ZONA CERO: Caso cooperación.

Así actuaba la trama de Cooperación

Un documento elaborado por la red y en poder de la juez que instruye el caso sobre el fraude en las ayudas al Tercer Mundo explica el funcionamiento del entramado - Las ONG realizaban pagos en B a las empresas de los ahora imputados

La trama de ONG, empresas y funcionarios de la extinta Conselleria de Solidaridad investigada por la justicia por presuntamente haber defraudado 7 millones de euros de ayudas al Tercer Mundo lo tenía todo previsto y estudiado. Hasta explicaban a las organizaciones implicadas cómo debían realizar el desvío de dinero hacia las firmas «amigas», como relata el gráfico que publica hoy Levante-EMV y que obra en poder de la juez de instrucción Nieves Molina. Este documento fue elaborado de puño y letra por los cabecillas de la trama y se encontró entre los expedientes de la Fundación Hemisferio, que ahora están siendo investigados.

El documento plantea cómo y cuándo se deben realizar los pagos. La contraparte de la ONG en la República Dominicana contacta con tres empresas para que hagan el proyecto, dos de ellas afines (marcadas con una sonrisa). Una vez hecho el presunto trabajo la matriz en Valencia les abona el coste real a través de su contraparte para que puedan realizarlo. Entonces las firmas emiten la factura supuestamente hinchada. Cuando llegan a Valencia y se conoce el montante se envía entonces el pago B hasta completar el valor del justificante de pago.

De esta manera, la ONG tiene justificados los pagos pero ha abonado dinero en A y en B, algo que ha facilitado que las facturas estén hinchadas. De hecho, llama la atención que sólo las empresas con la sonrisa reciben el pago en B, que no se realiza hasta tener las documentos que justifiquen el pago. De esa manera, las empresas afines reciben el coste de los trabajos realizados y el dinero de más es el que se desvía para la trama. La mercantil X3 sería una firma que se contrataría para darle credibilidad al paripé o directamente porque las firmas del entramado no alcanzaban a hacer determinados trabajos.

Fudersa realizó varios proyectos en República Dominicana por los que Arcmed y Dinamiz-e, fundadores de la matriz de la trama, se llevaron 330.000 euros.

Pero este no fue siempre el modus operandi, ya que algunos de los proyectos ni se habrían comenzado con el consiguiente desvío del 100 % de la subvención.

Un caso flagrante fue el de la ONG Ceiba en dos proyectos en Guinea Ecuatorial. El 88 % del total de las subvenciones fue a parar a empresas relacionadas con Hemisferio, según las órdenes de pago en poder de Levante-EMV.

En el proyecto para evitar la violencia sensual, la empresa de Alfonso Navarro Torres, fundador de Hemisferio, recibió 170.700 euros por realizar seis talleres valorados en 22.000 euros cada uno, según la factura que obra en poder de este periódico.

Avance abogados, firma del secretario de Hemisferio y quién directamente efectuaba los pagos de Ceiba al ser apoderado, José Bollaín, recibió 5.939 euros por un informe de evaluación. La propia ONG impulsora de las ayudas también cobró 17.840 euros por gastos indirectos. También facturó Desfa SL 38.655 euros por el envío de productos farmacéuticos. Esta firma tiene como administrador único a Joaquín Blasco López, voluntario técnico en Hemisferio y con suficiente poder en la fundación como para acompañar al director general de Cooperación y ahora imputado, Josep Maria Felip, en su viaje a Haití para seguir en primera persona los contactos de la construcción del hospital de la Generalitat.
La empresa de Joaquín Blasco también facturó a Ceiba en su otro proyecto en Guinea Ecuatorial. En este caso, Desfa SL cobró 187.000 euros por productos farmacéuticos. Delivery Barnes, la firma que administra María Pilar Segura Crespo, también presidenta de Desfa SL, percibió 70.886 euros por el envío de alimentos terapéuticos. La asesoría de Bollaín, quien directamente ordenaba los pagos desde la cuenta de Ceiba, también recibió 6.001 euros por el informe de evaluación. La propia Hemisferio facturó en este proyecto hasta 72.768 euros por gastos de personal, manutención y viajes.

