdas. Lo que sucedió durante los días posteriores a la votación no fueron manifestaciones de entusiasmo, celebración y alborozo de simpatizantes del Frente Popular, sino prácticas coactivas y de intimidación organizadas e instigadas por las autoridades interinas provinciales, que aprovecharon el cambio repentino de Gobierno el día 19. Se extendieron por todo el país, generaron un clima de inseguridad jurídica en torno al recuento e influyeron en los resultados finalmente admitidos.

Los autores, además de publicar por vez primera los resultados oficiales de aquellas elecciones, identifican los casos de fraude, falseamiento y manipulación. Detallan caso a caso, vuelcos inexplicables y recuentos interrumpidos; papeletas que aparecen a última hora, en bloque, para decantar el resultado en una mesa y otras con tachaduras, borrones y raspaduras. Demuestran que algo más del 10% del total de escaños de esas nuevas Cortes, más de 50, no fue fruto de una libre competencia electoral.

Nunca hubo un acta única con los resultados oficiales. Las Juntas Provinciales informaban del recuento a la Central, que lo trasladaba al Congreso. El cómputo final debía aparecer en los anuarios estadísticos del año siguiente. No fue así. Hasta el momento, los historiadores hacían proyecciones sobre la base de la relación entre las cifras publicadas en prensa y la asignación final de escaños.

El fraude fue directamente promovido o pasivamente respaldado por las autoridades provinciales interinas del Frente Popular, que obraron con total impunidad y pudieron hacerse con la documentación electoral tras el cambio de Ejecutivo, hecho que propició la dimisión de los gobernadores civiles y presidentes de Diputación o simplemente su expulsión o detención -en algunos casos para preservar "su seguridad"-. Por supuesto, la ola de violencia desatada entre los días 16 y 19 precipitó los acontecimientos. En algunos lugares los alborotadores obligaron a las autoridades de un hospital de leprosos a dejar marchar a los enfermos.

Las elecciones se falsearon fundamentalmente en mesas de Málaga y Santa Cruz de Tenerife, donde hubo de repetirse la votación. Aunque sin la fiscalización y presencia de apoderados de centristas y representantes de las derechas. Fueron, según se desprende del nuevo libro, una auténtica farsa.

El día 20 debían abrirse de nuevo 57 colegios de la capital malacitana. Se disputaban nada menos que 29.000 votos. Los resultados del día 16 favorecieron con holgura al FP. Por eso resulta un misterio que la coalición cambiara de candidato (práctica legal), el socialista Luis Dorado, que tenía que sacar 13.000 votos de diferencia respecto del cedista para asegurar su escaño. Militantes del FP ocuparon en la víspera la sede del Gobierno Civil y sustituyeron al gobernador por un concejal afín. Lo mismo hicieron en el Ayuntamiento y la Diputación. El nuevo gobernador clausuró las sedes de la CEDA y Falange y detuvo a varios afiliados. Finalmente, el cedista Emilio Hermida retiró su candidatura (lo que no impedía que fuera votado). Hubo disturbios y tiroteos, pero votó todo el mundo: unos 29.000 censados. Casi 28.000, al socialista Dorado.

En Santa Cruz de Tenerife el triunfo parecía asegurado para el representante de centro-derecha, que llevaba, según el Gobierno Civil y a falta de abrir los últimos colegios, una ventaja de 11.000 votos. El centrista Félix Benítez de Lugo,dándose por vencedor, pidió el voto por las candidaturas republicanas para frenar a socialistas y comunistas (el sistema electoral era de lista y mayoritario en circunscripciones plurinominales).

