24 militares han muerto desde 2014 a causa de trabajar con amianto
Desde 2014 se han tramitado 24 expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado por fallecimientos de militares que estaban expuestos al amianto.
El Ministerio de Defensa se ha visto obligado a indemnizar a las familias de once militares fallecidos que estuvieron expuestos al amianto durante sus años de servicio activo. Se trata de compensaciones históricas a militares embarcados en buques de guerra de la Armada, que nunca se habían hecho públicas en su totalidad hasta ahora y que implican que Defensa reconoce una responsabilidad patrimonial de la administración en un asunto de gran trascendencia para la salud pública. Los militares fallecidos estaban en contacto directo con este material contaminante.
Según explican fuentes internas del departamento que dirige María Dolores de Cospedal, desde el año 2014 se han iniciado un total de 24 expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado relativos a fallecimientos de funcionarios de la Armada por su exposición al amianto. La gran mayoría de ellos fueron promovidos por las familias de los fallecidos, salvo un caso, iniciado por el afectado y subrogado más tarde por parte de su viuda e hijos. Aunque este medio ha tenido acceso al listado completo de estas reclamaciones y cómo se encuentra su tramitación a día de hoy, se omiten los nombres de los afectados por la exigencia de la Ley de protección de datos de carácter personal.
De esos 24 expedientes, Defensa ya ha asumido 1.117.903,79 de euros. Existen diferentes casos y resoluciones. Uno de ellos es el de un capitán de fragata del cuerpo general de la Armada fallecido por "mesitelioma pleural" provocado por el contacto constante con amianto durante sus 27 años de servicio; su viuda recibió 113.719 euros y sus dos hijos 9.477,42. Otro es el de un alférez de navío que era mecánico de buques y que fue condecorado en vida con la Cruz al Mérito Naval; su viuda recibió 100.000 euros y sus dos hijos 9.000 cada uno. O un oficial de arsenales, cuyos familiares denunciaron que había fallecido por la "inhalación de fibras de asbesto (amianto) durante el desarrollo de su actividad profesional en la sección de electricidad-buques de la Armada"; su viuda percibió 106.000 euros y su hijo 9.000.
Las indemnizaciones en general rondan los 100.000 euros para las viudas de los marinos y algo menos de los 10.000 para sus hijos. Así, las mujeres de otros dos alféreces de navío percibieron 94.000 euros y sus hijos 9.000 en un caso y 8.856 euros para cada uno de sus tres descendientes en otro caso. Existe también el caso de un sargento primero a quien le "fue diagnosticado en mayo de 2009 mesotelioma maligno de tipo epitelial sin que el inicio del tratamiento oncológico pudiera evitar su fallecimiento". Sus seis hijos recibieron 10.000 euros cada uno. Asimismo, la viuda de un general inspector de máquinas que no tenía hijos percibió 78.628,14 euros por el fallecimiento de su marido que "durante su vida profesional había estado destinado en distintos buques de la Armada, con exposición a materiales tóxicos como el asbesto o amianto y la fibra de vidrio, dado que el trabajo lo realizaba fundamentalmente en los motores, máquinas y calderas".
Existe también el caso de un militar que inició su reclamación a Defensa mientras vivía. Fue un oficial de actividades técnicas y profesionales de la Armada, que "desarrollaba básicamente la actividad de desguace de buques procedentes de los Estados Unidos, por lo que el interesado tuvo un continuo y permanente contacto con el amianto"; falleció y su familia continuó con el proceso recibiendo finalmente su viuda 122.604,71 euros y 20.434,10 sus dos hijos. También ha habido un expediente en el que se reclamó una indemnización a dos nietas: un coronel de intendencia en cuyo fallecimiento tuvo "una incidencia inmediata, directa y principal la exposición a la inhalación de amianto o asbesto durante la prestación de servicio en buques de la Armada desde 1960"; su viuda recibió finalmente 40.000 euros y 10.000 euros cada uno de sus tres hijos.
