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20MINUTOS EFENOTICIA18.06.2024 - 14:28h
El Constitucional avala el aborto para jóvenes de 16 y 17 años sin consentimiento paterno
- La mayoría progresista del órgano judicial ha rechazado el recurso de Vox contra la reforma aprobada en 2023.
- CLAVES | La modificación se aprobó definitivamente hace un año: lo que cambia (y lo que no) en la ley.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado este martes la reforma de la ley del aborto que permite interrumpir el embarazo a las jóvenes de 16 y 17 años sin consentimiento paterno, y establece los hospitales públicos como centros de referencia para esta práctica.
Fuentes jurídicas han informado que la corte de garantías ha rechazado el recurso de Vox con los siete votos a favor de la mayoría progresista frente a los cuatro de la minoría conservadora, idéntico resultado al de hace justo un año cuando el tribunal avaló la ley de plazos, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En concreto, han anunciado voto particular los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y la magistrada Concepción Espejel, añaden las fuentes, que precisan que el borrador de sentencia de la magistrada Laura Díez ha sido aprobado sin modificación alguna.
Vox sostenía en su recurso que la norma podría vulnerar diversos preceptos constitucionales como los principios de libertad, pluralidad y legalidad, así como los derechos a la igualdad, a la vida y a la libertad ideológica.
Las nuevas medidas que recoge la ley
En virtud de esta normativa, se mantienen los plazos fijados por ley en 2010, por lo que el aborto continúa siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación. A partir de ese periodo, solo podrá interrumpirse el embarazo excepcionalmente hasta la semana 22 cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto. Después, solo será posible cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable confirmada por un comité clínico. Estas son las nuevas medidas que incorporaba la reforma:- Las mujeres podrán interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años. Se elimina el requisito introducido en 2015 por el Gobierno del PP que obligaba a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus representantes legales.
- Los centros sanitarios públicos deberán organizar sus servicios para garantizar la prestación del aborto.
- Se creará un registro de objetores de conciencia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos, tampoco en la sanidad privada.
- Se elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días.
- La reforma amplía los derechos reproductivos a todas las "personas trans con capacidad de gestar", es decir, a las que han cambiado su sesso al masculino, pero que han mantenido su aparato reproductor femenino.
La nueva ley también recoge nuevos derechos, que no hacen referencia directa al aborto, como pueden ser los siguientes:
- La ley establece el derecho a la incapacidad laboral temporal de las mujeres por reglas dolorosas incapacitantes.
- Se recoge el derecho a la incapacidad temporal desde el primer día de la semana 39 del embarazo y mientras se reciba asistencia sanitaria por un aborto y no se pueda trabajar.
- La reforma apuesta por la gratuidad de los productos de higiene menstrual (tampones, compresas o copas menstruales) en centros educativos, prisiones y centros sociales para las mujeres en situación de vulnerabilidad.
- Se garantiza también el acceso público y universal a la anticoncepción y se insta a los poderes públicos a fomentar la corresponsabilidad, apoyando la investigación y financiación de anticonceptivos masculinos.
- La educación afectivo-sensual formará parte del currículo durante toda la educación obligatoria.
- La esterilización y la anticoncepción forzosas, el aborto forzoso, y la gestación por sustitución se recogen como violencias en el ámbito de la salud sensual y reproductiva de la mujer.
- Para prevenir los vientres de alquiler, ilegales en España, se prohíbe la publicidad de las agencias de intermediación y se realizarán campañas informativas.
