Apenas se habla de ellos.Aquí podéis consultar quienes son los empresarios que se dan cita en Gürtel

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4. EMPRESARIOS IMPUTADOS
ENRIQUE GIMENO ESCRIG. Presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense
(FACSA). La UDEF sostiene que pagó 470.000 euros a Orange Market destinados a cubrir
facturas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Está imputado por un delito de
falsedad documental en 2008 y por un delito electoral de 2007. Las empresas en las que
participa resultaron adjudicatarias de numerosos contratos públicos en la Comunidad
Valenciana, principalmente en la zona de Castellón, entre los años 2005 y 2009, años en los
que solo FACSA obtuvo adjudicaciones por importe cercano a los 14 millones de euros.

ENRIQUE ORTIZ SELFA. Propietario de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras. Imputado
por delito de falsedad documental en 2008. Según la UDEF habría pagado 300.000 euros en
2008 para pagar gastos electorales del PP. En el sumario hay correos electrónicos de Orange
Market en el que se modifican facturas previas del PP para que figure la firma de Ortiz: "La
factura 118 estaba como cliente PPCV, cambiar el cliente a Ortiz e Hijos Contratistas de Obras
SA. El importe sigue siendo 31.784 euros". Según los informes policiales, las empresas en las
que participa Enrique Ortiz resultaron adjudicatarias de numerosos contratos públicos en la
Comunidad Valenciana, principalmente en la zona de Alicante, entre los años 2005 y 2009, en
los que de manera independiente o en UTE con otras mercantiles totalizó adjudicaciones por
importe superior a los 205 millones de euros.

VICENTE COTINO. Propietario de SEDESA. Es además sobrino del ex vicepresidente de la
Generalitat y actual presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. Imputado por delito de
falsedad documental en 2008. La UDEF asegura que aportó 150.800 euros a Orange Market
en el año 2008, supuestamente para pagar parte de los gastos electorales del PP valenciano.
Entre 2002 y 2011, el grupo Sedesa recibió 200 millones de euros en adjudicaciones del
Consell. En total, procedentes de administraciones del PP ha recibido adjudicaciones por
importe superior a los 272 millones de euros.

LUIS BATALLA ROMERO. Presidente de la constructora LUBASA. Esa empresa explota la
mayoría de los aparcamientos subterráneos de Castellón. Luis Batalla ya fue condenado en
2006 por un fraude fiscal continuado en las declaraciones del IVA y del Impuesto de
Sociedades de 2,2 millones. La condena le inhabilita para contratar con la Administración, pero
el grupo presenta otras empresas a los concursos. Las empresas del Grupo Lubasa resultaron
adjudicatarias de numerosos contratos públicos en al Comunidad Valenciana. Sólo entre los
años 2006 y 2009 las adjudicaciones ascendieron a más de 77 millones de euros. La UDEF le
atribuye haber pagado 58.000 euros en 2008 A Orange Market destinados en realidad a
financiar actos del PP valenciano.

JOSÉ ENRIQUE FRESQUET Y JOSÉ MARTÍNEZ. Pavimentos del Sureste y Vallalba. Ambas
forman parte de un mismo grupo que aportaron a los populares valencianos, según un informe
de la policía, casi 200.000 euros de forma irregular y durante la campaña de las elecciones
autonómicas de 2007.

ANTONIO PONS DOLS. Ex Presidente del Consejo de Administración de PIAF. Según el juez
está imputado por unos presuntos delitos electorales cometidos en las elecciones autonómicas
y locales de año 2007 y presuntas falsedades relacionadas con las elecciones generales del
año 2008. Los delitos se derivan de una "posible y presunta falsedad electoral cometida por el
Partido Popular, por haber podido existir presuntos pagos a la mercantil Orange Market que,
siendo a cargo de la referida formación política habrían, en su caso, podido abonar diversas
sociedades mercantiles, entre ellas Piaf, lo que habría sido omitido en la contabilidad electoral".
La policía le atribuye el pago irregular de 27.000 euros.

