6 años a las carteristas del metro, y un añito a los graffiteros.
El Gobierno Meloni endurece las penas para reforzar la seguridad ciudadana: hasta 7 años de guandoca por okupar una casa.
El fraude o engaño contra personas mayores será castigado con arresto obligatorio en flagrante delito.
El Gobierno crea un nuevo delito para la «okupación ilegal de inmuebles». La norma se orienta a devolver de inmediato a los propietarios la casa echando a los okupas. «El que, mediante violencia o amenazas, ocupe o posea sin título un bien destinado al domicilio de otros o impida al dueño o a quien legítimamente lo posee volver a él, será castigado con prisión de dos a siete años».
www.abc.es
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