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La Fiscalía Anticorrupción va a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia que condenó a cuatro años de guandoca al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra (PP) por cuatro delitos contra la Hacienda Pública pero que le absolvió de los delitos de cohecho y tráfico de influencias que le atribuía el Ministerio Público, que solicitaba 13 años de prisión para él.La fiscalía anticorrupción recurre la condena a carlos fabra
Anticorrupción va a presentar en los próximos días el anuncio de recurso ante el tribunal sentenciador, la Audiencia Provincial de Castellón, según explicaron fuentes fiscales.
El citado tribunal encontró a Fabra culpable de cuatro delitos fiscales cometidos entre 1999 y 2003 en el marco de las mediaciones ante el Gobierno de José María Aznar para la comercialización de productos fitosanitarios.
La Sección Primera de la Audiencia de Castellón también condenó a la exmujer de Fabra, María Amparo Fernández Blanes, a dos años de guandoca por sendos delitos contra la Hacienda Pública.
El expresidente de la Diputación de Castellón, además de las penas de guandoca, fue condenado a pagar una multa de 693.074 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad. Fernández Blanes deberá indemnizar a las arcas públicas con 273.761 euros y deberá pagar una multa adicional por la misma cuantía.
El tribunal, sin embargo, decidió absolver a Fabra y su exmujer de los delitos de cohecho y tráfico de influencia del que se les acusaba. Los magistrados absolvieron asimismo, en este caso de todos los delitos que se les imputaban, al empresario Vicente Vilar, a su exmujer Monserrat Vives, y al antiguo senador del PP Miguel Prim.
DINERO ESCONDIDO
“Durante el tiempo comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2004 Carlos Fabra y María Amparo Fernández Blanes realizaron un elevado número de operaciones bancarias en las cuentas de las que eran titulares, tales como ingresos en efectivo, mayoritariamente, así como ingresos mediante cheque o tras*ferencia, cobros en efectivo de cheques y otros pagos en efectivo que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados y que fueron ocultados a la Hacienda Pública”, señalaba la sentencia dictada el lunes por la Audiencia Provincial.
Los magistrados de la Sección Primera, presididos por Esteban Solaz, señalaron que el expresidente de la Diputación de Castelló defraudó 231.155 euros en 1999; 124.078 euros en 2000; 174.837 en 2002 y 163.001 en el año 2003. En total, Fabra defraudó a la Hacienda Pública defraudó 693.074 euros en concepto de IRPF entre 1999 y 2003.
La sentencia conlleva además para Fabra “la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un tiempo de tres años”.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
La Fiscalía Anticorrupción solicita un total de 13 años de guandoca para el expresidente de la Diputación de Castellón al acusarle, además fraude fiscal, de delitos de tráfico de influencias y de cohecho. El Ministerio Público sostenía que en 1999 el empresario Villar y su mujer se pusieron en contacto con Fabra para que, “valiéndose de su cargo como presidente de la Diputación y de los contactos que tenía, intermediara y tratara de influir ante los ministerios de Agricultura y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación en comercialización de productos fitosanitarios” elaborados por sus empresas. Vilar era administrador único de la empresa Naranjax, mientras que su esposa era administradora única de la empresa Arcavi, dedicadas ambas a sintetizar productos fitosanitarios.
La sentencia dictada reconoce que Fabra, entre los años 1999 y 2002, mantuvo varias reuniones tanto con los responsables políticos como administrativos de los ministerios de Sanidad y Agricultura, así como con determinados miembros del Congreso y del Senado.
“No ha quedado probado en juicio que la autorización y registro de la abamectina y otros productos de las empresas del grupo Naranjax fuera debido a las denunciadas influencias o presiones de los acusados”, aseguraban sin embargo los magistrados de Castellón.
PAGO DE LAS GESTIONES
Ante el éxito de las operaciones, Fabra, siempre según la Fiscalía, requirió a Vilar para que le pagara 25 millones de pesetas, dinero que el empresario finalmente abonó al presidente de la Diputación de Castellón.
La sentencia reconoce en este sentido que el entonces presidente de la Diputación de Castellón “facturó en concepto de minuta de honorarios, con el IVA correspondiente, por ‘trabajos e informes jurídico-laborales’ cuantías importantes a diversas entidades, como Unión de Mutuas, Libel XXI SA, Cottocer SL o Tirado Asociados SL”.
De la empresa Naranjax, en concreto, Fabra facturó a Naranjax las cantidades de 3.448.276 pesetas en el año 2000 y 9.000.000 pesetas en el año 2001, facturando asimismo a Artemis 2000 SL sendas cuantías de 5.000.000 pesetas y 3.000.000 pesetas en el año 2000 y a Arcavi SL 72.121’44 euros en el año 2002.
“No habiendo quedado probado si respondían a verdaderos asesoramientos profesionales, a recompensas o cualquier otro tipo de remuneración, repartos de beneficios o cualesquiera otros conceptos”, aseguraban los magistrados de Castellón. La fiscalía anticorrupción recurre la condena a carlos fabra ? España ? Noticias, última hora, vídeos y fotos de España en lainformacion.com a por el, no están de acuerdo con los 4 años