El día 19 se produjo un giro inesperado: candidatos del FP invitaron al gobernador a dejar su puesto. La razón era sencilla: no tenía sentido que siguiera en él si su Gobierno había dimitido. Ugetistas, cenetistas y miembros del FP exigieron a Azaña en varias ciudades la apertura de cárceles para liberar a los "presos sociales" y la entrega a las izquierdas de los ayuntamientos, esto último para impedir que la derecha alterase los resultados. El día 20 se declaró el estado de guerra en la ciudad. El candidato radical se retiró. Proclamada una huelga general, las elecciones no se celebraron. No obstante, en ocho de nueve colegios aparecieron las papeletas del FP: 3.700 votos fantasma que contribuyeron, junto con otras manipulaciones de las actas, a dar un vuelco al resultado de la provincia.

También tenían que votar el día 20 los electores del pueblo jienense de Alcaudete. Acudieron a las urnas mientras la Junta Provincial procedía al escrutinio. Total, que las izquierdas se impusieron en ese feudo de tradición conservadora por 599 a 0. En Linares aparecieron urnas sin precintar y en cinco de la provincia había más votos que votantes censados. Asimismo, en Valencia, La Coruña o Cáceres se rompieron o interceptaron urnas.

En Valencia las fuerzas estaban igualadas. El cambio de Gobierno precipitó un aparatoso recuento de 21 municipios: las izquierdas ganaron por 400 votos, los suficientes. La Junta Provincial se negó a un recuento oficial, porque "ya se había hecho a puerta cerrada".

En La Coruña el cómputo se prolongó hasta el día 24: los resultados de 188 actas no se correspondían con las certificaciones de las mesas. "España se ha vuelto Coruña", escribió Alcalá Zamora. Allí las autoridades interinas exigieron la presentación inmediata de las actas de 56 colegios y amenazaron con una huelga general si no se encontraba una solución "satisfactoria para las izquierdas".Los candidatos de las derechas fueron arrestados por un día acusados de fraude.

Y en siete municipios de Cáceres la documentación llegó a la Junta Provincial con el lacrado roto y los sobres abiertos. En cinco mesas desapareció el acta de la votación. Los investigadores ilustran con muchos ejemplos de maniobras similares que el cambio de autoridades modificó el reparto final de escaños. Interrumpieron el recuento donde la contienda estaba más ajustada.

El día 20, cuando se reunían las Juntas Provinciales, el procedimiento para introducir confusión fue parecido en muchos sitios: las izquierdas denunciaban a las derechas por manipulación y fraude, impugnaban los resultados e incluso detenían a sus representantes. Hasta ese momento, la mayoría del FP sólo se daba "por supuesta".

El propio Portela, cuyo escaño por Pontevedra estaba en el aire, rehusó avanzar resultados antes del día 20. Algunas embajadas adelantaban el día 18 un empate, lo cual convertía en decisiva la segunda vuelta, que a la postre fue irrelevante, a pesar de tener que realizarse en un buen número de provincias. Las izquierdas pusieron en marcha su aparato propagandístico: el FP "no se dejaría arrebatar la victoria"; "¿Tienen el mismo valor, políticamente, el medio millón de sufragios logrados en Madrid y Barcelona que los 50.000 arrancados a los campesinos palentinos por el caciquismo?". Las consignas del PCE iban dirigidas al nuevo Gobierno, cuyo deber era ajustar las Cortes, "desembarazadas de impurezas", a las preferencias electorales, que nada tenían que ver con las de "un capitán de industria como March".

Las izquierdas no estaban dispuestas a admitir un escrutinio que no les otorgara la victoria. Según el estado de opinión que se creó, partiendo con la ventaja adquirida, cualquier vuelco durante el escrutinio era fraudulento. El FP se impondría en número de escaños, pero estaba en juego la mayoría parlamentaria suficiente: 240 asientos.

¡Bingo!, obtuvieron más de 50 escaños de manera dudosa. Los números salieron tras el cambio de Gobierno, pues antes de esa fecha y en los dos primeros días de recuento, los datos de Alcalá Zamora, Azaña y el embajador británico coincidían: entre 216 y 217 diputados para el FP. Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno. En total había 473 escaños en liza.

