EL INTERVENTOR
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LITIGIO INTERNACIONAL
La OMC fuerza la reapertura de una investigación sobre los impuestos a la exportación del producto español, que se impusieron en 2018, porque considera que no se ajustan a las normas internacionales
Celia López
Madrid | 15·08·23 | 10:31
La OMC fuerza la reapertura de una investigación sobre los impuestos a la exportación del producto español, que se impusieron en 2018, porque considera que no se ajustan a las normas internacionales.
Cuando se cumplen cinco años años del castigo arancelario de Estados Unidos a la aceituna de color española, los productores miran con esperanza de nuevo hacia Ginebra (Suiza), sede de la Organización Mundial del Comercio, tras la reapertura del caso para volver a estudiar si los gravamenes impuestos por Washignton se ajustan a la normativa internacional. Fue el 1 de agosto de 2018 cuando Washington subió los impuestos a la exportación de este producto español desde el 21,60% hasta el 34,75% con el objetivo de proteger a la industria aceitunera californiana "ante las ayudas agrarias de la Unión Europea". Las autoridades de Bruselas han peleado en la OMC para retirar unos aranceles que consideran "ilegítimos" y consiguieron una victoria parcial en 2021 cuando Estados Unidos redujo el impuesto del 35% hasta el 31%. La decisión tomada por la administración estadounidense de gravar las olivas negras supone ya pérdidas de 280 millones para los productores españoles.
Ahora el caso se reabre porque la UE continúa defendiendo que estos impuestos no son compatibles con las normativas internacionales, puesto que las ayudas las reciben los agricultores a través de la PAC y no los productores. La propia OMC hacía público el pasado 28 de julio que se había creado un nueva panel para determinar si Estados Unidos ha cumplido una setencia previa contra los aranceles a la acietuna de color española. De esta forma de reabre la disputa entre Bruselas y Washington iniciada en 2019 y que parecería que se había cerrado en 2021. "Los aranceles son injustos y eso es algo que ya se reconoció en una anterior resolución", explica Antonio jovenlandesa, secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), y apunta a que los productores españoles han perdido el 75% del mercado que tenían en Estados Unidos a raíz de la protesta del sector olivarero de california, que pidió a las autoridaes de EEUU investigar las exportaciones españolas por las ayudas que reciben los agricultores a través de la Política Agraria Común (PAC).
"La UE considera que Estados Unidos impone unos aranceles sobre la aceitunas negras procedentes de España basándose en un error jurídico porque que las ayudas de la PAC no benefician a los productores, sino que se entrengan a aquellos agricultores que cultivan los olivos. La resolución del Departamento de Comercio estaodunidense que impuso los aranceles se basó en esto y eso ya se consideró incompatibles con la normativa de la OMC. Si se tuviera en cuenta que las subvenciones las reciben los cultivadores de olivos, es probable que Estados Unidos no pueda continuar imponiendo gravámenes del 35%", señalan fuentes de la Comisión Europea.
"Por parte del Gobierno de España y por parte de la Unión Europea agotaremos todas las vías posibles para defender los intereses del sector de la aceituna de color española, con objeto de finalizar este proceso y las consecuencias económicas que tiene sobre éste. La solicitud, por parte de la Comisión, de este panel de revisión de cumplimiento ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), el 14 de julio, se une al resto de acciones puestas en marcha para lograr la conclusión de los gravámenes. Se está trabajando incansablemente juntamente con la Comisión Europea y la Junta de Andalucía", señalan fuentes del Ministerio de Agricultura.
"Artimañas legales"
"Han usado todas las artimañas legales a su alcance y nos han desalojado del mercado en Estados Unidos. Egipto, Turquía o jovenlandia han salido beneficiados", asegura Antonio jovenlandesa, de Asemesa, que apunta que hasta 2024 no se producirán nuevos avances sobre este caso. La Unión Europea le ha dado prioridad a este conflicto comercial porque afecta a toda su política de subsidios agrarios a través de la PAC. El bloque comunitario teme que una decisión desfavorable de la OMC en este sentido puede ser una amenaza para todas las ayudas que se mantienen en Europa para la actividad agrícola.
El pasado mes de febrero tanto la UE como EEUU llegaron a un acuerdo para establecer un grupo especial que estudie si los aranceles se ajustan a la normativa internacional. "Ambas partes han acordado que cooperarán para permitir que un panel realice un informe en un plazo de 90 días desde su conformación", señala un portavoz de la OMC. El grupo especial ya está formado y estará compuesto por el presidente Daniel Moulis, y los miembros Martín García y Charis Tan. Ocho países (Brasil, China, India, Japón, Rusia, Suiza y Turquía) se han unido como terceras partes a la nueva disputa. De esta forma, estos países se reservan ante la OMC el derecho a partiticpar en el proceso y podrán prestar su testuminio ante el panel las próximas semanas.
Fuentes de la Comisión Europea apuntan a que los grupos de trabajo que se constituyen para este tipo de trabajos suelen tardar una media de 13 meses en revelar su veredicto, aunque esperan que en este caso sean más ágiles, puesto que se trata de "una cuestión jurídica sencilla".
