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24.000 médicos autónomos ven peligrar sus ingresos por la crisis de las aseguradoras de Muface
La ruptura entre Muface y las principales aseguradoras amenaza el futuro de 24.000 médicos autónomos y podría obligar a más de 1,5 millones de funcionarios a recurrir a la sanidad pública, incrementando la presión asistencial.
09/11/24 - 00:24
La reciente decisión de las aseguradoras DKV, SegurCaixa, Adeslas y Asisa de no renovar su colaboración con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha generado incertidumbre para miles de médicos autónomos en toda España. Son alrededor de 24.000 profesionales en ejercicio libre de la sanidad los que se verán afectados directamente por la pérdida de pacientes que acuden a sus consultas. La retirada de las aseguradoras implica que los algo más de 1,5 millones de funcionarios que echaban mano de la cobertura de Muface podrían migrar al sistema público de salud, lo que reduciría drásticamente los ingresos de los médicos que ejercen por cuenta propia.
“Estamos viendo que peligra una parte de nuestra fuente de ingresos mensual”, comentó a este diario Severino Moncunill, un profesional de la Medicina autónomo, con más de dos décadas de experiencia en atención a funcionarios adscritos a Muface. “Nuestro trabajo depende de que exista un flujo constante de pacientes. Si no se llega finalmente a un acuerdo, y las aseguradoras no se avienen a firmar el acuerdo, el golpe se dejará notar”.
La pérdida de estos pacientes no afectaría solamente a la estabilidad financiera de los médicos autónomos, sino también al tipo de servicios que podrán ofrecer. Muchos de estos profesionales se especializan en áreas específicas de la Medicina y dependen de la regularidad en la demanda para mantener su consulta en funcionamiento. Los médicos en ejercicio libre tienen una relación directa con Muface, pero dependen de que las aseguradoras continúen sus acuerdos para acceder a un volumen estable de pacientes. La ruptura actual plantea desafíos para la estabilidad económica de estos profesionales, y también para su planificación profesional y su futuro.
Los sanitarios autónomos piden una solución para renovar el convenio de Muface con las aseguradoras
Para entender el origen de esta crisis, es importante considerar las razones detrás de la retirada de las aseguradoras. Estas compañías alegan que las condiciones financieras propuestas por el Ministerio de Sanidad no les permiten cubrir adecuadamente los costes de la atención. Según representantes del sector, el acuerdo actual no proporciona fondos suficientes para garantizar la calidad asistencial, lo que ha llevado a las aseguradoras a retirarse de Muface por primera vez en su historia, desde su creación hace ahora medio siglo.Moncunill expresó su preocupación en nombre de muchos otros autónomos médicos: “No deseamos que la calidad de la atención se resienta, porque los profesionales de la sanidad estamos comprometidos con nuestros pacientes, pero necesitamos condiciones que hagan viable nuestra labor”. Una declaración que resume el sentir de estos 24.000 profesionales, que ven cómo la incertidumbre crece en sus consultas mientras se busca una solución viable entre las aseguradoras y el Gobierno.
Además, el Ministerio de tras*formación Digital y de la Función Pública se encuentra en una carrera contrarreloj para diseñar una oferta atractiva que convenza a las aseguradoras de retomar la colaboración. Una situación que además de su impacto económico, afecta también al propio sistema Muface, que es un modelo único de colaboración entre la sanidad pública y privada en Europa, y que como tal ha sido estudiado por otros países para su réplica.
Los médicos autónomos sugieren que el Estado pague directamente a los profesionales
La Unión Médica Profesional (Unipromel), la asociación que representa a los médicos de ejercicio libre en el ámbito de la sanidad privada, y que cuenta con el apoyo del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, ha sugerido una alternativa que podría ayudar a resolver la crisis: un modelo de “Muface directo”, en el que el Estado asumiría el pago directo a los profesionales y centros sanitarios, eliminando la intermediación de las aseguradoras. Según esta propuesta, los médicos autónomos podrían recibir una retribución estable y los funcionarios no perderían la posibilidad de elegir entre sanidad pública y privada.Moncunill mostró a este diario su apoyo a esta iniciativa: “El modelo directo tiene mucho sentido. Nos permitiría continuar atendiendo a nuestros pacientes de manera estable y profesional. Además, reduciría la burocracia y nos haría menos dependientes de decisiones de terceros”. No obstante, implementar esta opción requeriría tiempo y una reestructuración del modelo actual, lo que podría retrasar su efectividad y dejar a los médicos en una situación delicada mientras tanto.
El Gobierno ha manifestado su intención de retomar las negociaciones para encontrar una solución aceptable para todas las partes. Aunque la propuesta de Unipromel resulta atractiva, aún se requiere de un consenso entre los actores involucrados, tanto en el sector asegurador como en el sanitario, para implementar cualquier cambio significativo en el sistema de mutualidades.
Por lo tanto, la posibilidad de un regreso de las aseguradoras aún está en el aire, dependiendo de las condiciones que el ministerio de Sanidad logre acordar en la próxima licitación. Para los médicos autónomos, esta espera genera no poca incertidumbre: “Si hay un momento en el que la sanidad pública y privada necesitan trabajar juntas es este. Pero necesitamos también que el Gobierno garantice condiciones justas, para que podamos seguir ofreciendo una atención de calidad”.
La flexibilidad para que los funcionarios elijan entre sanidad pública o privada ha hecho del modelo una referencia internacional
En realidad, la mutualidad de funcionarios civiles es una opción que hasta ahora permitía a algo más de 1,5 millones de funcionarios elegir entre la sanidad pública o privada. Esta flexibilidad es lo que ha hecho del modelo una referencia internacional. Sin embargo, el actual conflicto con las aseguradoras plantea una serie de interrogantes sobre el futuro del sistema y los profesionales que trabajan en él.En este contexto, los médicos autónomos temen una pérdida de ingresos que podría llevarles a reducir el personal que emplean en sus consultas e incluso a verse obligados a cerrarlas. “No es solo una cuestión de números”, añadió Severino Moncunill. “Es también una cuestión de continuidad y confianza. Si los funcionarios sienten que la sanidad privada no es estable, perderemos parte de nuestra identidad como proveedores de salud fiables”.
En todo caso, si los funcionarios que actualmente usan Muface en su modalidad de seguro privado se ven obligados a trasladarse al sistema de salud pública, las listas de espera podrían aumentar considerablemente. Además, alrededor del 15% del total de funcionarios en edad de jubilación también se sumará al sistema en los próximos años, lo que incrementaría aún más la demanda en la sanidad pública. En este sentido, el cambio afectaría no solamente a los médicos autónomos y a los funcionarios, sino también a los ciudadanos que actualmente dependen del sistema público para sus necesidades sanitarias.
Además, el número de médicos en la sanidad pública podría ser insuficiente para absorber a todos los pacientes adicionales. Lo que supondría un reto logístico y humano que requeriría de nuevas contrataciones y de una reorganización profunda de los recursos del sistema nacional de salud, según los expertos Esta presión adicional es vista con preocupación por diversos actores del sector, quienes advierten sobre el riesgo de un deterioro en la calidad asistencial.
24.000 médicos autónomos ven peligrar sus ingresos por la crisis de las aseguradoras de Muface
La ruptura entre Muface y las principales aseguradoras amenaza el futuro de 24.000 médicos autónomos y podría obligar a más de 1,5 millones de funcionarios a recurrir a la sanidad pública, incrementando la presión asistencial.
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