'CASO MEDIADOR'Europa investiga al Gobierno de Sánchez por 2,3 millones en cuatro contratos del ‘caso Mediador’
El mediador a un alto cargo del Gobierno canario: «Tu consejera se llevará lo que tenga que llevarse»
El mediador al sobrino del socialista ‘Tito Berni’: «Perfecto hermanito, te quiero, cabrón»
Europa investiga contratos de la FIIAPP
La Fiscalía europea ya investiga los contratos de adquisición de suministros para la misión española en el Sahel, en el norte de África, relacionados con la trama del caso Mediador. Son un total de cuatro contratos por un valor de 2.352.378,63 euros. El 22 de marzo la juez instructora del caso Mediador oficiaba a la Fiscalía Europea un escrito para que verificasen su competencia en una de las piezas de este caso, en concreto la pieza 2 que afecta a la intervención en la trama del general de división Francisco Javier Espinosa cuando ocupaba la Jefatura de la misión española en el Sahel, en concreto el período entre 2020 y 2021. En enero la misma juez ya había pedido el auxilio judicial de la embajada de Bélgica para que investigase una cuenta corriente del general Espinosa en aquel país.
Los contratos investigados que fueron adjudicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) fueron en concreto cuatro, todos adjudicados a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones, del empresario José Suárez Esteve, alias Jose Drones. La FIIAPP gestiona proyectos de seguridad y formación a policías en África, en concreto en Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad. María Teresa Lorenzo-Cáceres, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Tenerife, que instruye toda la causa del caso Mediador, ordenaba a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Guardia Civil al comienzo de la instrucción seguir el rastro de estos cuatro contratos por valor de 2.300.000 euros. La FIIAPP es una organización que administra a través del Gobierno de turno, en este caso el de Pedro Sánchez, 41,6 millones de euros de fondos europeos.
El primero de estos contratos fue para el proyecto GAR SI SAHEL Mauritania y tuvo un valor de 944.830 €, pero el empresario investigado se quedó el lote 10 por 37.500 € el 2 de julio de 2020. El segundo contrato importante fue para Níger, donde la FIIAPP destinó 978.648 € y el empresario valenciano se quedó con un lote de 53.000 € el 20 de julio del mismo año. El tercer expediente importante era para proveer de «equipamiento para la Unidad GARSI de la Gendarmería de Mali, con entrega en Bamako», en concreto esta empresa logró vender tres drones por 16.940 € y la adjudicación fue publicada el 24 de septiembre de 2021, dentro de otro más amplio de 215.000 €. El cuarto contrato adjudicado por la FIIAPP fue el 16 de julio de 2021 para 7 sistemas de detección e inhibición de UAVs portátiles que se entregarían en Logroño y aunque el contrato inicial era de 213.800 € la empresa de José Drones obtuvo un lote por 30.129 €. Aunque el empresario no se benefició de la totalidad de estos contratos es cierto que ahora pende la sospecha sobre estos y otros muchos adjudicados durante la época del general en el Sahel.
Los contratos investigados.
La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Guardia Civil, encargada de tirar del hilo de esta segunda pieza desgajada del caso Mediador, investigó en realidad hasta 10 contratos, desde que el general Espinosa ocupó la jefatura de la misión GAR SI Sahel desde marzo del año 2017 hasta su pase a la reserva el 11 de enero de 2021, pero siguió trabajando hasta julio del mismo año, según reconoció él mismo ante la juez instructora. Pero de estos 10 contratos en realidad a la FIIAPP le corresponden sólo cuatro.
Además de estas 4 adjudicaciones, el contratista José Suárez Esteve fue el agraciado con otros 6 contratos menores de diferentes administraciones públicas como la Guardia Civil o la Dirección General de la Policía que sumaron en total 311.846 €.
La Guardia Civil, que estaba al mando de esta misión en África, contaba con el apoyo de la Gendarmería francesa, Carabineros de Italia y la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Su objetivo era «crear Grupos de Acción Rápida, Vigilancia e Intervención (GARSI) similares a los Grupos de Acción Rápida (GAR) españoles», según recoge el informe de la Benemérita, que fue traducido al francés y enviado a la Fiscalía Europea para que determinasen si quieren intervenir como acusación en la causa o se inhiben en favor de los juzgados españoles.