Las firmas de las personas relacionadas con Hemisferio cobraron en 2009 de los proyectos en Guinea 579.259 euros.

La cuenta atrás para el síndic Rafael Blasco
La trama de ONG, empresas y funcionarios públicos de la extinta Conselleria de Solidaritat desarticulada por la policía puede ser la puntilla del síndic del PP en las Corts, Rafael Blasco, como ya contó Levante-EMV. Según ha podido saber este periódico, en Presidencia de la Generalitat esperan a que haya algún movimiento judicial sobre el veterano político para destituirlo de su actual puesto en la Cámara, como ya hicieran con los hombres fuertes de Blasco en Cooperación cuando fueron detenidos. Si la magistrada no toma ninguna decisión respecto al síndic del PP en los próximos meses, su final político podría llegar tras el congreso del PPCV, a mitad de mayo. El presidente del partido, Alberto Fabra, podría aprovechar la remodelación para apartar a Blasco de la primera línea. Nombrar a su propio equipo podría ser la excusa. s. p. valencia

Nuevos documentos llegan a la Fiscalía

La diputada autonómica de EUPV Marina Albiol amplió ayer la documentación sobre el caso y entregó a la Fiscalía más documentación sobre la presunta trama en las ayudas otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía a diferentes fundaciones. En concreto, presentó una copia del expediente del hospital de Haití al cual tuvo acceso hace unas semanas y los informes de la empresa subcontratada por la conselleria para evaluar los proyectos de cooperación para las ayudas del año pasado.

Albiol señaló que el expediente del proyecto del hospital de Haití «ya mostraba las dudas» que planteó la propia abogacía de la Generalitat Valenciana. Así, considera que las políticas de «propaganda y clientelismo —que perpetraba Rafael Blasco, entonces conseller— «han acabado siendo investigadas por la justicia y han fracasado completamente».

«Y este fracaso—añadió— ha tenido un altísimo coste para las ONG valencianas con experiencia y solvencia, que han visto como sus proyectos se quedaban sin financiación por parte de la conselleria por primera vez en su historia».

Ante esta situación, Albiol considera que el hecho que Blasco continúe de síndico del grupo parlamentario del PP en las Corts es una «bomba de relojería» para el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, «en la medida que puede acabar imputado en función de los pasos de la investigación». Para la diputada, el exconseller «se ha convertido en el peor enemigo de la cooperación y la solidaridad de los valencianos».Según la diputada de EUPV, todo esto «lo demuestran ejemplos como el de los más de 170.000 euros que la conselleria recaudó en aportaciones solidarias».

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La amistad de Blasco y Tauroni viene de un negocio entre el encarcelado y el hermano del exconseller, según el fiscal


La abogada de la Generalitat ha asumido la tesis de la fiscalía y considera que la trama de Cooperación se extendió mucho más allá de las ayudas al Tercer Mundo. En su escrito de calificación al que ha tenido acceso este periódico, la letrada de la administración autonómica denuncia que el empresario encarcelado Augusto César Tauroni obtuvo contratos "en la práctica totalidad" de los departamentos que dirigió Rafael Blasco, como fueron Bienestar Social, Territorio y Vivienda o Sanidad.

La abogada del Consell cita las declaraciones de varios testigos para apuntalar esta teoría, entre ellos la de una trabajadora de Tauroni que aseguró que su jefe tenía capacidad para "montar chiringuitos próximos a las actividades del conseller (Blasco)". También tiene en cuenta el interrogatorio a la secretaria de Rafael Blasco, quien admitió ante la juez: "El tipo de relación que el señor Blasco tenía con Augusto Tauroni no lo tenía con ninguna persona de alguna ONG o fundación".

Esta teoría sobre la mayor magnitud del entramado es la que sostiene la Fiscalía Anticorrupción desde hace meses y, de hecho, ha abierto una investigación paralela al caso Cooperación para calibrar si los contratos que obtuvo Tauroni en todas las conselleries por las que pasó Blasco son legales o existen presuntas irregularidades como en las ayudas al Tercer Mundo.

