MonteKarmelo
Madmaxista
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El ex presidente andaluz asegura que no aprobó ayudas a la empresa de su hija- Sin embargo, admite que su Gobierno avaló la subvención a Matsa por «imperativo legal» El 26 de mayo, EL MUNDO desveló que el actual vicepresidente del Gobierno y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, había concedido una subvención de 10 millones de euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas S.A. (Matsa), de la que es apoderada su propia hija, Paula. El pasado 5 de junio, Chaves envió a este periódico la carta que reproducimos íntegramente, en la que trata de desmentir que hubiera tenido participación en la adjudicación millonaria a la compañía de su hija. Asegura que el Consejo de Gobierno que presidía no aprobó subvención alguna a la empresa. Pero inmediatamente después sí admite que ese órgano ratificó «por imperativo legal» lo que define como «incentivo» aprobado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. La Ley de Incompatibilidades de Andalucía fija claramente que los responsables de la Administración autonómica deben abstenerse en cualquier decisión que implique a familiares directos suyos. La subvención a la empresa de Paula se aprobó a finales de enero. EL MUNDO desveló también que el Ejecutivo andaluz modificó el 9 de diciembre el precepto legal para dar subvenciones a proyectos ya iniciados, lo que permitió que Matsa recibiera la subvención. Al lado de la carta del vicepresidente del Gobierno ofrecemos la versión, punto por punto, de EL MUNDO.
LA VERSIÓN DE CHAVES
Sr. Director de EL MUNDO
Acogiéndome al Derecho de Rectificación regulado en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, le remito el siguiente escrito de rectificación para su publicación, en los términos estrictos que marca la Ley, con recordatorio expreso de dichos términos, es decir, «con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas».
En los últimos días, en el diario de su dirección han sido publicadas supuestas informaciones que no sólo resultan profundamente inexactas, cuando no directamente falsas, sino que suponen un grave perjuicio para mi honor y mi imagen pública. Dichas informaciones atribuyen un comportamiento indecoroso cuando no ilegal a mi persona, en calidad de presidente que fui de la Junta de Andalucía y en relación con el incentivo a la empresa Minas de Aguas Teñidas, SA (Matsa). Dichas informaciones o son inexactas o directamente falsas.
1 Así, las informaciones que bajo el título «Chaves dio 10 millones a una empresa apoderada por su hija», «El Consejo de Gobierno presidido por él aprobó el 29 de enero la subvención», «Chaves subvencionó a su hija» son del todo inexactas. El Consejo de Gobierno que yo presidía no ha aprobado subvención alguna a la empresa Matsa, ni en la sesión de ese día ni en ninguna otra, limitándose a ratificar, por imperativo legal y en razón de la cuantía, el incentivo aprobado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, competente para ello, de acuerdo con la Ley y sus propios Estatutos.
2 Igualmente, rotundamente falso que «el expediente que llegó al Consejo de Gobierno contuviera un apoderamiento a favor de la hija de Chaves», como sostiene EL MUNDO. Todo lo contrario, desde el inicio del expediente y hasta el momento en el que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ratifica el acuerdo de concesión del incentivo del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, mi hija Paula Chaves no había tenido ninguna participación en dicho expediente. No existía pues, en ese momento, causa, motivo o justificación de la inhibición del presidente de la Junta de Andalucía en dicho asunto. En consecuencia, tampoco existió, ni remotamente, vulneración de la Ley de Incompatibilidades.
3 Del mismo modo, son rotundamente falsas las informaciones de su periódico en las que se sostiene que «Chaves cambió una norma para ayudar a la empresa de su hija», «La Junta modificó el 9 de diciembre el precepto legal para dar subvenciones a proyectos ya iniciados», «Un cambio en la norma legal permitió la ayuda». En efecto, en la mencionada fecha, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía modificó la orden de incentivos, pero en modo alguno cambió absolutamente nada para permitir que se den incentivos a proyectos ya iniciados, pues es algo que prohíbe expresa y taxativamente la normativa comunitaria. Es sencillamente mentira que ni antes ni después de esa modificación normativa se puedan dar ni se hayan dado por parte de la Junta de Andalucía incentivos a proyectos ya iniciados. Es más, la Junta de Andalucía denegó un incentivo a Matsa -para la construcción de una rampa de acceso a la mina- precisamente porque las obras ya habían sido iniciadas cuando se presentó la petición. Justo lo contrario a lo que sostiene su periódico.
