ZONA CERO: Endeudados por ayudas fantasma

El Consell debe 250 millones en subvenciones a 30.000 compradores o inquilinos de VPO

Los bancos comienzan a reclamar a los propietarios de VPO las subvenciones que les adelantaron y que el Consell aún no ha abonado

LAS CIFRAS

3,6 millones de euros destinará el Consell a pagar intereses a estas familias en 2013.

Más de 500 nombres de particulares aparecen en el presupuesto de 2013 para que les sean abonados los intereses.

El Consell firmó convenios con bancos para que adelantaran las ayudas
Las entidades reclaman ahora el importe de las subvenciones más los intereses de demora

El Síndic de Greuges da la razón a las familias: «Los intereses los debe pagar la Generalitat»

Un afectado logró la dación en pago pero la operación está bloqueada por la ayuda

No tienen tanta relevancia mediática como las farmacias de la Comunitat, pero superan la cifra de afectados por los impagos. Más de 30.000 compradores o inquilinos de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la Comunitat siguen atrapados por las deudas que la Generalitat y el Gobierno central han contraído con ellos. La cifra que les debe el Consell a estos ciudadanos anónimos ha superado ya los 250 millones. En su día fueron beneficiarios de las miles de ayudas para compra, alquiler o rehabilitación de vivienda en la Comunitat, pero el cheque nunca llegó. Cantidades de entre 300 y 25.000 euros que los bancos adelantaron a miles de familias, con el aval de la Generalitat. Las mismas que hoy ya reciben cartas de las entidades de crédito pidiéndoles el dinero que les prestaron y que el Gobierno autonómico, años después no les ha satisfecho. Con un pequeño problema añadido: los intereses corren a cuenta de quien recibió el dinero. Es decir, de los propietarios.

La historia es sencilla. La Generalitat Valenciana ha concedido en los últimos cuatro años más 30.000 ayudas para alquiler, compra o rehabilitación de vivienda que se han convertido en ayudas fantasma. En este periodo de tiempo, la crisis económica se llevó por delante las previsiones presupuestarias del Consell y las ayudas (algunas compartidas con el Ministerio de Vivienda) comenzaron a retrasarse. Es el caso de familias que vieron aprobado su cheque vivienda en 2009 y a día de hoy todavía no han recibido su importe. Y es que la Generalitat no ha pagado las ayudas desde marzo de hace cuatro años. Con las dificultades para hacer llegar el dinero a los beneficiarios de vivienda pública o alquiler, el Consell firmó un decreto mediante el cual iniciaba un convenio con entidades bancarias para que fueran los bancos quienes fuesen adelantando a las familias el dinero de las ayudas que el Gobierno autonómico no podía liquidar en ese momento.

Muchas de esas personas optaron en aquel momento por acogerse al plan y pedir al banco el adelanto de la ayuda que la Administración les había concedido. Un pequeño desahogo en una hipoteca o alquiler que para muchos ya era motivo de ahogo económico. Otros se decantaron por seguir adelante sin la ayuda del banco, a la espera de que la Generalitat obrara el milagro. Eso sí, todos tuvieron que rendir cuentas ante Hacienda por el cheque vivienda, a pesar de no haberlo cobrado.

Pero han pasado cuatro años ninguna de esas 30.000 personas ha recibido ni un sólo euro de la Conselleria de Infraestructuras y Territorio. El problema llega ahora, cuando cuatro años después, en el peor de los casos, los bancos han comenzado a exigir la devolución del préstamo con sus correspondientes intereses. Es decir, miles de familias han de hacer frente ahora no sólo al pago de la hipoteca o del alquiler, sino también a las cuotas por las ayudas públicas que recibieron y que la Generalitat nunca les llegó a entregar. Con el añadido de que esos adelantos han generado cuantiosos intereses.

La cuenta atrás ya ha comenzado para María Luisa Moncho. Dentro de nueve días le vence el plazo para devolver los 4.700 euros que en su día le adelantó el banco y que corresponden a las ayudas al cheque de acceso a la vivienda aprobadas por el Consell. «En mi caso pedí la subvención en 2009. En agosto de este año la Generalitat me lo tenía que haber pagado pero no he visto ni un euro. Y en ese momento fue cuando el banco me lo empezó a reclamar», explica.

En la actualidad esta propietaria no tiene en su cuenta esos 4.700 euros por lo que la única solución es pedir un préstamo personal para devolver unas ayudas que ni siquiera ha cobrado. «Estoy apurando hasta el último día y si la Conselleria no me paga, tendré que pedir un préstamo personal. Lo financiaré a seis años con una cuota de 100 euros mensuales. Y ya he tenido que asumir 35 euros por intereses de demora», denuncia. «Me siento indignada y me invade la rabia. ¿Dónde está ese dinero?», se pregunta esta valenciana, progenitora de un niño pequeño.

La impotencia y la angustia se adueñan de los afectados. Desconocedores del gran número de personas en la misma situación a lo largo de la Comunitat, los propietarios han comenzado a organizarse para presentar denuncias conjuntas contra la Administración. Ante la Sindicatura de Greuges ya han perdido la cuenta de las quejas que han formulado. De hecho, el síndic, José Cholbi, ha efectuado decenas de recomendaciones a la Generalitat en una cuestión que tilda de «recurrente».