Llama la atención también el caso de un militar cuya familia ganó la batalla tras un complicado proceso, en el que el Consejo de Estado llegó a desestimar la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Defensa. Se trataba de un general subinspector del cuerpo de máquinas de la Armada, que falleció el 16 de abril de 2001 en el Hospital Naval de Ferrol a consecuencia de un mesotelioma pleural tras haber sido diagnosticado de un tumor pleural maligno con inmuno-fenotipo de mesotelioma maligno difuso. Su familia acudió a la Audiencia Nacional y, finalmente, su viuda percibió 79.706,64 euros y su hijo 8.856,36.
En otro expediente la familia del fallecido consiguió una indemnización para la viuda, pero no para sus hijos. Fue el caso de un alférez de navío que estuvo en "contacto constante con el amianto durante más de veinte años de servicio como especialista mecánico en buques de la Armada". Su mujer percibió 94.000 euros, pero sus hijos reclamaron posteriormente y su reclamación se desestimó por considerarse "extemporánea".
Por último, también ha habido expedientes que han terminado archivados al entenderse que no existe posibilidad de indemnizar a la familia. Sucedió con un alférez de navío que había estado expuesto durante su vida laboral a "materiales tóxicos como el asbesto o amianto y la fibra de vidrio" y un teniente de máquinas que trabajó durante casi cuarenta años en diversos buques de la Armada. En este último caso el Consejo de Estado desestimó la reclamación al entender que "no puede apreciarse la concurrencia de un nexo causal entre el fallecimiento del militar y su exposición al polvo de amianto".
Buques de la Armada en el Mediterráneo
Buques de la Armada en el Mediterráneo / Ministerio de Defensa
A estos once resoluciones estimatorias a familiares de víctimas del amianto hay que añadir otros diez expedientes que ya se encuentran iniciados pendientes de resolver, en tramitación suspendidos (hasta que se tramite el expediente de fallecimiento en acto de servicio) o a la espera del dictamen del Consejo de Estado, que es ejecutivo en los casos de responsabilidad patrimonial del Estado y tiene efecto de cobro inmediato. Afectan a cuatro capitanes de navío, un alférez de navío, un capitán de fragata, dos subtenientes y dos suboficiales. Algunos de ellos ya han fallecido y la reclamación ha sido presentada por su viuda a la espera de que se resuelva si Defensa tiene que abonarles esa responsabilidad patrimonial que sí recibieron los citado once compañeros.
La gran mayoría de estos militares trabajaron en buques de guerra que Estados Unidos regaló a España. Se trataba de fragatas, dragaminas o destructores que Dwight D. Eisenhower entregó a Franco en 1954 después de la Segunda Guerra Mundial y que la US Navy iba a jubilar. Para construirlos se utilizó el amianto como aislante y los militares españoles que trabajaron en ellos inhalaron durante años ese material cancerígeno que tanto preocupa ahora y que está presente en colegios o en el concurrido Metro de Madrid.
El hecho de que once familias hayan sido reconocidos como receptores de esta indemnización y que otras diez se encuentren en trámites de poder serlo demuestra que el Ministerio de Defensa sí ha previsto indemnizar en algunos casos y asume su responsabilidad patrimonial. La situación, no obstante, contrasta con otros accidentes en los que el departamento que ahora dirige María Dolores de Cospedal no ha abonado esta responsabilidad por daños y perjuicios. Ocurrió con los fallecidos del Yak-42 (el Ministerio ha reconocido su responsabilidad pero no ha pagado), con el accidente que afectó a los artificieros de Hoyo de Manzanares o con la militar que quedó inválida con las manos congeladas tras unas maniobras en Benasque. En estos casos Defensa argumenta que el cobro de una pensión y del seguro colectivo es equiparable a la responsabilidad patrimonial, de ahí que estas reclamaciones caigan en saco roto.
La Información se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa para conocer su versión sobre estos expedientes e indemnizaciones. Un responsable reconoce que habría que analizar caso por caso y que la consulta a los letrados se prolongaría durante algunos días.