4 También es radicalmente falso que la modificación se realizara para ayudar a la empresa Matsa, pues con la normativa anterior se hubiera concedido el mismo incentivo y con la misma cuantía. Prueba de ello es que el proyecto de dicha empresa ya había sido declarado incentivable estando en vigor la anterior normativa, concretamente con fecha 18 de octubre de 2007. Prueba de ello también es que, con la normativa anterior, se concedieron ayudas equivalentes a otros proyectos mineros en Andalucía. En realidad, la modificación de la orden de incentivos afecta a una veintena de aspectos -ninguno de los cuales está relacionado con incentivar proyectos ya iniciados, algo absolutamente prohibido, como queda dicho- y es consecuencia de la necesidad de adaptar la normativa autonómica a las nuevas directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013, algo perfectamente verificable. Por tanto, la afirmación sostenida por EL MUNDO de que «sin esa reforma legal (...) el Gobierno regional habría tenido que denegar la ayuda» es radicalmente falsa.
5 Igualmente falsas son las diferentes versiones que EL MUNDO ofrece en relación al incremento del incentivo al proyecto minero. En este sentido, las informaciones publicadas son contradictorias entre sí y falsas si se toman por separado. En efecto, EL MUNDO asegura un día que «el incremento se aprobó sin un motivo real que lo justificase» y con posterioridad asegura que la Junta «se dejó engañar» por la empresa, dando por bueno un contrato de comercialización de Matsa con su propia empresa matriz «para elevar la subvención de 7 a 10 millones». Con independencia de la atribución a la empresa Matsa de la «voluntad de engañar» a la Administración autonómica -sobre la que dicha sociedad será en todo caso la encargada de pronunciarse-, lo cierto es que en el expediente se recoge claramente el motivo por el que el incentivo se incrementó a lo largo de su tramitación y no fue otro que la inclusión de la obra civil como elemento incentivable, algo perfectamente legal, ajustado a la normativa y apreciado en todo caso en el mismo nivel técnico en el que se realizó la primera propuesta. De cualquier manera, es perfectamente normal que durante la fase de tramitación se modifique el importe de los incentivos, algo que ocurre en alrededor del 30% de los expedientes. Más significativa puede resultar una comparativa del nivel de intensidad del incentivo a la empresa Matsa, que asciende al 15% de la inversión, cuando la media del porcentaje de los incentivos concedidos por encima de un millón de euros alcanza el 24% y es aún mayor, más del 30%, si se analiza el conjunto de los incentivos.
6 En realidad, todas las insinuaciones sobre trato de favor a esta empresa no son ciertas, como ha quedado acreditado. Tampoco es cierto que sea excepcional el plazo de cinco días en la contestación a la empresa declarando «incentivable» el proyecto, cuando el plazo medio de contestación inicial a los 3.300 expedientes tramitados conforme a la Orden de 2008 es, precisamente, de una semana, siendo más corto este periodo de tiempo en las provincias en las que, como sucede en Huelva, el número de proyectos presentados es menor.
7 También son inciertas las informaciones tituladas «Un informe de la Junta prueba que Chaves incumplió la Ley» y «Chaves vulneró la Ley según el criterio que fijó el fiscal». Bastará decir que dichos informes no se refieren ni a mi persona, ni a este asunto sino a otras personas y otros procedimientos, con lo que nada pueden probar sobre mí ni sobre esta cuestión. Todo lo contrario a lo que en estos días de campaña electoral ha sostenido EL MUNDO, con gran falta de respeto a la verdad.
fdo. MANUEL CHAVES GONZÁLEZ Ex presidente de la Junta de Andalucía.
RESPUESTA DE EL MUNDO
1 El Consejo de Gobierno es el único que podía dar luz verde al incentivo de más de 10 millones de euros. En la propia orden de ayudas se remarca que es «necesario» ese acuerdo de máximo nivel del Ejecutivo andaluz. Sin su preceptiva adopción, Matsa jamás podría recibir la subvención. En efecto, es un acuerdo que viene a ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia (IDEA), pero eso en absoluto menoscaba el control de legalidad efectuado por el órgano colegiado en el que Chaves no se inhibió.