De momento, el fiscal ya investiga adjudicaciones tan sustanciosas para las sociedades de Tauroni como los contratos para elaborar la base de datos de los historiales médicos Abucasis o el teléfono de las maltratadas. Estos expedientes y otra documentación de gran interés han sido entregados por EUPV o por alguna de las acusaciones. Ahora que ya ha denunciado por escrito, la Generalitat deberá empezar a colaborar en la profundización de las pesquisas.

El informe de los fiscales también recoge que "el acusado Augusto César Tauroni era amigo personal de Rafael Blasco en el momento de cometerse los hechos delictivos, amistad que provenía del hecho de haber sido socio de su hermano, Bernardo Blasco Castany, en la mercantil Grupo Apelcine, S. L., desde el 21 de marzo de 1997". Los investigadores añaden que esa vinculación se fortaleció "por el trato derivado del hecho de haber recibido directamente desde el año 2001 a través de la mercantil GCS o a través de subcontratas con las mercantiles Dinamiz-e y Lonerson, contratos públicos de las conselleries de Bienestar Social; Medio Ambiente y Urbanismo y Sanidad. Es decir, de los departamentos donde había sido conseller".

La abogada de la Generalitat separa en su escrito las acusaciones a quienes son funcionario públicos y a quienes no. Su teoría para acusar a los trabajadores y altos cargos se sustenta básicamente en las declaraciones y los interrogatorios realizados a todos los técnicos de la conselleria. Son básicas las denuncias de estos testigos sobre las presiones recibidas o las acusaciones del propio conseller cuando no se hacía lo que él pedía, aunque fuera irregular.

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Principales fechas de la investigación del desvío de fondos de cooperación

La investigación de la supuesta malversación de ayudas de cooperación internacional de la Generalitat entre 2008 y 2011 arranca en octubre de 2010 a raíz de unas denuncias, y tiene como fechas más destacadas las siguientes:

- Octubre de 2010: La diputada autonómica Clara Tirado, del PSPV-PSOE, denuncia ante la Fiscalía la adjudicación en 2008 a una fundación de unos proyectos para Nicaragua por cerca de dos millones de euros, de los que sólo 70.000 euros se habrían destinado a ese fin y el resto, a la compra de dos pisos en Valencia.

La diputada de Compromís Mireia Mollà denuncia una "trama" para desviar fondos públicos cuyo centro sería la Fundación Hemisferio. Según Mollà, la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, dirigida entonces por Rafael Blasco -posteriormente portavoz del PP en Les Corts-, daba directrices a las ONG que optaban a las ayudas de cooperación internacional para que aceptaran su asesoramiento y pagaran sus informes si querían obtener las subvenciones.

Una de las organizaciones vinculadas a la trama resultó adjudicataria de la construcción de un hospital en Haití por cuatro millones de euros para los damnificados del terremoto de 2010, proyecto que se paralizó por falta de fondos sin que se conozca cuánto dinero ha recibido.


- Mayo de 2011: el fiscal anticorrupción de Valencia denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 21 las supuestas irregularidades sobre las ayudas de cooperación, cuya titular, Nieves Molina, abre una investigación, que no trasciende hasta que nueve meses después se producen las primeras detenciones.


- 23 de febrero de 2012: La Policía detiene a catorce personas, entre ellas el director general de Cooperación, Josep Maria Felip. El subsecretario de Sanidad, Alexandre Català, resulta imputado.

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, anuncia la destitución de ambos y la personación de la Generalitat en la causa.
- 24 de febrero: La instructora del caso inicia la toma de declaración a los catorce detenidos.

El Consell anuncia que abrirá expedientes disciplinarios si funcionarios públicos resultan imputados.


- 26 de febrero: La juez finaliza las declaraciones de los detenidos y ordena la prisión provisional para uno de ellos, el empresario responsable de la Fundación Hemisferio, Augusto César Tauroni, y libertad provisional para el resto, con medidas cautelares.


- 27 de febrero: Detenida la exjefa del Servicio de Gestión de Programas de Cooperación de la Conselleria de Solidaridad Dolores Escandell -que eleva a quince el número los arrestados-, quien queda imputada tras ser puesta en libertad.