Desde 2014 se han tramitado 24 expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado por fallecimientos de militares que estaban expuestos al amianto.
El Ministerio de Defensa se ha visto obligado a indemnizar a las familias de once militares fallecidos que estuvieron expuestos al amianto durante sus años de servicio activo. Se trata de compensaciones históricas a militares embarcados en buques de guerra de la Armada, que nunca se habían hecho públicas en su totalidad hasta ahora y que implican que Defensa reconoce una responsabilidad patrimonial de la administración en un asunto de gran trascendencia para la salud pública. Los militares fallecidos estaban en contacto directo con este material contaminante.
Según explican fuentes internas del departamento que dirige María Dolores de Cospedal, desde el año 2014 se han iniciado un total de 24 expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado relativos a fallecimientos de funcionarios de la Armada por su exposición al amianto. La gran mayoría de ellos fueron promovidos por las familias de los fallecidos, salvo un caso, iniciado por el afectado y subrogado más tarde por parte de su viuda e hijos. Aunque este medio ha tenido acceso al listado completo de estas reclamaciones y cómo se encuentra su tramitación a día de hoy, se omiten los nombres de los afectados por la exigencia de la Ley de protección de datos de carácter personal.
De esos 24 expedientes, Defensa ya ha asumido 1.117.903,79 de euros. Existen diferentes casos y resoluciones. Uno de ellos es el de un capitán de fragata del cuerpo general de la Armada fallecido por "mesitelioma pleural" provocado por el contacto constante con amianto durante sus 27 años de servicio; su viuda recibió 113.719 euros y sus dos hijos 9.477,42. Otro es el de un alférez de navío que era mecánico de buques y que fue condecorado en vida con la Cruz al Mérito Naval; su viuda recibió 100.000 euros y sus dos hijos 9.000 cada uno. O un oficial de arsenales, cuyos familiares denunciaron que había fallecido por la "inhalación de fibras de asbesto (amianto) durante el desarrollo de su actividad profesional en la sección de electricidad-buques de la Armada"; su viuda percibió 106.000 euros y su hijo 9.000.
Las indemnizaciones en general rondan los 100.000 euros para las viudas de los marinos y algo menos de los 10.000 para sus hijos. Así, las mujeres de otros dos alféreces de navío percibieron 94.000 euros y sus hijos 9.000 en un caso y 8.856 euros para cada uno de sus tres descendientes en otro caso. Existe también el caso de un sargento primero a quien le "fue diagnosticado en mayo de 2009 mesotelioma maligno de tipo epitelial sin que el inicio del tratamiento oncológico pudiera evitar su fallecimiento". Sus seis hijos recibieron 10.000 euros cada uno. Asimismo, la viuda de un general inspector de máquinas que no tenía hijos percibió 78.628,14 euros por el fallecimiento de su marido que "durante su vida profesional había estado destinado en distintos buques de la Armada, con exposición a materiales tóxicos como el asbesto o amianto y la fibra de vidrio, dado que el trabajo lo realizaba fundamentalmente en los motores, máquinas y calderas".
Existe también el caso de un militar que inició su reclamación a Defensa mientras vivía. Fue un oficial de actividades técnicas y profesionales de la Armada, que "desarrollaba básicamente la actividad de desguace de buques procedentes de los Estados Unidos, por lo que el interesado tuvo un continuo y permanente contacto con el amianto"; falleció y su familia continuó con el proceso recibiendo finalmente su viuda 122.604,71 euros y 20.434,10 sus dos hijos. También ha habido un expediente en el que se reclamó una indemnización a dos nietas: un coronel de intendencia en cuyo fallecimiento tuvo "una incidencia inmediata, directa y principal la exposición a la inhalación de amianto o asbesto durante la prestación de servicio en buques de la Armada desde 1960"; su viuda recibió finalmente 40.000 euros y 10.000 euros cada uno de sus tres hijos.
