El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
Tras seis años de recortes y cuando aún no se ha digerido la abultada factura de las grandes compras de armamento de los años noventa, Defensa prepara un nuevo paquete de programas militares por unos 10.000 millones de euros, casi dos veces el presupuesto anual del ministerio, cuyas tres cuartas partes se dedican a pagar al personal.
La necesidad de renovar sistemas de armas a punto de acabar su vida operativa (fragatas, blindados o aviones cisterna) y de reestructurar la industria militar son los argumentos esgrimidos para justificar este nuevo “ciclo inversor de defensa”, que se prolongará al menos una década.
El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado día 3 a la compra de la firma española Amper Programas Electrónica y Comunicaciones por el gigante francés Thales. Pero Defensa puso una condición: el código fuente del Simacet (Sistema de Mando y Control del Ejército de Tierra) deberá depositarse en una caja fuerte a la que tengan acceso sus expertos. La opción francesa fue la única viable tras fracasar la búsqueda de un socio español para esta compañía que ha desarrollado programas militares estrátegicos. En palabras del secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, “la industria de defensa no es una industria más. Si no la tuviéramos, perderíamos la capacidad de ser operativamente independientes y, por tanto, un país soberano”.
En octubre del año pasado, Pedro Morenés instó a la industria militar española, fragmentada y de escasa dimensión, a reestructurarse profundamente y ganar peso si no quería ser barrida en el futuro mercado común europeo de la defensa. “Necesitamos ser más fuertes. Uno muy débil no puede unirse a uno muy fuerte”, advertía el ministro en Abc.
En el año tras*currido desde entonces no se ha avanzado mucho. Más bien al contrario, como demuestra la venta de Amper Programas. El pasado 25 de julio, el Gobierno decidió otorgar al Ministerio de Defensa la tutela sobre la participación del Estado en la industria militar (básicamente, el 100% de Navantia y el 20% de Indra), aunque las acciones sigan en manos de la SEPI, dependiente de Hacienda. Pero Defensa sabe que su capacidad de persuasión sobre las empresas privadas, para que se asocien o fusionen de cara a competir en Europa, es muy limitada si no se acompaña de un poderoso estímulo: la concesión de contratos. Y estos han sido casi inexistentes desde 2009.
Ahora Defensa prepara un paquete de programas de armamento cuyo montante roza el 1% del PIB español. Estos son los nuevos proyectos, que Defensa califica de “tractores tecnológicos” para tirar de la industria:
Fragata F-110. Es el principal proyecto, tanto por su coste económico como por su innovación tecnológica. La Armada necesita cinco fragatas para sustituir a las F-80 de la clase Santa María en la próxima década. El precio por unidad se estima en unos 800 millones; es decir, 4.000 millones a los que hay que sumar otros 1.000 para sostenimiento del ciclo de vida. La construcción de la primera debe iniciarse en 2017 y en el presupuesto de Industria para 2014 ya hay una partida de 37 millones. El buque lo construirá el astillero público Navantia y el sistema de combate, al igual que en las fragatas F-100, será el Aegis de la estadounidense Lockheed Martin. Pero Defensa aspira a una mayor participación de la industria española (especialmente Indra) en el sistema de defensa de área (unas 200 millas alrededor del barco); y una nacionalización de la defensa de punto (unas 30 millas), que se adjudicaría por separado. Este último contrato debe servir para dar entrada a las empresas españolas (como Indra, Navantia Sistemas o Sener) e incluso a la compañía europea de misiles MBDA. Defensa vería con buenos ojos la formación de un grupo español de electrónica militar, pero no se pronuncia sobre la fórmula jurídica del adjudicatario del contrato y solo subraya que debe ser un “interlocutor único” con un vínvulo asociativo “muy sólido” si reúne a varias empresas.