Hay dos modos de verificarlo: el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, donde bajo la concesión de la ayuda aparece la firma de Chaves, o a través de la página web de la Junta, en el histórico de referencias de los consejos de gobierno, donde el 20 de enero se confirma la «aprobación» del incentivo.
2 Que figura un apoderamiento notarial a favor de Paula Chaves en el expediente es algo que nadie había cuestionado hasta ahora. Lo acreditan los dos parlamentarios del Partido Popular que lo pudieron revisar y ni siquiera los desmintió en su comparecencia ante el Parlamento el consejero de Innovación, Martín Soler, quien sólo aludió a que la comunicación del mismo habría tenido lugar el 23 de febrero, un mes después de pasar el expediente por el Consejo de Gobierno.
En el Registro Mercantil figura la inscripción del apoderamiento a favor de la hija de Chaves desde el 12 de noviembre de 2008. Entre otras atribuciones, su responsabilidad le permitía «comparecer ante cualquier oficina o funcionario de la comunidad autónoma e instar, seguir o terminar toda clase de expedientes», además de «solicitar, tramitar, obtener y, en su caso, ceder, adquirir o tras*mitir licencias, concesiones y autorizaciones administrativas de todas clases».
Aparte, está el comunicado de Matsa en el que declara que Paula Chaves es «desde el 2 de julio de 2007 responsable del departamento jurídico», teniendo entre sus funciones «la gestión y tramitación de incentivos y ayudas y la representación de la sociedad ante cualquier Administración Pública», lo que implica un reconocimiento de que la hija del vicepresidente tercero del Gobierno habría participado a lo largo de toda la tramitación del expediente ante la Junta.
El desconocimiento que alega Chaves no le exime de cumplir la ley.
3 Como se explicitaba en la información publicada el 27 de mayo, el artículo 4.4 de la orden de 19 de abril de 2007 sólo permitía subvencionar en minería proyectos de «industrias extractivas», que no tras*formadoras, para el acceso a los yacimientos «con el propósito de iniciar su explotación», excluyendo las labores ya en la «fase de explotación del yacimiento». Pese a que dicha orden estaba en vigor hasta el 30 de diciembre de 2009, se aprobó una nueva el 9 de diciembre de 2008 que alteró los supuestos subvencionables, ampliando con carácter retroactivo la línea de ayudas a todos los proyectos mineros que generen una «tras*formación del material» extraído en productos de valor añadido.
¿Qué proyecto presentó en octubre de 2007 Matsa? Una planta de tratamiento mineral, o para ser más precisos, «para la tras*formación de minerales polimetálicos que salen de la mina», como puntualizó en el Parlamento el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo. Pero ¿no es ésa acaso «una labor propia de la fase de explotación del yacimiento»?
El Gobierno central denegó el 24 de abril de 2008 una ayuda a Matsa para su proyecto de «construcción de una planta de tratamiento de mineral» alegando, entre otros motivos, que Matsa había iniciado las inversiones antes de la presentación de la solicitud de la ayuda, el 20 de julio de 2007. Si las inversiones estaban ya iniciadas en esa fecha, evidentemente en octubre de 2007 también lo tenían que estar.
4 Hace más de una semana, EL MUNDO preguntó a la Consejería de Innovación y a la Agencia IDEA cuántas empresas mineras con proyectos como el presentado por Matsa han sido incentivadas desde el cambio de la orden. A día de hoy siguen sin aclarar si Aguas Teñidas es la única empresa beneficiada por un cambio de normativa que se atribuye a la necesidad de ajustar la legislación a una serie de directrices europeas. En ninguna de éstas se obliga a modificar las ayudas mineras.
5 El acuerdo comercializador entre Matsa y Trafigura es uno de los elementos aludidos por la Junta para justificar el incremento final del incentivo. Como se indicaba en la noticia publicada el 30 de mayo, el Gobierno andaluz se había dejado engañar porque entre las dos empresas hay una relación más allá de la puramente comercial, ya que Trafigura tiene el 42% del capital social de la multinacional canadiense Iberian Minerals Corporation, que a su vez posee el 100% de Aguas Teñidas. De ahí que se afirmara que el Gobierno andaluz aumentó de 6,9 millones de euros a casi 10,1 millones el incentivo final a la empresa apoderada por Paula Chaves en virtud, entre otros motivos, de un acuerdo de los dueños de la mina consigo mismos.
