Lamenta que «la dictadura del catalán» ha fragmentado a la sociedad y a familias
La víctima de la persecución separatista, Ángel Centeno.
«Desde que me multaron por no rotular mi negocio en catalán me he vuelto un radical y solo uso el castellano para dirigirme a la administración catalana». Ángel Centeno tenía una oficina inmobiliaria en el barrio de El Clot de Barcelona. Después de más de treinta años de lucir el rótulo de su local en castellano, la Generalidad, a través de la Agencia Catalana de Consumo, le obligó a cambiarlo y redactarlo en catalán alega ndo que «vulneraba los derechos lingüísticos». De eso hace ya diez años, cuando, en pleno gobierno tripartito de izquierdas, arrancaron las primeras multas lingüísticas a comercios. Él se opuso alegando que el cartel estaba redactado en una lengua oficial y fue sancionado por la Generalidad con una multa de 1.000 euros. Amparado por la asociación Impulso Ciudadano, Centeno recurrió la sanción y fue a juicio, pero ante la posibilidad de tener que asumir también las costas del proceso y ante la falta de flexibilidad del gobierno regional, decidió pagarla. Es uno de los muchos comerciantes multados en los últimos años por «no seguir el dictado lingüístico del gobierno regional». Solo en los últimos tres años, la Generalidad ha abierto 150 expedientes a comercios por este motivo.
Para los comerciantes el «yugo lingüístico» es un «quebradero de cabeza más», según denuncia Impulso Ciudadano, entidad que ha asesorado a los afectados en los últimos años. Centeno comparte esa opinión. «Pedirme que no rotule en castellano siendo lengua oficial en Cataluña es tan absurdo como pedirle a Fernando Alonso que en una carrera no circule a más de 300 kilómetros por hora», dice el comerciante en declaraciones a ABC. Ahora, ya jubilado, asegura que «no cambiaría de postura y seguiría resistiéndose a acatar el dictado lingüístico de la Generalidad». «Son unos talibanes que solo consiguen crear antipatía hacia esta lengua, incluso por parte de personas como yo que hemos nacido y vivido el grueso de nuestra vida en Cataluña», señala en declaraciones a este diario. Su caso es solo uno de los muchos de comerciantes que no han claudicado a «la dictadura del catalán». Las multas siguen creciendo, al igual que el montante que recauda el gobierno catalán por este concepto.
Según los datos presentados por la Generalidad en una respuesta parlamentaria al diputado no adscrito Antonio Gallego, la cantidad recaudada por el gobierno regional en multas a comercios que no usan el catalán en su rotulación, facturas, catálogos o ***etos dirigidos a clientes se disparó entre los años 2019 y 2021 (último año del que se dispone de estadísticas). Entre estos tres años las partidas ingresadas por la Generalidad en concepto de infracciones lingüísticas cometidas en el sector del comercio crecieron un 487,8 por ciento, pasando de los 25.087 euros de 2019 a un total de 122.399 euros en 2021.
En la misma respuesta, consultada por ABC y firmada por el consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, la Generalidad precisa que las sanciones «son por vulnerar los derechos lingüísticos de los consumidores o incumplir las obligaciones en materia lingüística que establece la normativa». Aclara que los importes de las mismas «son una cuestión muy irregular y, en todo caso, debe tenerse en cuenta que algunas se cobran dentro del mismo año, pero otras muchas no y en algún caso se llegan a cobrar mucho tiempo después de ser impuestas». Según las estadísticas facilitadas por la Generalidad, en 2019 se abrieron 86 expedientes, por los que la Generalidad ingresó 25.087 euros; en 2020 se abrieron 46 (96.361 euros), y en 2021 un total de 18 (122.399 euros).