Blindado 8x8. La sustitución de los viejos BMR (Blindados Medios de Ruedas) es una asignatura pendiente del Ejército de Tierra. El proyecto debe estar listo en los próximos dos años (Industria tiene una dotación de 41 millones para 2015) y el contrato adjudicarse en 2017. La primera fase incluirá entre 350 y 400 vehículos, con un coste de 1.000 a 1.500 millones. Defensa admite que no vale la pena diseñar un producto de nueva planta, ya que la serie es muy corta y hay muchos modelos de 8x8 ruedas en el mercado. Se trata de elegir una plataforma extranjera y nacionalizar sus sistemas de comunicaciones, sensores o guerra electrónica. Lo previsible es que se ensamble en la planta de General Dynamics-Santa Bárbara en Sevilla y que la vasca SAPA se haga cargo de las tras*misiones, como ya sucedió con la última serie de los vehículos Pizarro, por empeño de Defensa.
Aviones cisterna. El Ejército del Aire necesita tres aviones de reabastecimiento en vuelo para sustituir a los Boeing-707. El único que aún funciona se dará de baja en 2017 y para entonces debería llegar el primero de los nuevos si no se quiere perder una capacidad crítica (el reabastecimiento estratégico, pues el táctico se cubre con el KC-130 y el A400M). El candidato indiscutible es el A330-MRTT, que se monta en la planta de Airbus en Getafe (Madrid). El coste de cada avión, que también puede usarse para tras*porte de personalidades, supera los 200 millones.
Drones. Defensa planea adquirir cuatro aviones no tripulados y dos estaciones terrestres de control. En principio, se trata de aparatos no armados, dedicados a vigilancia y reconocimiento operacional, con más de 40 horas de autonomía. Su coste oscila entre 200 y 300 millones. Los beneficios para la industria nacional serán muy limitados (se les podría incorporar algún sensor), ya que se quieren adquirir en 2016 y no hay ningún modelo europeo en el mercado. El Ejército del Aire se inclina por el MQ-9 Reaper estadounidense o el Super Heron israelí.
Submarino S-80. No es un programa nuevo sino viejo, pero habrá que refinanciarlo debido a sus problemas de sobrepeso. El primer submarino, que debía entregarse en 2012, no llegará hasta 2018 y solo la primera unidad agotará el presupuesto total del programa: 2.135 millones. Entonces habrá que decidir si se construyen tres submarinos más y cuánto se paga de sobrecoste.
La factura de los proyectos de los noventa se pagará hasta 2030
M. G.
Defensa prepara un nuevo programa de inversiones cuando aún no ha terminado de pagar la factura del anterior. Los llamados PEAS (Programas Especiales de Armamento) que se contrataron en la última década del siglo pasado y la primera de éste (entre ellos, las fragatas F-100, los carros de combate Leopard o los cazas EF-2000) costaron 30.000 millones de euros. Según el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, ya se han pagado 6.000 y faltan por financiar unos 9.000 hasta 2030. La diferencia entre ambas cifras corresponde a los 14.500 millones adelantadados por el Ministerio de Industria a las empresas y que estas deberían devolver a medida que vayan cobrando de Defensa. Lo cierto, sin embargo, es que hasta ahora las empresas solo han devuelto 141 millones y en 2015 deberían devolver 117 más.
Es imposible que Defensa reciba en los próximos años una inyección de 23.500 millones para pagar la cuenta pendiente de los PEAS y otros 10.000 para los nuevos programas. Más bien se piensa, aunque no se diga, que los 14.500 millones adelantados por Industria serán condonados; es decir, Defensa no los recibirá y las empresas no deberán devolverlos.
Aún así, el presuesto de Defensa no alcanza para digerir la abultada factura y cada verano, desde que gobierna el PP, ha recibido un crédito extraordinario: 1.783 millones (2012), 877 (2013) y 884 (2014). Argüelles ha anticipado que en 2015, y ejercicios venideros, pedirá entre 800 y 900 millones anuales más por el mismo procedimiento.
Si se suma el presupuesto del Ministerio más los créditos extraordinarios y las operaciones en el exterior, España gasta en Defensa el 0,9% del PIB, por debajo del 1,4% de media de la OTAN y lejos del 2% que se quiere alcanzar en una década.
