Documentos desclasificados implican al PSOE en las peores matanzas de la Guerra Civil española

MASACRE en Almonte (Huelva), los rocieros franquistas ASESINARON a un centenar de REPUBLICANOS en 1936
La película “Rocío” continua censurada por el Tribunal Supremo desde 1984, su director, Fernando Ruiz Vergara, fue condenado a guandoca, fuerte multa e indemnización. El Tribunal, que nunca negó la veracidad de los hechos, censuró los fotogramas donde se responsabiliza a José María Reales Carrasco, terrateniente, bodeguero, fundador de la Hermandad de la Virgen del Rocío, del asesinato de 100 Republicanos almonteños, muchos de ellas siguen hoy desaparecidos en fosas comunes. Según el juez Luis Vivas Marzal, “es indispensable inhumar y olvidar…las generaciones posteriores convivan pacífica, armónica y conciliadamente…no avivar los rescoldos, no despertar rencores, odios y resentimientos adormecidos por el paso del tiempo..”.
La película había tenido excelentes críticas de políticos, escritores y poetas andaluces como Alfonso Guerra, Fernando Quiñones, José Caballero Bonald, Ian Gibson, Pilar Miró, Luis G. Berlanga, José Hierro o Antonio Gala. “Vergara fue la primera víctima de la impunidad del franquismo, amparada por la tras*ición y el aparato judicial”, sostiene el historiador Francisco Espinosa en su libro Contra la República. Los sucesos de Almonte de 1932. Según José Luis Tirado, director de ‘El Caso Rocío. La historia de una película secuestrada por la tras*ición’: “La falsa tras*ición más que un periodo histórico significa una estrategia para que los poderes tácitos del Franquismo sigan durante el nuevo régimen”. La película escandalizó cuando denunció el centenar de víctimas tras el golpe militar de 1936: “En Almonte mataron a Frasquita La Charamusca, Diego Cepeda Aragón Azuquita,..un total de 100 personas, 99 hombres y una mujer”. A determinados sectores de la derecha de Almonte les afectó la conexión que establece la película entre los fusilamientos del 36, el ejercicio del poder y la romería de El Rocío.
El Gobierno de la Segunda República acordó desterrar símbolos religiosos de los espacios públicos, aplicando el artículo 27 de la Constitución Republicana que definía la laicidad del Estado. En 1932 las derechas manipularon los sentimientos de los almonteños, y alentaron una algarada contra la decisión del ayuntamiento de retirar las imágenes de la Virgen del Rocío y del Sagrado Corazón de Jesús del salón de plenos del ayuntamiento. Los exaltados agraviaron a los concejales y al alcalde Francisco Villarán, frente al ayuntamiento el párroco invitó a asistir al Santo Rosario en desagravio de los hechos, agredieron al concejal Francisco Acevedo Salguero y al guardia municipal José Larios Ramírez. Se abrieron las bodegas de algunos de los señores del pueblo para repartir vino a las gentes, el gobernador civil de Huelva obligó a poner los cuadros retirados. El germen de estos episodios fue económico y político, y no religioso. Sin embargo las elecciones municipales de 1936 volvieron a dar el triunfo a los Republicanos y socialistas en Almonte.
La derecha nunca admitió la pérdida del poder político que sobrevino con la proclamación de la República. Era un sistema político en el que varias familias se alternaban en el poder desde hacía más de medio siglo. No podía desaparecer. Las élites locales y provinciales no soportaban ver a sus enemigos de clase (a simples obreros en muchas ocasiones) ocupando espacios políticos que siempre habían sido suyos y que consideraban parte de la herencia familiar. Y si grave fue la pérdida del poder político mucho peor fue cuando la amenaza pasó al terreno económico. Es aquí, aunque se disfrazara de afrenta a la Virgen, donde hay que buscar la clave de los sucesos de Almonte.
