Chaves y los ERE, Rajoy y la Kitchen: dos varas judiciales

Para Alaya y la Audiencia es “ilógico que decisiones trascendentales fueran desconocidas” por Chaves; la tesis de García Castellón con Rajoy es justo la contraria
RELACIONADOCanta Bárcenas: tiembla Chaves, tiembla GriñánRamón Díaz: 9 años en el infierno por una imputación de AlayaGarcía-Castellón cierra la investigación de Kitchen sin citar a Rajoy y salvando a Cospedal
ANTONIO AVENDAÑO Domingo, 1 de agosto de 2021

El excomisario José Manuel Villarejo tras declarar el pasado 2 de julio en el caso Kitchen que siempre tuvo al tanto a Mariano Rajoy sobre el espionaje a Bárcenas. ALBERTO ORTEGA/EP

Los dados de la justicia en el caso Kitchen que amenaza al expresidente Mariano Rajoy están cargados a favor del PP. Esos mismos dados, en el caso Dina Bousselham que amenazaba al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, estaban cargados en contra de Podemos.
En ambos casos, quien tiraba los dados era el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Hasta que el Tribunal Supremo archivó provisionalmente en enero pasado el caso de la asesora de Podemos a la que le robaron un móvil cuyos mensajes más comprometedores publicó un diario amarillo y cuya tarjeta fue supuestamente destruida de forma deliberada, el juez amigo para unos y enemigo para otros movió cielo y tierra en busca de pruebas que inculparan a Iglesias.
Lo comido por lo servido: su instrucción fue un rotundo fracaso judicial pero un rentable éxito político que duante varios años recorrió entre vítores y apalusos los principales escenarios mediáticos de todo el país.
El hecho es bien conocido: en las causas judiciales fallidas, el instructor nunca pierde y los instruidos nunca ganan, en el sentido de que el primero nunca paga por sus derrotas mientras que los segundos siempre pagan, ya sea por sus victorias, ya por sus derrotas.
Parecido pero al revés
Al caso ERE le sucede lo que al caso Kitchen pero al revés: todo lo que en éste son presunciones de inocencia en aquél eran presunciones de culpabilidad, tanto en la instrucción prácticamente prospectiva llevada a cabo por Mercedes Alaya como en la propia sentencia de la Audiencia de Sevilla, que dictó condenas de prevaricación y malversación casi al peso, atribuyendo el primer delito a casi todo quisque que se sentó en el banquillo y el segundo a quienes habían gestionado fondos públicos, pero también a quienes jamás administraron un céntimo.

A falta de la pistola humeante que lo inculpara, este fue el argumento definitivo de la Sala para condenar al expresidente Manuel Chaves por prevaricación: “Resulta ilógico –sostiene la sentencia– que decisiones de gran trascendencia, en materias de gran relevancia social e influencia política, sean desconocidas por el presidente”; para los jueces es “impensable” no tanto que el cambio de modelo de concesión de ayudas sociolaborales se aprobara sin el visto bueno del jefe del Ejecutivo andaluz como que éste no podía no saber que dicho cambio era ilegal más allá de toda duda.
Y aquí entra en escena el juez García Castellón, a quien los Gobiernos del PP destinaron durante casi 17 años como juez de enlace primero en Francia y luego en Italia, un destino donde el magistrado titular no suele matarse precisamente a trabajar pero percibe un sueldo cercano a los 10.000 euros netos al mes.
García Castellón regresó a su plaza de juez instructor en la Audiencia Nacional cuando arreciaban los casos de corrupción contra el PP: volvió a España a trabajar mucho más y cobrar mucho menos. Interesante.
Es el juez que ha instruido y enviado provisionalmente a juicio oral el caso Kitchen, en el que se investiga la operación clandestina diseñada por el Ministerio del Interior para obtener –y llegado el caso destruir– documentación en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas que involucraba al presidente Marino Rajoy en la contabilidad b del Partido Popular.
Una diligencia impertinente
Al contrario que la instructora Alaya y el Tribunal de Sevilla en el caso ERE, en el caso Kitchen el juez García Castellón considera que Rajoy –a quien ni siquiera menciona con su nombre en el auto– no tenía por qué saber que su amigo íntimo y ministro del Interior Jorge Fernández había urdido una operación policial mediante la que movilizó a decenas de agentes para espiar a Bárcenas y robar y destruir información que habría dejado al presidente a los pies de los caballos.
Es más: aunque la operación fue descubierta, cosechó algunos éxitos tan decisivos como la localización de un pen con audios y mensajes altamente comprometedores para Rajoy.
No es ya que el juez no haya dado credibilidad a la confesión del excomisario Villarejo según la cual intercambió mensajes con Rajoy informándole del curso de la investigación ordenada por Díaz, sino que ni siquiera ha aceptado practicar una diligencia –para García Castellón “impertinente, innecesaria e inútil”– tan sencilla, elemental y de cajón como comprobar si el número de teléfono al que Villarejo llamaba o escribía para contactar con Rajoy era del presidente.
García Castellón tampoco ha encontrado sospechosas las reuniones informativas de Villarejo con la entonces secretaria general del PP y mano derecha de Rajoy en el partido, María Dolores de Cospedal. Para el instructor, tales reuniones se enmarcaban en “el ejercicio de un derecho fundamental de protección constitucional, el derecho de reunión”.
Con el formato de instrucción y la doctrina de la presunción de inocencia aplicada durante la misma por el juez García Castellón en el caso Kitchen, la mayoría de los procesados en el caso de los ERE jamás se habrían sentado en el banquillo.
Y al revés: con el formato de instrucción y la doctrina de la presunción de culpabilidad aplicada por la jueza Mercedes Alaya en el caso ERE, todos los procesados y muchos de los ni siquiera imputados en el caso Kitchen –y en general en la caja b del PP y demás piezas relacionadas con los papeles de Bárcenas– habrían acabado ante un tribunal y no pocos de ellos con sus huesos en prisión.