En su declaración ante la juez del caso, Antonio Navarro Tacoronte, alias el Mediador, describió que el encuentro entre José Drones y el general Espinosa Navas habría sido casual en la terraza de un restaurante valenciano, pero después la relación llegó a ser tan fluida que Suárez Esteve le llegó a decir en una conversación al Mediador que «todo lo que hago con África a través del ‘papá’, ¿vale?». «Papá» es uno de los apodos que la trama le puso al general Espinosa, único que permanece en prisión de manera provisional. A este mismo empresario la trama llegó a ofrecerle la posibilidad de establecer su empresa en zona ZEC (Zona Especial Canaria), que consiste en una zona de baja tributación creada en el marco del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias e influir en los contratos del Gobierno canario para que obtuviese adjudicaciones.
Una primera cita entre José Drones, Navarro y el general Espinosa tuvo lugar en Madrid el 2 de febrero de 2021 «con almuerzo en el restaurante La Quinta después de una visita a la Dirección General de la Guardia Civil (figurando ese día un pago en la cuenta bancaria de Asesoramiento y Servicio de Drones de 160 €). También se habría reunido por su cuenta el empresario con el general en Madrid los días 11/enero/2021 y 10/febrero/2021, constando un pago en el restaurante La Quinta de 80 €», según recoge el sumario del caso Mediador.
Contraprestaciones
Para los investigadores, «entre las contraprestaciones dadas también se encuentran las producidas durante otros encuentros los días 26 de enero de 2021 y 24 de febrero de 2021 en Las Palmas de Gran Canaria, donde la estancia del general en el Hotel NH Imperial Playa en el mes de enero fue facturada a nombre de la empresa relacionada con Suárez Esteve». Otra de las presuntas dádivas recibidas a costa de los contratos que ahora estudia la Fiscalía europea serían «las referidas al día 10 de enero de2021, donde Suárez Esteve acuerda con Navarro Tacoronte cómo debía llevarle una tarjeta de prepago a Espinosa Navas, siendo adquirida por el propio empresario y gestionada también por Navarro Tacoronte. A continuación, el intermediario confirma al general que al día siguiente el empresario le haría llegar su ‘regalo de cumpleaños’».
La conversaciones grabadas son muy importantes en esta causa porque gracias a ellas se sabe que «con fecha 23 de marzo de 2021 Suárez Esteve informaba a Navarro de las tres reuniones mantenidas con Espinosa (general) en un periodo de quince días, cuya motivación vinculaba con su intención de presentarse a una licitación y concretando que todo lo que hacía en África lo hacía a través de «papá» en alusión al general», siendo coincidente con el periodo de tiempo en el que se habría llevado a cabo la gestión de contratos públicos». Otra forma de contraprestación, según lo descrito por El Mediador ante la juez, sería «a través de importes en efectivo entre 1.500 € y 3.000 € entregados previamente a las reuniones, cuyo último beneficiario era el general», según el sumario.
Suárez Esteve fue uno de los tres empresarios que habría pagado «el peaje» de 5.000 € en Canarias a la Asociación Deportiva Vega Tetir, concretamente el 11 de enero de 2021, vinculada al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni.
Otros 6 contratos
El resto de contratos de Asesoramiento y Servicio de Drones S.L. fueron uno del Ministerio de Defensa, en concreto de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico (JEMAEL) el 1 de diciembre de 2020 por 119.064 € para «sistemas de detección y localización de drones para la Guardia Civil». Otro de 6.766 € por un dron vendido para la Policía Local de Carmona (Sevilla). El séptimo de los 10 obtenidos por José Drones también fue un contrato menor por 7.450 €, en concreto en unión con la comercial DJI Enterprise, por encargo del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón.
Otro de los expedientes fue adjudicado por valor de 14.997 € el 12 de noviembre de 2021 para drones por parte de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Operaciones de la Guardia Civil. El noveno contrato fue para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valdepeñas con un importe de 5.100 € adjudicado por el ayuntamiento de esa población. El décimo contrato para José Drones fue de la Dirección General de la Policía (DGP) para adquirir dos sistemas de detección de drones por 21.000 € el 21 de octubre de 2020.