Detrás de este suceso subyace un problema agrario y de distribución de los montes de propios y las tierras del municipio. Hasta un 83% del término municipal de Almonte quedó en manos privadas a partir de las desamortizaciones del siglo XIX, perdiendo la población una inmensa cantidad de recursos públicos que utilizaba tradicionalmente para sobrevivir. La República animó a los municipios desde su implantación a una revisión del catastro para establecer qué terrenos pertenecientes al pueblo habían pasado a manos privadas, descubriendo tras estudios pormenorizados que había extensas apropiaciones ilegítimas que debían volver a propiedad municipal. En 1931 los ayuntamientos republicano-socialistas enviaron al Gobierno relaciones de las propiedades que les pertenecieron y listados de sus actuales propietarios en base a los archivos municipales, los registros de propiedad y los testimonios orales. Los selectos propietarios que habían acaparado inmensas cantidades de terreno ilegítimamente no estaban dispuestos a permitir el derrotero que tomaba la cuestión agraria. Ésta y no la decisión de quitar los azulejos del salón de plenos fue la causa de los “sucesos de Almonte”, un verdadero motín de carácter político, que tuvo lugar en el momento clave en que se discutía la Ley de Reforma Agraria.
La derecha terrateniente e integrista de Almonte instrumentalizó la devoción popular rociera para someter y humillar a las autoridades republicanas que aplicaron la legislación laica emanada de la Constitución republicana. Los amotinados se apoderaron de los atributos de mando de la autoridad civil y los entregaron a la Guardia Civil, cuerpo de carácter militar creado precisamente al mismo tiempo que se iniciaban las desamortizaciones, y que constituyó la verdadera salvaguarda del inmenso trasvase de propiedad realizado (el 20 % del territorio nacional). Fue la Guardia Civil quien llamó a Reales para que “pacificara” la situación, imponiendo de nuevo el crucifijo en las escuelas. Propiedad y religión, como siempre, unidas.
El 25 de julio de 1936 Almonte fue tomada por la columna Ramón de Carranza. Los falangistas esperaron en la carretera de Hinojos la llegada de los golpistas, que no encontraron ningún tipo de resistencia. Los 25 mineros que llegaron de Rociana a socorrer al pueblo fueron detenidos inmediatamente por las tropas sublevadas. Más de 100 personas fueron fusiladas, muchas de ellas en la zona conocida como Rompecoches, en aplicación del Bando de Guerra, permaneciendo aún la mayoría en fosas comunes sin identificar ni dignificar en el viejo cementerio, donde en una primera fosa yacen fusilados procedentes de Hinojos, Huelva, La Palma, Bonares y Bollullos, en una clara estrategia de desarraigo de las víctimas de sus pueblos de origen. Los años de posguerra en Almonte fueron estremecedores, la precipitación del trabajo para los niños huérfanos, las coacciones de Falange, las burlas de los soldados a vecinos que vivían en silencio la tragedia de un ser querido asesinado. Doñana pasó a ser de nuevo lo que había sido antes del 14 de abril de 1931, un lugar de recreo para las clases ociosas.

