Carrero Blanco iba sin escolta a todos lados. El atentado fue una PSYOP. Corina dice que Juan Carlos traía maletas llenas de millones de Bahrein o Abu

ATARAXIO

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La examante de don Juan Carlos, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, mantiene que el rey emérito trae ilegalmente «cinco millones cada vez que va a la Fórmula 1 en Bahrein o Abu Dhabi» (min. 0:23) tras*portados «en maletas» (min. 2:14) cuando «aterrizan en la base de Torrejón [de Ardoz, Madrid]» (min. 0:13). «Viaja con protección diplomática, coge el dinero y vuelve a casa [a España]. Lo hace así» (min. 0:30), apunta. Así se desprende de la conversación del 7 de octubre de 2016 a la que ha accedido FUENTES INFORMADAS que tuvo lugar entre ella y el excomisario José Manuel Villarejo en el restaurante londinense Santini.




El Proyecto Islero no puede desvincularse de la mentalidad profundamente nacionalista del régimen franquista, que era a la vez poco atlantista y americanista aunque, para sobrevivir, se hubiera visto obligado a pactar con Estados Unidos en 1953.
El objetivo era dotar a España de una política exterior y de defensa autónoma, sin necesidad de que estuviera vinculada estrechamente con el Eje occidental. Esta política alcanzó su máximo desarrollo durante la presidencia de Gobierno de Carrero Blanco, el hombre del régimen franquista que más interés había mostrado por el proyecto y lo había mantenido vivo en los momentos más difíciles.
No obstante, tras su fin el proyecto siguió adelante, ya que tanto Arias Navarro como los gobiernos de la UCD –especialmente Adolfo Suárez–, cuya ideología era también neutralista y partidaria de una España autónoma en materia de defensa continuaron con el proyecto. Sin embargo, el PSOE, partidario de la incorporación a la CEE cuanto antes, entendió que podría ser un contratiempo en ese proceso, y lo abandonó.
El resultado fue que España no pudo dotarse de armamento nuclear, pero tampoco de un sistema de seguridad colectiva, ya que la OTAN, a la que España se incorporó en 1982 por la acción de la UCD, ratificada luego por el PSOE, no aseguró ni asegura todavía, la defensa de Ceuta y Melilla; demostrando así que si bien se abandonó el proyecto de dotarse de un armamento nuclear propio, no se logró a cambio la defensa de la totalidad del territorio español.


A partir de la independencia de jovenlandia en 1956

, el nuevo país, mostró una gran agresividad hacia los territorios españoles en África, cuya primera manifestación fue la crisis de Ifni (1957-1958), durante la cual, Estados Unidos –cuya presencia en este país africano era muy fuerte desde que sus tropas desembarcaron en el mismo en 1942, y que era el principal baluarte de la Central Intelligence Agency (CIA) en el Magreb– prohibieron a las Fuerzas Armadas españolas utilizar el material de guerra cedido en virtud de los acuerdos de 1953.


Para el general Franco y su Gobierno , la bomba atómica se convirtió a partir de ese momento en una necesidad, no sólo para potenciar el papel de España en el sur de Europa y el Mediterráneo, y reforzar su papel internacional, sino sobre todo para disuadir a jovenlandia de que atacase los territorios españoles fuera de la Península, ya que sabían que, en caso de que estallase un conflicto con el país norteafricano, no podrían contar con la ayuda norteamericana, y para presionar a Gran Bretaña en el problema del peñón de Gibraltar.


el 17 de enero de 1966. Ese día, un avión cisterna KC-135 y un bombardero estratégico B-52 colisionaron en el aire sobre el espacio aéreo de Palomares (Almería), muriendo siete de sus tripulantes, mientras que otros cuatro saltaban en paracaídas. El bombardero llevaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 (modelo B28RI) de 1,5 megatones, que cayeron sobre la zona, tres en tierra y una en el mar. De las primeras, dos lo hicieron sin paracaídas, explosionando la carga convencional que contenían, cuya función era provocar la reacción en cadena del material nuclear.
Los técnicos españoles, encabezados por Velarde, rastrearon la zona donde habían explosionado ambas bombas y encontraron restos de la misma y de los detonadores, lo que les permitió poner de nuevo en marcha el proyecto Islero, pero ahora sí con muchas posibilidades de culminarlo con éxito.


