juanaa
Madmaxista
- Desde
- 25 Ago 2022
- Mensajes
- 6
- Reputación
- 5
En mayo de 2019 comenzó a gestarse un movimiento. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid decidía plantar cara a Blackstone, un fondo de inversión estadounidense —o fondo buitre, como señalan desde el sindicato— dueño de sus casas. Su casero había enviado un burofax de renovación del contrato de alquiler con subidas abusivas, de entre el 60% y el 100%, según detallan desde el sindicato, al que comenzaron a unirse vecinos de todas partes de la región. Tras dos años de protestas, presión vecinal y una demanda colectiva, el sindicato lograba un acuerdo. Los inquilinos consiguieron firmar 84 nuevos contratos sin subidas abusivas, por una duración de siete años y con otros tres más prorrogables.
El hecho de que el fondo buitre cediera ante la presión, accediera a negociar y aceptara las exigencias del sindicato, supuso un hito que los inquilinos no olvidan, y recuerdan en cada manifestación. “Ya ganamos una vez”, corean, porque creen que pueden conseguirlo de nuevo con el resto de contratos que van expirando. Su lucha continúa y las manifestaciones y protestas también.
El último golpe
El mes pasado, los huéspedes y trabajadores de los hoteles Axel de Madrid y Ramblas Vincci de Barcelona, ambos propiedad de Blackstone, presenciaron la última protesta del sindicato. “Fuera buitres de nuestros barrios” y “no nos vamos de nuestras casas”, coreaban los manifestantes mientras atravesaban las puertas del hotel Axel. El objetivo de los manifestantes era exigir, a través de este “método de presión”, la negociación colectiva de los alquileres de sus casas, que son propiedad del mismo fondo.
En la entrada del hotel situado en el centro de la capital, micrófono en mano y con los turistas, la Policía y los cerca de 50 manifestantes como público, Valeria, una de las coordinadoras del Sindicato, explicaba cuál era su lucha: “Acabar con la especulación”. “Este es un modelo de negocio centrado en hacerse cada vez más y más rico, en medida que nosotras nos hacemos cada vez más y más pobres”, aseguraba la activista, que daba voz a sus compañeros, que denunciaban las venta de sus casas, destinadas en un principio a alquiler social, “a precio de ganga”. “Con gente dentro, gente con pocos recursos”, espetaba uno; “con niños dentro”, añadía otra de las manifestantes, y Valeria lo matizaba: “Con gente que lo único que queremos es tener un sitio y construir un hogar”. “Basta de cargarse nuestros barrios a la vez que nos echa de ellos”, coreaba.
1.806 viviendas para alquiler social vendidas a Blackstone
Los inquilinos son víctimas de la especulación pero, también, de la mala gestión y del abandono de la Administración madrileña. Son los que sufren las consecuencias de la venta de sus casas de protección oficial a un fondo buitre. En 2013, durante el mandato de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, el fondo de inversiones adquirió 1.806 viviendas públicas, dedicadas al alquiler social, por 128,5 millones de euros. El escándalo llegó a los tribunales y sentó en el banquillo de los acusados a los responsables directos de la venta: Fermín Oslé Uranga, el entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda, sociedad de inversión inmobiliaria de Blackstone, sin embargo, ambos fueron absueltos. El Tribunal de Cuentas condenó a Ana Botella y a su equipo a pagar 25 millones de euros por esa venta, pero finalmente revocó la condena gracias al voto de dos consejeros propuestos por el PP.