Verdugos conocidos: la represión fascista en Montijo en 1936

Un escrito anónimo dejado en la puerta del autor detalla los nombres y los apellidos de la represión franquista en las calles de Montijo.


La historia que se va a contar aquí, aunque parezca entresacada de una novela de terror, es tan real como la vida misma, y tan cierta y lúgubre como la fin que acaba con ella.
El pasado 28 de agosto, a media mañana, alguien depositó en el buzón de mi casa un sobre autoadhesivo blanco de tamaño cuartilla, sin remitente ni destinatario. Al abrirlo entresaqué del mismo 9 folios numerados en 17 páginas, doblados por la mitad, con un texto impreso a doble cara, sin autoría ni firma que pudiera identificar quién lo había redactado. Sin embargo, el encabezamiento del pliego, en letra Broadway versal, no dejaba lugar a dudas acerca de su contenido:

“LA ESCUADRA de color DE MONTIJO
Ejecutores de unos 120 fusilamientos irregulares”

Cabecera del texto anónimo.

Con numerosas referencias bibliográficas y acompañado de diversas fotografías, el escrito anónimo que llegó a mis manos esa mañana de finales de agosto, mientras las campanas de la iglesia parroquial repicaban a rabiar anunciando la llegada de la imagen de la Virgen desde su ermita al pueblo, contiene el nombre y los apellidos, en ocasiones el mote por el que se les conocía, de una treintena de vecinos de Montijo, todos ellos hombres, acusados de haber participado, de una forma u otra, en el asesinato de más de 120 personas de esta localidad de Badajoz durante los primeros meses de la guerra provocada por el golpe militar de 1936 contra la República española.
Como se dice en el texto nada más comenzar su lectura, “hasta hoy se ha escrito y publicado sobre la represión llevada a cabo por los golpistas contra la República y sobre la organización de la Falange en Montijo. Ya ha llegado el momento de que se diga quiénes fueron aquellos bárbaros y qué motivo les llevó a hacer lo que hicieron, para que la Historia los condene y ponga en su lugar”.
El hecho de ser elegido para la recepción anónima de este documento no era casual. Sospecho que dos motivos movieron a quien lo echó en mi buzón. El primero es mi significación pública en diversas ocasiones exigiendo al Gobierno de este municipio el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Histórica. A día de hoy una de las calles sigue con el nombre de quien fuera fundador y secretario local de Falange Española en el pueblo al inicio de la guerra, a pesar de la recomendación para su retirada hecha por la Diputación de Badajoz en su relación de vestigios franquistas para esta provincia. El Gobierno municipal, del PSOE, se niega a su retirada con el argumento de que, una vez pasada la dura represión de 1936, este falangista de primera hora se dedicó a hacer obras pías y a socorrer a familias depauperadas, al mismo tiempo que se enriquecía como director del Monte de Piedad.

En el escrito se detalla el modus operandi de los asesinatos, quiénes eran los asesinos (con nombre y apellidos), la dirección donde vivían, su relación con las víctimas

Hacer clic para expandir...

El otro motivo era la fecha, tan significativa. Se cumplían 82 años del inicio de los asesinatos fascistas en Montijo, tomado por las tropas golpistas el 13 de agosto de 1936, en el que no se había producido ningún asesinato de personas de derechas. La noche del 28 de agosto de ese año, tras oficiarse una misa junto a la plaza del pueblo, con ocasión del traslado de la Virgen de Barbaño (patrona del pueblo) desde su ermita a la iglesia parroquial, 14 personas relacionadas de uno u otro modo con el régimen legítimo y legal de la República, fueron sacadas del depósito carcelario del Ayuntamiento y de la improvisada guandoca de la Casa del Navegante, subidas atadas de dos en dos a un camión y llevadas al cementerio cercano, junto a cuyas tapias fueron fusiladas. Dio comienzo así una dura represión que, aún hoy día, sigue estando silenciada en buena parte de la memoria colectiva de este pueblo.
En el escrito se detalla el modus operandi de los asesinatos, quiénes eran los asesinos (con nombre y apellidos), la dirección donde vivían, su relación con las víctimas, el miedo de un pueblo que fue testigo de una locura homicida que se extendió hasta bien entrado 1937, cuyos principales artífices quedaron impunes y, en numerosos casos, se adueñaron de los bienes de los represaliados en concepto de botín de guerra.
Las fuentes son claramente orales, recogidas a lo largo de los años de la boca de vecinos y vecinas montijanos que fueron testigos y que, en su mayoría, han fallecido ya. Hay una excepción a esta memoria oral: el documento inédito de las memorias de quien fuera secretario municipal, titulado Recordando… que es gerundio. Su redactor había sido depurado como secretario municipal del Ayuntamiento de Montijo, detenido en enero de 1939, sometido a consejo de guerra por “auxilio a la rebelión” y condenado a pena de prisión de 12 años y un día. Una revisión de su caso y una retirada parcial de la acusación por parte del fiscal, según narra con su propia letra, le permitieron quedar libre en agosto de 1940 y ser rehabilitado como secretario de administración local en Montijo, donde en 1952 escribió estas memorias, con la relación nominal de sus delatores e implicados en los crímenes. Tales memorias están sin publicar y en posesión de la familia.

