El Pionero
Alcalde y presidente de Fútbol Paco premium
La derogación de las leyes LGTBI y el cierre del centro de menores extranjeros no acompañados (menas) de Batán ya no figuran en la lista de exigencias que Vox plantea recurrentemente al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde hace unas semanas el partido de Rocío Monasterio ha dejado aparcadas las cuestiones ideológicas y está concentrando su estrategia política en los asuntos económicos, como las rebajas de impuestos y la reducción del número de diputados en la Asamblea regional.
Esta circunstancia ha permitido al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso cierto relajo en el cumplimiento de algunos de los compromisos que ya había adquirido con quien apoyó gratis la investidura de la presidenta. De hecho, desde diciembre no ha habido ningún avance en dos de las cuestiones que hasta aquel momento más parecían preocupar a la formación situada a la derecha del PP, tal y como ha comprobado EL MUNDO.
La supresión de las leyes de Identidad y Expresión de Género y de Protección Integral contra la LGTBIfobia, junto con el cierre de Telemadrid, estaba en la primera lista de requisitos que Vox trasladó a la Puerta del Sol a cambio de su apoyo parlamentario para el resto de la legislatura. Desde el principio la respuesta oficial que recibió fue un no rotundo a la derogación, pero acompañado del ofrecimiento a modificar algunos aspectos, como eliminar las menciones a la inversión de la carga de la prueba, es decir, que un acusado de un acto de discriminación tenga que demostrar su inocencia y no al contrario.
La negociación sobre este asunto comenzó en el último trimestre del año pasado en paralelo a la de los Presupuestos de 2022. Desde la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid trasladaron en diciembre una propuesta de reforma -de la que oficialmente no se han dado detalles a los medios de comunicación- que Monasterio rechazó con el argumento de que abría la posibilidad a que «un hijo pudiera denunciar a un padre por una falta de respeto sin presunción de inocencia».
En paralelo, Vox llevó a la Asamblea de Madrid una Ley de Igualdad que en su articulado incluía explícitamente la derogación de las normas autonómicas que protegen al colectivo LGTBI. La iniciativa ni siquiera fue admitida a trámite porque la abstención del PP permitió a la suma del bloque de la izquierda rechazarla.
«Está todo parado, estamos esperando. Nosotros hicimos nuestra propuesta y nos votaron en contra», explica una portavoz del partido de Monasterio. «Ahora lo que queremos es que bajen impuestos urgentemente y reduzcan gasto. Menos decirlo a [Pedro] Sánchez y más hacerlo en la Comunidad», agrega quitando importancia en este momento a las peticiones de corte más ideológico.
Entre ellas estaba hasta el año pasado el cierre del centro de menas de Batán, en la Casa de Campo, que, según denunciaba Vox, era un foco de «inseguridad» porque «los datos dicen que los delitos se producen en un porcentaje más alto por la inmi gración ilegal». Además, apuntaba a que cada una de las plazas tiene un coste de 4.700 euros al mes, algo que tildaba de «injusto» para quienes se encuentran en paro o tienen hijos.
A todo lo que accedió por escrito el Gobierno de Ayuso fue a hacer una auditoría de los costes de los servicios y las subvenciones asociadas a los recursos para la atención de estos menores extranjeros no acompañados con una inversión de 50.000 euros. Éste es uno de los 13 puntos que figuran en el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos que se rubricó a finales de noviembre.
Unas semanas después, en mitad de las Navidades, la Comunidad de Madrid anunciaba verbalmente que clausuraría el centro de Batán y trasladaría a sus residentes a otras instalaciones, pero «no de forma inmediata», una decisión que en todo caso se desvinculó de las exigencias de Vox. Han pasado más de cuatro meses desde entonces y en la Consejería de Política Social confirman que no ha habido ningún avance al respecto.