La juez de Tenerife investiga en esta causa a trece personas por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
El mediador a un alto cargo del Gobierno canario: «Tu consejera se llevará lo que tenga que llevarse»
El mediador al sobrino del socialista ‘Tito Berni’: «Perfecto hermanito, te quiero, cabrón»
- LUIS MIGUEL MONTERO
- 26/03/2023 06:46
- ACTUALIZADO: 26/03/2023 10:29
La Fiscalía europea ya investiga los contratos de adquisición de suministros para la misión española en el Sahel, en el norte de África, relacionados con la trama del caso Mediador. Son un total de cuatro contratos por un valor de 2.352.378,63 euros. El 22 de marzo la juez instructora del caso Mediador oficiaba a la Fiscalía Europea un escrito para que verificasen su competencia en una de las piezas de este caso, en concreto la pieza 2 que afecta a la intervención en la trama del general de división Francisco Javier Espinosa cuando ocupaba la Jefatura de la misión española en el Sahel, en concreto el período entre 2020 y 2021. En enero la misma juez ya había pedido el auxilio judicial de la embajada de Bélgica para que investigase una cuenta corriente del general Espinosa en aquel país.
Los contratos investigados que fueron adjudicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) fueron en concreto cuatro, todos adjudicados a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones, del empresario José Suárez Esteve, alias Jose Drones. La FIIAPP gestiona proyectos de seguridad y formación a policías en África, en concreto en Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad. María Teresa Lorenzo-Cáceres, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Tenerife, que instruye toda la causa del caso Mediador, ordenaba a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Guardia Civil al comienzo de la instrucción seguir el rastro de estos cuatro contratos por valor de 2.300.000 euros. La FIIAPP es una organización que administra a través del Gobierno de turno, en este caso el de Pedro Sánchez, 41,6 millones de euros de fondos europeos.
El primero de estos contratos fue para el proyecto GAR SI SAHEL Mauritania y tuvo un valor de 944.830 €, pero el empresario investigado se quedó el lote 10 por 37.500 € el 2 de julio de 2020. El segundo contrato importante fue para Níger, donde la FIIAPP destinó 978.648 € y el empresario valenciano se quedó con un lote de 53.000 € el 20 de julio del mismo año. El tercer expediente importante era para proveer de «equipamiento para la Unidad GARSI de la Gendarmería de Mali, con entrega en Bamako», en concreto esta empresa logró vender tres drones por 16.940 € y la adjudicación fue publicada el 24 de septiembre de 2021, dentro de otro más amplio de 215.000 €. El cuarto contrato adjudicado por la FIIAPP fue el 16 de julio de 2021 para 7 sistemas de detección e inhibición de UAVs portátiles que se entregarían en Logroño y aunque el contrato inicial era de 213.800 € la empresa de José Drones obtuvo un lote por 30.129 €. Aunque el empresario no se benefició de la totalidad de estos contratos es cierto que ahora pende la sospecha sobre estos y otros muchos adjudicados durante la época del general en el Sahel.
La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Guardia Civil, encargada de tirar del hilo de esta segunda pieza desgajada del caso Mediador, investigó en realidad hasta 10 contratos, desde que el general Espinosa ocupó la jefatura de la misión GAR SI Sahel desde marzo del año 2017 hasta su pase a la reserva el 11 de enero de 2021, pero siguió trabajando hasta julio del mismo año, según reconoció él mismo ante la juez instructora. Pero de estos 10 contratos en realidad a la FIIAPP le corresponden sólo cuatro.
Además de estas 4 adjudicaciones, el contratista José Suárez Esteve fue el agraciado con otros 6 contratos menores de diferentes administraciones públicas como la Guardia Civil o la Dirección General de la Policía que sumaron en total 311.846 €.
La Guardia Civil, que estaba al mando de esta misión en África, contaba con el apoyo de la Gendarmería francesa, Carabineros de Italia y la Guardia Nacional Republicana de Portugal. Su objetivo era «crear Grupos de Acción Rápida, Vigilancia e Intervención (GARSI) similares a los Grupos de Acción Rápida (GAR) españoles», según recoge el informe de la Benemérita, que fue traducido al francés y enviado a la Fiscalía Europea para que determinasen si quieren intervenir como acusación en la causa o se inhiben en favor de los juzgados españoles.
