carlosjpc
Gran Maestre de la Logia Burbujista
El golpe fiscal a los seguros de salud encarecerá las primas a 12,4 millones de usuarios
- PSOE y Sumar acuerdan eliminar la exención y habilitar el IPS al 8%
- Aspiran a elevar la recaudación en 750 millones de euros anuales
Hacienda asume buena parte del paquete de propuestas tributarias que Sumar puso sobre la mesa de la negociación de los Presupuestos de 2025, y eliminará la exención fiscal de los seguros privados, a los que se empezará a aplicar el impuesto sobre primas de seguro (IPS). El sector ya reconoce que trasladará el impacto del impuesto a sus usuarios. "Esto va a provocar el encarecimiento de los seguros", revelan fuentes empresariales. El acuerdo firmado ayer por los socios de coalición defiende que la exención de la que disfrutan los seguros privados "tiene un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta". "Pagarán más quienes más tienen", dijo ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Un punto que las propias aseguradoras rechazan. "No entendemos que se esté hablando de rentas altas, cuando el 30% de la población en España tiene un seguro privado", defienden.
En la misma línea, Unespa ha recordado en un comunicado que "uno de cada cuatro ciudadanos decide voluntariamente contratar esta protección. Se trata de personas de muy diversos perfiles socioeconómicos que no consumen servicios sanitarios públicos o lo hacen de una manera mucho más reducida", defiende la patronal. Fuentes del sector dan por hecho -además- que este punto de la reforma fiscal provocará que buena parte de sus clientes rompan sus pólizas para a depender a la Sanidad pública en exclusiva. Según datos de la patronal Unespa, en España hay 12,4 millones de personas con una póliza de este tipo.
Cabe recordar que la prima media en España se sitúa entre los 38,3 y 89,7 euros. Un precio que -de prosperar la medida- se elevará un 8%, haciendo que muchos asegurados cursen su baja. "Un incremento del 8% haría que muchos asegurados causasen baja en su póliza de salud", afirman fuentes del sector. Esto -insisten- tendría un impacto en la sanidad pública. Las compañías ya pronostican que la huida de clientes bajo el paraguas de la cobertura pública "empeorará la situación actual de colapso y listas de espera, y dejaría una sanidad privada sobredimensionada, lo que podría dejar a determinados hospitales en situaciones de sostenibilidad financiera complicada", afirman.
Esto se añade a la batalla que el Ejecutivo mantiene con las compañías aseguradoras a cuenta de la renovación del convenio de Muface. Asisa, DKV y Adeslas dieron portazo al Gobierno el pasado 5 de noviembre al dejar desierto el concurso y dejar –si no se remedia- a un millón y medio de funcionarios sin mutua. Las compañías consideran insuficiente la oferta lanzada, y reclaman –al menos- una mejora de 100 millones de euros para acertar un acuerdo.
El borrador de reforma fiscal deberá -no obstante- contar con los apoyos del bloque de investidura. Para lograrlo el PSOE defenderá que su contenido se adapta a la tras*posición de la directiva europea. Sin embargo, el texto no solo recoge un aumento de la fiscalidad de los seguros privados, sino otros incrementos de impuestos a las rentas de capital, a los apartamentos de uso turístico, a los jets y artículos de lujo, o a las sociedades de inversión inmobiliaria para las que se propone una eliminación de la bonificación del 95% en el ITP y AJD. Todo ello, podría suponer un problema en las filas de Junts y PNV, partidos que apuestan por no acometer subidas fiscales.
A ello, se añade la batalla que le espera al PSOE con los partidos situados a su izquierda, a cuenta de la retirada del impuesto sobre las energéticas pactada con los de Carles Puigdemont. "Vamos a seguir trabajando para intentar que esa enmienda salga aprobada cuando se discuta en comisión y si no, luego en Pleno", ha asegurado el secretario general del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, Txema Guijarro.
El tributo decayó por el rechazo de Junts, ante el temor a que Repsol trasladara a Portugal el proyecto de 1.100 millones de euros para convertir residuos urbanos en combustible planteado para Tarragona.