Dos jerarcas falangistas montijanos “trajeron de Badajoz la orden de que había que acabar al 1% de la población de Montijo para sembrar el terror”

Hacer clic para expandir...

El autor o autora del escrito anónimo, recopilador constante de tales fuentes, refiere que un testigo de aquellos hechos le contó que había escuchado a dos jerarcas falangistas montijanos que “trajeron de Badajoz la orden de que había que acabar al 1% de la población de Montijo para sembrar el terror”. Tenía entonces este pueblo 11.100 habitantes.
En aquellos luctuosos hechos intervinieron ansias de venganza e inquinas guardadas durante muchos años, sin obviar el mero capricho del asesinato sin motivo alguno, sólo por el hecho de que se podía apiolar a cualquiera con total impunidad, siempre que quien matara perteneciera al movimiento golpista. Al amparo de la Falange, se organizó en el pueblo un sistema de represión bendecida por la Iglesia, animada por su párroco y alentada por las autoridades ilegítimas del momento, alcaldía y Guardia Civil. Como se dice en el escrito, “dentro de la JONS de Montijo se creó la Escuadra de color, con sus Brigadillas de Ejecuciones, que era la encargada de actuar por las noches, yendo a por los republicanos que había que detener y llevándolos a acabar de madrugada”.
En algunos casos, quienes se prestaban a estas tareas de “limpieza” eran falangistas jóvenes. Algunos de los nombres que se dan pertenecen a vecinos de apenas entre 20 y 25 años en 1936. Nada más tomar el pueblo la Columna Madrid (la Columna de la fin), se formaron las milicias falangistas, llamada la Falange de segunda línea o retaguardia, “pertrechadas con las armas que tenían escondidas, desde la primavera, en una huerta y con las que les proporcionó la Guardia Civil cuando volvió al pueblo, el 22 de agosto: los mosquetones Máuser, modelo Oviedo 1916, calibre 7,57 milímetros”.
Falange, Guardia Civil y las milicias de Guardia Cívica y Defensa Ciudadana, grupos paramilitares creados a instancias del alcalde repuesto por los fascistas —lo había sido durante la dictadura de Primo de Rivera— y que estaban integrados por personas pertenecientes a partidos derechistas (Renovación Española, Partido Agrario Español, Acción Popular y Partido Radical), comenzaron la caza del rojo de casa en casa y por los campos aledaños.

Quienes no se mancharon las manos directamente fueron los miembros de lo que en el escrito se define como la oligarquía local, “los grandes propietarios de tierras e industriales”

Hacer clic para expandir...

Quienes no se mancharon las manos directamente fueron los miembros de lo que en el escrito se define como la oligarquía local, “los grandes propietarios de tierras e industriales, que habían estado afiliados durante la República a Renovación Española, a la CEDA, a los Agrarios”.
Estos —cita textual— delataban a aquellos que habían trabajado con ellos y les habían exigido aumento de salarios o mejores condiciones laborales; a los que habían intervenido en junio de 1932 en la huelga general del campo extremeño donde en Montijo hubo acciones contundentes contra las máquinas segadoras. También denunciaron a las mujeres que sirvieron en sus casas y que exigieron condiciones dignas, a quienes participaron en las ocupaciones de fincas del 25 de marzo de 1936, “a los milicianos que los llevaron a Los Charcos a hacer pocetas para plantar árboles cuando estaban detenidos en el convento de las monjas en los días gente de izquierdas. Todo aquello no lo perdonaban y querían vengarse”.