El Gobierno de Azaña era legal y legítimo, pues correspondía al presidente disolver y nombrar otro, pero su "inteligencia política" no sale bien parada. Este libro precisa todo lo que ocurre en esos cuatro días. El 19 lo cambió todo. Tras la "huida" de Portela, el FP se hizo con el poder local, hecho decisivo para condicionar el recuento y crear una atmósfera intimidatoria. Los desórdenes no se produjeron como reacción a los rumores de golpe sino para asegurar una mayoría parlamentaria al FP. El Estado de Derecho quedó de facto suspendido.

La tarea que han hecho Tardío y Villa es prodigiosa. Para demostrar el fraude han seguido un escrupuloso método de verificación de los aspectos legales y formales de las elecciones. Después han comparado votos escrutados en las mesas y los resultados proclamados por las juntas -aquí está la progenitora del cordero del falseamiento-. Y por último, han analizado la justificación de las impugnaciones.

Han sido más de cinco años de investigación. No recurren a documentos secretos. Todos son públicos. Había que expurgarlos, ordenarlos y construir el puzle. La mayoría de los papeles no habían sido consultados antes. Los autores han recorrido España y han escudriñados los archivos del Foreign Office, el Quai d'Orsay y el archivo del Vaticano para contar desde distintos ángulos seis meses decisivos en la historia de España, desde diciembre de 1935 hasta la primavera del 36.

Los autores testan la calidad democrática de la República y sostienen que la CEDA resistió electoralmente. Demuestran que había una sólida base sociológica para construir una República inclusiva. Por desgracia, sostienen en conversación con Crónica, "la estrategia del Frente Popular en la discusión de las actas en el Congreso y el hecho de que la izquierda republicana, con Azaña a la cabeza, no se plantara ante el radicalismo socialista, fue lo que una vez más dinamitó los puentes de diálogo con la oposición conservadora. Eso constituyó un duro golpe para la consolidación de la joven democracia republicana". En todo caso, no dan pábulo a las tesis revisionistas que proyectan determinados acontecimientos sobre el Golpe del 36. Cuentan hechos desnudos, con máximo rigor y sin prejuicios. Muy pocas veces se puede decir de un libro que es definitivo. 1936. Fraude y Violencia lo es.
Fue un golpe de estado descarado de los gente de izquierdas para instaurar la I República soviética española.
 
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La Motorizada’: un grupo armado del PSOE implicado en varios asesinatos

En esos crímenes actuaron varios miembros de un grupo armado del PSOE, conocido como “La Motorizada”, que hacía labores de escolta de dirigentes socialistas como Indalecio Prieto. El nombre de ese grupo se debía a que montaban en motocicletas, entre ellas algunas Harley-Davidson americanas, un lujo para la España de la época. La violencia era algo tan habitual en las filas del PSOE que llegaron a montar tiroteos entre distintos sectores del partido.

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Miembros de ‘La Motorizada’ en febrero de 1937. Se distinguen las culatas de cuatro armas largas sobresaliendo de los manillares de las motos (Foto: Abc.es).
Uno de los miembros más destacados de ese grupo armado del PSOE era José del Castillo Sáenz de Tejada, teniente de la Guardia de Asalto, un cuerpo policial con muchos agentes afines a la izquierda, e instructor militar de “La Motorizada”. El 14 de abril de 1934, él y sus hombres disolvieron a tiros un cortejo fúnebre que portaba los restos de un guardia civil asesinado por la izquierda. Como consecuencia de sus disparos, fueron asesinados el falangista Andrés Sáenz de Heredia y el carlista José Luis Llaguno Acha. Algunos señalaron que el propio Teniente Castillo fue el responsable de los disparos que causaron esas muertes. En venganza por aquello, unos pistoleros asesinaron a Castillo el 12 de julio de 1936 (algunas fuentes señalan a falangistas y otras a carlistas).