TECONSA. JOSÉ MARTÍNEZ NUÑEZ. (Presidente) Y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ PARRA. Están
imputados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.
Teconsa resultó adjudicataria del contrato con la Televisión Autonómica Valenciana para el
suministro e instalación de equipamientos de sonorización del Quinto Encuentro Mundial de las
Familias, celebrado en Valencia del 7 al 9 de julio de 2006. El fraude según la UDEF se realizó
a través de la subcontratación con otras pequeñas empresas (Apogee, Impacto Producciones y 2
Sirius Show Equipement) así como de los gastos contabilizados por Teconsa para la ejecución
del contrato. También se elaboraron facturas falsas emitidas por Wild Electronic, Castaño
Corporate y Free Consulting por importe de 1.242.690 euros. Según el auto de imputación se
ha producido un fraude a Hacienda de la cuota de IVA soportado por una cuantía 198.830
euros y del impuesto de sociedades de 2006 por la deducción improcedente de las facturas
emitidas por las anteriores mercantiles al no responder a la prestación de servicios reales
(434.941 euros). Teconsa habría percibido por adjudicación del contrato de la visita del Papa
un total de 7.493.600 euros.
Teconsa fue, asimismo, la adjudicataria de la variante de la carretera de Olleros de Alba por
parte de la Junta de Castilla y León (2,8 millones de euros), en la que la investigación judicial
ha constatado “una distribución del 3% del valor de la adjudicación a la organización de
Francisco Correa en concepto de comisión por la intermediación en la consecución del
contrato”. Según la Policía, ese 3% se destinó a comisiones para Correa, José Gerardo
Galeote, Jesús Merino, Luis Bárcenas y José Manuel Fernández Santiago, Toti, entonces
consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Además, están imputados en el JCI5 por haber abonado comisiones a la trama por importe
global de 1,8 millones de euros por diversas adjudicaciones en Boadilla del Monte, entre ellas
la edificación de distintas promociones de viviendas de protección pública o un colegio de
educación infantil.

ALFONSO GARCÍA POZUELO. Propietario de Constructora Hispánica. Figura como
pagador de 4.192.000 euros a la trama entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de
2004. Ha sido beneficiaria de contratos millonarios en los Ayuntamientos de Boadilla,
Majadahonda y Pozuelo. Durante 2007, por el procedimiento de concurso ordinario, la
Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid le adjudicó, a través de la empresa
pública Arpegio, las obras de la pista de atletismo y un campo de fútbol en una parcela
municipal de Paracuellos del Jarama, por algo más de un millón de euros. Hispánica fue la
encargada de realizar las obras de la variante de la carretera comarcal M-501 a su paso por
Pelayos de la Presa, por una cantidad cercana al millón de euros, contrato que le adjudicó la
Consejería de tras*portes e Infraestructuras. Bárcenas figura en el sumario del caso Gürtel
como la segunda persona más beneficiada, detrás del cabecilla de la trama, Francisco Correa,
por el supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos que hizo entre
febrero de 2002 y julio de 2004 (cerca de cinco millones de euros) el empresario Alfonso
García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica. En ese mismo periodo de tiempo, Bárcenas
anotó en su cuaderno hasta cuatro donaciones de esta empresa al PP: dos de ellas por 30.000
euros cada una; otra por 60.000 y otra más por 24.000, en total 144.000 euros, menos del 25%
de lo que supuestamente recibió el extesorero. En los 18 años de entradas y salidas de dinero
que registra el cuaderno de Bárcenas, Constructora Hispánica hizo nueve donaciones de
dinero, de las que cuatro se concentraron en el mismo periodo de dos años en que, según la
investigación del caso Gürtel, el extesorero del PP cobró de esa empresa 600.000 euros.
Bárcenas carecía de competencias para adjudicar contratos. Su relación con las obras públicas
surge de un comentario que Francisco Correa hace a uno de sus colaboradores, el exconcejal
del PP José Peñas, que le grabó en secreto: "Le he llevado a Bárcenas 1.000 millones de
pesetas. Se lo he llevado a Génova y a su casa. Todo de adjudicación de obras de Fomento,
cuando estaba Cascos, 1.000 kilos. Sé dónde los tiene, cómo los saca de España y el paraíso
fiscal", se oye decir a Correa en esa grabación. Constructora Hispánica consiguió
adjudicaciones por importe de 131 millones de euros durante el mandato de Francisco ÁlvarezCascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento. Antes de ese
momento y unos meses después de que el PP perdiera las elecciones, Constructora Hispánica
también había conseguido contratos del AVE. Constructora Hispánica también recibió contratos
del ente Portos de Galicia cuestionados por irregularidades por el Consello de Contas cuando
Carlos Negreira (actual alcalde de A Coruña) lo presidía y Alberto Núñez Feijóo era conselleiro
de Política Territorial y mantuvo como vocal de aquel ente a Pablo Crespo. En total, la UDEF
cifra en más de 525 millones de euros las adjudicaciones recibidas por esta empresa de
administraciones gobernadas por el PP entre 1998 y 2011.

JOSÉ LUIS ULIBARRI. Presidente de Begar Construcciones y Contratas, SA. Entre abril de
2004 y octubre de 2008 ha resultado adjudicataria de obras por 32.946.195 euros en tres consejerías (tras*portes, Educación y Justicia) del Gobierno regional que presidía Esperanza
Aguirre. También recibió el encargo, junto a otras seis empresas, de construir el hospital
Infanta Leonor de Vallecas. Juntas formaron una empresa (hospital de Vallecas, SA), que
recibe 15,4 millones de euros de canon anual por el centro hospitalario. Su negocio más
conocido en Valencia es Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con
el control de 13 televisiones digitales adjudicadas por el Gobierno que presidía Francisco
Camps (PP). Begar también ha logrado en Valencia dos aparcamientos y un colector de la
Generalitat. El Gobierno valenciano le concedió con la constructora Ocide la obra del hospital
de Lliria por 25 millones. Amigo personal de Correa: "Os traigo a Ulibarri y se sienta con
vosotros dos; soy amigo de los dos; le he vendido mi barco a Ulibarri, en la parcela de Boadilla
me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarlo". También está imputado en su
calidad de gestor de UFC SA por una adjudicación de un polígono de Boadilla del Monte