Llama la atención también el caso de un militar cuya familia ganó la batalla tras un complicado proceso, en el que el Consejo de Estado llegó a desestimar la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Defensa. Se trataba de un general subinspector del cuerpo de máquinas de la Armada, que falleció el 16 de abril de 2001 en el Hospital Naval de Ferrol a consecuencia de un mesotelioma pleural tras haber sido diagnosticado de un tumor pleural maligno con inmuno-fenotipo de mesotelioma maligno difuso. Su familia acudió a la Audiencia Nacional y, finalmente, su viuda percibió 79.706,64 euros y su hijo 8.856,36.
En otro expediente la familia del fallecido consiguió una indemnización para la viuda, pero no para sus hijos. Fue el caso de un alférez de navío que estuvo en "contacto constante con el amianto durante más de veinte años de servicio como especialista mecánico en buques de la Armada". Su mujer percibió 94.000 euros, pero sus hijos reclamaron posteriormente y su reclamación se desestimó por considerarse "extemporánea".
Por último, también ha habido expedientes que han terminado archivados al entenderse que no existe posibilidad de indemnizar a la familia. Sucedió con un alférez de navío que había estado expuesto durante su vida laboral a "materiales tóxicos como el asbesto o amianto y la fibra de vidrio" y un teniente de máquinas que trabajó durante casi cuarenta años en diversos buques de la Armada. En este último caso el Consejo de Estado desestimó la reclamación al entender que "no puede apreciarse la concurrencia de un nexo causal entre el fallecimiento del militar y su exposición al polvo de amianto".
Buques de la Armada en el Mediterráneo
Buques de la Armada en el Mediterráneo / Ministerio de Defensa
A estos once resoluciones estimatorias a familiares de víctimas del amianto hay que añadir otros diez expedientes que ya se encuentran iniciados pendientes de resolver, en tramitación suspendidos (hasta que se tramite el expediente de fallecimiento en acto de servicio) o a la espera del dictamen del Consejo de Estado, que es ejecutivo en los casos de responsabilidad patrimonial del Estado y tiene efecto de cobro inmediato. Afectan a cuatro capitanes de navío, un alférez de navío, un capitán de fragata, dos subtenientes y dos suboficiales. Algunos de ellos ya han fallecido y la reclamación ha sido presentada por su viuda a la espera de que se resuelva si Defensa tiene que abonarles esa responsabilidad patrimonial que sí recibieron los citado once compañeros.
La gran mayoría de estos militares trabajaron en buques de guerra que Estados Unidos regaló a España. Se trataba de fragatas, dragaminas o destructores que Dwight D. Eisenhower entregó a Franco en 1954 después de la Segunda Guerra Mundial y que la US Navy iba a jubilar. Para construirlos se utilizó el amianto como aislante y los militares españoles que trabajaron en ellos inhalaron durante años ese material cancerígeno que tanto preocupa ahora y que está presente en colegios o en el concurrido Metro de Madrid.
El hecho de que once familias hayan sido reconocidos como receptores de esta indemnización y que otras diez se encuentren en trámites de poder serlo demuestra que el Ministerio de Defensa sí ha previsto indemnizar en algunos casos y asume su responsabilidad patrimonial. La situación, no obstante, contrasta con otros accidentes en los que el departamento que ahora dirige María Dolores de Cospedal no ha abonado esta responsabilidad por daños y perjuicios. Ocurrió con los fallecidos del Yak-42 (el Ministerio ha reconocido su responsabilidad pero no ha pagado), con el accidente que afectó a los artificieros de Hoyo de Manzanares o con la militar que quedó inválida con las manos congeladas tras unas maniobras en Benasque. En estos casos Defensa argumenta que el cobro de una pensión y del seguro colectivo es equiparable a la responsabilidad patrimonial, de ahí que estas reclamaciones caigan en saco roto.
La Información se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa para conocer su versión sobre estos expedientes e indemnizaciones. Un responsable reconoce que habría que analizar caso por caso y que la consulta a los letrados se prolongaría durante algunos días.
