El ex presidente de la Junta de Andalucía y actual ministro de Política Territorial y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, estaba al tanto de corrupción de Mercasevilla antes de que saliera a la luz pública. Según una información exclusiva de la revista Época, dos empresarios —que habían sido supuestamente víctimas de un soborno por parte de los directivos de Mercasevilla— informaron a Chaves, a través de un intermediario, de lo que estaba ocurriendo. Además, en declaraciones del portavoz del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, el ex presidente de la Junta conocía “de primera mano” la trama de corrupción.
Los empresarios que pusieron en conocimiento de Chaves toda la trama fueron, según la publicación, el dueño del grupo de hostelería La Raza, Pedro Sánchez Cuerda, y su socio José Ignacio de Rojas. Ambos explicaron a un hombre de la confianza de Chaves, con el que mantenían buena relación desde hacía años, lo que estaba ocurriendo. Este intermediario —“dirigente socialista”, según Época— les recomendó que recabaran alguna prueba y les instó a grabar futuras conversaciones. La información publicada, firmada por Javier Mesones, explica que en la siguiente reunión de los dos empresarios con los máximos directivos de Mercasevilla —el director general, Fernando Mellet, y el director adjunto, Daniel Ponce— los primeros grabaron más de una hora de conversación.
En esta reunión, continúa la revista, los dos directivos exigieron a los empresarios el pago de comisiones como condición para poder desarrollar en las instalaciones de Mercasevilla el proyecto Escuela de Hostelería, para el cual la Fundación Mercasevilla ya había recibido una subvención extraordinaria de 900.000 euros por parte de la Junta de Andalucía. A cambio de adjudicar el proyecto a los dos empresarios, Mellet y Ponce les pedían 450.000 euros. Los responsables de Mercasevilla, para cobrar la comisión, exigían que se realizase en dos pagos. Uno de 300.000 euros, que se llevaría a cabo en metálico, en un maletín, y otro —de 150.000 euros— que “se disfrazaría” en forma de obras y gestiones para asegurar la toma de electricidad de la Escuela de Hostelería.
De este modo, el 3 de febrero de 2009 —continúa el reportaje—, cuando Chaves era aún presidente de la Junta, Sánchez Cuerda y De Rojas —los dos empresarios— pusieron a disposición de la Junta de Andalucía la grabación y la Consejería de Presidencia afirma que la trasladó a la Fiscalía nueve días más tarde. En este tiempo, tanto Chaves como Monteseirín “miran para otro lado” y, sólo cuando sale a la luz pública, el alcalde de Sevilla, supuestamente, ordena el cese de Mellet. Ponce, sin embargo, se mantiene en el puesto y podrá acogerse al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se aplicará este otoño.
Curiosamente, cinco días después, el 17 de febrero, el Consejo de Administración de Mercasevilla acepta la dimisión voluntaria del hasta entonces director general. En el acta de dicho Consejo se refleja que el teniente de alcalde de Sevilla y principal gestor de la entidad pública, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), y el consejero delegado, Alfonso Mir, agradecen los servicios prestados a Mellet, quien aduce la enfermedad de su padre para cesar del cargo. Incluso, desean la pronta recuperación de su padre para que vuelva a desempeñar sus funciones en Mercasevilla.
Monteseirín no colabora
El PP de la capital hispalense ha reclamado al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, el original de la orden de cese de Mellet, pero la petición ha sido infructuosa. “Hasta ahora no hemos visto nada”, sentencia Zoido a Época. “Si no se llega a hacer público, Monteseirín no hubiera movido ficha”, advierte el dirigente popular.
Y es que la sombra de la sospecha pesa desde hace tiempo sobre Monteseirín. El PP andaluz no duda de que tanto el alcalde de Sevilla como Torrijos estaban “al corriente” de toda la trama y hace hincapié en que Mellet es “militante socialista desde hace muchos años”. El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de la capital andaluza, Beltrán Pérez, considera que si el alcalde no persona al Consistorio en el presunto cobro de comisiones a empresarios es porque “quizá” Mellet “sepa muchas cosas”, y acusa a los dirigentes municipales de haber creado “una cortina de humo”.
La pasividad de la Fiscalía provoca la reacción del Partido Popular
Dado que la Fiscalía no requería información sobre el caso, el 24 de abril el PP interpone una denuncia —que posteriormente cambiaría por una querella— ante la jurisdicción penal de Sevilla contra el delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas, la secretaria de Dirección de Mercasevilla, Regla Pereira, el director general del complejo, Fernando Mellet, y el director adjunto del mismo, Daniel Ponce. Los populares les achacan los delitos de coacciones, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales. También contra el concejal y actual responsable político de Mercasevilla, Alfonso Mir, el vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) de las empresas municipales, Manuel Marchena, el delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, el vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, y el alcalde y presidente del órgano, Alfredo Sánchez Monteseirín. Según publica esta semana Época, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, admite a trámite y reclama las diligencias a la Fiscalía, aplicando la calidad de imputados a los cuatro primeros. Monteseirín, por su parte, tuvo que prestar declaración a la Policía, no como inculpado, pero tampoco “voluntariamente, como asegura él”, advierte Zoido.
Los populares denuncian, igualmente, que Chaves, “una vez más”, no tomase cartas en el asunto e hiciera la vista subida de peso ante un caso de corruptela que “ya se ha convertido en costumbre” en toda la comunidad, especialmente en la capital andaluza. De hecho, a pesar de la notoriedad del escándalo, el ex presidente de la Junta ratificó su confianza en Monteseirín, antes de ser elegido por José Luis Rodríguez Zapatero para formar parte del Gobierno central. La marcha de Chaves del Ejecutivo andaluz también provocó la salida de su hombre de confianza, impulsor del desenmascaramiento de la trama de Mercasevilla, pasando a ocupar un importante puesto en el ámbito sociocultural de Andalucía.
