Fosforiano
de Gaullista
El Ministerio de Sanidad ha sido demandado tras reconocer que impuso el uso de mascaras sin informes técnicos. En un escrito al que tuvo acceso THE OBJECTIVE, el departamento que ahora dirige Mónica García admitía por primera vez –después de que la Audiencia Nacional le requiriera aportar la documentación que solicitó la asociación Liberum hace año y medio a través de una querella– que no se realizaron esos informes y que, por tanto, estos «no existen». Ante estas circunstancias, Liberum ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Sanidad al considerar que actuaron por la vía de hecho al imponer la obligatoriedad de los tapabocas sin un informe que acreditase el beneficio que podría suponer esta medida en la población.
Liberum pidió a Sanidad los informes de los expertos de la Ponencia de Alertas, las actas de las reuniones y la relación de personas que formaban parte del comité de expertos que obligó a llevar las mascaras. En un documento fechado el 13 de febrero, Sanidad afirma que dichos especialistas no realizaban informes ya que su labor es «obtener el consenso técnico de todos sus miembros que queda plasmado en documentos de trabajo para su posterior elevación a la Comisión de Salud Pública (CPS) o al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España (CISNS)». «Por lo tanto, no existen dichos informes», insiste el escrito.
Ante esta circunstancia, en la que hay que recordar que España fue el último país de la Unión Europea en mantener la obligatoriedad de llevar puesta la mascarilla en el transporte público, hasta el 8 de febrero de 2023, en la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, el equipo jurídico de Liberum estima que se han infringido los artículos 9, 14, 15 y 24 de la Constitución Española, ya que «sin amparo normativo alguno» se impuso una medida sanitaria, de obligatoriedad del uso de la mascarilla, vulnerando el ordenamiento jurídico, así como la ley 39/2015 en el artículo 47.1 a), b) y e), y las leyes, lo 14/1986 y ley 33/2011.
demandan-sanidad-imposicion-uso-obligatorio-mascaras
Liberum pidió a Sanidad los informes de los expertos de la Ponencia de Alertas, las actas de las reuniones y la relación de personas que formaban parte del comité de expertos que obligó a llevar las mascaras. En un documento fechado el 13 de febrero, Sanidad afirma que dichos especialistas no realizaban informes ya que su labor es «obtener el consenso técnico de todos sus miembros que queda plasmado en documentos de trabajo para su posterior elevación a la Comisión de Salud Pública (CPS) o al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España (CISNS)». «Por lo tanto, no existen dichos informes», insiste el escrito.
Ante esta circunstancia, en la que hay que recordar que España fue el último país de la Unión Europea en mantener la obligatoriedad de llevar puesta la mascarilla en el transporte público, hasta el 8 de febrero de 2023, en la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, el equipo jurídico de Liberum estima que se han infringido los artículos 9, 14, 15 y 24 de la Constitución Española, ya que «sin amparo normativo alguno» se impuso una medida sanitaria, de obligatoriedad del uso de la mascarilla, vulnerando el ordenamiento jurídico, así como la ley 39/2015 en el artículo 47.1 a), b) y e), y las leyes, lo 14/1986 y ley 33/2011.
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