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La OMC fuerza la reapertura de una investigación sobre los impuestos a la exportación del producto español, que se impusieron en 2018, porque considera que no se ajustan a las normas internacionales
Celia López
Madrid | 15·08·23 | 10:31
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La OMC fuerza la reapertura de una investigación sobre los impuestos a la exportación del producto español, que se impusieron en 2018, porque considera que no se ajustan a las normas internacionales.
Cuando se cumplen cinco años años del castigo arancelario de Estados Unidos a la aceituna de color española, los productores miran con esperanza de nuevo hacia Ginebra (Suiza), sede de la Organización Mundial del Comercio, tras la reapertura del caso para volver a estudiar si los gravamenes impuestos por Washignton se ajustan a la normativa internacional. Fue el 1 de agosto de 2018 cuando Washington subió los impuestos a la exportación de este producto español desde el 21,60% hasta el 34,75% con el objetivo de proteger a la industria aceitunera californiana "ante las ayudas agrarias de la Unión Europea". Las autoridades de Bruselas han peleado en la OMC para retirar unos aranceles que consideran "ilegítimos" y consiguieron una victoria parcial en 2021 cuando Estados Unidos redujo el impuesto del 35% hasta el 31%. La decisión tomada por la administración estadounidense de gravar las olivas negras supone ya pérdidas de 280 millones para los productores españoles.
Ahora el caso se reabre porque la UE continúa defendiendo que estos impuestos no son compatibles con las normativas internacionales, puesto que las ayudas las reciben los agricultores a través de la PAC y no los productores. La propia OMC hacía público el pasado 28 de julio que se había creado un nueva panel para determinar si Estados Unidos ha cumplido una setencia previa contra los aranceles a la acietuna de color española. De esta forma de reabre la disputa entre Bruselas y Washington iniciada en 2019 y que parecería que se había cerrado en 2021. "Los aranceles son injustos y eso es algo que ya se reconoció en una anterior resolución", explica Antonio jovenlandesa, secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), y apunta a que los productores españoles han perdido el 75% del mercado que tenían en Estados Unidos a raíz de la protesta del sector olivarero de california, que pidió a las autoridaes de EEUU investigar las exportaciones españolas por las ayudas que reciben los agricultores a través de la Política Agraria Común (PAC).
"La UE considera que Estados Unidos impone unos aranceles sobre la aceitunas negras procedentes de España basándose en un error jurídico porque que las ayudas de la PAC no benefician a los productores, sino que se entrengan a aquellos agricultores que cultivan los olivos. La resolución del Departamento de Comercio estaodunidense que impuso los aranceles se basó en esto y eso ya se consideró incompatibles con la normativa de la OMC. Si se tuviera en cuenta que las subvenciones las reciben los cultivadores de olivos, es probable que Estados Unidos no pueda continuar imponiendo gravámenes del 35%", señalan fuentes de la Comisión Europea.
"Por parte del Gobierno de España y por parte de la Unión Europea agotaremos todas las vías posibles para defender los intereses del sector de la aceituna de color española, con objeto de finalizar este proceso y las consecuencias económicas que tiene sobre éste. La solicitud, por parte de la Comisión, de este panel de revisión de cumplimiento ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), el 14 de julio, se une al resto de acciones puestas en marcha para lograr la conclusión de los gravámenes. Se está trabajando incansablemente juntamente con la Comisión Europea y la Junta de Andalucía", señalan fuentes del Ministerio de Agricultura.
"Artimañas legales"
"Han usado todas las artimañas legales a su alcance y nos han desalojado del mercado en Estados Unidos. Egipto, Turquía o jovenlandia han salido beneficiados", asegura Antonio jovenlandesa, de Asemesa, que apunta que hasta 2024 no se producirán nuevos avances sobre este caso. La Unión Europea le ha dado prioridad a este conflicto comercial porque afecta a toda su política de subsidios agrarios a través de la PAC. El bloque comunitario teme que una decisión desfavorable de la OMC en este sentido puede ser una amenaza para todas las ayudas que se mantienen en Europa para la actividad agrícola.
El pasado mes de febrero tanto la UE como EEUU llegaron a un acuerdo para establecer un grupo especial que estudie si los aranceles se ajustan a la normativa internacional. "Ambas partes han acordado que cooperarán para permitir que un panel realice un informe en un plazo de 90 días desde su conformación", señala un portavoz de la OMC. El grupo especial ya está formado y estará compuesto por el presidente Daniel Moulis, y los miembros Martín García y Charis Tan. Ocho países (Brasil, China, India, Japón, Rusia, Suiza y Turquía) se han unido como terceras partes a la nueva disputa. De esta forma, estos países se reservan ante la OMC el derecho a partiticpar en el proceso y podrán prestar su testuminio ante el panel las próximas semanas.
Fuentes de la Comisión Europea apuntan a que los grupos de trabajo que se constituyen para este tipo de trabajos suelen tardar una media de 13 meses en revelar su veredicto, aunque esperan que en este caso sean más ágiles, puesto que se trata de "una cuestión jurídica sencilla".
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