RAFAEL NARANJO. Presidente de SUFI en 2002, esta empresa ha tenido entre 2001 y 2007,
y aún hoy sigue teniendo, una estrecha vinculación con los Ayuntamientos de Boadilla del
Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares así como con municipios de otras autonomías como
Castilla y León. En compañía de la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la
estación de bombeo y estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la obra
costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal es el Canal de Isabel II (que dirige el
Gobierno de la Comunidad de Madrid). Esta empresa no sólo logró el contrato de limpieza de
jovenlandesatalaz, también lo logró en otros ayuntamientos gobernados por el PP como Majadahonda
o Boadilla del Monte, cuyos alcaldes de la época están imputados en el procedimiento contra la
trama Gurtel. En la documentación de José Luis Izquierdo aparecen otras dos entregas: una de
157.000 euros efectuada por Gonzalo Naranjo en febrero de 2002 y otra de 107.000 de enero
de ese mismo año llevada a cabo por Enrique Carrasco, vinculado a la empresa FCC-Aqualia,
que había formado una Unión Temporal de Empresas con Sufi, SA. Esta UTE obtuvo la
limpieza viaria y recogida de basuras de Boadilla del Monte por 12 años. La empresa SacyrVallehermoso adquirió el cien por cien de Sufi, SA en 2005 por 142 millones de euros. Rafael
Naranjo reconoció ante el juez Pedreira que pagó un millón de euros a una "tercera persona"
por la adjudicación del servicio de limpieza del distrito madrileño de jovenlandesatalaz, una
adjudicación con la que obtendría 48 millones de euros en 10 años. Imputado por un delito de
cohecho continuado, admitió haber efectuado ese pago desde una cuenta personal que tenía
en Suiza a otra ubicada en ese mismo país. Cuando se produjeron los hechos, en 2002,
Alberto López Viejo ocupaba la concejalía de limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. Naranjo -
que ha afirmado conocer a López Viejo, pero no haber tenido relación con los supuestos
cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo-, ha explicado que en aquella época,
los ayuntamientos del PP exigían en los pliegos de adjudicación de contratos el abono de unas
partidas del 2% o el 3% para publicidad e información del proyecto. En su caso para el servicio
de limpieza del distrito de jovenlandesatalaz. Según el sumario, el empresario podría haber pagado a la
trama Gürtel una "comisión" de 1.232.074 euros. Precisamente, el 3% del total de la
adjudicación "por su intermediación ante un cargo público con responsabilidades de gobierno
en el Ayuntamiento de Madrid" y con capacidad para adjudicar contratos públicos. La
Operación de jovenlandesatalaz consta en los papeles hallados por la policía en el domicilio de José
Luis Izquierdo, el contable de Correa. Allí aparece mecanografiado el nombre de Rafael
Naranjo junto al nombre de dos empresas: AwberryLicense y Pacsa, entidades registradas en
paraísos fiscales y utilizadas por la trama para blanquear dinero. Cada una de ellas va
asociada a una cuenta en Suiza y a una cantidad: 601.012 y 631.062 euros respectivamente.
En otro folio, y enmarcado dentro de un círculo, se lee: "Zona 3, jovenlandesatalaz, 205 millones de
pesetas, antes 140 millones". Esta hoja va encabezada por un "Enviada a Rafael Naranjo". Los
205 millones de pesetas equivalen a las cantidades ingresadas en las cuentas suizas. Esta
empresa se encuentra también en el centro de la posible comisión de 200.000 euros revelada
por Luis Bárcenas al diario El Mundo. Según ese diario, el ex tesorero atribuyó a María Dolores
de Cospedal el cobro de una comisión de 200.000 euros por encargo del PP de Castilla La
Mancha a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en Toledo a una empresa de
construcción y servicios. Se trataría de la contrata de la limpieza firmada el 15 de enero de
2007 por un período de vigencia de 10 años ampliable a otros cuatro a razón de 6,14 millones
de euros, es decir, cerca de 90 millones de euros.

GONZALO NARANJO. Contable de SUFISA. Hijo del presidente de la compañía, Rafael
Naranjo. Gonzalo Naranjo negó ante el juez Pedreira que hubiera pagos irregulares por laadjudicación de los servicios de limpieza logrados por SUFI, pero reconoció que en dos
contratos con Boadilla y Majadahonda aparecía una partida del 2% del presupuesto de
adjudicación que ellos debían dedicar a "campañas de comunicación" que estos ayuntamientos
adjudicaron a empresas de Correa. Naranjo admitió que habían detectado que a través de ese
2% les entraban "algunas facturas de SpecialEvents".