- 28 de febrero: El portavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco, pide ser "escrupulosos" en las decisiones que se toman sobre personas imputadas y recuerda que si Alberto Fabra hubiera dimitido cuando fue imputado siendo alcalde de Castellón, ahora no ocuparía la presidencia de la Generalitat.


- 29 de febrero: Fabra asegura que confía en Blasco y se muestra convencido de que no se le imputará en el caso.


- 1 de marzo: La Generalitat ordena la revisión de todos los expedientes sobre cooperación que hayan sido objeto de subvenciones por parte de la Administración autonómica.


- 2 de marzo: El número de imputados asciende a diecinueve. El juzgado dicta una requisitoria para localizar a dos de ellos.

El Consell anuncia que no volverá a adjudicar proyectos a las entidades investigadas, y abre expediente a un funcionario imputado.

El Mundo publica que los investigadores policiales atribuyeron a Blasco el seudónimo "Roger Rabbit".


- 22 de marzo: El pleno del Consell autoriza a la Abogacía de la Generalitat a personarse como acción particular en las diligencias previas que se siguen en esta causa.


- 17 abril: El nuevo portavoz socialista en Les Corts, Antonio Torres, confirma que el PSPV-PSOE se personará en la investigación del fraude en las ayudas a la cooperación internacional.


- 17 de mayo: La instructora del caso levanta el secreto de sumario. Hay veintidós imputados, a tres de las cuales no se les ha podido tomar declaración.

Seis de los imputados son cargos en la Administración y catorce están relacionados con distintas ONG. Se ha tomado declaración a diecinueve testigos.


- 23 de mayo: La oposición exige la destitución inmediata de Blasco, después de que las conversaciones del sumario publicadas revelen una estrecha relación entre el exconseller y el supuesto cabecilla de esta trama, Augusto César Tauroni.

Blasco recuerda que no está imputado y denuncia una "cacería".


- 24 de mayo: Fabra pide que se respete la presunción de inocencia.


- 31 de mayo: El TSJCV solicita un juez de refuerzo para el Juzgado que instruye el caso para que su titular pueda concentrarse en una causa "enormemente voluminosa y de muy compleja documentación".


- 7 de junio: detenidos cinco administradores de empresas relacionados con la supuesta trama, quienes quedan en libertad provisional tras ser imputados (veintisiete ya en total).

Fabra anuncia que las ONG inmersas en este proceso judicial dejarán de cobrar la subvención hasta que se dirima la causa.


- 12 junio: El juzgado que investiga la supuesta trama ve indicios para "imputar hechos de naturaleza delictiva" al exconseller Blasco y pide a Les Corts que acrediten su condición de diputado y a la Fiscalía que se pronuncie sobre la procedencia de elevar la causa a TSJCV.

El president Fabra anuncia tras reunirse con Blasco que este dejará la portavocía cuando sea "efectiva" su imputación.


- 13 junio: Blasco presenta un escrito a la Mesa de Les Corts en el que comunica que renuncia "temporalmente" a las "responsabilidades y funciones del cargo" de portavoz del grupo popular, que pasa a ejercer el viceportavoz, Rafael Maluenda.


- 18 jun: Llega a Les Corts la petición del juzgado de que acrediten si Blasco es diputado autonómico.


- 22 junio: La Fiscalía pide imputar a Blasco en la causa, al considerar que existen "fundados indicios" de su participación en los hechos investigados y la posible comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.


- 29 junio: El Consell anuncia que no hará públicas las conclusiones de la comisión creada para revisar las subvenciones de cooperación al desarrollo que investiga un juzgado de Valencia, para "no interferir en la labor de la justicia".


- 3 julio: La jueza que investiga la causa ve indicios de delito en la actuación de Blasco y remite el caso al TSJCV.


- 5 julio: La sala de lo Civil y Penal del TSJCV designa a la magistrada María Pía Calderón como ponente de causa.


- 3 agosto: La Abogacía de la Generalitat pide que la declaración de Blasco se produzca ante el TSJCV, al ser diputado autonómico, para poder "explicarse con todas las garantías procesales".


- 5 septiembre: El TSJCV se declara competente para investigar el caso, cuya instructora será María Pía Calderón.


- 2 octubre: El TSJCV imputa a Blasco y le cita de declarar el 18 de octubre

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