Rosa, vecina de Vallecas, es una de las afectadas. “Mi piso era de la Empresa Municipal de la Vivienda y lo compró el fondo buitre Blackstone el 2013”, cuenta. Este mes, tras el fin del contrato y de dos prorrogas por la situación derivada de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo de la el bichito, el propietario de su casa le da dos opciones: pagar un 40% más o irse. Rosa señala que, hasta ahora, pagaba 610 euros, pero desde la compañía quieren que le se sume 240 más, un precio que, explica, no puede afrontar porque supone casi la totalidad de su sueldo. “Cuando les dices que no, te dicen que no van a negociar con el sindicato bajo ningún concepto y que es lo que hay”, explica
www.eldiario.es
El hecho de que el fondo buitre cediera ante la presión, accediera a negociar y aceptara las exigencias del sindicato, supuso un hito que los inquilinos no olvidan, y recuerdan en cada manifestación. “Ya ganamos una vez”, corean, porque creen que pueden conseguirlo de nuevo con el resto de contratos que van expirando. Su lucha continúa y las manifestaciones y protestas también.
El último golpe
El mes pasado, los huéspedes y trabajadores de los hoteles Axel de Madrid y Ramblas Vincci de Barcelona, ambos propiedad de Blackstone, presenciaron la última protesta del sindicato. “Fuera buitres de nuestros barrios” y “no nos vamos de nuestras casas”, coreaban los manifestantes mientras atravesaban las puertas del hotel Axel. El objetivo de los manifestantes era exigir, a través de este “método de presión”, la negociación colectiva de los alquileres de sus casas, que son propiedad del mismo fondo.
En la entrada del hotel situado en el centro de la capital, micrófono en mano y con los turistas, la Policía y los cerca de 50 manifestantes como público, Valeria, una de las coordinadoras del Sindicato, explicaba cuál era su lucha: “Acabar con la especulación”. “Este es un modelo de negocio centrado en hacerse cada vez más y más rico, en medida que nosotras nos hacemos cada vez más y más pobres”, aseguraba la activista, que daba voz a sus compañeros, que denunciaban las venta de sus casas, destinadas en un principio a alquiler social, “a precio de ganga”. “Con gente dentro, gente con pocos recursos”, espetaba uno; “con niños dentro”, añadía otra de las manifestantes, y Valeria lo matizaba: “Con gente que lo único que queremos es tener un sitio y construir un hogar”. “Basta de cargarse nuestros barrios a la vez que nos echa de ellos”, coreaba.
1.806 viviendas para alquiler social vendidas a Blackstone
Los inquilinos son víctimas de la especulación pero, también, de la mala gestión y del abandono de la Administración madrileña. Son los que sufren las consecuencias de la venta de sus casas de protección oficial a un fondo buitre. En 2013, durante el mandato de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, el fondo de inversiones adquirió 1.806 viviendas públicas, dedicadas al alquiler social, por 128,5 millones de euros. El escándalo llegó a los tribunales y sentó en el banquillo de los acusados a los responsables directos de la venta: Fermín Oslé Uranga, el entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, y Alfonso Benavides Grases, antiguo apoderado de Fidere Vivienda, sociedad de inversión inmobiliaria de Blackstone, sin embargo, ambos fueron absueltos. El Tribunal de Cuentas condenó a Ana Botella y a su equipo a pagar 25 millones de euros por esa venta, pero finalmente revocó la condena gracias al voto de dos consejeros propuestos por el PP.
Rosa, vecina de Vallecas, es una de las afectadas. “Mi piso era de la Empresa Municipal de la Vivienda y lo compró el fondo buitre Blackstone el 2013”, cuenta. Este mes, tras el fin del contrato y de dos prorrogas por la situación derivada de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo de la el bichito, el propietario de su casa le da dos opciones: pagar un 40% más o irse. Rosa señala que, hasta ahora, pagaba 610 euros, pero desde la compañía quieren que le se sume 240 más, un precio que, explica, no puede afrontar porque supone casi la totalidad de su sueldo. “Cuando les dices que no, te dicen que no van a negociar con el sindicato bajo ningún concepto y que es lo que hay”, explica
Batalla abierta entre el Sindicato de Inquilinos y Blackstone
El último golpe del sindicato fue una protesta simultánea en el hotel Axel de Madrid y el Ramblas Vincci de Barcelona, ambos propiedad del fondo buitre
www.eldiario.es
