KUTRONIO
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¿Ilegalizar a VOX? Puede sonar demencial, pero el hecho es que nos encontramos bajo un gobierno demencial. Conviene tomarse en serio este asunto salvo que no nos creamos que la extrema izquierda que nos gobierna sea un peligro. Pedro Sánchez gobierna con Bildu, con un partido abiertamente chavista que celebra la dictadura cubana o la RDA, y con unos golpistas encarcelados a los que ha indultado para poder gobernar con ellos. ¿Realmente cabe confiar mucho en que toda esta gente no sería capaz de acudir a mecanismos antidemocráticos para perpetuarse en el poder?
El móvil de una operación de este tipo está muy claro. Viendo perdidas las próximas elecciones, asumiendo que la alternativa al actual gobierno es una coalición entre el PP y VOX, ilegalizar a VOX torpedearía claramente la posibilidad de una alternancia democrática en el poder. Es probable que ante algo así parte de los votantes de VOX votara al PP, pero es asimismo probable que no todos lo hicieran. Unos porque dejaran de creer por completo en el sistema, otros por rechazo a votar al PP. Poco o mucho, con una ilegalización de VOX el PSOE no tendría nada que perder.
Si atendemos a lo establecido en la Ley de Partidos, la ilegalización de una formación la pueden iniciar por sí mismos tanto el gobierno como, valga la redundancia, el Ministerio Fiscal. Es decir, ningún problema para Sánchez poner en marcha el procedimiento de ilegalización.
Una vez iniciado el procedimiento la disolución del partido la decidiría una sala especial del Tribunal Supremo.
Frente a esta decisión, cabría recurso ante el Tribunal Constitucional.
Si el Constitucional avala la ilegalización, el partido ilegalizado quedaría disuelto y sus actividades suspendidas. Obviamente no podría presentarse a las elecciones. No se admitiría tampoco la inscripción de un partido que se pudiera considerar sucesor del ilegalizado.
Para que un partido pueda ser disuelto, sin pretender ser exhaustivos, la Ley de Partidos prevé comportamientos todos los cuales van en la línea de justificar atentados terroristas y fomentar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos, incluir terroristas en las listas electorales o en los órganos directivos, utilizar símbolos terroristas o violentos, promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen y, en definitiva, complementar, justificar o estimular en cualquier forma la violencia política.
Todo el párrafo anterior, con ser muy interesante y resultar necesario para entender el espíritu y la justificación de la ley que prevé la ilegalización de un partido político, en realidad es irrelevante de cara a una posible ilegalización de VOX. Es decir, podría pensarse que es evidente que VOX no incurre en ninguno de los supuestos anteriores, que de hecho hay formaciones aliadas del gobierno mucho más cerca de encajar en los tipos previstos para la ilegalización que VOX, pero eso da igual. Como hemos visto se trata de un proceso que puede poner en marcha el gobierno, o la Fiscalía General en su defecto. Por tanto basta con la mera voluntad del gobierno para iniciar la ilegalización. En cuanto a si VOX incurre en alguno de los tipos previstos, eso ya lo tendrían que decidir el Supremo y el Constitucional, lo que por una parte nos devuelve a la cuestión inicial de si también el PP desea la ilegalización de VOX y a la siguiente cuestión, que es la renovación del Supremo y del Constitucional.
Para el PSOE es evidente que la ilegalización de VOX sería deseable como una forma de dinamitar la alternativa de gobierno y perpetuarse en el poder, pero también para el PP la idea de ilegalizar a VOX puede resultar tentadora. Con Ciudadanos desaparecido y VOX ilegalizado, el PP podría recuperar el monopolio del centro derecha. Desde luego el PP no carecería totalmente de un móvil para sumarse a la ilegalización de VOX.
Todo lo anterior podría no resultar una cuestión baladí de cara al acuerdo entre el PP y el PSOE, dicen que inminente, de renovación de los órganos del CGPJ, que a su vez determina las mayorías en el Supremo y el Constitucional. El PP no sería necesario para iniciar el proceso de ilegalización, pero sí para que llegara a buen puerto sin un contratiempo judicial. Ilegalizar a VOX podría quedar en manos de unos tribunales recién renovados al gusto del PSOE y sus socios, o del PSOE, el PP y sus socios. La ilegalización de VOX, de hecho, para todos los beneficiarios de la ilegalización podría ser un elemento unificador y facilitador de la renovación. Es por ello que no tiene sentido tranquilizarse demasiado pensando que VOX no incurre en ninguno de los supuestos previstos de ilegalización ya que eso, tuviera sentido o no, lo determinarían magistrados recién nombrados por los partidos que promovieran la ilegalización. Merece la pena por tanto permanecer muy atentos al acuerdo que puedan alcanzar el PP y el gobierno para la renovación del CGPJ.