En su declaración ante la juez del caso, Antonio Navarro Tacoronte, alias el Mediador, describió que el encuentro entre José Drones y el general Espinosa Navas habría sido casual en la terraza de un restaurante valenciano, pero después la relación llegó a ser tan fluida que Suárez Esteve le llegó a decir en una conversación al Mediador que «todo lo que hago con África a través del ‘papá’, ¿vale?». «Papá» es uno de los apodos que la trama le puso al general Espinosa, único que permanece en prisión de manera provisional. A este mismo empresario la trama llegó a ofrecerle la posibilidad de establecer su empresa en zona ZEC (Zona Especial Canaria), que consiste en una zona de baja tributación creada en el marco del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias e influir en los contratos del Gobierno canario para que obtuviese adjudicaciones.
Una primera cita entre José Drones, Navarro y el general Espinosa tuvo lugar en Madrid el 2 de febrero de 2021 «con almuerzo en el restaurante La Quinta después de una visita a la Dirección General de la Guardia Civil (figurando ese día un pago en la cuenta bancaria de Asesoramiento y Servicio de Drones de 160 €). También se habría reunido por su cuenta el empresario con el general en Madrid los días 11/enero/2021 y 10/febrero/2021, constando un pago en el restaurante La Quinta de 80 €», según recoge el sumario del caso Mediador.
Contraprestaciones
Para los investigadores, «entre las contraprestaciones dadas también se encuentran las producidas durante otros encuentros los días 26 de enero de 2021 y 24 de febrero de 2021 en Las Palmas de Gran Canaria, donde la estancia del general en el Hotel NH Imperial Playa en el mes de enero fue facturada a nombre de la empresa relacionada con Suárez Esteve». Otra de las presuntas dádivas recibidas a costa de los contratos que ahora estudia la Fiscalía europea serían «las referidas al día 10 de enero de2021, donde Suárez Esteve acuerda con Navarro Tacoronte cómo debía llevarle una tarjeta de prepago a Espinosa Navas, siendo adquirida por el propio empresario y gestionada también por Navarro Tacoronte. A continuación, el intermediario confirma al general que al día siguiente el empresario le haría llegar su ‘regalo de cumpleaños’».
La conversaciones grabadas son muy importantes en esta causa porque gracias a ellas se sabe que «con fecha 23 de marzo de 2021 Suárez Esteve informaba a Navarro de las tres reuniones mantenidas con Espinosa (general) en un periodo de quince días, cuya motivación vinculaba con su intención de presentarse a una licitación y concretando que todo lo que hacía en África lo hacía a través de «papá» en alusión al general», siendo coincidente con el periodo de tiempo en el que se habría llevado a cabo la gestión de contratos públicos». Otra forma de contraprestación, según lo descrito por El Mediador ante la juez, sería «a través de importes en efectivo entre 1.500 € y 3.000 € entregados previamente a las reuniones, cuyo último beneficiario era el general», según el sumario.
Suárez Esteve fue uno de los tres empresarios que habría pagado «el peaje» de 5.000 € en Canarias a la Asociación Deportiva Vega Tetir, concretamente el 11 de enero de 2021, vinculada al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni.
Otros 6 contratos
El resto de contratos de Asesoramiento y Servicio de Drones S.L. fueron uno del Ministerio de Defensa, en concreto de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico (JEMAEL) el 1 de diciembre de 2020 por 119.064 € para «sistemas de detección y localización de drones para la Guardia Civil». Otro de 6.766 € por un dron vendido para la Policía Local de Carmona (Sevilla). El séptimo de los 10 obtenidos por José Drones también fue un contrato menor por 7.450 €, en concreto en unión con la comercial DJI Enterprise, por encargo del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón.
Otro de los expedientes fue adjudicado por valor de 14.997 € el 12 de noviembre de 2021 para drones por parte de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Operaciones de la Guardia Civil. El noveno contrato fue para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valdepeñas con un importe de 5.100 € adjudicado por el ayuntamiento de esa población. El décimo contrato para José Drones fue de la Dirección General de la Policía (DGP) para adquirir dos sistemas de detección de drones por 21.000 € el 21 de octubre de 2020.
La juez de Tenerife investiga en esta causa a trece personas por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