el general Charles de Gaulle como su sucesor al frente de la Presidencia de la V República, Georges Pompidou, eran partidarios de que España se convirtiera en potencia nuclear y aliada suya, pero a la vez con autonomía respecto a Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
En estas circunstancias, y teniendo en cuenta que, desde el accidente de Palomares, no había dificultad en relación con la tecnología necesaria para fabricar el artefacto, la bomba atómica española se convertía en una realidad factible.

Carrero Blanco se entrevistó con Kissinger.

Durante la conversación, salió a relucir el deseo del Gobierno español de que Estados Unidos garantizase su apoyo en caso de agresión. Ante la negativa de Kissinger a aceptar ese compromiso, Carrero Blanco le enseñó el informe de Velarde, provocando una conmoción en el secretario de Estado y en el embajador americano en Madrid, el almirante Horacio Rivero, hasta el punto de que Kissinger pidió al presidente del Gobierno español que mantuviera en secreto la conversación ya que estaba convencido de la seriedad del plan y de la disposición española de llevarlo adelante.
Ese mismo día, y con cierta urgencia, Kissinger abandonó Madrid. Al día siguiente, el 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco fue asesinado

La tensión con Estados Unidos se hizo mayor cuando en 1977 se conoció públicamente el alcance tecnológico de las instalaciones nucleares previstas para el llamado Centro de Investigación Nuclear de Soria (CINSO), en la localidad de Cuba de la Solana. El proyecto se aprobó 45 días después de la fin de Franco en un Consejo de Ministros presidido por Carlos Arias Navarro, y de cuyo Gobierno formaba parte Areilza.
Los investigadores norteamericanos se asustaron al averiguar que la planta piloto ideada para convertir el uranio en plutonio podía producir 140 kilos al año, suficientes para fabricar 23 bombas atómicas anualmente. La llegada en 1976 a la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, partidario de una política de neutralidad y de amistad con los países árabes, para evitar problemas en Canarias, Ceuta y Melilla, hizo que el proyecto siguiera adelante. De hecho, el nombramiento como ministro de Defensa de su amigo el también abulense Agustín Rodríguez Sahagún, en 1979, aceleró el proyecto aún mas, ya que este político era partidario de que España se dotase de armamento nuclear cuanto antes.
Sin embargo, Carter, obsesionado con una política de reducción de armamentos, inició una campaña muy intensa sobre el Gobierno español con objeto de que suscribiera el TNP y aceptara que la OIEA inspeccionara las instalaciones sospechosas españolas, amenazando incluso con un boicot económico sino lo hacía.
La situación española era entonces muy delicada, pues ETA había iniciado una fuerte campaña de asesinatos desde 1979, ala vez que se había producido una escalada de las reivindicaciones de los partidos nacionalistas en el País Vasco y Cataluña, siendo las dos principales causas que provocaron el descontento de las Fuerzas Armadas, que culminaría con el fracasado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Poco más de un mes después, el 1 de abril, España acabó aceptando las condiciones impuestas por los norteamericanos y firmó un acuerdo con la OIEA para someter estas instalaciones a verificación constante.


el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ya había decidido abandonar el proyecto nuclear español así como permanecer en la OTAN, a cambio de la integración en la Comunidad Económica Europea (CEE). El 13 de octubre de 1987, Fernando Morán, como ministro de Asuntos Exteriores, en nombre del Gobierno socialista firmó el TNP, lo que supuso la carta de defunción del Proyecto Islero.


 
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