ENRIQUE CARRASCO. Directivo de FCC. Esta empresa logró en 2001 la gestión de la
limpieza, mantenimiento, conservación y reparación del arbolado urbano de Boadilla por ocho
años, con posibilidad de dos prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002, según la
documentación incautada, Enrique Carrasco, trabajador de FCC, pagó 105.000 euros en
comisiones que se repartieron Correa, Álvaro Pérez , Gerardo Galeote (GG) y Luis Bárcenas
(LB).

FERNANDO MARTÍN ALVAREZ. Propietario de Martinsa. Según el sumario Correa percibió
más de 11 millones de euros por intermediar con el ex alcalde y otros cargos del Ayuntamiento
de Arganda del Rey para que Martinsa fuera la adjudicataria de varias parcelas, en las que
estaba prevista la construcción de más de un millar de viviendas. La investigación policial, que
incluye la documentación remitida por las autoridades suizas, sostiene que el empresario
Fernando Martín, que fue presidente del Real Madrid, tras*firió los 11 millones de euros desde
una cuenta de su propiedad, con fondos originarios de Panamá. Esta cuenta había sido abierta
con el nombre de "finca", según las autoridades helvéticas. Las últimas pesquisas apuntan a
que la cifra pagada por Martinsa podría sumar un total de 22 millones.

MANUEL SALINAS LÁZARO y AMANDO MAYO REBOYO. El magistrado Pablo Ruz está
investigando las operaciones económicas en Arganda entre Fernando Martín, Amando Mayo
Rebollo y Manuel Salinas Lázaro. El magistrado ha solicitado a Fernando Martín los contratos
que su sociedad cerró en diciembre de 2004 con las empresas Agrícola La Corona y Tasal, por
un montante de tres y dos millones de euros, respectivamente. Estas cantidades de dinero se
habrían abonado a cambio de una participación en la promoción de un millar de viviendas en
Arganda. Esta operación es considerada hasta el momento el mayor pelotazo del caso Gürtel,
porque Francisco Correa cobró sendas comisiones por un valor de 12 millones de euros cada
una, según el sumario. La primera de las tras*ferencias, de 12 millones, salió de la cuenta de
los empresarios aragoneses en diciembre de 2004 (el mismo mes y año en el que se cerraron
los contratos entre Martín, Mayo y Salinas, los tres imputados en el caso Gürtel) desde sus
cuentas en Suiza y en Mónaco. Al final el dinero acabó en otra cuenta que la investigación del
caso atribuye a Francisco Correa. La segunda de las presuntas comisiones, según el sumario,
es de 13 millones de euros y se realizó en 2006. El dinero salió de una cuenta en Mónaco de
Fernando Martín, que previamente había recibido cinco millones de euros de Mayo y Salinas
(cuatro y uno). Los informes policiales atribuyen esta suma al pago de una comisión que cobró
Francisco Correa, y que fue abonada por la adjudicación del Ayuntamiento de Arganda a
Martinsa de unas fincas por un precio de 77 millones de euros, una cantidad considerada muy
baja en relación con la de mercado. De hecho, Martinsa logró vender un tercio de estos
terrenos de origen municipal por unos 70 millones de euros.La última documentación enviada
por las autoridades suizas revela que Amando Mayo es el beneficiario económico de una
cuenta en el Coutts Bank a nombre de la sociedad ZorakAssociated. Ambos empresarios se
acogieron a la regularización ordinaria, Manuel Salinas blanqueando 7,5 millones y Amando
Mayo, un total de 1,3 millones

PLÁCIDO VÁZQUEZ. El nombre de este empresario vinculado a cuatro empresas
(Persontrade y Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de inmuebles;
y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en los apuntes de cobro de comisiones
ilegales que hizo el contable de Correa. La UDEF cree que Vázquez actuó de intermediario en
la adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas formada por SUFI y FCC para
la gestión de las basuras por 12 años . Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez habría
entregado 1,7 millones de euros a Correa para que repartiera el dinero entre dirigentes del PP
como Luis Bárcenas. El primer pago de Plácido Vázquez que figura en la contabilidad B de la
trama Francisco Correa data de 2001 y aparece identificado bajo el epígrafe: "19/11/2001.
Ingreso de elecciones gallegas y Plácido Vázquez cuarenta millones de pesetas". Éste es uno
de los dos archivos sobre los comicios autonómicos encontrados en el pen drive incautado al
contable de la trama Gürtel. El otro archivo titulado "Campaña gallega 01. Informe económico de ingresos y gastos de elecciones en el año 2001" podría recoger el presupuesto de los
mítines que José María Aznar protagonizó en aquellas elecciones autonómicos y organizó una
empresa de Correa por orden de la dirección nacional del PP, aunque la factura la asumía el
PPdeG.