«Mis hijas son independentistas»
Ángel Centeno fue uno de los pocos que dio la cara y expresó públicamente su desacuerdo con las sanciones lingüísticas. Ahora, aún se enerva recordando cómo le «acosaron» desde la administración para que cediera. «Vi esa presión antes porque estuve desde los 8 años hasta que cumplí 20 en el País Vasco. Lo de Cataluña tiene además un componente mucho más peligroso y es que la dictadura del catalán logra separar hasta familias. Ha fragmentado la sociedad catalana», advierte. Sabe de lo que habla. «A mis hijas ya les han comido el coco. No he podido hacer nada para evitarlo. Me han salido independentistas y hay temas que, por desgracia, no puedo sacar en mi casa para no acabar discutiendo», reconoce. Le indigna que «el fanatismo talibán de la Generalidad haya logrado distanciar familias».
La Generalidad lleva desde 2010 imponiendo sanciones a los comercios que no utilizan el catalán. Lo hace mediante la Agencia Catalana del Consumo (ACA), organismo encargado de hacer cumplir el código de consumo de Cataluña, y amparándose en la Ley del Código de Consumo de Cataluña, que entró en vigor 2010, en época del tripartito de izquierdas. Actualmente, en plena ofensiva de la Generalidad para impulsar el catalán en el ámbito social y laboral, esta normativa cobra fuerza. Lo hace pese a ser una de las medidas más controvertidas impulsadas por el gobierno catalán. De hecho, según recuerdan desde Impulso Ciudadano, «varios partidos políticos, entre ellos Partido Popular y Ciudadanos, han impuesto recursos y han solicitado formalmente la supresión de las sanciones, la detención de los expedientes en curso e, incluso, la devolución, con carácter retroactivo, de las multas abonadas por este concepto. De momento, propuestas que han caído en saco roto«.
«El impacto de estas multas lingüísticas es mucho más alto de lo que cabría imaginar. Es más, con el paso del tiempo, no paran de crecer, lo que está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para todos aquellos comercios y establecimientos que prefieren usar el castellano o el inglés para tratar a sus clientes. Y es que no hay que olvidar que, dentro de Cataluña, el español y el catalán son lenguas cooficiales«, denuncia Impulso Ciudadano. Dentro de su cruzada lingüística, el gobierno regional anunció en noviembre de 2022 la puesta en marcha de un centenar de medidas para fomentar la lengua catalana. Una de ellas, ofrecer la posibilidad a los comercios que vulneren los derechos lingüísticos la posibilidad de canjear las multas por cursos de concienciación lingüística. Convivencia Cívica Catalana (CCC), que defiende desde hace años los derechos de los castellanohablantes, denuncia que sea legal multar a los comercios por usar el castellano cuando es lengua oficial en Cataluña. Según un informe hecho público recientemente por la entidad, sólo el 15 por ciento de los comercios en Barcelona tiene el letrero en español.
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Para los comerciantes el «yugo lingüístico» es un «quebradero de cabeza más», según denuncia Impulso Ciudadano, entidad que ha asesorado a los afectados en los últimos años. Centeno comparte esa opinión. «Pedirme que no rotule en castellano siendo lengua oficial en Cataluña es tan absurdo como pedirle a Fernando Alonso que en una carrera no circule a más de 300 kilómetros por hora», dice el comerciante en declaraciones a ABC. Ahora, ya jubilado, asegura que «no cambiaría de postura y seguiría resistiéndose a acatar el dictado lingüístico de la Generalidad». «Son unos talibanes que solo consiguen crear antipatía hacia esta lengua, incluso por parte de personas como yo que hemos nacido y vivido el grueso de nuestra vida en Cataluña», señala en declaraciones a este diario. Su caso es solo uno de los muchos de comerciantes que no han claudicado a «la dictadura del catalán». Las multas siguen creciendo, al igual que el montante que recauda el gobierno catalán por este concepto.
