Inmobiliaria: Cierre masivo de pisos turísticos en santiago: «mis ahorros estaban ahí»

Cientos de familias, entre 600 y 800, están afectadas por la ordenanza que prohíbe las VUT en gran parte de la ciudad. ABC entra en estas viviendas para conocer sus historias​

Estancia de una de las viviendas turísticas, ubicada en la zona nueva, afectada por la nueva regulación

María abre la puerta del piso que tiene en una segunda planta de la zona nueva de Santiago con orgullo. Meses de reformas y un importante desembolso de cerca de 30.000 euros no pasan desapercibidos en esta vivienda rehabilitada, que lleva más de un año funcionando como vivienda de uso turístico. Antes de iniciar su actividad, esta familia inscribió el piso en el registro de la Xunta, único requisito para empezar a operar según la ley gallega vigente. Pero la modificación del PXOM aprobada por el gobierno socialista de Xosé Sánchez Bugallo el pasado invierno truncó sus planes. María, como cientos de propietarios más —las cifras no son exactas, pero se mueven entre los 650 y los 800— vieron peligrar sus negocios con una nueva normativa que prohibía las VUT en la zona vieja y las limitaba a bajos y primeros en la nueva. Su única esperanza, tras el cambio de gobierno en Raxoi, era que la nueva alcaldesa plasmase en una ordenanza lo que de manera informal le había dicho a los afectados en distintas reuniones —«en precampaña reconoció que no veía problemas en regularizar las que ya estaban funcionando» apuntan desde Aviturga—, pero la hoja de ruta no ha sido la prometida. La redacción del texto que los propietarios llevaban año y medio esperando cayó la semana pasada como un jarro de agua fría sobre los cientos de familias que habían invertido sus ahorros en reformar sus segundas residencias y que ahora deben echar el cierre. «Van a dejar la ciudad sin alojamientos de calidad» introduce el portavoz de Aviturga en la ciudad, Óscar Soneira, poniendo sobre la mesa uno de los argumentos esgrimidos por los defensores de este tipo de alojamiento.


Las palabras de María conectan con él. «Cuidamos la casa hasta el último detalle, solo hace falta ver las notas que tenemos en las plataformas y lo contenta que se va la gente que se queda aquí. Ahora solo nos queda cerrar el piso» reprocha esta afectada, que descarta dedicar la vivienda a un alquiler tradicional o estudiantil. «Si meto estudiantes aquí durante el curso tendré que hacer un desembolso en verano para volver a pintarla y arreglarla de nuevo, no me compensa» reflexiona. Su opinión la comparten otros muchos, que no barajan más alternativa que echar la llave o directamente vender.
En este segundo caso está Bernardo, dueño de un ático en una de las calles más céntricas de la ciudad, que solo le ha dado disgustos desde que lo compró allá por 2007. Primero se lo alquiló a estudiantes, pero las quejas de los vecinos por el barullo y las fiestas en la terraza lo llevaron a alojar en él a una pareja de hosteleros. Estos inquilinos solo pagaron los dos primeros meses, y después de casi medio año tratando de echarlos, el propietario tuvo que abonar una factura de 4.000 euros por el gas que habían consumido durante el invierno. Con un nudo en la boca del estómago, como él mismo describe, lo habló con su mujer y decidieron convertir la vivienda en un piso turístico. «Hacienda se lleva una parte muy importante de estos ingresos y eso es una forma de generar riqueza que no se está teniendo en cuenta a la hora de legislar» afea. También, como el resto de los consultados, recuerda que sus inquilinos gastan en comercio local y que por lo general son viajeros que usan las casas «para dormir y desayunar» y que no generan problemas de convivencia.

35.000 euros​

La historia se repite entre los dueños afectados por la política desarrollada desde Raxoi, que comparten perfil y sensaciones. La mayoría solo poseen una vivienda, que arreglaron para acabar de completar la economía familiar. Lo explica Lucas, que se dejó todos sus ahorros, unos 35.000 euros, en reformar un apartamento en la almendra de la ciudad, la zona más penalizada. «Me dejé todo ahí, quedé a cero, vacío, para ponerlo moderno y bonito, comprar electrodomésticos... cuando acabé fui al ayuntamiento a preguntar qué papeleo tenía que hacer y me dijeron que no hacía falta nada, así que me inscribí en el REAT y empecé a operar hace ya siete años», relata. Los ingresos de ese apartamento que remozan una vez al año para mantener el estándar de calidad pasaron a formar parte de la economía familiar de Lucas y su pareja, que acaban de comprarse un piso en el que viven en otra zona de la ciudad y que sin estos beneficios no saben si podrán costear. «Tengo una hipoteca y ahora nos dicen que no podemos seguir con nuestra actividad, no sabemos qué vamos a hacer. Yo por el momento sigo adelante porque no me ha llegado ninguna notificación, pero llegará» se resigna. En su caso tampoco valora la alternativa de un alquiler, y menos para estudiantes. Por sus características, asegura, no es una vivienda «ni para universitarios ni para una familia».



Aquí todo dios quiere pegar del pelotazo. De lo contrario no habría tanta gente inviertiendo en cosas (criptos, etc...), de querer entrar en gran hermano, influencer, etc...

Invertir en zulos en un país socialista =




Luego hablan de la poca movilidad laboral. Normal, porque tienes a funcivagos en las islas viviendo en el coche, por no poder pagar los alquileres, por los guiris.