JACOBO rellenitoN LEVENFELD. Imputado en el caso de las comisiones con motivo de la
visita Benedicto XVI. Fue socio de Alejandro Agag. En las grabaciones, aparece
reiteradamente. Correa alardea de hacer gimnasia con él. Presuntamente, comparte un fondo
de inversión con varios de los imputados de la trama. En las grabaciones aportadas al sumario,
Correa alude a una promoción impulsada junto con relleniton en Majadahonda por la que
pagaron un precio "desorbitado". Correa, en otra grabación, recibe una llamada donde le
preguntan si ha hablado con Jacobo del "tema valenciano". El cabecilla de la trama comenta en
otra conversación la "desastrosa" gestión de Gordón en algunos negocios hasta el punto de
llevar a la ruina a algunos fondos de inversión que comparten : "Jacobo, todo el verano con
Aznar y no es capaz de pedirle que nos eche una mano para desbloquear la licencia. No ha
hecho nada

---------- Post added 03-ago-2013 at 18:55 ----------

5. RELACIÓN DE EMPRESARIOS DONANTES DE LA CONTABILIDAD B DE BÁRCENAS
5.1 IMPUTADOS




El juez ha solicitado a la AEAT que informe sobre las adjudicaciones públicas a las que han
tenido acceso las empresas que figuran en este apartado, así como la declaración de
operaciones con terceros.

JUAN MIGUEL VILLAR MIR (OHL). Según la contabilidad B del extesorero, habría realizado
tres aportaciones en los años 2004, 2006 y 2008 por importe total de 530.000 €. Entre 2002 y
2009, según los informes policiales incorporados a la causa, su empresa recibió 619 contratos
públicos por un total de 7.758,21 millones de euros. De esta cantidad, 4.625 millones de euros,
un 59,6% provienen de administraciones gobernadas por el PP. En su declaración como
imputado ante Ruz por los papeles de Bárcenas, reconoció realizar anualmente donaciones a
fundaciones vinculadas a partidos, sindicatos y organizaciones de distinto signo. Sin embargo,
aseguró que jamás ha hecho ningún pago bajo cuerda “ni al PP ni al PSOE”.

LUIS DEL RIVERO (SACYR). Según la contabilidad B del extesorero, habría realizado cuatro
aportaciones en los años 2003, 2004 y 2007 por importe total de 480.000 euros. La querella de
IU apunta que en 2004 Sacyr resulta adjudicataria de obras en Metro de Madrid por más de
225 millones de euros y ese mismo año Bárcenas recoge donaciones de Luis del Rivero por
importe de 120.000 €. En su declaración como imputado ante el juez Ruz negó ser el autor de
los pagos recogidos en la contabilidad B del ex tesorero. Los informes de la UDEF constatan
que Sacyr ha recibido 117 adjudicaciones de gobiernos del PP por importe superior a los mil
millones de euros.

ALFONSO GARCÍA POZUELO (CONSTRUCTORA HISPÁNICA). Según la contabilidad B,
habría realizado hasta 9 aportaciones que suman más de 258.000 euros. En su comparecencia
como imputado ante el juez en relación a los papeles de Bárcenas, se acogió a su derecho a
no declarar. Ver imputados.

MANUEL CONTRERAS (AZVI). Según la contabilidad B del extesorero, habría realizado
múltiples aportaciones que totalizan unos 858.000 euros. Según la querella de IU, en marzo de
2003 AZVI resultó adjudicataria del 50% de la obra de construcción de la autovía entre
Castellón y Teruel (71,6 millones de euros) y en abril Bárcenas anotó una donación de 60.00 €.
En enero de 2004 resultó ganadora del contrato de las obras de la autopista de peaje MadridToledo y el mismo día de la adjudicación de esa obra Bárcenas anotó una donación de 120.000
euros. En su declaración como imputado ante el juz Ruz, negó ser autor de los pagos
recogidos en los papeles de Bárcenas. Aseguró que no conoce a los extesoreros populares
Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, aunque sí reconoció tener trato con el ex secretario general
del PP Javier Arenas, “por ser de la misma tierra”, Andalucía. También afirmó haberpatrocinado algunos foros y actos políticos, según fuentes judiciales. La UDEF atribuye a Azvi
21 adjudicaciones de gobiernos del PP por importe superior a los 343 millones de euros.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ (GRUPO SANDO). Según la contabilidad B del extesorero, habría
realizado trece entregas que suman 1,25 millones de euros a lo largo de distintos años. Según
la querella de IU, esta empresa resultó beneficiada en enero de 2004 con las obras de
construcción de la autopista de peaje Madrid-Toledo y a lo largo de ese año Bárcenas anotó
tres donaciones que suman 270.000 €. En su declaración como imputado ante Ruz, negó
haber aportado dinero B al PP. Los informes de la UDEF concluyen que el Grupo Sando ha
recibido 51 adjudicaciones de gobiernos del PP por importe de 264,8 millones de euros. Según
el diario El Mundo, este constructor habría traspasado tres naves industriales en Málaga a la
diputada del PP Carmen Rodríguez Flores, protegida del ex tesorero Alvaro Lapuerta,
propiedades tasadas en más de 800.000 euros. La diputada declaró a este diario que compró
tales naves a su “íntimo amigo” José Luis Sánchez con un descuento de unos 300.000 euros.