ELIMINACIÓN DE 45 DIPUTADOS
En ese cambio de estrategia política para priorizar las cuestiones económicas, el partido de Monasterio ha logrado alcanzar ahora un acuerdo con el PP para eliminar 45 de los 136 diputados de la Asamblea que llegará al Pleno de Vallecas el próximo 21 de abril. No obstante, para su aprobación, necesitarían el apoyo de al menos un partido de la izquierda, ya que implica la modificación del Estatuto de Autonomía y para ello es preciso una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara regional.
Además, Vox ha registrado una proposición de ley para volver a rebajar el tramo autonómico del IRPF otro medio punto en 2023, una medida idéntica a la que entró en vigor el pasado 1 de enero y cuyos efectos se notarán en la declaración de la renta del año que viene. En el equipo de Ayuso no ocultan su malestar por la presión que está tratando de ejercerles su socio de investidura con dicha cuestión ya que consideran que su partido es el que tiene el «pedigrí» en la bajada de impuestos porque lleva «17 años haciéndolo».
Aunque la economía es ahora el epicentro de la política de Vox, algunas de esas medidas también tienen envoltorio ideológico, como la eliminación de las subvenciones a los sindicatos «de las mariscadas» para destinar los recursos «a lo que realmente importa». La presidenta ya ha respondido públicamente que ella no se puede dedicar a «laminar instituciones» porque no le «sigan el juego», pese a que nadie la trata «peor».
Telemadrid: del cierre al recorte del 10%
El cierre de Telemadrid fue una de las propuestas de Rocío Monasterio en las elecciones de 2019 con el argumento de que el dinero que cuesta -74,5 millones de euros al año- se tenían que dedicar a partidas como la Sanidad y la Educación, pero después no formó parte de la negociación del apoyo a la coalición de PP y Ciudadanos. Tras el triunfo de Isabel Díaz Ayuso el año pasado, la portavoz de Vox desempolvó la idea y la planteó como moneda de cambio para su apoyo parlamentario a la presidenta durante esta legislatura. Lo que ha conseguido finalmente es un recorte del 10% en el presupuesto del ente por sus votos para ratificar al administrador provisional, José Antonio Sánchez, que había sido nombrado directamente por el Gobierno regional.
www.elmundo.es
Esta circunstancia ha permitido al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso cierto relajo en el cumplimiento de algunos de los compromisos que ya había adquirido con quien apoyó gratis la investidura de la presidenta. De hecho, desde diciembre no ha habido ningún avance en dos de las cuestiones que hasta aquel momento más parecían preocupar a la formación situada a la derecha del PP, tal y como ha comprobado EL MUNDO.
La supresión de las leyes de Identidad y Expresión de Género y de Protección Integral contra la LGTBIfobia, junto con el cierre de Telemadrid, estaba en la primera lista de requisitos que Vox trasladó a la Puerta del Sol a cambio de su apoyo parlamentario para el resto de la legislatura. Desde el principio la respuesta oficial que recibió fue un no rotundo a la derogación, pero acompañado del ofrecimiento a modificar algunos aspectos, como eliminar las menciones a la inversión de la carga de la prueba, es decir, que un acusado de un acto de discriminación tenga que demostrar su inocencia y no al contrario.
La negociación sobre este asunto comenzó en el último trimestre del año pasado en paralelo a la de los Presupuestos de 2022. Desde la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid trasladaron en diciembre una propuesta de reforma -de la que oficialmente no se han dado detalles a los medios de comunicación- que Monasterio rechazó con el argumento de que abría la posibilidad a que «un hijo pudiera denunciar a un padre por una falta de respeto sin presunción de inocencia».
En paralelo, Vox llevó a la Asamblea de Madrid una Ley de Igualdad que en su articulado incluía explícitamente la derogación de las normas autonómicas que protegen al colectivo LGTBI. La iniciativa ni siquiera fue admitida a trámite porque la abstención del PP permitió a la suma del bloque de la izquierda rechazarla.