Posible impacto de bala en el cementerio de Montijo.
Estos oligarcas, con el tiempo, verían incrementado su patrimonio al quedarse con las posesiones de los represaliados (casas, tierras, joyas, dinero). En el texto se dice que el 16 de enero de 1937, el alcalde de Montijo puesto por los fascistas, una persona rencorosa y de bajos instintos, envió al Presidente de Reforma Agraria de Badajoz la relación de parcelas de algunos de los fusilados, entre ellos el legítimo alcalde republicano. Seis días antes se había creado, por Decreto-Ley del Gobierno golpista, la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados, el método para regularizar el saqueo y el expolio.
El cuartel general de Falange se estableció en el actual Casino de la plaza, incautado a sus dueños naturales. Allí eran llevados a declarar los vecinos y vecinas, para que delataran a cualquiera que fuera sospechoso de desafección al régimen, o simplemente porque se le tenía ojeriza o era denunciado por quienes tenían el poder de hacerlo, como el caso que se narra del que fuera hijo de un alcalde socialista, quien estaba jugando a las canicas cuando vinieron un grupo de falangistas (se dan los nombres) que le dijo: “Tú, vente que sólo te vamos a tomar declaración”. Después lo fusilaron. Tenía sólo unos 14 o 15 años.
Esta caterva uniformada creó la Delegación Local de Información e Investigación. Los oligarcas mencionados, latifundistas y señoritos del pueblo (se dan algunos nombres), señalaban a quiénes había que eliminar y los de la Falange elaboraban los listados. El listado era llevado al Cuartel de la Guardia Civil, donde lo firmaba el comandante del puesto. Después un guardia llevaba de nuevo ese listado al Ayuntamiento y le entregaba al carcelero el papel con los nombres de las personas a ejecutar esa noche. Entre la una y las tres de la madrugada llegaba un camión y hacían la saca. Para mortificar más a quienes se habían librado del paseo, que sentían alivio cuando el camión se marchaba, dejaban el vehículo en arranque un rato largo frente al edificio consistorial, prolongando así la angustia de los encarcelados, quienes no sabían si les tocaría esa noche.
Después los llevaban a las tapias del cementerio y los fusilaban, no sin antes torturarlos. Aún quedan en las rejas de este cementerio viejo la huella de las balas. Los cadáveres quedaban allí tirados, hasta que por la mañana venían los enterradores a darles sepultura: “Abrían las fosa, metían los cuerpos, les echaban cal viva y los enterraban”. Para que esta labor no fuera vista por el resto de vecinos del pueblo, los Guardas Rurales “cortaban el paso por el camino del cementerio: una pareja se ponía en el puente de la vía y otra junto a la carretera de La Roca, en el pozo del Sindicato, y apartaban a los que querían tras*itar por él”. Quienes enterraban a los fusilados, a excepción del encargado municipal del cementerio, eran voluntarios.

Se estima que durante los primeros meses de la guerra más de 120 personas fueron asesinadas en Montijo por este sistema

Hacer clic para expandir...

