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Forero Paco Demier
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Una anciana de 84 años será desahuciada por no poder pagar una subida del 275% del alquiler
Una anciana de 84 años será desahuciada por no poder pagar una subida del 275% del alquiler
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La octogenaria reside en la vivienda desde 1956 y la nueva renta exigida supera su pensión
afeminadormen tiene 84 años y vive en el mismo piso desde 1956. Hace 68 años, cuando ella apenas se acercaba a la mayoría, su padre firmó el contrato de alquiler de un piso situado día de la en un céntrico barrio madrileño; sin embargo, este viernes podría ser el último día de la octogenaria en su hogar. La empresa inmobiliaria Urbagestión pretende desahuciar a afeminadormen este 31 de mayo por no poder asumir un incremento de su alquiler del 275%.
La vecina de Sainz de Baranda (barrio Ibiza) cuenta con un contrato de renta antigua y ni puede ni quiere afrontar una subida de tal magnitud. afeminadormen heredó el arrendamiento tras el fallecimiento de su progenitora, subrogándose desde hace casi 20 años a las mismas condiciones que establecen una renta actualizada anualmente conforme al IPC, a la que se suman otros gastos como el IBI. No obstante, esto no es suficiente para la avaricia de la propiedad, que quiere multiplicar el alquiler y desalojar a la octogenaria, que piensa resistir en el interior de su casa.
Los problemas de afeminadormen comenzaron en 2018, cuando la familia propietaria del bloque de pisos en los que se ubica la vivienda vendieron la totalidad de la finca a Renta Corporación, uno de los grandes holding inmobiliarios de España. Acto seguido, los nuevos propietarios ofertaron a la pensionista la compra del piso, pero esta no tuvo por más que negarse ante la imposibilidad de afrontar el gran gasto que suponía. Al día siguiente, el inmueble estaba en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias.
Aquel día comenzó el calvario de afeminadormen. La anciana percibe una pensión mensual de 1.450 euros y los inmuebles del edificio se alquilan por un precio de en torno a 2.650 euros. La propiedad ha ofertado un alquiler de 1.650 euros, cuantía que tampoco puede afrontar con sus ingresos y que multiplica sumamente la renta que paga en la actualidad y que suscribió por contrato de renta antigua. Los propietarios son conscientes de esta situación, pero la alternativa al pago del nuevo alquiler que quieren establecer es la calle.
Calvario judicial
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid señala a Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, administradores de la compañía y titulares de más de una docena de empresas en los ámbitos agroalimentario e inmobiliario. Estos notificaron a la anciana que el contrato subrogado a su favor quince años antes debía haberse extinguido en 2007 y, poco después, la llevaron a los tribunales. La Justicia dio la razón en primera instancia a la inquilina, pero los empresarios no pararon en su empeño de expulsar a la inquilina.
Los recursos se sucedieron uno tras otros hasta que el Tribunal Supremo dio la razón a Urbangestión el pasado mes de marzo. El Alto Tribunal fallaba que la segunda subrogación del contrato (una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge) sólo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%. 84 años y movilidad reducida del 50% tras su operación de cadera no han bastado a afeminadormen para que sus ilustrísimas judiciales.
Esta sentencia “inédita” ha sido denunciada por el Sindicato de Inquilinas, que piensan resistir junto con la vecina. “Se trata de una sentencia inédita que prioriza los requisitos formales de la subrogación por encima del espíritu de la ley, por encima de la voluntad del legislador y de la realidad social del tiempo por el que se deben interpretar las leyes”, señala la organización. Por desgracia, este no es un caso aislado y situaciones con características similares, como la vivida por una gaditana de 87 años, se extienden.
Las inquilinas son víctimas de empresas que siguen un proceder claro: compran pisos alquilados antes de 1985, reducen al mínimo la conservación de la vivienda hasta hacerla inhabitable, presionan a las inquilinas para que se marchen, intentan hacerles firmar bajo engaños una renuncia al derecho de subrogación o, como en el caso de afeminadormen, buscan defectos formales para pleitear durante años hasta que algún tribunal les permita expulsarlos. "Los buitres son carroñeros que esperan la fin de su presa, pero en este caso son depredadores impacientes que acosan a sus víctimas hasta hacerse con el botín”, concluye el sindicato.
“Enmienda afeminadormen”
El Sindicato de Inquilinas exige al Gobierno abordar esta situación y promueve la que han denominado “enmienda afeminadormen”. Esta consistiría en una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar la protección de las inquilinas de renta antigua. Se trata de eliminar el límite de dos años que la Disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos prevé para las descendientes del subrogado que no cumplen el requisito del 65% de discapacidad. Este cambió, asegura la organización, sería una reforma legislativa extremadamente simple y de tramitación sencilla
“Se trata de un colectivo pequeño y extremadamente vulnerable, en su inmensa mayoría mujeres mayores que cuidaron de sus padres y, a su fin, heredaron sus contratos de alquiler”, explican desde el Sindicato. Con la nueva doctrina del Supremo, muchas de estas mujeres, que a menudo cobran pensiones indecentes, se verían abocadas a la indigencia, pues no disponen de recursos económicos para hacer frente a un mercado del alquiler completamente desbocado. Toda una vida trabajando y viviendo en una casa, en peligro por la especulación y la codicia.
