Básicamente, el TSJ obliga al ayuntamiento a respeta o pagar el plan del desarrollismo franquista de 1965 que autorizó a destruir la montaña de Cullera a un cacique local.
Casi 70.000 metros cuadrados de la montaña de Cullera cercanos al castillo y a los restos de la fortificación carlista de l’Alt del Fort han dejado de ser zona verde, como había dispuesto el ayuntamiento en su Plan General de Ordenación Urbana sino que recuperaran su condición de solares edificables, tal y como dispuso la ley franquista de 1965, y podrán albergar inmuebles de hasta cuatro alturas. De este modo se cumple la sentencia emitida hace 10 años por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que reconocía el derecho de los propietarios a mantener la condición de «suelo urbano consolidado» que tenían esos terrenos hasta que en 1985 el entonces gobierno municipal socialista recalificó las parcelas, que ya estaban urbanizadas, para preservar tanto el paisaje como el patrimonio histórico y monumental del paraje.
Las empresas que habían adquirido esos terrenos con la intención de urbanizarlos recurrieron a la Justicia y subieron todos los peldaños hasta que les reconoció que las parcelas eran urbanizables porque ya contaban con acceso rodado, agua y suministro eléctrico. El último intento por parte del ayuntamiento de detener el avance del cemento, que ha convertido a Cullera en uno de los municipios de costa con mayor presión urbanística, se produjo en 2012. El consistorio modificó el PGOU para establecer que la altura máxima de las edificaciones fuera de dos plantas, pero los propietarios del suelo pidieron amparo a los tribunales y les dieron nuevamente la razón instándoles a ejecutar la sentencia.
Derechos o indemnización
Los jueces siempre han sido tajantes en esa cuestión y han advertido de manera reiterada al consistorio de que cualquier modificación del planeamiento urbanístico que pueda limitar los derechos de los propietarios, ya sea para clasificar el suelo o para disminuir del aprovechamiento reconocido, «debe ser objeto de indemnización por parte del ayuntamiento». Los tribunales, en cambio, se han mostrado más condescendientes a la hora de proteger el entorno del castillo o la muralla carlina, que están declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Una disposición adicional obliga a «facilitar la convivencia de las nuevas edificaciones con esos bienes patrimoniales».
www.levante-emv.com
Casi 70.000 metros cuadrados de la montaña de Cullera cercanos al castillo y a los restos de la fortificación carlista de l’Alt del Fort han dejado de ser zona verde, como había dispuesto el ayuntamiento en su Plan General de Ordenación Urbana sino que recuperaran su condición de solares edificables, tal y como dispuso la ley franquista de 1965, y podrán albergar inmuebles de hasta cuatro alturas. De este modo se cumple la sentencia emitida hace 10 años por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que reconocía el derecho de los propietarios a mantener la condición de «suelo urbano consolidado» que tenían esos terrenos hasta que en 1985 el entonces gobierno municipal socialista recalificó las parcelas, que ya estaban urbanizadas, para preservar tanto el paisaje como el patrimonio histórico y monumental del paraje.
Las empresas que habían adquirido esos terrenos con la intención de urbanizarlos recurrieron a la Justicia y subieron todos los peldaños hasta que les reconoció que las parcelas eran urbanizables porque ya contaban con acceso rodado, agua y suministro eléctrico. El último intento por parte del ayuntamiento de detener el avance del cemento, que ha convertido a Cullera en uno de los municipios de costa con mayor presión urbanística, se produjo en 2012. El consistorio modificó el PGOU para establecer que la altura máxima de las edificaciones fuera de dos plantas, pero los propietarios del suelo pidieron amparo a los tribunales y les dieron nuevamente la razón instándoles a ejecutar la sentencia.
Derechos o indemnización
Los jueces siempre han sido tajantes en esa cuestión y han advertido de manera reiterada al consistorio de que cualquier modificación del planeamiento urbanístico que pueda limitar los derechos de los propietarios, ya sea para clasificar el suelo o para disminuir del aprovechamiento reconocido, «debe ser objeto de indemnización por parte del ayuntamiento». Los tribunales, en cambio, se han mostrado más condescendientes a la hora de proteger el entorno del castillo o la muralla carlina, que están declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Una disposición adicional obliga a «facilitar la convivencia de las nuevas edificaciones con esos bienes patrimoniales».
Cullera llenará la montaña de chalés de hasta 4 alturas para acatar la orden del TSJ
El ayuntamiento se resigna diez años después a cumplir la sentencia
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