NiNi Ni Rojos Ni Grises
Madmaxista
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Ha tenido que renunciar a su trabajo para hacerse cargo de ella, mientras su inquiokupa lleva 13 meses sin pagar y realquilando una habitación.
El derecho a la propiedad privada es y debería ser igual para todos. Sin embargo, hay ocasiones en las que la situación de las víctimas de la okupación es especialmente sangrante. Y para muestra un botón: a sus 30 años, Jordi ha tenido que sacar a su progenitora con Alzheimer de la residencia en la que estaba interna y dejarlo todo para atenderla él mismo como buenamente puede por culpa de su inquiokupa. "El dinero del alquiler nos servía para pagar la residencia. Después de 13 meses sin cobrar, no podemos hacer frente a los pagos, así que he tenido que dejar de trabajar para cuidarla yo mismo en casa, porque contratar a alguien que esté con ella 24 horas nos sale mucho más caro -explica resignado-. Pero claro, ni los cuidados son los de un especialista ni la estimulación es la misma".
Su padre tiene 79 años y una dependencia de grado dos, por lo que tampoco puede hacerse cargo de ella. Es más, él también le necesita. "Antes, iba a trabajar y me venía rápidamente para estar con él, pero ahora estoy las 24 horas en casa, los 365 días del año. He tenido que dejar de quedar con mis amigos, no puedo tener pareja estable… Y eso sin contar con que, aunque la tenga aquí a mi lado, he perdido a mi progenitora, porque ya ni siquiera puedo tener una conversación con ella por culpa del Alzheimer", lamenta tratando de contener las lágrimas.
Aun así, este joven de Cornellá saca fuerzas de donde puede para seguir adelante. "Es algo que aprendí de ella -dice orgulloso-. Si no lucho yo, nadie lo va a hacer por mí". Precisamente por eso, ha recurrido a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, porque no entiende cómo es posible que ninguna administración haga algo para acabar con esta lacra que está arruinando a miles de familias en toda España.
No es justo que tengamos que ser el escudo social del Gobierno. No puede ser que, después de 13 meses, sigamos sin tener una fecha de desahucio. Esa es mi mayor angustia, porque a mí el paro se me termina en septiembre y, a partir de entonces, sí que ya no sé cómo vamos a poder vivir
"No es justo que tengamos que ser el escudo social del Gobierno -denuncia indignado-. Y yo lo único que pido es que se acelere esto, porque no puede ser que, después de 13 meses, sigamos sin tener una fecha de desahucio. Esa es mi mayor angustia, porque a mí el paro se me termina en septiembre y, a partir de entonces, sí que ya no sé cómo vamos a poder vivir". Y lo peor es que, mientras tanto, su ya inquiokupa sigue campando a sus anchas: "Ella está viviendo su vida loca e incluso estará ganando dinero a nuestra costa, porque sé que realquilaba al menos una habitación. ¿De verdad alguien cree que esto es normal?".
Un dinero más que necesario
Rosa abandonó su Perú natal con 22 años y toda una vida por delante. Nada más llegar a España se puso a limpiar casas para llegar a fin de mes, pero, sobre todo, para ahorrar, la mayor obsesión de quien no ha tenido las cosas fáciles. Con ese objetivo, precisamente, decidió invertir en vivienda: una para vivir con su familia, y otra para alquilarla y que el día de mañana no les faltase de nada si venían tiempos peores. "Todo lo que tenemos lo ha conseguido a base de sudor, esfuerzo y ahorro. Terminaba su trabajo y se iba a hacer un extra", recuerda su hijo.Su primera inquilina siempre hizo frente a los pagos. Rosa sabía que ella realquilaba una de las habitaciones, pero consciente de las dificultades que muchas veces se tienen para llegar a fin de mes, hizo la vista subida de peso. En 2017, se marchó y fue la otra mujer la que se quedó con el piso. Por aquel entonces, a Rosa le detectaron un Alzheimer galopante que, a pesar de sus 58 años, pronto empezó a causar estragos en la familia.
Al tener dos propiedades y menos de 65 años, no tenía derecho a una residencia pública, y la privada costaba 2.200 euros
Cuando decidieron que ingresara en una residencia, Jordi no sabía la que se le venía encima: "Al tener dos propiedades y menos de 65 años, no tenía derecho a una residencia pública, y la privada costaba 2.200 euros". En esta tesitura, la renta que obtenían del alquiler de esa segunda casa se había convertido en algo absolutamente imprescindible. Sin embargo, el año pasado empezaron los problemas.
De inquilina a inquiokupa
"En febrero de 2023, le renovamos el contrato y en mayo dejó de pagar", denuncia Jordi, que asegura que el único conflicto que tuvieron con ella fue a raíz de ciertas mejoras que les exigía. "Fui a ver el piso y había muebles hechos polvo, pero por ella misma. Tenía la encimera del lavabo reventada y eso era evidente que era por un golpe, pero ella decía que no. Consulté con una abogada y me dijo que yo no tenía que hacerme cargo de esas cosas, y además es que tampoco me lo podía permitir, porque tenía que hacer frente a una derrama, pero empezó a amenazarme", explica. No era la primera vez que su hoy inquiokupa trataba de aprovecharse de la situación. "Me debía 600 euros del anterior contrato y, al firmar el nuevo, me dijo que como eso no constaba en ningún sitio, que ya no me debía nada", denuncia Jordi.Relacionado
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Una situación desesperante
En esta tesitura, a Jordi no le ha quedado otra que sacar a su progenitora de la residencia y dejar de trabajar para cuidarla él mismo: "Para poder pagarla, necesitaría todo mi sueldo y parte de otro, y con todo esto ya se me han ido todos mis ahorros". Ahora, sus esperanzas están puestas en lograr una plaza pública o una ayuda a la dependencia. Sin embargo, la lentitud de la burocracia le desespera. "Hemos ido al Ayuntamiento de Cornellá a pedir ayuda para agilizar el proceso, ya que estamos hablando de dos personas mayores y dependientes que necesitan atención urgente, pero se desentienden completamente", denuncia.He perdido mucho peso, no tengo ganas de comer y tampoco puedo dormir, porque no dejo de darle vueltas a la cabeza buscando alternativas
Y eso es otra cosa que también le resulta indignante: "Para quitarle la ayuda del PIA (Programa de Atención Individualizada) cuando entró en la residencia, no tardaron nada, pero para concedérsela otra vez, aquí llevo ya unos cuantos meses y los que me quedan". Y lo peor es que, a los problemas económicos, se suma el impacto que toda esta situación esta teniendo en el estado de salud de Jordi: "He perdido mucho peso, no tengo ganas de comer y tampoco puedo dormir, porque no dejo de darle vueltas a la cabeza buscando alternativas".
Con la pensión de sus padres y el paro que le queda hasta septiembre, el joven tiene que pagar las dos hipotecas, más los gastos e impuestos correspondientes. "Esa es otra cosa que no soy capaz de entender. Nadie nos devuelve nuestra casa, pero los impuestos los tenemos que seguir pagando -se queja-. Y solo en IBI de las dos casas estaremos pagando 1.600 euros. Es incomprensible que el Estado nos pida que paguemos los impuestos de una propiedad de la que no podemos disponer por su culpa".