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ RUBIO (ALDESA). Según la contabilidad B del extesorero,
habría realizado distintas aportaciones que suman 240.000 euros a su nombre y otros 90.000
euros a nombre de Aldesa en los años 2003 y 2004. La querella de IU apunta que en esos
años este grupo recibió numerosos contratos del Ministerio de Fomento, tanto en obras de AVE
como autovías y carreteras. En su declaración como imputado ante Ruz, negó las entregas. La
UDEF constata que esta empresa recibió 76 adjudicaciones de administraciones gobernadas
por el PP por importe de 282 millones de euros.

JOSÉ MAYOR OREJA (FCC). Hermano de Jaime Mayor Oreja, Según la contabilidad B del
extesorero, habría realizado aportaciones de 165.000 euros en el año 2008. Tras la publicación
de la contabilidad B, FCC le apartó de su cúpula en el mes de marzo. Un portavoz de la
compañía aseguró que la salida no tenía “absolutamente ninguna relación” con ese hecho
pero, de los seis cambios que se produjeron, la única persona que salió definitivamente de las
empresas fue José Mayor. El resto de personas pasaron a ocupar otros cargos. En su
declaración como imputado ante el juez Ruz, negó tales pagos. Sin embargo, reconoció haber
utilizado dos filiales de FCC para donar al PP un total de 60.000 euros en el año 2011 a través
de la firmas BBR (20.000 euros) y Promociones Teide (40.000). Según la UDEF, FCC ha
recibido 587 adjudicaciones procedentes de administraciones gobernadas por el PP por
importe superior a los 4.100 millones de euros.

ANTONIO VILELLA (RUBAU). Según la contabilidad B del extesorero, habría realizado una
aportación de 100.000 euros en el año 2004. Según la querella de IU estas aportaciones
coinciden en el tiempo con la adjudicación por 22 millones de euros de unas obras del AVE en
Cataluña y un tramo de la Autovía A-23 por 52 millones de euros. Apoderado de la empresa
Rubau y militante del PP, asesoró al partido en materia de infraestructuras. En su declaración
como imputado ante Ruz negó haber realizado pagos al partido en dinero b pero admitió haber
realizado dos donaciones a título particular que, sumadas, superan el límite permitido de
60.000 euros, aunque dijo no recordar cómo las realizó. La UDEF constata que esta empresa
ha rec ibido 22 adjudicaciones de administraciones del PP por 144 millones de euros. El mayor
volumen de contratación se concentra en el año 2004, con 76 millones de euros.

---------- Post added 03-ago-2013 at 18:58 ----------

5.2. INVESTIGADOS, NO IMPUTADOS


El juez ha solicitado a la AEAT que informe sobre las adjudicaciones públicas a las que han
tenido acceso las empresas que figuran en la siguiente lista:

COPISA. Según la contabilidad B, Constructora Pirenaica y Socique habrían realizado dos
aportaciones en el año 2003 que suman 200.000 euros. Estas empresas habrían recibido 22
contratas de gobiernos del PP por importe de 77 millones de euros

RAMÓN AIGE SÁNCHEZ (SORIGUE-ACSA). La contabilidad B revela dos pagos de 54.000
euros y un cobro de 18.000 euros, todo en el año 2008

JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO (GRUPO ROMERO POLO). Según la contabilidad B, habría
realizado dos aportaciones en los años 2003 y 2004 por importe global de 54.000 euros.

ANTONIO PINAL (BRUESA). Según la contabilidad B, habría realizado una aportación de
12.000 euros en el año 2006.

JOAQUÍN MOLPECERES SÁNCHEZ. (LICUAS SA. DESPROSA SA). La contabilidad B le
atribuye un pago de 60.000 euros en junio de 2004. El nombre de este empresario figura en
varios informes de la Policía, pues dos de sus, Coarsa y Licuas, habrían abonado entre 2002 y
2005 hasta 225.000 euros a las empresas Easy Concept y Technology Consulting
Managament (TMC), ambas pertenecientes a la red del supuesto cabecilla de la trama Gürtel,
Francisco Correa. Según la policía, 50.000 euros habrían ido a parar a la 'caja b' de la red
corrupta relativa al PP de Majadahonda, según la contabilidad incautada al administrador de la
trama, José Luis Izquierdo. Además, la red incluyó otros 135.000 euros entregados por
Molpeceres en la carpeta de gastos personales del entonces alcalde de Majadahonda,
Guillermo Ortega, a quien se encontró una cuenta en Suiza. Los importes de las diferentes
entregas hechas por Molpeceres a la Gürtel y los que la trama adjudicaba en su contabilidad al
PP de Majadahonda o a Guillermo Ortega coinciden en varias ocasiones, lo que hace
sospechar a los investigadores de la existencia de un delito de financiación ilegal. Entre 2002 y
2008, las empresas de Molpeceres resultaron adjudicatarias de obras y contratos procedentes
del Ayuntamiento de Majadahonda por valor de, al menos, 44 millones de euros. La jefa de
gabinete del alcalde en esa época era Carmen Rodríguez Quijano, exmujer de Francisco
Correa.