Se estima que durante los primeros meses de la guerra más de 120 personas fueron asesinadas en Montijo por este sistema. Siempre según el texto anónimo, los pistoleros, gatilleros y sicarios eran algunos labradores de clase media, fascistizados, artesanos (herreros, carpinteros, herradores, carniceros, esparteros, etc.), “que trabajaban para los propietarios de tierras y ganado, que comían gracias a ellos, tenían ideas de derechas, y no dudaron en afiliarse a la Falange y hacer el trabajo sucio participando activamente en el fusilamiento de republicanos de izquierda”. Muchos de ellos fueron recompensados de diversos modos, bien con oficios de funcionario municipal o bien quedándose con huertas de sus víctimas, como es el caso de uno los enterradores que se prestó voluntario para la macabra labor. Otro de ellos se acabó casando con la hija de uno de los represaliados.
También intervenían los llamados “chaqueteros”, personas que antes de la toma del pueblo habían sido de izquierdas y que ahora, para salvar el pellejo, se dedicaban a delatar y acabar a sus antiguos compañeros.
No sólo eran asesinos, sino ladrones, matones y forzadores. Cometían sus fechorías borrachos de coñac y con total impunidad. Era la manada descontrolada de aquella época, con pleno poder para hacer lo que les viniera en gana. En el escrito se narran las reiteradas y brutales violaciones a una destacada sindicalista, conocida como La Pasionaria de Montijo, en su propia vivienda, en presencia de su misma familia, hasta que fue asesinada junto a un arroyo, entre La Roca de la Sierra y Villar del Rey. Su cuerpo aún no ha sido encontrado.
Esta hueste de criminales mataba en Montijo y en otros pueblos de alrededor. A menudo solían hacerlo encapuchados, para que nadie les identificara. En cierta ocasión a uno de ellos una de sus víctimas le quitó la capucha en Cordobilla de Lácara y fue reconocido como vecino de Montijo. Llegaron a hacer tal escabechina que, según se dice en el texto recogido de fuentes orales, un terrateniente, a quien aún se reconoce, les dijo: “vais a quedar el pueblo sin obreros para trabajar la tierra”. No le preocupaba los asesinatos, sino la escasez de mano de obra.
En el escrito anónimo se dan los nombres y apellidos de todos estos asesinos, ladrones y forzadores. Bestias azules. Se dice quién participó en cada una de las partes del criminal episodio. Quién delataba, quién extorsionaba, quién tras*portaba, quién torturaba, quién mataba, quién daba el tiro de gracia, quién enterraba, quién violaba, quién robaba. Se cuenta también cómo acabaron algunos de ellos. Unos cuantos se suicidaron con el tiempo, otros acabaron solos, enloquecidos y repudiados. Y algunos, los menos, se marcharon a vivir donde nadie les conociera. Pero también hubo quien se quedó en el pueblo y vivió con total impunidad, jactándose de lo que había hecho y volvería a hacer si se diera la ocasión. Muchos de ellos crearon prolíficas familias pudientes que van ya por varias generaciones. Afortunadamente, y a diferencia de quienes cometieron estos crímenes, la memoria colectiva del vecindario siempre ha excluido a los hijos e hijas de semejantes bárbaros de cualquier acusación o culpa de los actos que, sin alma ni piedad ninguna, protagonizaron sus padres o abuelos.

El escrito que lo inspira está lleno de nombres. Son apellidos conocidos, que esconden el oprobio de un pueblo que aún no ha sabido, porque no se atreve a ello, reconocer sus propios fantasmas

Hacer clic para expandir...

Aunque en este texto que suscribo —y cuyo mérito no es mío— no se haya dado ni un solo nombre, el escrito que lo inspira está cuajado de ellos. Son apellidos conocidos, que esconden el oprobio de un pueblo que aún no ha sabido, porque no se atreve a ello, reconocer sus propios fantasmas. Los hechos, corroborados por diversas investigaciones, coinciden con lo historiado en numerosos libros, la mayoría de ellos de Juan Carlos Molano Gragera, quien ha buceado en la historia más ingrata de este municipio, Montijo. Es de imaginar que la falta de pruebas documentales que certifiquen la identidad de quienes aparecen en estos papeles anónimos como despiadados verdugos y el natural miedo a posibles querellas en virtud del derecho al honor —miedo al fin y al cabo, tanto tiempo después— impiden, por ahora, la publicación libre y con autoría de los mismos, aunque me consta que somos varios los vecinos que disponemos de copia.
Los hechos son sobradamente conocidos. Sólo faltaban los nombres.