6 Desde luego, no todos los proyectos incentivables que se presentan ante la Junta tienen la misma dificultad técnica de valoración y examen, así que la media no es relevante. El de Matsa es un proyecto minero de 96 millones de euros cuyo volumen tiene que ser considerable teniendo en cuenta que al PP no se le ha facilitado copia escrita, excusándose precisamente en su tamaño. Sin embargo, en sólo cinco días laborables, la Delegación Provincial de Innovación en Huelva ya informó positivamente a favor de la subvención. El Gobierno central, por contra, tardó ocho meses en resolver.
7 No se ha dicho que los informes sean de Manuel Chaves ni sobre este caso en concreto. Se subrayó que están relacionados con un caso anterior de supuesta incompatibilidad en la que pudo incurrir uno de sus hermanos, Leonardo Chaves, al adjudicar desde la Junta un contrato a la empresa Climo Cubierta asesorada por otro hermano, Antonio José Chaves.
En el primer caso, se parte del informe de 11 de septiembre de 2006 de la Inspección de la Administración autonómica, que concluyó que no se había incumplido la ley porque «en la fecha del contrato» el asesor Antonio José Chaves no asumía funciones directivas en Climo Cubierta; que no mantenía «ninguna relación laboral» con la empresa y que había dejado de ser formalmente «apoderado» antes de la adjudicación.
En el caso del incentivo a Matsa firmado por Chaves, su hija Paula no sólo mantenía una relación laboral con Aguas Teñidas (que arranca el 2 de julio de 2007, según la sociedad minera), sino que contaba con un apoderamiento tan amplio como cabe en Derecho que, conforme al Registro Mercantil, le permitía «comparecer ante cualquier oficina o funcionario de la comunidad autónoma e instar, seguir o terminar toda clase de expedientes».
La segunda información toma como referencia el criterio que aplicó la Fiscalía del TSJA en un decreto fechado el 30 de octubre de 2006 en la denuncia que Manos Limpias interpuso contra un hermano de Chaves, Leonardo Chaves, por el caso Climo Cubierta.
Los cuatro elementos necesarios a que se refiere el fiscal para que exista vulneración de la Ley de Incompatibilidades se dan claramente en el caso de Aguas Teñidas toda vez que
1) Chaves es alto cargo
2) Su hija Paula figura en ese momento como apoderada de la empresa
3) Manuel Chaves y Paula Chaves son padre e hija
y 4) Chaves presidió la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó la ayuda a Minas de Aguas Teñidas.
e-pesimo Auxiliar 1: CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: 'Caso Chaves': La respuesta de EL MUNDO a las 7 'explicaciones' del bandolero Chaves
LA VERSIÓN DE CHAVES
Sr. Director de EL MUNDO
Acogiéndome al Derecho de Rectificación regulado en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, le remito el siguiente escrito de rectificación para su publicación, en los términos estrictos que marca la Ley, con recordatorio expreso de dichos términos, es decir, «con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas».
En los últimos días, en el diario de su dirección han sido publicadas supuestas informaciones que no sólo resultan profundamente inexactas, cuando no directamente falsas, sino que suponen un grave perjuicio para mi honor y mi imagen pública. Dichas informaciones atribuyen un comportamiento indecoroso cuando no ilegal a mi persona, en calidad de presidente que fui de la Junta de Andalucía y en relación con el incentivo a la empresa Minas de Aguas Teñidas, SA (Matsa). Dichas informaciones o son inexactas o directamente falsas.
1 Así, las informaciones que bajo el título «Chaves dio 10 millones a una empresa apoderada por su hija», «El Consejo de Gobierno presidido por él aprobó el 29 de enero la subvención», «Chaves subvencionó a su hija» son del todo inexactas. El Consejo de Gobierno que yo presidía no ha aprobado subvención alguna a la empresa Matsa, ni en la sesión de ese día ni en ninguna otra, limitándose a ratificar, por imperativo legal y en razón de la cuantía, el incentivo aprobado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, competente para ello, de acuerdo con la Ley y sus propios Estatutos.