Defensa invertirá casi 10.000 millones en nuevos programas de armamento | España | EL PAÍS
La necesidad de renovar sistemas de armas a punto de acabar su vida operativa (fragatas, blindados o aviones cisterna) y de reestructurar la industria militar son los argumentos esgrimidos para justificar este nuevo “ciclo inversor de defensa”, que se prolongará al menos una década.
El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado día 3 a la compra de la firma española Amper Programas Electrónica y Comunicaciones por el gigante francés Thales. Pero Defensa puso una condición: el código fuente del Simacet (Sistema de Mando y Control del Ejército de Tierra) deberá depositarse en una caja fuerte a la que tengan acceso sus expertos. La opción francesa fue la única viable tras fracasar la búsqueda de un socio español para esta compañía que ha desarrollado programas militares estrátegicos. En palabras del secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, “la industria de defensa no es una industria más. Si no la tuviéramos, perderíamos la capacidad de ser operativamente independientes y, por tanto, un país soberano”.
En octubre del año pasado, Pedro Morenés instó a la industria militar española, fragmentada y de escasa dimensión, a reestructurarse profundamente y ganar peso si no quería ser barrida en el futuro mercado común europeo de la defensa. “Necesitamos ser más fuertes. Uno muy débil no puede unirse a uno muy fuerte”, advertía el ministro en Abc.
En el año tras*currido desde entonces no se ha avanzado mucho. Más bien al contrario, como demuestra la venta de Amper Programas. El pasado 25 de julio, el Gobierno decidió otorgar al Ministerio de Defensa la tutela sobre la participación del Estado en la industria militar (básicamente, el 100% de Navantia y el 20% de Indra), aunque las acciones sigan en manos de la SEPI, dependiente de Hacienda. Pero Defensa sabe que su capacidad de persuasión sobre las empresas privadas, para que se asocien o fusionen de cara a competir en Europa, es muy limitada si no se acompaña de un poderoso estímulo: la concesión de contratos. Y estos han sido casi inexistentes desde 2009.
Ahora Defensa prepara un paquete de programas de armamento cuyo montante roza el 1% del PIB español. Estos son los nuevos proyectos, que Defensa califica de “tractores tecnológicos” para tirar de la industria:
Fragata F-110. Es el principal proyecto, tanto por su coste económico como por su innovación tecnológica. La Armada necesita cinco fragatas para sustituir a las F-80 de la clase Santa María en la próxima década. El precio por unidad se estima en unos 800 millones; es decir, 4.000 millones a los que hay que sumar otros 1.000 para sostenimiento del ciclo de vida. La construcción de la primera debe iniciarse en 2017 y en el presupuesto de Industria para 2014 ya hay una partida de 37 millones. El buque lo construirá el astillero público Navantia y el sistema de combate, al igual que en las fragatas F-100, será el Aegis de la estadounidense Lockheed Martin. Pero Defensa aspira a una mayor participación de la industria española (especialmente Indra) en el sistema de defensa de área (unas 200 millas alrededor del barco); y una nacionalización de la defensa de punto (unas 30 millas), que se adjudicaría por separado. Este último contrato debe servir para dar entrada a las empresas españolas (como Indra, Navantia Sistemas o Sener) e incluso a la compañía europea de misiles MBDA. Defensa vería con buenos ojos la formación de un grupo español de electrónica militar, pero no se pronuncia sobre la fórmula jurídica del adjudicatario del contrato y solo subraya que debe ser un “interlocutor único” con un vínvulo asociativo “muy sólido” si reúne a varias empresas.