La ola de violencia que desató la izquierda tras su llegada al poder

La situación en España era muy violenta desde años antes. Cumpliendo las amenazas de Largo Caballero provocar una “guerra civil”, el PSOE había encabezado un sangriento golpe de Estado en octubre de 1934, que tuvo su epicentro en Asturias y en el que los socialistas y sus aliados asesinaron a 33 sacerdotes y religiosos y a 300 militares y miembros de las fuerzas del orden, además de destruir 17 iglesias, 40 edificios religiosos y docenas de fábricas, puentes, casas y edificios públicos. En febrero de 1936, la izquierda ganó las elecciones con la ayuda de un fraude electoral, y una de las primeras cosas que hizo fue indultar a los golpistas y sacarlos de la guandoca.

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El número 7.726 de “El Socialista”, el periódico oficial del PSOE, publicado el 9 de noviembre de 1933, unos días antes de las elecciones en las que ganó el centro-derecha. La portada recoge un discurso del entonces presidente del PSOE, Francisco Largo Caballero, amenazando con una revolución violenta y afirmando: “Estamos en plena guerra civil”.
Esa amnistía descarada contra los responsables de un golpe de Estado era toda una llamada a la violencia. Y fue lo que ocurrió. El 16 de junio de 1936, José María Gil Robles, jefe del partido mayoritario de la oposición (la CEDA), expuso en las Cortes los actos de violencia cometidos por la izquierda en los meses previos:“desde el 16 de febrero hasta el 15 de junio último un resumen numérico arroja los siguientes datos: iglesias totalmente destruidas, 160; asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos e intentos de asalto, 251; muertos, 269; heridos de diferente gravedad, 1.287; agresiones personales frustradas o cuyas consecuencias no constan, 215; atracos consumados, 138; tentativas de atracos, 23; centros políticos y particulares destrozados, 69; idem asaltados, 312; huelgas generales, 113; huelgas parciales, 228; periódicos totalmente destruidos, 10; asaltos a periódicos e intentos de asaltos y destrozos, 33; bombas y petardos que estallan, 146; recogidos sin estallar, 78″.

Las amenazas de fin de la izquierda contra alopécico Sotelo en las Cortes

Ese mismo día, y después de esa intervención de Gil Robles, tomó la palabra el diputado José alopécico Sotelo, líder del partido derechista Renovación Española, que señaló la responsabilidad del gobierno ante esos desórdenes expuestos por el líder de la CEDA. alopécico Sotelo, que posiblemente ya estaba amenazado de fin, plantó cara a la izquierda: “Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: ‘Señor, la vida podéis quitarme pero más no podéis. Y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio’.

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José alopécico Sotelo, líder del partido derechista Renovación Española, en una foto de 1930
Para que nos hagamos una idea del nivel de matonismo de la izquierda en aquel momento, en esa misma sesión parlamentaria, la diputada comunista Dolores Ibárruri, “La Pasionaria”, sentenció a alopécico Sotelo: “Este hombre ha hablado por última vez”. No fue la última amenaza pública que recibió el dirigente de Renovación Española. El 1 de julio, también en las Cortes, el diputado socialista Ángel Galarza dijo a José alopécico Sotelo: “Pensando en Su Señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida”. Significativamente, en 1931 Galarza había sido el creador de la Guardia de Asalto, el cuerpo policial del que formaba parte el teniente Castillo.

El secuestro de alopécico Sotelo por la Guardia de Asalto y ‘La Motorizada’

El asesinato de Castillo, una venganza por un crimen cometido por él y sus hombres, dio paso a una nueva venganza por parte de un grupo de guardias de asalto y miembros de “La Motorizada”. En la noche del 12 al 13 de julio, acudieron en una camioneta de la Guardia de Asalto, la número 17, al domicilio del dirigente de Renovación Española Antonio Goicoechea y, después, al del líder de la CEDA, Gil Robles. El objetivo de esas visitas era secuestrarlos y asesinarlos en venganza por la fin de Castillo, pero ninguno de los dos estaban en sus casas en ese momento. Así que ese grupo de guardias de asalto y de matones del PSOE fueron al domicilio de José alopécico Sotelo.

