MAESE PELMA
Encontré a Jesús Gil en Silent Hill.
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La propietaria compró una segunda vivienda con el objetivo de obtener ingresos adicionales que le permitieran prejubilarse y disfrutar de la vida junto a su esposo
En España, cada vez son más los propietarios que se enfrentan la desesperación y el desgaste emocional y económico que supone la okupación ilegal de sus viviendas. Un fenómeno que afecta a personas que, tras años de trabajo y esfuerzo, han invertido en una vivienda con la esperanza de asegurar su futuro y el de sus seres queridos. Sin embargo, la falta de una respuesta contundente por parte del Gobierno agrava una situación ya de por sí compleja. Aunque en 2023 la okupación sufrió un descenso del 8,8% respecto al año anterior, se registraron 15.289 infracciones penales relacionadas con la usurpación o el allanamiento de inmuebles, un dato que refleja una problemática que afecta a miles de familias en España. Uno de estos casos es el de Anabel, una propietaria navarra que compró una segunda vivienda con el objetivo de obtener ingresos adicionales que le permitieran prejubilarse y disfrutar de la vida junto a su esposo. Sin embargo, a sus 62 años, Anabel no solo no ha podido retirarse anticipadamente debido a la okupación de su propiedad, sino que se ha visto obligada a trabajar en dos empleos para llegar a fin de mes.
«Nos hemos dedicado a trabajar toda la vida, hemos contribuido a que este país salga adelante, y no hay derecho a que nuestros últimos años los pasemos así», declara Anabel en una entrevista concedida al programa 'En boca de todos', revelando que la situación no solo les ha causado problemas económicos, sino también de salud. «Estamos en tratamiento psiquiátrico y de verdad que ya no podemos más», añade.
Como muchos otros propietarios desesperados, Anabel ha buscado ayuda a través de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. No obstante, los okupas, que cuentan con un informe de vulnerabilidad, se resisten a abandonar la vivienda tras cuatro años sin pagar, pese a las múltiples facilidades ofrecidas por Anabel y su esposo, como perdonarles la deuda, buscarles una vivienda más económica y hasta ofrecerse a pagar la fianza y el primer mes de alquiler. «Es más fácil engancharse a la rueda de las ayudas y vivir de las rentas, y esto hay que cortarlo como sea», manifiesta Anabel.
La pesadilla de Anabel comenzó a finales de 2018, cuando decidió alquilar su piso en Pamplona a una pareja de pagapensiones que presentaron un contrato de trabajo. Al principio, los pagos fueron puntuales, pero con la llegada de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, los problemas comenzaron. Conscientes de la situación, Anabel y su esposo ofrecieron flexibilidad en los pagos a los inquilinos, pero eventualmente dejaron de pagar por completo.
Amparados por la legislación vigente
A pesar de intentar resolver el problema amistosamente, Anabel y su esposo no tuvieron más remedio que llevar el caso a juicio. En enero de 2023 se celebró el juicio y en mayo debería haberse producido el desahucio. Sin embargo, alegando vulnerabilidad por tener dos niños pequeños y, supuestamente, no tener trabajo, los okupas lograron frenar el desalojo. Una situación que se repitió en octubre y diciembre del mismo año. «Como el Gobierno ha ido alargando el decreto antidesahucios, es imposible echarles y, mientras tanto, somos nosotros los que les mantenemos desde hace casi cuatro años», denuncia Anabel.Ante la falta de alternativas, Anabel intenta descubrir por sus propios medios si sus inquilinos realmente son vulnerables o si trabajan de forma ilícita. «Tenemos sospechas de que ganan dinero empadronando a gente en mi piso, pero todavía estamos intentando demostrarlo. Lo que está claro es que si no trabajan es porque no quieren, porque aquí en Navarra es imposible que no encuentren algo. Es que no me lo creo, porque, al margen de otros trabajos más cualificados, aquí hay mucho temporero, se puede trabajar en conserveras… Hay trabajo. Y si no, siempre se puede cuidar a gente mayor o trabajar limpiando casas, pero claro, es mucho más fácil vivir así», concluye.
«Como el Gobierno ha ido alargando el decreto antidesahucios, es imposible echarles y, mientras tanto, somos nosotros los que les mantenemos desde hace casi cuatro años»
Anabel
Afectada por la okupación
Tras años de lucha, la desesperación de Anabel es palpable. «Alquilamos el piso para poder jubilarnos antes y ahora mismo tengo que trabajar en dos sitios para llegar a fin de mes. Tengo que hacer frente a dos hipotecas, y no solo no puedo retirarme, sino que no podemos ni pensar en vacaciones ni ayudar a nuestras hijas», lamenta. Además, «mi marido tiene 80 años y está desquiciado. Estamos en tratamiento psiquiátrico. Vivimos crisis de ansiedad, apatía, desidia, angustia… No hay derecho a que el final de su vida sea este», enfatiza la propietaria afectada por los okupas.
Por último, Anabel critica la gestión del Gobierno, que, en su opinión, ha creado una ley social que en realidad perjudica a los particulares. «Esta situación la ha generado el Gobierno. Han hecho una ley social para ayudar a ciertas personas, pero, en realidad, el peso de la ayuda recae sobre los propietarios que tenemos un piso», concluye Anabel, pidiendo al Ejecutivo que derogue el decreto antidesahucios y cambie una legislación que perjudica a quienes han contribuido al progreso del país.