CAMILO JOSÉ ALCALÁ SÁNCHEZ (CYOPSA-SISOCIA). La contabilidad B del ex tesorero
refleja dos pagos en el año 2003 que suman 150.000 euros atribuidos a Camilo (Sisovia).
Además, el juez Ruz ha solicitado a la Agencia Tributaria la declaración de operaciones con
terceros tanto de las anteriores empresas como de las siguientes:

JUAN COTINO (SEDESA). Actualmente presidente de las Cortes Valencianas. Según la
contabilidad B, habría realizado una aportación de 200.000 euros en el año 2004. En ese año
ejerció como Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y, posteriormente, como
Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ver Vicente Cotino.

IGNACIO UGARTECHE (URAZCA). Según la contabilidad B, habría realizado una aportación
de 90.000 euros en el año 2007. La UDEF constata que esta sociedad ha recibido 13
adjudicaciones procedentes de gobiernos del PP por importe cercano a los 40 millones de
euros. Casi la totalidad de esas adjudicaciones se concentran, precisamente, en el año 2007.

LUIZ GÁLVEZ (PLÓDER). Según la contabilidad B, habría realizado una aportación de 50.000
euros en el año 2008.

JUAN JOSÉ ROIG ALONSO. MERCADONA. En la contabilidad B, figura dos aportaciones a
nombre de Mercadona en los años 2004 y 2008 que suman 240.000 euros.

JOSÉ LUIS SUÁREZ GUTIÉRREZ. (COPASA). Según la contabilidad B, esta empresa habría
realizado una aportación en el año 2004 de 75.000 euros. Esta empresa ha recibido 79
adjudicaciones procedentes de gobiernos del PP por importe de 482 millones de euros.

INGENIERÍA SALADO SUÁREZ SL. La contabilidad del ex tesorero recoge un pago en el año
2003 por importe de 60.000 euros atribuido a Ángel Salado.

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5.3. NO INVESTIGADOS

IGNACIO JAVIER LÓPEZ DEL HIERRO. CONSTRUCTORA CONTINENTAL. La contabilidad
B atribuye a López H. una aportación de 15 millones de pesetas en 1997 y otra de 4 millones
de pesetas en 1998 a nombre de López Hierro. El marido de María Dolores de Cospedal ha negado ser esa persona. En todo caso, ha quedado fuera de la investigación de los 'papeles de
Bárcenas' pese a que la Policía Judicial le identificó en un informe oficial del 29 de abril como
uno de los presuntos donantes del PP, pues los presuntos pagos ilegales se realizaron en los
años 1997 y 1998 y, si se hubiera cometido un delito de blanqueo de capitales ya estaría
prescrito. El juez Ruz ha fijado como criterio que no se investiguen las donaciones anteriores a
2003. La UDEF había solicitado en su informe que se investigara también a Cosntructora
Continental y Metrovacesa.

ALBERTO DORREGO. Según la contabilidad B, figuran dos anotaciones por las que habría
recibido 36.000 euros relacionados con Libertad Digital.


6. OTRAS EMPRESAS
6.1 COMUNIDAD DE MADRID. RELACIONADAS CON ALBERTO LÓPEZ VIEJO


DECORACIONES CMR. Forma parte del Grupo Elba. Administrada por Miguel Angel López
Baños y Juan Ignacio Hernández Rodríguez, en 2006 declaró haber pagado a Servimadrid
267.292 euros. Esta empresa fue contratada por la Comunidad de Madrid en noviembre de
2005 para montar actos institucionales de la Comunidad por importe de 317.024 euros. Sin
embargo, en septiembre de 2005 CMR ya había contratado a Servimadrid para lo mismo.
Además, la memoria presentada a la CAM por CMR para participar en ese concurso fue
redactada por Servimadrid.

SAGITOUR 2000 SL. Empresa del Grupo Elba, Servimadrid se valió de esta empresa para
contratar con la CAM fraccionando pagos por un importe de 50.553,41 euros en el año 2006.