«Está todo parado, estamos esperando. Nosotros hicimos nuestra propuesta y nos votaron en contra», explica una portavoz del partido de Monasterio. «Ahora lo que queremos es que bajen impuestos urgentemente y reduzcan gasto. Menos decirlo a [Pedro] Sánchez y más hacerlo en la Comunidad», agrega quitando importancia en este momento a las peticiones de corte más ideológico.
Entre ellas estaba hasta el año pasado el cierre del centro de menas de Batán, en la Casa de Campo, que, según denunciaba Vox, era un foco de «inseguridad» porque «los datos dicen que los delitos se producen en un porcentaje más alto por la inmi gración ilegal». Además, apuntaba a que cada una de las plazas tiene un coste de 4.700 euros al mes, algo que tildaba de «injusto» para quienes se encuentran en paro o tienen hijos.
A todo lo que accedió por escrito el Gobierno de Ayuso fue a hacer una auditoría de los costes de los servicios y las subvenciones asociadas a los recursos para la atención de estos menores extranjeros no acompañados con una inversión de 50.000 euros. Éste es uno de los 13 puntos que figuran en el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos que se rubricó a finales de noviembre.
Unas semanas después, en mitad de las Navidades, la Comunidad de Madrid anunciaba verbalmente que clausuraría el centro de Batán y trasladaría a sus residentes a otras instalaciones, pero «no de forma inmediata», una decisión que en todo caso se desvinculó de las exigencias de Vox. Han pasado más de cuatro meses desde entonces y en la Consejería de Política Social confirman que no ha habido ningún avance al respecto.
ELIMINACIÓN DE 45 DIPUTADOS
En ese cambio de estrategia política para priorizar las cuestiones económicas, el partido de Monasterio ha logrado alcanzar ahora un acuerdo con el PP para eliminar 45 de los 136 diputados de la Asamblea que llegará al Pleno de Vallecas el próximo 21 de abril. No obstante, para su aprobación, necesitarían el apoyo de al menos un partido de la izquierda, ya que implica la modificación del Estatuto de Autonomía y para ello es preciso una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara regional.
Además, Vox ha registrado una proposición de ley para volver a rebajar el tramo autonómico del IRPF otro medio punto en 2023, una medida idéntica a la que entró en vigor el pasado 1 de enero y cuyos efectos se notarán en la declaración de la renta del año que viene. En el equipo de Ayuso no ocultan su malestar por la presión que está tratando de ejercerles su socio de investidura con dicha cuestión ya que consideran que su partido es el que tiene el «pedigrí» en la bajada de impuestos porque lleva «17 años haciéndolo».
Aunque la economía es ahora el epicentro de la política de Vox, algunas de esas medidas también tienen envoltorio ideológico, como la eliminación de las subvenciones a los sindicatos «de las mariscadas» para destinar los recursos «a lo que realmente importa». La presidenta ya ha respondido públicamente que ella no se puede dedicar a «laminar instituciones» porque no le «sigan el juego», pese a que nadie la trata «peor».
Telemadrid: del cierre al recorte del 10%
El cierre de Telemadrid fue una de las propuestas de Rocío Monasterio en las elecciones de 2019 con el argumento de que el dinero que cuesta -74,5 millones de euros al año- se tenían que dedicar a partidas como la Sanidad y la Educación, pero después no formó parte de la negociación del apoyo a la coalición de PP y Ciudadanos. Tras el triunfo de Isabel Díaz Ayuso el año pasado, la portavoz de Vox desempolvó la idea y la planteó como moneda de cambio para su apoyo parlamentario a la presidenta durante esta legislatura. Lo que ha conseguido finalmente es un recorte del 10% en el presupuesto del ente por sus votos para ratificar al administrador provisional, José Antonio Sánchez, que había sido nombrado directamente por el Gobierno regional.
Vox aparca sus exigencias ideológicas a Ayuso: ya no le urge derogar las leyes LGTBI ni cerrar centros de 'menas'
La derogación de las leyes LGTBI y el cierre del centro de menores extranjeros no acompañados (menas) de Batán ya no figuran en la lista de exigencias que Vox plantea...
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