Blindado 8x8. La sustitución de los viejos BMR (Blindados Medios de Ruedas) es una asignatura pendiente del Ejército de Tierra. El proyecto debe estar listo en los próximos dos años (Industria tiene una dotación de 41 millones para 2015) y el contrato adjudicarse en 2017. La primera fase incluirá entre 350 y 400 vehículos, con un coste de 1.000 a 1.500 millones. Defensa admite que no vale la pena diseñar un producto de nueva planta, ya que la serie es muy corta y hay muchos modelos de 8x8 ruedas en el mercado. Se trata de elegir una plataforma extranjera y nacionalizar sus sistemas de comunicaciones, sensores o guerra electrónica. Lo previsible es que se ensamble en la planta de General Dynamics-Santa Bárbara en Sevilla y que la vasca SAPA se haga cargo de las tras*misiones, como ya sucedió con la última serie de los vehículos Pizarro, por empeño de Defensa.
Aviones cisterna. El Ejército del Aire necesita tres aviones de reabastecimiento en vuelo para sustituir a los Boeing-707. El único que aún funciona se dará de baja en 2017 y para entonces debería llegar el primero de los nuevos si no se quiere perder una capacidad crítica (el reabastecimiento estratégico, pues el táctico se cubre con el KC-130 y el A400M). El candidato indiscutible es el A330-MRTT, que se monta en la planta de Airbus en Getafe (Madrid). El coste de cada avión, que también puede usarse para tras*porte de personalidades, supera los 200 millones.
Drones. Defensa planea adquirir cuatro aviones no tripulados y dos estaciones terrestres de control. En principio, se trata de aparatos no armados, dedicados a vigilancia y reconocimiento operacional, con más de 40 horas de autonomía. Su coste oscila entre 200 y 300 millones. Los beneficios para la industria nacional serán muy limitados (se les podría incorporar algún sensor), ya que se quieren adquirir en 2016 y no hay ningún modelo europeo en el mercado. El Ejército del Aire se inclina por el MQ-9 Reaper estadounidense o el Super Heron israelí.
Submarino S-80. No es un programa nuevo sino viejo, pero habrá que refinanciarlo debido a sus problemas de sobrepeso. El primer submarino, que debía entregarse en 2012, no llegará hasta 2018 y solo la primera unidad agotará el presupuesto total del programa: 2.135 millones. Entonces habrá que decidir si se construyen tres submarinos más y cuánto se paga de sobrecoste.
La factura de los proyectos de los noventa se pagará hasta 2030
M. G.
Defensa prepara un nuevo programa de inversiones cuando aún no ha terminado de pagar la factura del anterior. Los llamados PEAS (Programas Especiales de Armamento) que se contrataron en la última década del siglo pasado y la primera de éste (entre ellos, las fragatas F-100, los carros de combate Leopard o los cazas EF-2000) costaron 30.000 millones de euros. Según el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, ya se han pagado 6.000 y faltan por financiar unos 9.000 hasta 2030. La diferencia entre ambas cifras corresponde a los 14.500 millones adelantadados por el Ministerio de Industria a las empresas y que estas deberían devolver a medida que vayan cobrando de Defensa. Lo cierto, sin embargo, es que hasta ahora las empresas solo han devuelto 141 millones y en 2015 deberían devolver 117 más.
Es imposible que Defensa reciba en los próximos años una inyección de 23.500 millones para pagar la cuenta pendiente de los PEAS y otros 10.000 para los nuevos programas. Más bien se piensa, aunque no se diga, que los 14.500 millones adelantados por Industria serán condonados; es decir, Defensa no los recibirá y las empresas no deberán devolverlos.
Aún así, el presuesto de Defensa no alcanza para digerir la abultada factura y cada verano, desde que gobierna el PP, ha recibido un crédito extraordinario: 1.783 millones (2012), 877 (2013) y 884 (2014). Argüelles ha anticipado que en 2015, y ejercicios venideros, pedirá entre 800 y 900 millones anuales más por el mismo procedimiento.
Si se suma el presupuesto del Ministerio más los créditos extraordinarios y las operaciones en el exterior, España gasta en Defensa el 0,9% del PIB, por debajo del 1,4% de media de la OTAN y lejos del 2% que se quiere alcanzar en una década.
Defensa invertirá casi 10.000 millones en nuevos programas de armamento | España | EL PAÍS