Según los datos presentados por la Generalidad en una respuesta parlamentaria al diputado no adscrito Antonio Gallego, la cantidad recaudada por el gobierno regional en multas a comercios que no usan el catalán en su rotulación, facturas, catálogos o ***etos dirigidos a clientes se disparó entre los años 2019 y 2021 (último año del que se dispone de estadísticas). Entre estos tres años las partidas ingresadas por la Generalidad en concepto de infracciones lingüísticas cometidas en el sector del comercio crecieron un 487,8 por ciento, pasando de los 25.087 euros de 2019 a un total de 122.399 euros en 2021.
En la misma respuesta, consultada por ABC y firmada por el consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, la Generalidad precisa que las sanciones «son por vulnerar los derechos lingüísticos de los consumidores o incumplir las obligaciones en materia lingüística que establece la normativa». Aclara que los importes de las mismas «son una cuestión muy irregular y, en todo caso, debe tenerse en cuenta que algunas se cobran dentro del mismo año, pero otras muchas no y en algún caso se llegan a cobrar mucho tiempo después de ser impuestas». Según las estadísticas facilitadas por la Generalidad, en 2019 se abrieron 86 expedientes, por los que la Generalidad ingresó 25.087 euros; en 2020 se abrieron 46 (96.361 euros), y en 2021 un total de 18 (122.399 euros).
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Ángel Centeno fue uno de los pocos que dio la cara y expresó públicamente su desacuerdo con las sanciones lingüísticas. Ahora, aún se enerva recordando cómo le «acosaron» desde la administración para que cediera. «Vi esa presión antes porque estuve desde los 8 años hasta que cumplí 20 en el País Vasco. Lo de Cataluña tiene además un componente mucho más peligroso y es que la dictadura del catalán logra separar hasta familias. Ha fragmentado la sociedad catalana», advierte. Sabe de lo que habla. «A mis hijas ya les han comido el coco. No he podido hacer nada para evitarlo. Me han salido independentistas y hay temas que, por desgracia, no puedo sacar en mi casa para no acabar discutiendo», reconoce. Le indigna que «el fanatismo talibán de la Generalidad haya logrado distanciar familias».
La Generalidad lleva desde 2010 imponiendo sanciones a los comercios que no utilizan el catalán. Lo hace mediante la Agencia Catalana del Consumo (ACA), organismo encargado de hacer cumplir el código de consumo de Cataluña, y amparándose en la Ley del Código de Consumo de Cataluña, que entró en vigor 2010, en época del tripartito de izquierdas. Actualmente, en plena ofensiva de la Generalidad para impulsar el catalán en el ámbito social y laboral, esta normativa cobra fuerza. Lo hace pese a ser una de las medidas más controvertidas impulsadas por el gobierno catalán. De hecho, según recuerdan desde Impulso Ciudadano, «varios partidos políticos, entre ellos Partido Popular y Ciudadanos, han impuesto recursos y han solicitado formalmente la supresión de las sanciones, la detención de los expedientes en curso e, incluso, la devolución, con carácter retroactivo, de las multas abonadas por este concepto. De momento, propuestas que han caído en saco roto«.
«El impacto de estas multas lingüísticas es mucho más alto de lo que cabría imaginar. Es más, con el paso del tiempo, no paran de crecer, lo que está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para todos aquellos comercios y establecimientos que prefieren usar el castellano o el inglés para tratar a sus clientes. Y es que no hay que olvidar que, dentro de Cataluña, el español y el catalán son lenguas cooficiales«, denuncia Impulso Ciudadano. Dentro de su cruzada lingüística, el gobierno regional anunció en noviembre de 2022 la puesta en marcha de un centenar de medidas para fomentar la lengua catalana. Una de ellas, ofrecer la posibilidad a los comercios que vulneren los derechos lingüísticos la posibilidad de canjear las multas por cursos de concienciación lingüística. Convivencia Cívica Catalana (CCC), que defiende desde hace años los derechos de los castellanohablantes, denuncia que sea legal multar a los comercios por usar el castellano cuando es lengua oficial en Cataluña. Según un informe hecho público recientemente por la entidad, sólo el 15 por ciento de los comercios en Barcelona tiene el letrero en español.
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