Cholbi alertó incluso en el informe de 2010 de que había «numerosos propietarios o inquilinos que renunciaban al adelanto de la ayuda de los bancos porque tenían miedo a tener que hacer frente a los intereses». Eso sí, el Defensor del Pueblo valenciano reconocía a los afectados que «de ningún modo los intereses debían ser satisfechos por los beneficiarios de las ayudas, ya que de lo contrario, la insuficiencia presupuestaria de la Conselleria estaría provocando una injusta reducción de las ayudas, equivalente al valor de los intereses».

Así, la propia Sindicatura instó a la Conselleria a que abonara las ayudas en tiempo y forma y cerrró los expedientes de quejas porque la entidad asumió la recomendación. La respuesta de la Administración, en un informe a petición del Defensor del Pueblo, refleja que «está pendiente de disponibilidad de crédito adecuado y suficiente para su trámite».

A día de hoy, la cifra que el Gobierno autonómico adeuda a 30.000 personas roza ya los 250 millones de euros, aunque la Administración no ha reconocido la cantidad como tal, dada la magnitud de los afectados. La portavoz de Vivienda del PSPV, María José Salvador, avala los números tras las numerosas peticiones y preguntas parlamentarias en Les Corts a los distintos consellers que han pasado por Infraestructuras en estos años. «La Conselleria me facilitó el número de resoluciones aprobadas y los conceptos de las mismas, por lo que los datos están ahí», asegura la diputada.

Salvador se ha reunido en varias ocasiones con los afectados, que comienzan a hacerse visibles más allá de las reuniones, dada la magnitud de las miles de pequeñas deudas. En el Presupuesto de la Generalitat para 2013, únicamente contemplan 3,6 millones de euros para pagar los intereses financieros. Las cuentas públicas detallan, con nombre y apellidos, los más de 500 beneficiarios de este pellizco.

La portavoz socialista de Vivienda reconoce que, tras numerosas denuncias de los grupos de la oposición en Les Corts, Infraestructuras realizó una modificación de crédito en octubre para añadir 5,5 millones más para cubrir los pagos de los adelantos de los bancos. En cualquier caso, un pequeño porcentaje de los 250 millones de euros que se adeudan.

Además, los afectados, ahora conocedores de la extensión de la causa, tienen previsto actuar de manera conjunta en las próximas semanas. Hay valencianos que se beneficiaron del Cheque acceso vivienda (25% de la hipoteca de los 3 primeros años) y la del 7% del valor de compra de la vivienda. En algunos casos, ni siquiera pueden hacer frente a la hipoteca porque su situación económica ha cambiado o han pasado a realizar su pago con dificultades. De ahí que la devolución de unos adelantos de préstamos en concepto de ayudas, más los intereses devengados, se hayan convertido en un verdadero dolor de cabeza para estas familias.

A un paso del desahucio
Algunas de ellas, incluso están a un paso del desahucio, o tienen dificultades para deshacerse de sus viviendas porque a los bancos les constan como pendientes las ayudas que en su día les concedió la Generalitat a través de su departamento de Vivienda.

El pago pendiente de las ayudas por parte del Consell se ha convertido en la cruz de Josep Manel Mas. Esa 'deuda' le impide efectuar la dación en pago de su casa, una solución que había aceptado el banco al no poder hacer frente a la hipoteca. En noviembre de 2009, la Conselleria le concedió a este joven de Crevillente 4.438 euros en concepto del cheque de acceso a la vivienda. Él, como muchos otros, solicitó al banco el pago por adelantado de la subvención.

Dos años después (que es el plazo para retornarlo) la Generalitat no le ha abonado la cantidad pero el banco ya se lo ha reclamado. «Mis padres me prestaron el dinero para devolver esos 4.000 euros que yo no he llegado a recibir», explica.

Josep Manel lleva sin trabajo desde febrero y no puede hacer frente a la hipoteca de su casa, en Rafal, por lo que negoció con el banco la dación en pago. La sorpresa llegó cuando se enteró de que no podía entregar su vivienda porque hay una subvención pendiente. «En el registro de la propiedad hay una cláusula en la que figura que hay una ayuda a la espera de pago y eso impide que se ejecute la dación. Y lo más indignante es que, encima, yo ya he devuelto ese dinero al banco pese a que mí la Conselleria no me lo ha abonado», explica Josep Manel.

Hasta tres veces ha reclamado al Consell que le eliminen esa cláusula, que impide que entregue su vivienda. Todavía no ha obtenido respuesta. «Estoy peleando desde octiubre y ni siquiera me contestan. Necesito que me quiten ese cargo para poder darla o sino el banco me la embargará», lamenta.
El PSPV tiene previsto presentar una Proposición No de Ley en la Cámara para que la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, «reconozca la deuda, elabore un calendario de pagos y cumpla con lo que dice la ley sobre el pago de ayudas», señaló la parlamentaria María José Salvador. El diputado de Compromís Fran Ferri también ha denunciado el caso.

Hacer clic para expandir...