Documentos desclasificados implican al PSOE en las peores matanzas de la Guerra Civil española

CARMEN jovenlandesa MARÍN, REPUBLICANA y SOCIALISTA, fusilada por los franquistas en Cádiz en 1937

Carmen jovenlandesa Marín era natural de Málaga, tenía 22 años y era hija de Amador jovenlandesa Rojas, alcalde socialista de Tarifa que consiguió escapar de los golpistas. En diciembre de 1936 la policia franquista trasladó a a ella y a su hermana Antonia, de 16 años, a la comisaría para ser interrogadas. Antonia fue liberada. La Delegación de Orden Público de Cádiz pidió informaciones sobre los familiares de Carmen jovenlandesa, que fue considerada por el instructor “Peligrosa extremista. Que siga presa”.

El fiscal encargado del caso puso en marcha los nuevos Procedimientos Sumarísimos de Urgencia (PSU), ideados para menguar las garantías de los procesados y hacer más expeditiva aún la justicia sumarísima. El auto-resumen por el que la declaraba procesada y presa explicaba que Carmen jovenlandesa había pertenecido a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), había ejercido en Tarifa como tesorera del PSOE, había sido ferviente defensora y difusora de las ideas socialistas participando en actos por los campos, utilizando tonos violentos y exaltados. Tras el 18 de julio hacía apología de las “noticias y partes” marxistas, se declaraba enemiga del golpe y hablaba en términos despectivos de “sus Caudillos”. En consecuencia le achacaba una actuación calificable, con carácter de autora, de “inducción clara a la rebelión” ya que había participado en la “gestación de la actual subversión marxista”.

Las acusaciones sobre Carmen jovenlandesa se basaban en informes de la Guardia Civil y el Ayuntamiento. El policía que la había detenido declaró que había recibido la confidencia de una vecina cuyo nombre desconocía. Otra vecina afirmó que Carmen se había mostrado agresiva con los que llamaba fascistas. A ella misma, y a sus hijas, les tenía antipatía, les había dicho que era socialista y estaba dispuesta a morir por sus ideales. El propietario de la casa y un cabo de asalto confirmaron algunas de estas acusaciones, avalando a la vecina, “la única que no era extremista de toda la vecindad”.

Tenían prisa las autoridades golpistas por terminar con el caso. La sentencia ilustraba la “justicia al revés” y “justicia del terror” que realizaban los golpistas: Resultaba probado que pertenecía a las JSU, propagaba sus ideas “extremistas”, había “albergado” en su casa de Cádiz a 63 jóvenes tarifeños para asistir a un mitin extremista, no era favorable al golpe de estado. Era autora de de un delito de rebelión porque su propaganda activa y actos políticos habían favorecido la resistencia al golpe. Aunque no se le pudo acusar de haber utilizado armas, se la consideró uno de los elementos disolventes y en armas contra la Patria. Sobre Carmen jovenlandesa caían delitos contemplados en los bandos de guerra emitidos en el verano de 1936 y diversos artículos del código de justicia militar.

La reclusión perpetua no era suficiente, los tribunales de guerra estaban facultados para imponer las penas en “la extensión que consideren justa”. En el caso de Carmen jovenlandesa era condenada a fin por un delito de “rebelión militar por adhesión” con agravante de significativa peligrosidad. La monstruosidad jurídica no se puede descontextualizar de la persecución a la familia jovenlandesa que se llevaba a cabo, la huida del padre, alcalde de Tarifa, exacerbó el hostigamiento al resto de la familia. Impartir “justicia” no era el objetivo de los golpistas, sino un medio para desembarazarse de sus opositores.

A las 6,30 de la mañana del 19 de abril de 1937 en el foso de la Puerta de Tierra, un piquete de guardias civiles fusiló a Carmen junto a 3 sindicalistas, Antonio Martín Román, José Ruiz Gallardo y Miguel García Tejero. El caso se asemejó mucho al de otra mujer asesinada por los golpistas, Milagros Rendón. La venganza se volvió hacia su familia. Su hermano Miguel, que estuvo defendiendo el Gobierno Civil, había sido asesinado en agosto de 1936, y un mes después su progenitora, Antonia Marín Muñoz, fue asesinada en Facinas. Su padre Amador murió combatiendo en el frente de Córdoba en 1937. La única superviviente de la familia fue la hermana menor, Antonia.