2 Igualmente, rotundamente falso que «el expediente que llegó al Consejo de Gobierno contuviera un apoderamiento a favor de la hija de Chaves», como sostiene EL MUNDO. Todo lo contrario, desde el inicio del expediente y hasta el momento en el que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ratifica el acuerdo de concesión del incentivo del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, mi hija Paula Chaves no había tenido ninguna participación en dicho expediente. No existía pues, en ese momento, causa, motivo o justificación de la inhibición del presidente de la Junta de Andalucía en dicho asunto. En consecuencia, tampoco existió, ni remotamente, vulneración de la Ley de Incompatibilidades.
3 Del mismo modo, son rotundamente falsas las informaciones de su periódico en las que se sostiene que «Chaves cambió una norma para ayudar a la empresa de su hija», «La Junta modificó el 9 de diciembre el precepto legal para dar subvenciones a proyectos ya iniciados», «Un cambio en la norma legal permitió la ayuda». En efecto, en la mencionada fecha, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía modificó la orden de incentivos, pero en modo alguno cambió absolutamente nada para permitir que se den incentivos a proyectos ya iniciados, pues es algo que prohíbe expresa y taxativamente la normativa comunitaria. Es sencillamente mentira que ni antes ni después de esa modificación normativa se puedan dar ni se hayan dado por parte de la Junta de Andalucía incentivos a proyectos ya iniciados. Es más, la Junta de Andalucía denegó un incentivo a Matsa -para la construcción de una rampa de acceso a la mina- precisamente porque las obras ya habían sido iniciadas cuando se presentó la petición. Justo lo contrario a lo que sostiene su periódico.
4 También es radicalmente falso que la modificación se realizara para ayudar a la empresa Matsa, pues con la normativa anterior se hubiera concedido el mismo incentivo y con la misma cuantía. Prueba de ello es que el proyecto de dicha empresa ya había sido declarado incentivable estando en vigor la anterior normativa, concretamente con fecha 18 de octubre de 2007. Prueba de ello también es que, con la normativa anterior, se concedieron ayudas equivalentes a otros proyectos mineros en Andalucía. En realidad, la modificación de la orden de incentivos afecta a una veintena de aspectos -ninguno de los cuales está relacionado con incentivar proyectos ya iniciados, algo absolutamente prohibido, como queda dicho- y es consecuencia de la necesidad de adaptar la normativa autonómica a las nuevas directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013, algo perfectamente verificable. Por tanto, la afirmación sostenida por EL MUNDO de que «sin esa reforma legal (...) el Gobierno regional habría tenido que denegar la ayuda» es radicalmente falsa.
5 Igualmente falsas son las diferentes versiones que EL MUNDO ofrece en relación al incremento del incentivo al proyecto minero. En este sentido, las informaciones publicadas son contradictorias entre sí y falsas si se toman por separado. En efecto, EL MUNDO asegura un día que «el incremento se aprobó sin un motivo real que lo justificase» y con posterioridad asegura que la Junta «se dejó engañar» por la empresa, dando por bueno un contrato de comercialización de Matsa con su propia empresa matriz «para elevar la subvención de 7 a 10 millones». Con independencia de la atribución a la empresa Matsa de la «voluntad de engañar» a la Administración autonómica -sobre la que dicha sociedad será en todo caso la encargada de pronunciarse-, lo cierto es que en el expediente se recoge claramente el motivo por el que el incentivo se incrementó a lo largo de su tramitación y no fue otro que la inclusión de la obra civil como elemento incentivable, algo perfectamente legal, ajustado a la normativa y apreciado en todo caso en el mismo nivel técnico en el que se realizó la primera propuesta. De cualquier manera, es perfectamente normal que durante la fase de tramitación se modifique el importe de los incentivos, algo que ocurre en alrededor del 30% de los expedientes. Más significativa puede resultar una comparativa del nivel de intensidad del incentivo a la empresa Matsa, que asciende al 15% de la inversión, cuando la media del porcentaje de los incentivos concedidos por encima de un millón de euros alcanza el 24% y es aún mayor, más del 30%, si se analiza el conjunto de los incentivos.