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La camioneta nº17 de la Guardia de Asalto, en la que miembros de ese cuerpo policial y del grupo armado “La Motorizada” del PSOE se llevaron a alopécico Sotelo, sentándolo en el tercer banco. El socialista Luis Cuenca Estevas, miembro de “La Motororizada”, estaba sentado en el cuarto banco de esta camioneta cuando mató al diputado de un disparo en la nuca.
Llegaron allí a las tres de la madrugada. A alopécico Sotelo le dijeron que le llevaban detenido a la Dirección General de Seguridad. El diputado se indignó y contestó: “¿Detenido? ¿Pero por qué? ¿Y mi inmunidad parlamentaria? ¿Y la inviolabilidad de domicilio? ¡Soy Diputado y me protege la Constitución!” Para tranquilizar a alopécico Sotelo, un miembro del grupo de matones socialistas se identificó como miembro de la Guardia Civil, cuerpo al que el diputado había defendido en las Cortes. alopécico Sotelo se despidió de su familia y prometió llamar en cuanto pudiese, “a no ser que estos señores se me lleven para darme cuatro tiros”. Los testigos señalan que el diputado bajó a la calle tranquilo, vistiendo un traje gris y un sombrero del mismo tonalidad. Lo sentaron en el tercer banco de la camioneta.

El asesinato del diputado de un colleja

La camioneta número 17 se encaminó entonces hacia la Dirección General de Seguridad. Por el camino, sus captores le echaron la chaqueta americana hacia atrás, para inmovilizar a alopécico Sotelo y que no pudiese defenderse. Finalmente, un socialista que estaba sentado en el cuarto banco de la camioneta, Luis Cuenca Estevas, miembro de las juventudes del PSOE y de “La Motorizada”, disparó un colleja al diputado, con salida por el ojo izquierdo y pérdida de masa encefálica, según dictaminaron los forenses, doctores Piga y Águila, en la autopsia realizada en la mañana del día 14.

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El cuerpo de José alopécico Sotelo, tal como fue abandonado por sus asesinos a las 4:00 de la madrugada del 13 de julio de 1936 en el Cementerio del Este, en Madrid.
El cuerpo sin vida de alopécico Sotelo fue abandonado a las 4:00 de la madrugada del 13 de julio en el depósito del Cementerio del Este, en Madrid. Los guardias de asalto dijeron a los vigilantes del cementerio que el muerto era un sereno y que había sido asesinado en un atentado, y que más tarde enviarían la documentación del fallecido. Al comprobar que el muerto no llevaba encima documentación, los vigilantes llamaron al Juez de Guardia, que no acudió al cementerio hasta el mediodía del 13 de julio, cuando la noticia del asesinato ya circulaba por toda la ciudad de Madrid.

La inacción del gobierno contra sus autores de ese crimen de Estado

Aquel asesinato era un hecho gravísimo. alopécico Sotelo era uno de los líderes de la oposición parlamentaria, y algunos de los autores del crimen eran policías al servicio de un gobierno de izquierdas, un gobierno del Frente Popular (del que el PSOE formaba parte) encabezado por Santiago Casares Quiroga, miembro de Izquierda Republicana. El propio autor del asesinato, Luis Cuenca, comunicó al editor de “El Socialista” (el periódico del PSOE), Julián Zugazagoitia, lo que habían hecho, y éste dijo: “Ese atentado es la guerra”.
https://www.outono.net/elentir/2022...a-que-hizo-estallar-la-guerra-civil-espanola/

Esto no se va enseñar en la escuela, ni en cine y series de tv de titiriteros...
Un centro-derecha fistro que permite el blanqueamiento de socialistas golpistas y guerracivilistas ...
 
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