Más tarde o más temprano acabarían entrando en juego en este asunto los tribunales europeos, pero para entonces y conociendo y temiendo a los tribunales europeos puede que viéramos mucho antes encarcelado a Abascal que a Puigdemont.
VOX se encuentra por tanto en una coyuntura peligrosa en primer lugar porque puede ser clave para ganarle al gobierno Frankenstein, pero clave también para formar un gobierno alternativo con el PP. Si VOX fuera irrelevante no tendría que enfrentarse a esta amenaza, pero no hay partido en este momento al que no pudiera beneficiar su desaparición, salvo acaso al PP, siempre que el PP tuviera muy claro que no puede gobernar ya sin VOX y sin un grupo de votantes que seguramente sólo votarían las siglas de VOX.
Una vez sentado que la ilegalización de VOX, al margen de injusta resulta deseable para sus rivales, particularmente los gubernamentales, el siguiente paso es considerar si estos pueden tener algún tipo de freno o escrúpulo jovenlandesal, resultando obvio que no. A partir de aquí, el asunto sería esperar que fueran honestos y objetivos al aplicar la ley unos magistrados no sólo recién nombrados por los promotores de la ilegalización, sino acaso con la vista puesta en que tengan que decidir sobre esa ilegalización. Es por ello que VOX debería estar muy atento a si hay o no hay acuerdo del PSOE y sus socios con el PP para la renovación del CGPJ.
Naturalmente algo como lo que se ha descrito significaría de hecho el fin de la democracia en España, siquiera de la democracia imperfecta que tenemos en la actualidad. Desde luego la ilegalización no sería en ningún caso un avance hacia algo más democrático sino todo lo contrario, algo como pasar a vivir en una especie de Alsasua judicial. Por otro lado ese es el riesgo real de que partidos comunistas, golpistas o Bildu lleguen al gobierno. Si alguien se pregunta de qué manera partidos como los citados podrían poner en peligro la democracia en la España del siglo XXI dentro de la UE, la respuesta sería haciendo algo como lo descrito, lo que desgraciadamente ahora mismo podría concluirse que no sería algo impensable ni irrealizable. No es una conjunción que ayude a vivir este momento histórico con tranquilidad.
El móvil de una operación de este tipo está muy claro. Viendo perdidas las próximas elecciones, asumiendo que la alternativa al actual gobierno es una coalición entre el PP y VOX, ilegalizar a VOX torpedearía claramente la posibilidad de una alternancia democrática en el poder. Es probable que ante algo así parte de los votantes de VOX votara al PP, pero es asimismo probable que no todos lo hicieran. Unos porque dejaran de creer por completo en el sistema, otros por rechazo a votar al PP. Poco o mucho, con una ilegalización de VOX el PSOE no tendría nada que perder.
Si atendemos a lo establecido en la Ley de Partidos, la ilegalización de una formación la pueden iniciar por sí mismos tanto el gobierno como, valga la redundancia, el Ministerio Fiscal. Es decir, ningún problema para Sánchez poner en marcha el procedimiento de ilegalización.
Una vez iniciado el procedimiento la disolución del partido la decidiría una sala especial del Tribunal Supremo.
Frente a esta decisión, cabría recurso ante el Tribunal Constitucional.
Si el Constitucional avala la ilegalización, el partido ilegalizado quedaría disuelto y sus actividades suspendidas. Obviamente no podría presentarse a las elecciones. No se admitiría tampoco la inscripción de un partido que se pudiera considerar sucesor del ilegalizado.
Para que un partido pueda ser disuelto, sin pretender ser exhaustivos, la Ley de Partidos prevé comportamientos todos los cuales van en la línea de justificar atentados terroristas y fomentar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos, incluir terroristas en las listas electorales o en los órganos directivos, utilizar símbolos terroristas o violentos, promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen y, en definitiva, complementar, justificar o estimular en cualquier forma la violencia política.