6 En realidad, todas las insinuaciones sobre trato de favor a esta empresa no son ciertas, como ha quedado acreditado. Tampoco es cierto que sea excepcional el plazo de cinco días en la contestación a la empresa declarando «incentivable» el proyecto, cuando el plazo medio de contestación inicial a los 3.300 expedientes tramitados conforme a la Orden de 2008 es, precisamente, de una semana, siendo más corto este periodo de tiempo en las provincias en las que, como sucede en Huelva, el número de proyectos presentados es menor.
7 También son inciertas las informaciones tituladas «Un informe de la Junta prueba que Chaves incumplió la Ley» y «Chaves vulneró la Ley según el criterio que fijó el fiscal». Bastará decir que dichos informes no se refieren ni a mi persona, ni a este asunto sino a otras personas y otros procedimientos, con lo que nada pueden probar sobre mí ni sobre esta cuestión. Todo lo contrario a lo que en estos días de campaña electoral ha sostenido EL MUNDO, con gran falta de respeto a la verdad.
fdo. MANUEL CHAVES GONZÁLEZ Ex presidente de la Junta de Andalucía.
RESPUESTA DE EL MUNDO
1 El Consejo de Gobierno es el único que podía dar luz verde al incentivo de más de 10 millones de euros. En la propia orden de ayudas se remarca que es «necesario» ese acuerdo de máximo nivel del Ejecutivo andaluz. Sin su preceptiva adopción, Matsa jamás podría recibir la subvención. En efecto, es un acuerdo que viene a ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia (IDEA), pero eso en absoluto menoscaba el control de legalidad efectuado por el órgano colegiado en el que Chaves no se inhibió.
Hay dos modos de verificarlo: el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, donde bajo la concesión de la ayuda aparece la firma de Chaves, o a través de la página web de la Junta, en el histórico de referencias de los consejos de gobierno, donde el 20 de enero se confirma la «aprobación» del incentivo.
2 Que figura un apoderamiento notarial a favor de Paula Chaves en el expediente es algo que nadie había cuestionado hasta ahora. Lo acreditan los dos parlamentarios del Partido Popular que lo pudieron revisar y ni siquiera los desmintió en su comparecencia ante el Parlamento el consejero de Innovación, Martín Soler, quien sólo aludió a que la comunicación del mismo habría tenido lugar el 23 de febrero, un mes después de pasar el expediente por el Consejo de Gobierno.
En el Registro Mercantil figura la inscripción del apoderamiento a favor de la hija de Chaves desde el 12 de noviembre de 2008. Entre otras atribuciones, su responsabilidad le permitía «comparecer ante cualquier oficina o funcionario de la comunidad autónoma e instar, seguir o terminar toda clase de expedientes», además de «solicitar, tramitar, obtener y, en su caso, ceder, adquirir o tras*mitir licencias, concesiones y autorizaciones administrativas de todas clases».
Aparte, está el comunicado de Matsa en el que declara que Paula Chaves es «desde el 2 de julio de 2007 responsable del departamento jurídico», teniendo entre sus funciones «la gestión y tramitación de incentivos y ayudas y la representación de la sociedad ante cualquier Administración Pública», lo que implica un reconocimiento de que la hija del vicepresidente tercero del Gobierno habría participado a lo largo de toda la tramitación del expediente ante la Junta.
El desconocimiento que alega Chaves no le exime de cumplir la ley.
3 Como se explicitaba en la información publicada el 27 de mayo, el artículo 4.4 de la orden de 19 de abril de 2007 sólo permitía subvencionar en minería proyectos de «industrias extractivas», que no tras*formadoras, para el acceso a los yacimientos «con el propósito de iniciar su explotación», excluyendo las labores ya en la «fase de explotación del yacimiento». Pese a que dicha orden estaba en vigor hasta el 30 de diciembre de 2009, se aprobó una nueva el 9 de diciembre de 2008 que alteró los supuestos subvencionables, ampliando con carácter retroactivo la línea de ayudas a todos los proyectos mineros que generen una «tras*formación del material» extraído en productos de valor añadido.
¿Qué proyecto presentó en octubre de 2007 Matsa? Una planta de tratamiento mineral, o para ser más precisos, «para la tras*formación de minerales polimetálicos que salen de la mina», como puntualizó en el Parlamento el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo. Pero ¿no es ésa acaso «una labor propia de la fase de explotación del yacimiento»?