MARKETING QUALITY MANGEMENT MQM SL. Domiciliada en Madrid, su administrador es
Antonio Martín Sánchez, copropietario con Alicia Díez Canseco Martín. Según la AEAT, MQM
“fue utilizada en el ejercicio 2007 por la organización de Francisco Correa para instrumentar
junto a Alberto López Viejo manipulaciones en la contratación pública de la CAM, al igual que
CMR lo fue en 2005 y 2006”. La ONIF argumenta esta afirmación en que en abril de 2007 la
CAM y MQM suscriben un contrato para la ejecución de los servicios de montaje escenográfico
de los actos institucionales de la Comunidad Madrid y sólo un día más tarde MQM y Diseño
Asimétrico firman un acuerdo de subcontrata por el que la primera cede a la segunda “el 100%
de la ejecución de las obras y los servicios” de la contrata. El total, 462.450,97 euros. Según la
AEAT, “Alberto López Viejo estaba detrás de todo el proceso, desde la encomiendo de trabajos
al pago de los mismos. La organización de Francisco Correa retribuía por ello al referido alto
cargo”. Además, la AEAT identifica hasta 15 actos pagados por la Comunidad de Madrid
pero “de carácter electoral” por un importe global de 286.866,84 euros.

GRUPO RAFAEL. La ONIF constata que las empresas de este Grupo “se prestaron a
colaborar en la manipulación orquestada por la organización de Francisco Correa” como lo
evidencia que “presupuestos destinados a la CAM aparezcan en los ordenadores de las
empresas del Grupo FCS”. Según la ONIF, “el volumen de la manipulación en materia de
contratación pública en la que la organización de Francisco Correa utilizó al Grupo Rafael en el
período 2005-2007 ascendió a 801.403,72 euros. En esa manipulación participaron las
empresas Tecnimagen Rafael, , Kilda Producciones, Fotomecánica Rafael, Inmobiliaria Dobe
Gamo, Fotomecánica Doble M, Grupo Rafael The Image Company y Rafael SAU
.
QUASAR ILUMINACIÓN Y SONIDO SL. Empresa de Alcorcón propiedad de Antonio Alonso
Ferreres, según la ONIF “colaboró con la actividad presuntamente delicitiva del Grupo FCS en
materia de contratación pública de la CAM” por importe de al menos 42.745,87 euros en el año
2006.

LATA LATINA SL. Empresa de Alcorcón propiedad de Antonio Alonso Ferreres, según la ONIF
la colaboración de esta empresa con “la actividad presuntamente delictiva del Grupo FCS en materia de contratación pública de la CAM” ascendió al menos a 246.415,30 euros y a
154.399,28 euros en 2006.

DIMO STAND SL. Sociedad domiciliada en Madrid propiedad de José Luis García Núñez,
según la ONIF la colaboración de esta empresa con “la actividad presuntamente delictiva del
Grupo FCS en materia de contratación pública de la CAM” ascendió en 2007 al menos a
74.881,63 euros.

AEKIO SL. Sociedad domiciliado en Humanes de Madrid propiedad de Lucio Bernal Merino,
Carlos Molina Fernandez, Evelio Rojas Avila, entre otros, según la ONIF la colaboración de
esta empresa con “la actividad presuntamente delictiva del Grupo FCS en materia de
contratación pública de la CAM” ascendió en 2006 al menos a 23.193 euros.

DINAMICA DE PRODUCCIONES Y EVENTOS SL. Domiciliada en Madrid propiedad de Miguel
Angel Blazque Vilar y María José Jordán Goncet, en el año 2006 declaró haber pagado a Easy
Concept 108.306,64 euros. La ONIF afirma que la documentación incautada a las empresas
de Correa prueba que “la manipulación en materia de contratación pública que arbitraron
Alberto López Viejo y la organización de Francisco Correa”.

ILUSIONA SL. La ONIF sostiene que esta empresa “trabajaba mucho para la CAM porque su
director era amigo de Alberto López Viejo”, afirmación que sostiene en correos interceptados a
Pablo Crespo e Isabel Jordán en los que señalan que “Ilusiona les está quitando trabajo porque
un tal Luis Fraga (director de Ilusiona) es amigo de Alberto”. No obstante, según esos mismos
correos, Isabel Jordán le dirá a Pablo Crespo que ha “hablado con Alberto de la empresa
Ilusiona y según él no son muy amigos, los conoce pero que nosotros vamos a seguir haciendo
los trabajos, solo que facturamos a través de ellos”.









Documentación de interés
Informe UDEF de 23.01.2009 sobre participación de cargos públicos
Informe UDEF de 23.07.2009 sobre comisiones visita Papa a Valencia
Informe UDEF de 31.07.2009 y 30.07.2010 sobre financiación del PP de Valencia
Informe UDEF de 29.04.2013 sobre papeles El País y empresarios
Informe UDEF de 23.05.2013 sobre análisis información cuentas donativos PP
Informe ONIF de 01.07.2013 sobre Alberto López Viejo y empresas de Francisco Correa
Autos juez Ruz de 31.05.2013 y 03.07.2013


Solo queda añadir, "España va bien".
 
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