Todo el párrafo anterior, con ser muy interesante y resultar necesario para entender el espíritu y la justificación de la ley que prevé la ilegalización de un partido político, en realidad es irrelevante de cara a una posible ilegalización de VOX. Es decir, podría pensarse que es evidente que VOX no incurre en ninguno de los supuestos anteriores, que de hecho hay formaciones aliadas del gobierno mucho más cerca de encajar en los tipos previstos para la ilegalización que VOX, pero eso da igual. Como hemos visto se trata de un proceso que puede poner en marcha el gobierno, o la Fiscalía General en su defecto. Por tanto basta con la mera voluntad del gobierno para iniciar la ilegalización. En cuanto a si VOX incurre en alguno de los tipos previstos, eso ya lo tendrían que decidir el Supremo y el Constitucional, lo que por una parte nos devuelve a la cuestión inicial de si también el PP desea la ilegalización de VOX y a la siguiente cuestión, que es la renovación del Supremo y del Constitucional.
Para el PSOE es evidente que la ilegalización de VOX sería deseable como una forma de dinamitar la alternativa de gobierno y perpetuarse en el poder, pero también para el PP la idea de ilegalizar a VOX puede resultar tentadora. Con Ciudadanos desaparecido y VOX ilegalizado, el PP podría recuperar el monopolio del centro derecha. Desde luego el PP no carecería totalmente de un móvil para sumarse a la ilegalización de VOX.
Todo lo anterior podría no resultar una cuestión baladí de cara al acuerdo entre el PP y el PSOE, dicen que inminente, de renovación de los órganos del CGPJ, que a su vez determina las mayorías en el Supremo y el Constitucional. El PP no sería necesario para iniciar el proceso de ilegalización, pero sí para que llegara a buen puerto sin un contratiempo judicial. Ilegalizar a VOX podría quedar en manos de unos tribunales recién renovados al gusto del PSOE y sus socios, o del PSOE, el PP y sus socios. La ilegalización de VOX, de hecho, para todos los beneficiarios de la ilegalización podría ser un elemento unificador y facilitador de la renovación. Es por ello que no tiene sentido tranquilizarse demasiado pensando que VOX no incurre en ninguno de los supuestos previstos de ilegalización ya que eso, tuviera sentido o no, lo determinarían magistrados recién nombrados por los partidos que promovieran la ilegalización. Merece la pena por tanto permanecer muy atentos al acuerdo que puedan alcanzar el PP y el gobierno para la renovación del CGPJ.
Más tarde o más temprano acabarían entrando en juego en este asunto los tribunales europeos, pero para entonces y conociendo y temiendo a los tribunales europeos puede que viéramos mucho antes encarcelado a Abascal que a Puigdemont.
VOX se encuentra por tanto en una coyuntura peligrosa en primer lugar porque puede ser clave para ganarle al gobierno Frankenstein, pero clave también para formar un gobierno alternativo con el PP. Si VOX fuera irrelevante no tendría que enfrentarse a esta amenaza, pero no hay partido en este momento al que no pudiera beneficiar su desaparición, salvo acaso al PP, siempre que el PP tuviera muy claro que no puede gobernar ya sin VOX y sin un grupo de votantes que seguramente sólo votarían las siglas de VOX.
Una vez sentado que la ilegalización de VOX, al margen de injusta resulta deseable para sus rivales, particularmente los gubernamentales, el siguiente paso es considerar si estos pueden tener algún tipo de freno o escrúpulo jovenlandesal, resultando obvio que no. A partir de aquí, el asunto sería esperar que fueran honestos y objetivos al aplicar la ley unos magistrados no sólo recién nombrados por los promotores de la ilegalización, sino acaso con la vista puesta en que tengan que decidir sobre esa ilegalización. Es por ello que VOX debería estar muy atento a si hay o no hay acuerdo del PSOE y sus socios con el PP para la renovación del CGPJ.
Naturalmente algo como lo que se ha descrito significaría de hecho el fin de la democracia en España, siquiera de la democracia imperfecta que tenemos en la actualidad. Desde luego la ilegalización no sería en ningún caso un avance hacia algo más democrático sino todo lo contrario, algo como pasar a vivir en una especie de Alsasua judicial. Por otro lado ese es el riesgo real de que partidos comunistas, golpistas o Bildu lleguen al gobierno. Si alguien se pregunta de qué manera partidos como los citados podrían poner en peligro la democracia en la España del siglo XXI dentro de la UE, la respuesta sería haciendo algo como lo descrito, lo que desgraciadamente ahora mismo podría concluirse que no sería algo impensable ni irrealizable. No es una conjunción que ayude a vivir este momento histórico con tranquilidad.