El Gobierno central denegó el 24 de abril de 2008 una ayuda a Matsa para su proyecto de «construcción de una planta de tratamiento de mineral» alegando, entre otros motivos, que Matsa había iniciado las inversiones antes de la presentación de la solicitud de la ayuda, el 20 de julio de 2007. Si las inversiones estaban ya iniciadas en esa fecha, evidentemente en octubre de 2007 también lo tenían que estar.
4 Hace más de una semana, EL MUNDO preguntó a la Consejería de Innovación y a la Agencia IDEA cuántas empresas mineras con proyectos como el presentado por Matsa han sido incentivadas desde el cambio de la orden. A día de hoy siguen sin aclarar si Aguas Teñidas es la única empresa beneficiada por un cambio de normativa que se atribuye a la necesidad de ajustar la legislación a una serie de directrices europeas. En ninguna de éstas se obliga a modificar las ayudas mineras.
5 El acuerdo comercializador entre Matsa y Trafigura es uno de los elementos aludidos por la Junta para justificar el incremento final del incentivo. Como se indicaba en la noticia publicada el 30 de mayo, el Gobierno andaluz se había dejado engañar porque entre las dos empresas hay una relación más allá de la puramente comercial, ya que Trafigura tiene el 42% del capital social de la multinacional canadiense Iberian Minerals Corporation, que a su vez posee el 100% de Aguas Teñidas. De ahí que se afirmara que el Gobierno andaluz aumentó de 6,9 millones de euros a casi 10,1 millones el incentivo final a la empresa apoderada por Paula Chaves en virtud, entre otros motivos, de un acuerdo de los dueños de la mina consigo mismos.
6 Desde luego, no todos los proyectos incentivables que se presentan ante la Junta tienen la misma dificultad técnica de valoración y examen, así que la media no es relevante. El de Matsa es un proyecto minero de 96 millones de euros cuyo volumen tiene que ser considerable teniendo en cuenta que al PP no se le ha facilitado copia escrita, excusándose precisamente en su tamaño. Sin embargo, en sólo cinco días laborables, la Delegación Provincial de Innovación en Huelva ya informó positivamente a favor de la subvención. El Gobierno central, por contra, tardó ocho meses en resolver.
7 No se ha dicho que los informes sean de Manuel Chaves ni sobre este caso en concreto. Se subrayó que están relacionados con un caso anterior de supuesta incompatibilidad en la que pudo incurrir uno de sus hermanos, Leonardo Chaves, al adjudicar desde la Junta un contrato a la empresa Climo Cubierta asesorada por otro hermano, Antonio José Chaves.
En el primer caso, se parte del informe de 11 de septiembre de 2006 de la Inspección de la Administración autonómica, que concluyó que no se había incumplido la ley porque «en la fecha del contrato» el asesor Antonio José Chaves no asumía funciones directivas en Climo Cubierta; que no mantenía «ninguna relación laboral» con la empresa y que había dejado de ser formalmente «apoderado» antes de la adjudicación.
En el caso del incentivo a Matsa firmado por Chaves, su hija Paula no sólo mantenía una relación laboral con Aguas Teñidas (que arranca el 2 de julio de 2007, según la sociedad minera), sino que contaba con un apoderamiento tan amplio como cabe en Derecho que, conforme al Registro Mercantil, le permitía «comparecer ante cualquier oficina o funcionario de la comunidad autónoma e instar, seguir o terminar toda clase de expedientes».
La segunda información toma como referencia el criterio que aplicó la Fiscalía del TSJA en un decreto fechado el 30 de octubre de 2006 en la denuncia que Manos Limpias interpuso contra un hermano de Chaves, Leonardo Chaves, por el caso Climo Cubierta.
Los cuatro elementos necesarios a que se refiere el fiscal para que exista vulneración de la Ley de Incompatibilidades se dan claramente en el caso de Aguas Teñidas toda vez que
1) Chaves es alto cargo
2) Su hija Paula figura en ese momento como apoderada de la empresa
3) Manuel Chaves y Paula Chaves son padre e hija
y 4) Chaves presidió la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó la ayuda a Minas de Aguas Teñidas.
e-pesimo Auxiliar 1: CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: 'Caso Chaves': La respuesta de EL MUNDO a las 7 'explicaciones' del bandolero Chaves
